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Fiscalidad

Estar Empadronado En Un Sito Y Vivir En Otro, ¿es Legal?

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“Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año”, esto dice la Ley 4/1996, de 10 de enero, publicada en el BOE.

A veces la pereza nos puede, pero ya no vale atrasar ese momento de cambiar el padrón de residencia por “falta de tiempo” o “complicaciones”. En la actualidad basta con pedir este cambio de forma online, o bien acudir algún día a las oficinas pertinentes de cada municipio (habiendo reservado cita previa).

¿Qué pasa si estoy empadronado en un sitio y vivo en otro?

Con la legislación en la mano, no es legal vivir en un sitio y estar empadronado en otro distinto. Si no realizas el trámite de este cambio de padrón, puedes enfrentarte a sanciones económicas, o incluso a ir a prisión.

El Real Decreto 1690/1986 considera sanciones por falsedad u omisión de datos en el padrón las cuales retribuyen a multas de entre 3 y 150 en función del municipio o ciudad:

  • Municipios entre 5.001 y 20.000 empadronados, multa de 3 euros
  • Municipios entre 20.001 y 50.000 empadronados, multa de 60 euros
  • Municipios entre 50.001 y 500.000 empadronados, multa de 90 euros
  • Municipios con más de 500.000 empadronados, multa de 150 euros

Si la persona a la que sancionan por este delito tiene antecedentes o ha empleado esta mala práctica con fines lucrativos, podrán imputársele penas de cárcel de entre seis meses y tres años, según el artículo 392 del Código Penal.

Los inconvenientes de estar empadronado en un sitio y vivir en otro

Pero, hablando de lo que uno puede perder sin estar empadronado, estos son algunos de los inconvenientes que pueden surgir:

  • Limitaciones en servicios públicos

Como ejemplo de servicio público que es la sanidad, siempre has de ir al médico de cabecera del municipio en el que estás empadronado. Por ello es preferible empadronarse en tu municipio habitual de residencia, ya que sino tendrás que estar desplazándote cada vez que tengas que acudir a un centro médico. Otro ejemplo, en el caso de los colegios públicos, no podrás acceder al registro de la oferta de colegios si no estás empadronado en la zona, ya que no eres residente en ese municipio.

  • Desplazamiento para votar

Este es otro de los problemas que pueden surgir. Tu tarjeta censal la recibirás en el lugar de empadronamiento, por tanto, el colegio electoral al que tendrás que acudir estará, necesariamente, donde estés empadronado, y si no vives allí, ya es un desplazamiento más a realizar.

  • Dificultad al desgravar alquiler y solicitar ayudas

A la hora de percibir beneficios fiscales, sólo en ciertas comunidades autónomas, como la deducción del alquiler en la declaración de la renta, será necesario estar empadronado en el lugar donde resides. También será importante y obligatorio estarlo para solicitar cierto tipo de ayudas como becas o ayudas a la movilidad.

  • No recepción de notificaciones

Esta parece la más obvia. Al no estar registrado en el padrón municipal, las comunidades autónomas o ayuntamientos no podrán enviarte avisos y notificaciones, y tendrás que enterarte por tu cuenta.

Fiscalidad

Ojo Con No Declarar Tu Casa Vacacional En El IRPF, Hacienda Podría Multarte

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El verano es la época del año en que más tiempo solemos pasar en la segunda residencia, ya sea en la playa o en la montaña. Y es importante saber que este tipo de viviendas no están exentas de declararse en el borrador del IRPF, aunque se haga un uso residual de ellas a lo largo del año. No incluir una segunda residencia vacacional en nuestra declaración de la renta, podría conllevar al pago de intereses o incluso enfrentarnos a un procedimiento sancionador por parte de la Agencia Tributaria.

Según TaxDown, es importante saber cómo declarar estos inmuebles tanto si los usamos de manera particular como si obtenemos algún beneficio económico con ellos a través de un alquiler.

Multas y sanciones por no declarar una residencia vacacional

Los contribuyentes que no incluyan este tipo de inmuebles en su declaración de la renta se enfrentan a que Hacienda inicie un procedimiento para comprobar esa declaración y, que sean ellos los que los añadan de manera proactiva.

