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Economía

La Inversión Extranjera Mira A España: Atrae 15.600 Millones Hasta Junio

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España ha recibido durante el primer semestre del año 2022 (entre enero y junio) un total de 15.660 millones de euros en inversión extranjera, lo que supone un aumento del 53,4%, siendo la Comunidad de Madrid la región que lidera la captación de fondos procedentes del exterior, con 10.927 millones, un 69,8% del total.

Así lo reflejan los últimos datos hechos públicos este martes por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, relativos a los dos primeros trimestres del año.

Estos 15.660 millones que España ha atraído en inversión extranjera en el conjunto del año suponen un incremento del 53,4% respecto al mismo periodo del año pasado, ante el mejor comportamiento de la inversión tanto en el primero como en el segundo trimestre, con importes de 8.053 millones y 7.606 millones, respectivamente.

Por comunidades, la Comunidad de Madrid fue la que más volumen de inversión atrajo entre enero y junio, con 10.927 millones. Le sigue Cataluña, con un total de 1.690 millones; Navarra (580 millones); País Vasco, con 546 millones; Castilla y León (401 millones); Comunidad Valenciana (353 millones); Baleares (330 millones); Asturias (266 millones); Canarias (215 millones); y Andalucía (200 millones).

Por debajo de los 100 millones en inversión extrajera se encuentran Castilla-La Mancha (54 millones); Aragón (50 millones); Galicia (19 millones); Cantabria (8 millones); Extremadura (5 millones); La Rioja (5 millones); Murcia (3 millones) y Ceuta y Melilla (359.000 euros).

El sector que más inversión extranjera acaparó durante el primer semestre del año fue el de ‘fabricación de maquinaria y equipo’, con 1.856 millones de inversión. Le siguen las inversiones en ‘suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire’, con 1.302 millones y ‘telecomunicaciones’, con 1.290 millones de euros.

En cuanto al país origen de la inversión destaca Luxemburgo, con 6.703 millones, seguido de Estados Unidos (2.533 millones) y de Reino Unido (2.218 millones).

 

Comisión Europea

Bruselas Advierte De Los Riesgos De Imponer El Precio Tope Al Gas Que Piden España Y Otros 14 Países

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Bruselas ha echado un jarro de agua fría a las demandas de 15 países, entre ellos España, para que proponga un tope generalizado al precio del gas, tanto el que se transporta por gasoducto como el licuado (GNL). Los ministros de Energía tienen mañana viernes en la capital belga una cita clave para decidir de una vez medidas de emergencia para afrontar la crisis energética que se avecina con el invierno. Pero en vísperas del encuentro, la Comisión Europea advierte de lo “difícil” que es establecer una medida como esa y de las potenciales disrupciones de suministro que podría provocar justo en momentos en que es vital garantizar un flujo diversificado.

“Medidas sobre los precios, si se realizan de forma aislada, amenazan con aumentar la demanda en vez de resolver el problema de la escasez subyacente”, consideran los técnicos del Ejecutivo europeo. Además, requeriría de un mecanismo conjunto complicado de crear porque, “sin acuerdos reforzados de solidaridad, graves y repentinas disrupciones de suministro provocarían riesgos asimétricos a la seguridad del aprovisionamiento en el seno de la UE”, agregan en un documento interno que ha circulado entre los representantes de los Veintisiete en vísperas de la reunión del viernes y que ha podido consultar EL PAÍS.

El análisis de los técnicos de la Comisión, un non paper en la jerga bruselense, es una respuesta a la carta que 15 países, entre ellos España, hicieron llegar esta semana a la comisaria de Energía, Kadri Simson, pidiéndole que se incluya un tope al precio de “todas las transacciones al por mayor de gas natural” en la caja de herramientas que se preparan para hacer frente a la crisis energética.

“El tope al precio del gas que ha sido pedido desde el comienzo por un cada vez mayor número de Estados miembros es la medida que ayudará a cada Estado miembro a mitigar la presión inflacionaria, gestionar las expectativas y proporcionar un marco en caso de potenciales disrupciones del aprovisionamiento, además de limitar los beneficios extra del sector”, aseveraban en su misiva Bélgica, Bulgaria, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y España.

