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Abogados De Migrantes Detenidos En Alligator Alcatraz Denuncian Golpizas Por Parte De Los Guardias Del Centro

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Las autoridades de Florida no han cumplido con el mandato de una jueza federal de garantizar que los inmigrantes detenidos en el infame centro Alligator Alcatraz, al oeste de Miami, tengan el debido acceso a sus abogados, y además han respondido con represalias, incluida una presunta paliza a varios migrantes menos de una semana después del fallo judicial, según nuevos documentos presentados ante el tribunal.

El 27 de marzo, la jueza federal Sheri Polster Chappell ordenó a las autoridades garantizar que los detenidos pudieran hacer llamadas confidenciales y recibir visitas de sus abogados sin cita previa, así como establecer protocolos claros de comunicación, tras concluir que las condiciones del centro impedían a los detenidos ejercer su derecho a la defensa. El Estado, por su parte, ha apelado la orden, impugnando tanto las medidas de acceso a asesoría legal de los detenidos como una certificación para convertir el caso en una demanda colectiva.

Pero documentos presentados por los abogados el viernes describen un incidente ocurrido el 2 de abril, en el que varios detenidos habrían sido golpeados y rociados con gas pimienta tras protestar por el corte de las líneas telefónicas.

Según el recuento del incidente descrito por Katherine Blankenship, abogada de Sanctuary of the South, parte del equipo legal de los demandantes, las líneas telefónicas fueron desconectadas durante todo el día, sin previo aviso ni explicación. Tras perder comunicación, los detenidos comenzaron a quejarse en voz alta, y un guardia golpeó a un detenido, lo que desató un violento altercado.

Entre los detenidos que habrían sido agredidos se encuentra Raiko López Morffi, quien se ve con un hematoma en el ojo días después del incidente, en fotografías de capturas de pantalla durante una videollamada con Blankenship. Morffi también habría sido pateado en la cabeza e inmovilizado con una rodilla sobre el cuello, de acuerdo con la denuncia. Los guardias rociaron con gas pimienta a todos los detenidos. Un hombre mayor perdió el conocimiento al no poder respirar, y otro sufrió una fractura en la muñeca, de acuerdo con los registros.

En una serie de correos electrónicos presentados junto a la evidencia, las autoridades del centro le informaron a Blankenship que uno de sus clientes, Lázaro Hernández Galban, no quería atender la llamada que tenía programada con sus abogados. Luego de múltiples intentos a lo largo de varios días, Blankenship logró confirmar con Hernández que esto no era cierto, y que las autoridades le habían negado la posibilidad de ir a la biblioteca a realizar la llamada.

A Morffi se le negó la atención médica y permanece en una celda de aislamiento de 2 por 2 metros, según Blankenship. “La respuesta de las administraciones de DeSantis y Trump no ha sido cumplir con la orden judicial federal, sino incurrir en graves abusos de derechos humanos. El Estado ahora busca apelar la orden del tribunal mientras, al mismo tiempo, la incumple en perjuicio de quienes permanecen detenidos”, señaló la abogada a este diario. “El Estado de Florida nunca debió abrir esta instalación. Es ilegal, cruel e inconstitucional. Estos abusos continúan y el Gobierno debe rendir cuentas”.

La oficina del gobernador de Florida, Ron DeSantis, remitió preguntas para este reporte a la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), que administra el centro de detención. FDEM no respondió a una solicitud de comentarios. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tampoco respondió.

Florida ha estado a la vanguardia de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, promoviendo arrestos masivos, nuevos centros de detención y leyes que refuerzan la cooperación de las autoridades locales con las federales.

Alligator Alcatraz ha sido señalado por organismos de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, por condiciones deshumanizantes y tratos que equivalen a tortura. Las celdas son unas especies de jaulas con literas donde duermen más de 30 personas. Algunos detenidos han contado a EL PAÍS que la comida es pésima y el agua limitada, y que el calor, los insectos y las inundaciones son habituales. También han señalado que no tienen acceso regular a duchas y que los baños con frecuencia están tapados. Algunos han denunciado un ambiente de intimidación y trato degradante de los guardias, que utilizan parches con calaveras, parcas y mensajes amenazantes en los uniformes.

Tras una visita a la instalación la semana pasada, la congresista de Florida Debbie Wasserman-Schultz dijo que salió con la impresión de que “la forma en que se mantiene a los detenidos es cruel e innecesaria”. Durante su visita, Wasserman Schultz observó un área con casi 1.500 detenidos “en jaulas”, en un espacio que “olía a orina, era húmedo y estaba ‘repleto de hombres de pared a pared’. Los baños y lavamanos estaban manchados, sucios y sin privacidad. La comida etiquetada como ‘fresca’ tenía casi dos semanas de antigüedad y se servía en porciones pequeñas”.