De esta forma, corregirán el resultado de la declaración y será necesario pagar la diferencia. Ese importe a pagar conllevará un 5% de intereses de demora si no se paga en el plazo estipulado por Hacienda. Si el contribuyente se excede en el plazo, este porcentaje irá aumentando. Además, Hacienda en algunos casos podría iniciar incluso un procedimiento sancionador por haberlo declarado incorrectamente con una multa que podría llegar al 50% de lo dejado de ingresar.

Cómo declarar correctamente una segunda residencia

En muchos casos una segunda residencia suele ser una vivienda vacacional en la que los contribuyentes pasan apenas unos meses al año. Pero en otros casos se puede utilizar con finalidad lucrativa, es decir, para alquiler. En función de si se utiliza para un uso u otro, se deberá declarar en nuestra renta de manera diferenciada.

Cuando se utilice esta segunda residencia para uso personal, habrá que marcar su uso como vacía (a disposición de sus titulares) durante todo el año, ya que no es la vivienda habitual, en el apartado de la renta correspondiente a “Bienes inmuebles no afectos a actividades económicas”. En estos casos, la ley exige pagar imputación de rentas por la misma. El artículo 85 de la Ley 35/2006 de IRPF define detalladamente lo que es una renta inmobiliaria imputada. De manera resumida, la imputación de rentas es la manera en que Hacienda nos hace pagar impuestos por los inmuebles que son de nuestra propiedad y por los que no estamos obteniendo ningún ingreso y no son nuestra vivienda habitual. Se trata de un pequeño impuesto, como una renta adicional que añade Hacienda, como ‘castigo’ por tenerla vacía, según explican desde TaxDown.

Para calcular esta renta a pagar, tendremos que aplicar, como norma general, el 2% al valor catastral de la vivienda y ese será el importe total a pagar (o el 1,1% para las viviendas cuyo valor catastral haya sido revisado o modificado con posterioridad en los últimos 10 años). Por ejemplo, si tenemos una vivienda cuyo valor catastral asciende a los 75.000€, el pago de esta renta será de 1.500€ si le aplicamos el 2% o de 825€ en el caso de aplicarle el 1,1%.

Sin embargo, cuando utilicemos esta vivienda con un fin lucrativo, es decir, si la tenemos alquilada durante una parte del año, habrá que declararla como rendimientos de capital inmobiliario y tributará en la base imponible general junto a los rendimientos del trabajo. Hay que destacar, igualmente, que los días que no esté alquilada pagaremos la imputación de rentas ya comentada en el punto anterior. La ventaja en estos casos es que, cuando alquilamos una vivienda podemos deducirnos los gastos asociados de la misma. Algunos de los gastos deducibles más comunes son los gastos de conservación y reparación para mantener el buen uso del inmueble: pintura, mejora de las instalaciones, etc. así como otros tributos y recargos no estatales (como el IBI y las tasas de basura) o los gastos de la comunidad, por poner solo algunos ejemplos.

“Es importante saber cómo declarar correctamente nuestras residencias en la declaración de la renta, ya sean para uso personal o si las tenemos alquiladas. En el caso de declararlas de manera errónea, nos enfrentamos a pagos de intereses de demora o incluso a un procedimiento sancionador por parte de Hacienda” afirma Enrique García, CEO y cofundador de TaxDown.

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Fiscalidad

La Justicia Obliga A Hacienda A Publicar Los Incentivos Que Reciben Sus Inspectores

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Madrid obliga a la Agencia Tributaria a facilitar toda la información sobre las normas que regulen los incentivos que se aplican a los inspectores de Hacienda en el desarrollo de sus funciones. Así, da la razón a la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) que tendrá acceso a los incentivos contemplados en el denominado “complemento de productividad” y también a los criterios para la aplicación de esas normas.

Según la sentencia publicada el pasado 22 de julio de 2022, AEDAF solicitó a la Agencia Tributaria la publicación de los criterios utilizados para el reparto de las retribuciones variables, un hecho que no fue atendido por Hacienda, por lo que interpuso un recurso ante la justicia basándose en la Ley de Transparencia. Este recurso ha sido estimado y el juez obliga a Hacienda a hacer públicos dichos criterios.