La Comisión, no obstante, advierte de que una medida tan amplia no solo afectaría al precio con terceros países exportadores de gas, sino también a los precios intracomunitarios, lo que a su vez podría afectar a la seguridad de aprovisionamiento de los países con más necesidad de suministros por una falta de incentivos a la hora de realizar las transacciones internas. “No habría incentivo de mercado que garantizara los flujos transfronterizos mediante diferenciales de precio. Y en un contexto de escasez, existe el riesgo de que los precios se vieran presionados hacia arriba hasta el tope, que acabaría convirtiéndose en el precio base”, argumenta.

Para que funcionara un tope de gas como el propuesto por los 15 países, se requerirían varias condiciones complicadas de lograrse, advierten los técnicos. Por un lado, habría que crear una entidad que “sustituya al mercado y asuma muchas de las tareas de los operadores del sistema de transmisión [TSO, las entidades que transportan el gas a través de infraestructuras fijas] para distribuir el gas entre los Estados miembros”. Algo difícil, recuerdan los analistas, ya que “decidir de forma administrativa sobre flujos de gas no tiene precedentes” en Europa y no existe actualmente ningún organismo comunitario con la “experiencia y capacidad técnica” de sustituir a los TSO nacionales.

Además, habría que imponer un marco de reducción de demanda “mucho más drástico, incluidas restricciones, para atender el aumento de demanda debido a un precio más bajo”. A ello se une la necesidad de ser capaces de encontrar “fuentes de financiación significativas” para poder atraer el gas hacia Europa si los precios globales son más altos que el tope fijado, lo que requeriría, agregan, una “coordinación central y un marco de compensaciones”. Finalmente, se deberían establecer “sistemas de vigilancia y de implementación”.

“Más que por el funcionamiento del mercado interno de gas de la UE, los actuales altos precios del gas están provocados por un exceso global de demanda sobre el suministro y por el uso por parte de Rusia del gas como un arma”, concluye la Comisión. De ahí, subraya, que las medidas que se tomen “deberían atender la raíz de las causas y distinguir entre gasoducto y GNL”.

En este sentido, aconseja que la UE se tome un tiempo “razonable” para negociar, tanto con los suministradores de gas por gasoducto como de GNL, un “acuerdo mutuo” para bajar los precios y garantizar, al mismo tiempo, el aprovisionamiento.

Otras posibilidades

En su documento, la Comisión analiza también otras posibles medidas para contener el precio del gas, incluida la más defendida por su presidenta, Ursula von der Leyen, un tope al precio de las importaciones de gas ruso. Los técnicos también defienden esta vía, al considerar que “permitiría que el gas fluya dentro del mercado interno sin intervención alguna de precios”.

También vuelven a apostar por otra propuesta propia de la Comisión, la de las compras conjuntas. Ello “reforzaría la solidaridad de la UE y ayudaría a proporcionar un acceso igualitario a todos los Estados miembros a fuentes nuevas o adicionales de gas, reduciendo el riesgo de las pujas al alza”.

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La Inflación Pierde Fuerza En Septiembre Y Se Modera Hasta El 9% Por La Electricidad

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Los precios subieron en septiembre un 9% respecto al año pasado, 1,5 puntos menos que en agosto, según la cifra preliminar publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se modera así la inflación por segundo mes consecutivo, algo que no ocurría desde finales de 2020, y quedan atrás —por ahora—, los incómodos dobles dígitos sobre los que durante tres meses han cabalgado los precios.

En términos mensuales, la caída del índice de precios al consumo (IPC) en septiembre fue del 0,6%, la mayor desde el inicio de la serie histórica en 1961. Completa las buenas noticias la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, un indicador muy seguido por los expertos para saber la persistencia de las subidas de precios: tras 14 meses al alza reculó dos décimas, aunque sigue en niveles elevados, del 6,2%.

Tal y como explica el INE, detrás de la tregua está la energía. “Esta evolución es debida, principalmente, a la bajada de los precios de la electricidad, que subieron en septiembre de 2021. También influye, aunque en menor medida, el descenso de los carburantes, frente a la subida del año anterior, y la bajada del transporte”, señala en una nota.

El litro de gasolina ha caído hasta niveles que no se veían desde abril, mientras que la electricidad se ha abaratado respecto a un agosto infernal donde el megavatio hora batió su récord absoluto mensual en el mercado mayorista. Entre los factores que han contribuido a ello está la fuerte rebaja del precio del gas, que llegó a desplomarse casi un 40% en solo dos días cuando Bruselas anunció a mediados de mes su disposición a incluir algún tipo de límite en las tarifas que pagan los Veintisiete por importarlo. La luz también se beneficia de la comparación anual con septiembre de 2021, un mes que en su momento fue el más caro de la historia. A ese fenómeno estadístico los economistas lo llaman efecto base.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha calificado de “buena noticia” el dato de septiembre durante una entrevista en Espejo Público. “Si se confirma y continúa esta tendencia, volveremos a niveles de inflación más normales el año próximo”, ha afirmado, aunque ha admitido que eso no está en manos del Gobierno. “Todo depende mucho del contexto internacional”.