También señaló que el Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) mantiene una presencia activa en el lugar, y que el personal de la FDEM remitió sus preguntas sobre las operaciones diarias de detención al ICE. “El ICE se escuda en agencias estatales de Florida” y “el costo de la instalación en sí se está ocultando detrás del Estado de Florida”, aseguró Wasserman Schultz. A la congresista se le negó reunirse con detenidos que habían dado permiso previamente para escuchar sus testimonios directamente.

Otra demanda contra el centro alega que el Estado violó leyes federales de protección al medio ambiente cuando levantó el sitio con carpas de lona y generadores portátiles en apenas ocho días a finales de junio pasado. El Estado gastó más de 500 millones de dólares de la reserva para huracanes y otros desastres en construir el centro, con la expectativa de recibir más de 600 millones de dólares en reembolsos federales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

La Administración Trump retuvo los fondos durante meses, pendiente de una revisión medioambiental obligatoria para proyectos financiados por el gobierno federal, pero hace un mes anunció que habían levantado la restricción y Florida podía pedir el reembolso cuando terminara el cierre del Gobierno, sin aclarar si la revisión se había completado. Los demandantes alegan que el reembolso demuestra que el centro responde a los intereses del Gobierno federal bajo una fachada estatal.

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Mexico’s Biggest Fortunes Seek Certainty Outside The Country

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Mexican capital is changing hands and hence its destiny. As the largest wealth transfer in recent history gains momentum, younger heirs are diversifying and moving away from the industrial model that built their grandparents’ fortunes, instead directing their investments towards international markets. This silent but sustained shift occurs in parallel with the loss of confidence and the economic slowdown in the country, and threatens to accelerate the lack of productive domestic investment.

In Mexico, there is a dissonance between the weakening of the economy and the increase in wealth: while wealth is advancing at a double-digit rate, GDP is lagging behind. According to UBS bank, the average wealth per adult in the country has grown 150% since the 2008 financial crisis. And in 2025 alone, a year marked by the uncertainty generated by the trade war with the U.S., most Mexican business fortunes worth at least $400 million grew, led by those of Carlos Slim, 86, and Germán Larrea, 72, with a combined growth of 38%, according to the financial information service Infosel.

On the other hand, the GDP result at the end of the year was disappointing with growth of just 0.8%. Moreover, the first quarter of 2026 has seen a contraction of 0.8% triggered by austerity policies. Meanwhile, the flow of Mexican assets to destinations beyond its borders totaled around $25 billion last year, from direct investment and portfolios of bonds and shares, all of which combined to show sustained growth, according to the Bank of Mexico.

Firms such as the US-based BAI Capital are capitalizing on the growing interest of Mexican investors sinking their money into in other markets, offering schemes that combine real estate investment with access to permanent residence. “Capital is repositioning,” says Juan Carlos Eguiarte, general manager of the firm in Mexico. “This is not a theory, it is an active repositioning of global capital. Wealthy families in Latin America, and in Mexico, are making decisions right now. They are moving assets from unstable jurisdictions to markets with clearer rules,” he adds.

With offices in Mexico, Taiwan and soon China, the company is seeing investments moving to Texas, Florida and California as investors seek the protection of the dollar as a safe haven, access to a capital market with greater liquidity and, above all, legal certainty for its operations, amid the instability generated by the judicial reform in Mexico and the review of the USMCA in industrial plans. “They are also looking for something very important: succession planning, which is known as the Great Wealth Transfer phenomenon,” he says, referring to the hundreds of trillions of dollars that will be passed from the hands of baby boomers, who are approaching 80, to younger generations, such as Gen X, millennials and Gen Z.

This transfer is particularly relevant for Mexico due to the weight of family wealth in the economy, and it is this that is modifying investment preferences. Various studies estimate that about 90% of companies in Mexico are family-owned and that a relevant proportion of capital is still concentrated in the first or second generation. Younger millionaires are more open to global diversification and less conservative instruments, such as cryptocurrencies, real estate investment funds, tech-biased stocks, and baskets of assets such as ETFs (exchange-traded funds). According to a survey by investment firm Natixis, millennials are more inclined towards sustainable investments (32%) and nearly a quarter (24%) invest in cryptocurrencies.

