A menos de 24 horas de que el Consejo de Ministros apruebe una batería de medidas para responder al clamor popular desatado tras el desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años con movilidad reducida desalojada de su casa en el centro de Madrid el miércoles pasado, todos los grupos de la izquierda parlamentaria han buscado este lunes una imagen potente para arrastrar al PSOE a un decreto ambicioso frente a la negativa de Junts a respaldar alguna de sus propuestas.

A las puertas del Hospital Gregorio Marañón, donde se encuentra ingresada Maricarmen por agotamiento severo, Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid, Compromís, Movimiento Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG han unido fuerzas respondiendo a la convocatoria del Sindicato de Inquilinas para apoyar la aprobación del bautizado como Decreto Maricarmen. Entre las asistentes a la foto, dos ministras de Sumar: la de Sanidad, Mónica García, y la de Juventud e Infancia, Sira Rego, que presionan dentro del Ejecutivo para que estas medidas vean la luz.

Las conversaciones se han extendido a lo largo de toda la jornada y continuaban a última hora de la tarde, cuando fuentes de Sumar en el Ejecutivo han anunciado un acuerdo para incorporar la congelación del precio y prórroga de los alquileres de todos los contratos que finalicen antes de 2029. El grupo de la vicepresidenta Yolanda Díaz había denunciado horas antes que el PSOE trataba de recortar el período que abarcaba esa prórroga. Las mismas fuentes, sin embargo, consideran que el acuerdo todavía “no está cerca” ya que hay “otros elementos imprescindibles en disputa”. Entre ellos, dos fundamentales: la regulación del alquiler de habitaciones, que quedó fuera de la ley aprobada en 2023 y que ha servido para seguir cometiendo “abusos” (muchos profesionales, y hasta parejas y familias, alquilan ya en esta modalidad en ciudades como Madrid o Barcelona, compartiendo piso); y la renovación automática de los contratos, tal y como ha exigido el Sindicato de Inquilinas. “Dotar de estabilidad al mercado del alquiler es imprescindible para garantizar que tanto inquilinos como propietarios cuenten con seguridad y certidumbre a largo plazo”, señalan fuentes de Sumar conocedoras de la negociación.

También hay discrepancia por la expropiación de la vivienda de la propia Maricarmen y, aunque algunas voces reconocen que, con probabilidad, esta quedará fuera del decreto, no descartan negociarlo en uno posterior. Otras fuentes, sin embargo, aseguran que “no han renunciado a nada”.

“Seguimos lejos, ya no hay parches ni medias tintas”, ha sentenciado García en las declaraciones frente al hospital. La dirigente de Más Madrid ha advertido, además, de que se plantarán, como ya lo hicieron en marzo, si el PSOE no incluye las medidas que consideran necesarias. “Este caso ha sido un punto de inflexión y tenemos que decidir si estamos con la especulación o con las familias (…) Llevamos meses empujando al PSOE y ahora tenemos la voz de la calle. Es hora de poner coto a la especulación”, ha incidido. En aquella ocasión, el Gobierno aprobó un decreto específico sobre vivienda que luego tumbaron PP, Vox y Junts en la Cámara baja.

El PSOE y Sumar (antes, también, Unidas Podemos) han mostrado siempre una fuerte diferencia en política de vivienda, siendo el socio pequeño del Ejecutivo mucho más partidario de la intervención de precios. Fue el partido de Ione Belarra el que más peleó la norma de vivienda que creaba zonas tensionadas aprobada al final de la legislatura pasada. Esta ley apenas se ha aplicado desde entonces por el rechazo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Por IU, su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, ha apretado también al PSOE y ha recordado que “un trabajador dedica el 50-60% del salario a la vivienda”.

“En este momento no se dan las condiciones para un real decreto asumible para la ciudadanía y el Parlamento. Hay dos medidas que entendemos fundamentales: que nos acerquemos a los alquileres indefinidos y que se regulen los alquileres de habitaciones”, ha insistido desde Compromís Alberto Ibáñez, que ha comparecido junto a su compañera de coalición Àgueda Micó, que está en el Grupo Mixto. “Lo que hay en este momento sobre la mesa son medidas irrenunciables”, ha dicho por su parte Gerardo Pisarello, miembro de Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso. “Ya es hora de que el PSOE entienda que esto no se resuelve con fotos ni vídeos con Mamdani”; ha añadido en relación a la publicación subida a redes del presidente del Gobierno con el alcalde de Nueva York.

Para ERC, el decreto que se apruebe mañana ha de ser “ambicioso, hecho desde la escucha de la calle y de la izquierda”. La diputada Etna Estrems ha llamado a los grupos a tener “altura de miras y trabajar” para su convalidación en un mensaje dirigido a Junts, con el que mantiene una pugna electoral.

Desde Podemos, el exdiputado autonómico y responsable de Economía del partido, Tito Morano, ha tildado las exigencias del sindicato de propuesta de “mínimos” y ha pedido ir más allá, apuntando a la expropiación de las viviendas en manos de los fondos buitre. “Los grupos que tenemos que apoyar el real decreto todavía no hemos visto un documento”, ha señalado antes de denunciar que el Gobierno haya “tomado la decisión de negociar con Junts” en vez de con ellos. En rueda de prensa, el portavoz de la formación, Pablo Fernández, ha vinculado su voto en el Congreso a la postura que tome finalmente el sindicato.