La ley de creación de la AEAT establece que ésta se financie parcialmente con un porcentaje derivado de su propia recaudación, siendo así que tal porcentaje se fija cada año por la Ley de Presupuestos. Por su parte, la Ley 28/2006 regula la llamada “Gestión transparente por objetivos” de las Agencias estatales, objetivos a los que va ligada la masa salarial destinada al complemento de productividad del personal, en este caso de la AEAT. La Dirección General de esta fija anualmente los objetivos a alcanzar, sin embargo, no publica los criterios de distribución de dicha masa salarial.

Dicha retribución variable no se ve afectada si, posteriormente, las actuaciones de la AEAT tomadas como base para su cálculo, son anuladas o minoradas, ya sea en vía administrativa o judicial.

Fuentes de AEDAF señalan que se trata, por otra parte, de una práctica muy poco común en las administraciones tributarias de otros países del entorno: “Canadá es uno de los pocos que aplica este tipo de incentivos, que han sido duramente cuestionados puesto que, en palabras de académicos de prestigio, su existencia podría, en ciertos casos, condicionar la imparcialidad de los funcionarios, incluso inconscientemente”.

La presidente de AEDAF, Stella Raventós Calvo, valora muy positivamente esta decisión: “la transparencia que se exige a los contribuyentes debe ser correspondida por la Administración, y en la Asociación trabajamos en esta línea para desarrollar una relación sana y colaborativa entre Hacienda y el contribuyente. Y esta sentencia es un paso adelante, muy importante, aunque aún quedan otros muchos que dar en esa dirección”.

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Condenada Una Inspectora De Hacienda Por Estafar Más De 6 Millones A Futbolistas

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Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid acaba de mover los cimientos de la credibilidad de la Agencia Tributaria. Ha condenado a dos años de cárcel y una multa de 18,8 millones de euros a Leonor Sánchez-Caballero, una alta funcionaria de este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, por estafar, junto a otras tres personas, 6,2 millones de euros en devoluciones del IRPF a varios futbolistas y algunas estrellas del baloncesto. Estos contribuyentes de alto poder adquisitivo no han sido nunca ni evasores fiscales ni defraudadores, sino víctimas de una trama cuyos tentáculos llegaban hasta el fisco.

Así, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de entre dos y ocho años de cárcel a una trama compuesta por tres abogados implicados, Julio Lapausa Verdial, Manuel Val Jiménez y Juan Ignacio Torrontegui Salazar, así como a la inspectora de Hacienda, Leonor Sánchez-Caballero.

En concreto, el tribunal ha condenado a los tres abogados a ocho años de prisión por delito continuado de estafa, delito continuado de falsedad en documento público, oficial y mercantil, y un delito continuado de aprovechamiento de información privilegiada obtenida de un funcionario público.

Según publica el diario Confilegal, a Sánchez-Caballero Pérez, jefa de la Dependencia Adjunta de Asistencia y Servicios Tributarios de la Agencia Tributaria, el tribunal de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, le ha impuesto una pena de dos años de cárcel y una multa de 18.843.236,58 euros por un delito continuado de utilización de información privilegiada por funcionario público. Esta cantidad es el triple de lo estafado. Además, estará cinco años inhabilitada para empleo o cargo público.

En qué consistía esta trama y cómo estafaba

Los acusados se apropiaron de 6,2 millones de euros pertenecientes a deportistas de élite en concepto de devoluciones del IRPF no solicitadas y de las que los jugadores no tenían constancia de que estaban en su derecho a reclamar.

En concreto, esta trama solicitaba la devolución correspondiente en el IRPF a la diferencia entre las retenciones del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) soportadas por los jugadores en sus declaraciones tributarias efectuadas como residentes en España y las cuotas que realmente les correspondía ingresar como sujetos pasivos no residentes, es decir, por el Impuesto sobre las Rentas de No Residentes (IRNR) una vez que ya estaban en el extranjero. Estas cantidades estaban registradas en los archivos confidenciales de la Agencia Tributaria a los que la inspectora tenía acceso y de los que hizo un uso fraudulento.

¿Cómo se quedaban ese dinero los estafadores? Según el fiscal, entre los meses de febrero de 2015 y noviembre de 2016 los tres abogados usaron dos “sociedades pantalla” que solicitaban a la Agencia Tributaria las devoluciones a las que tenían derecho los deportistas de élite que habían jugado en equipos españoles en años anteriores pero que ya estaban en equipos extranjeros y que desconocían que podían reclamar esas devoluciones. Las dos empresas eran Asesores Deportivos Lapver SL y Star Athletes Society SL, que han sido castigadas como responsables civiles subsidiarias –por lo que deben indemnizar al fisco con 3.648.447,15 y 1.399.609,92 euros, respectivamente–.