El respiro de septiembre respalda las tesis de quienes anticipan una desescalada de los precios en los meses venideros. De esa opinión es el economista Javier Santacruz. “En octubre, noviembre y diciembre es probable que veamos más caídas”, sostiene. En esos meses, el citado efecto base será aún mayor, pero la incertidumbre sigue siendo máxima. Cualquier imprevisto puede dar al traste con la construcción de una tendencia de regreso a la normalidad. El último ejemplo, todavía caliente, ha sido el misterioso sabotaje de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2, que ha devuelto el nerviosismo a los mercados, con subidas superiores al 20% en el precio del gas europeo tras conocerse la noticia.

“Me decanto porque estamos tocando techo, pero creo que el camino va a ser lento”, dice Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, sobre la evolución de la inflación. En su opinión, la moderación debería facilitar el ansiado pacto de rentas, porque los agentes sociales tomarían como referencia tasas de inflación futuras más bajas. No oculta, sin embargo, que tras el mencionado ataque a las infraestructuras energéticas, la posibilidad de nuevas sorpresas negativas ha ganado enteros, con la amenaza nuclear como la manifestación más extrema de esa baraja de acontecimientos imprevistos que pocos o ningún economista pueden adelantar.

El que ahora se erige como el enemigo público número uno de la economía subsiste en tasas muy altas todavía, no muy lejos de los máximos de casi cuatro décadas en España, tras pasar en solo unos meses del hielo de las presiones deflacionarias pandémicas —10 meses con los precios en cero o negativo en 2020—, al fuego de una inflación energética y alimentaria azuzada por la espiral bélica en Ucrania.

La efectividad de la respuesta toma un tiempo que amenaza con agotar la paciencia de las familias, en plena pérdida de poder adquisitivo por el aumento del coste de la vida, y las empresas, que afrontan el dilema sobre si trasladar o no costes para proteger sus márgenes. La vertiginosa subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales puede tardar en notarse más de un año desde que se produce —la primera del BCE fue en julio—, y los denodados esfuerzos de los gobiernos por amortiguar el golpe a los hogares, con medidas como las tomadas por el Ejecutivo español de subvencionar 20 céntimos el precio del combustible o la más reciente bajada del IVA del gas del 21% al 5%, restan empuje a la inflación, pero todavía no lo suficiente para devolverla a porcentajes normales.

Entre las mayores preocupaciones está el contagio de las subidas a la cesta de la compra, ya muy palpable, como advirtió esta semana un estudio de la OCU: según sus cálculos, se ha encarecido un 15,2% en un año, su mayor avance desde 1988. El precio de alimentos como los cereales en los mercados internacionales por la guerra en Ucrania, disparado conforme el conflicto encallaba, ha terminado por caer con fuerza, pero muchos productos del supermercado han seguido incorporando los costes extra en conceptos como el transporte, los fertilizantes o la luz, y la duda es cuándo dejarán de hacerlo. Otro palo en los ruedas es a debilidad del euro, que ha perdido en un año un 17% frente al dólar, y encarece las importaciones energéticas.

El aspecto psicológico cumple un papel, como explica Raymond Torres. “El problema de la inflación es que genera mucha sensibilidad a cualquier incremento de precio. Cuando es baja o hay poca, si algo sube no lo interpretas como un incremento generalizado de precios. Dices: ‘Como han subido los huevos este mes’. En cambio, cuando es creciente, los comerciantes lo interpretan como algo generalizado ante lo que tienen que reaccionar para no quedarse atrás”.

Todo indica que el enfriamiento de la economía por la acción de los bancos centrales también influirá tarde o temprano. “Los precios en una recesión son distintos que en una expansión, porque alguien va a hacer rebajas para pelear por el mercado que quede. Habrá gente que deje a un lado lo prémium y se vaya a algo más barato”, estima Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía en el IESE. Aún cree que es pronto para saber hacia dónde se dirigirán los precios en un futuro. “La inflación tendencial la vas a ver en abril-mayo, cuando se haya quitado de los datos el ruido de la invasión”, apunta. Es decir, cuando la comparativa ya no incluya ese salto inflacionista que las bombas de Putin y su manejo del gas como arma de guerra han dejado en los gráficos.