Así, esta trama averiguaba qué deportistas contaban con las mayores cuantías sin reclamar y que se quedaban en las arcas de Hacienda. Posteriormente los estafadores solicitaban las reclamaciones en nombre de los deportistas mediante falsedad documental (certificados de residencia, justificantes de las retenciones efectuadas por los clubes en los que habían militado o justificantes que acreditaban la identificación y titularidad de la cuenta de devolución y acreditación legal del deportista para recibir la devolución) y suplantación de la firma. La sentencia, a la que ha tenido acceso el diario El Mundo, señala que “no fue un burdo engaño, sino una actuación concertada para la obtención de esas devoluciones”.

Entre los deportistas afectados se encuentran los exmadridistas Nuri Sahin (1.212.158 euros robados) y Altintop (552.272 euros robados) y el exatlético Salvio (376.092 euros robados).

El futbolista argentino Javier Hernán Malagueño y el exfutbolista y segundo entrenador del Estambul Basaksehir FK Achile Pierre Webo ejercieron como acusación particular.

Sánchez-Caballero, con 40 personas a su cargo y con un puesto estratégico en la Agencia Tributaria, agotará todas las vías judiciales manteniendo su inocencia y recurrirá ante el Tribunal Supremo, según El Mundo.

Cómo la Fiscalía se da cuenta de esta trama

Esta investigación se inició por la Unidad de Policía judicial adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid a petición de la Fiscalía. Y todo surgió porque detectaron dos pagos que se hicieron al mismo tiempo a una misma cuenta de una de las sociedades “pantalla” encargadas de la devolución a dos de los jugadores. Luego se sumó una gestión sospechosa hecha por Leonor Sánchez-Caballero que se preocupó por uno de los expedientes y esto despertó las alarmas de la Fiscalía.

Las sociedades ‘pantalla’: el nexo de unión, por desgracia, entre esta trama y Agapito García

Mientras ha quedado acreditado por la Audiencia Provincial de Madrid que la inspectora de Hacienda Leonor Sánchez-Caballero, junto a tres abogados, crearon dos sociedades ‘pantalla’ para cobrar ilegalmente devoluciones en el IRPF de deportistas de élite, a Agapito García, uno de los mayores deudores de Hacienda se le acusó, desde la Agencia Tributaria, de crear una sociedad pantalla, un hecho que nunca se llegó a demostrar por este organismo. Pero la acusación se hizo y el daño irreparable también.

Su pesadilla con el organismo que recauda los impuestos comenzó en 1989. Fue ese año cuando Agapito García vendió su empresa La Gravera, relacionada con la construcción, a la multinacional Steetley por 25,2 millones de euros, pero el beneficio fue de 12,6 millones de euros (el 50% de los ingresos). El importe lo recibió en dos ejercicios diferentes (1989 y 1990) y es lo que llamó la atención a Hacienda. Y esto fue su calvario. Porque el organismo recaudador le atribuyó el uso de una sociedad “pantalla” para eludir pagar los impuestos que le correspondían: consideró que pagó un 13% por el Impuesto de Sociedades y no el 56% de IRPF. Por eso, en 1990 le reclamó 20 millones de euros: esta cifra estaba formada por el capital que Hacienda consideraba eludido y una sanción del 70%.

Es decir, le reclamó 20 millones de euros cuando el beneficio fue de 12,6 millones de euros. Ante la negativa de Agapito de abonar este importe, la Agencia Tributaria activó su maquinaria jurídica y no se paró en 25 años. En 2012 el Tribunal Supremo falló a favor de Hacienda y ya fue el fin del recorrido para Agapito, pese a las muchas sentencias que le fueron dando la razón. Tanto la Audiencia de Madrid como la Audiencia Nacional sentenciaron que no cabía hablar de simulación (uso de una sociedad pantalla) y que él era inocente. En, cambio, el Supremo falló en su contra y le obligó a pagar 31,7 millones de euros. “Todos sabemos cómo se componen las salas del Supremo, se llega por poder político y en mi caso se produjo una falta de objetividad”, sentencia Agapito García.  

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