Antes, en poco más de dos semanas, se conocerá la cifra definitiva de inflación de septiembre, en la que no es descartable una revisión. En cuatro de los ocho meses de 2022, el INE ha corregido después el dato inicial, tres de ellos al alza y uno a la baja.

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Economía

Cuenta Atrás Para Poder Crear Una Empresa Por Un Euro En España

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La nueva Ley de creación y crecimiento de empresas, la conocida como ‘Ley crea y crece’, con medidas para luchar contra la morosidad empresarial, impulsada por el Gobierno y convalidada en las Cortes Generales, entrará en vigor dentro de 20 días tras su publicación este 29 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno aprobó la normativa a finales del año pasado. 

Sin embargo, la regulación que establecen algunos capítulos tardarán más en llegar. Por ejemplo, el capítulo V de la ley entrará en vigor a partir del 10 de noviembre de 2022. Este apartado introduce un nuevo régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa. Estas plataformas, también conocidas como ‘plataformas de crowdfunding’, son empresas cuya actividad consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación con otras personas físicas o jurídicas que la solicitan en nombre propio para destinarlo a un proyecto concreto.

De su lado, la entrada en vigor del artículo 12, relativo a la facturación electrónica entre empresarios y profesionales, está supeditada a la obtención de la excepción comunitaria a los artículos 218 y 232 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

El coste de crear una empresa se reduce a 1 euro

La nueva ley contempla diferentes reformas dirigidas a facilitar la creación de empresas, su crecimiento y expansión, aligerar trámites y también medidas para combatir la morosidad. Concretamente, se reduce el coste para constituir una sociedad de responsabilidad limitada a un capital social de un euro, frente a los 3.000 euros de mínimo legal establecido hasta ahora.

También se facilita la constitución telemática de empresas a través de la ventanilla única del Centro de información y red de creación de empresas (Circe), simplifica trámites, amplía el catálogo de actividades exentas de licencia y se modifican varios aspectos de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.

Incentivos y garantías para impedir la morosidad

Respecto a la morosidad, la norma no contempla un régimen sancionador como el que demandaba buena parte de la Cámara, pero sí se modifican hasta cinco regulaciones para combatirla, tipificándola como práctica de competencia ilegal en la Ley de competencia desleal, e impulsando medidas coercitivas desde la Ley General de Subvenciones, la Ley de contratos del sector público o la factura electrónica.

Así, se contemplan incentivos como la exigencia de un certificado de pagos a los subcontratista por parte de un adjudicatario, la retención de las garantías una vez se inicien legales contra un contratista por incumplir los plazos o la prohibición de acceder a la contratación pública.

Sanciones de hasta el 50% del contrato y una lista negra

También, independientemente de si se recogen en los pliegos o no, se aplicarán sanciones de hasta el 50% del importe del contrato cuando haya una resolución firme y, a la hora de pedir una subvención, se exigirá acreditar que todo gasto subvencionable esté pagado en plazo.

Otros incentivos pasan por una lista negra de la morosidad (entrarán empresas con 600.000 euros y el 10% de sus facturas fuera de plazo), la obligación de revelar en su web y memoria de cuentas anuales el volumen total y relativo de las facturas pagadas fuera de plazo y la prohibición de obligar a una empresa a utilizar una plataforma concreta de facturación electrónica.

Refuerzo de la financiación

Por otro lado, se incorporan mejoras en los instrumentos de financiación de las empresas alternativos a la financiación bancaria, como el ‘crowdfunding’ o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.

En el ámbito del ‘crowdfunding’, flexibiliza las normas para que las plataformas presten sus servicios en Europa, permite la creación de vehículos para agrupar inversores y reducir costes de gestión, se elevan los umbrales de inversión por proyecto (de dos a cinco millones de euros) y se modifican los límites de inversión por proyecto para minoristas, que pasan a ser el más alto entre 1.000 euros o el 5% de la riqueza.

Asimismo, se amplia el tipo de empresas para la inversión del capital riesgo, incluyendo financieras con alto componente tecnológico, se amplía el reconocimiento de fondos cerrados (fondos de deuda que pueden invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales) y se elimina a las Sicav la exigencia del informe trimestral, flexibilizando las exigencias de diversificación de inversiones.

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