Aversion to risk

This re-routing of resources, together with a sustained fall in gross fixed investment (GFI), which measures how much an economy invests in its productive capacity, together with the departure of buyers of Mexican debt, is taking its toll on the economy. Due to its closeness geographically to the U.S. and its commercial relationship with its neighbor, Mexico has managed to maintain its relative manufacturing advantage as the main supplier of goods to the world’s largest consumer. This has boosted its exports and foreign direct investment (FDI), which grew by 10.8% in 2025, becoming a lifeline regarding performance. However, the crumbling of infrastructure, security — both criminal and regulatory — and basic services has limited the expected nearshoring boom. In January 2026, the IFB showed an annual decline of 2.2%, a negative trend that has lasted 17 consecutive months, according to data from the National Institute of Statistics and Geography (Inegi).

“The fact that waves of capital are not entering reflects a great aversion to risk in the Mexican economy,” says Gabriela Siller, director of Economic Analysis at Grupo Financiero Base. The balance of the holding of government securities in the hands of residents abroad, such as bonds or Treasury certificates (Cetes), has stabilized at about 1.7 trillion pesos ($97.1 billion), after seven months of decline last year. However, Siller warns that the risk of capital flight persists in the face of greater global aversion due to the war in Iran and a deterioration in the perception of Mexico, associated with growing debt and tighter public spending. Siller adds that it is estimated that 70% of tax revenues are directed at social programs, the financial cost of the debt and contributory and non-contributory pensions.

“The Mexican economy has also fallen into a trap of stagnation, and this does not help,” Siller adds. Analysts’ forecasts suggest that Latin America’s second-largest economy will grow below 2% by the end of the year, reflecting a GDP with less capacity to absorb new capital and offer returns. “What any investor is looking for, even talking about fixed assets, is a good combination of risk and return. Faced with greater risk, obviously, they stop investing,” he says.

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Otro Tribunal Federal Frena La Política Del ICE Para Detener A Migrantes Sin Derecho A Fianza

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Una corte federal de apelaciones rechazó este miércoles la política impulsada por la Administración de Donald Trump que permite a agentes migratorios detener sin posibilidad de fianza a prácticamente cualquier persona indocumentada en proceso de deportación, incluso si ha vivido durante años en Estados Unidos sin antecedentes penales.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, con sede en Atlanta y jurisdicción sobre Florida, Georgia y Alabama, representa otro revés judicial para la interpretación que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adoptó el año pasado sobre la ley migratoria de 1996. Bajo esa nueva interpretación, cualquier persona que hubiera ingresado al país sin autorización podía ser considerada automáticamente como “solicitante de admisión” y, por tanto, quedar sujeta a detención obligatoria mientras avanza su caso migratorio.

El fallo fue emitido por un panel dividido de tres jueces. La mayoría sostuvo que el Gobierno federal excedió el alcance de la ley al intentar aplicar de manera masiva una disposición originalmente diseñada para personas recién llegadas a la frontera.

“En pocas palabras, la redacción que el Congreso ha optado por utilizar no otorga al Poder Ejecutivo la facultad ilimitada de detener, sin posibilidad de fianza, a todo extranjero no admitido que se encuentre en el país”, escribió el juez Stanley Marcus en la opinión mayoritaria. El magistrado agregó que “en ninguna parte del texto” de la ley de 1996 “encuentra esa interpretación un fundamento sólido”.

Durante décadas, administraciones de ambos partidos interpretaron la legislación como una herramienta enfocada en personas detenidas poco después de cruzar la frontera. Quienes ya vivían dentro del país, muchas veces desde hacía años, podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez migratorio antes de permanecer detenidos por el ICE.

Sin embargo, la reinterpretación adoptada en julio de 2025 amplió drásticamente el alcance de la medida. Desde entonces, personas con trabajos estables, familias estadounidenses y sin historial criminal podían quedar detenidas automáticamente mientras enfrentaban procesos de deportación. La política también provocó un incremento considerable en la población detenida por el ICE, y el número de personas bajo custodia migratoria superó las 70.000 a principios de este año.

La decisión del 11º Circuito se produce después de que dos tribunales de apelaciones respaldaran la política del Gobierno de Trump y otros dos la rechazaran. Un quinto tribunal terminó dividido, sin alcanzar una mayoría clara.

Esa fractura judicial aumenta la posibilidad de que la disputa llegue próximamente al Tribunal Supremo, que probablemente tendrá la última palabra sobre la legalidad de la política de detención obligatoria.

La decisión también llega después de una ola de demandas presentadas por migrantes detenidos en distintos puntos del país. Cientos de tribunales federales han fallado en contra de la interpretación impulsada por la Administración Trump, en muchos casos a través de peticiones de habeas corpus presentadas por personas que buscan recuperar su libertad mientras avanzan sus procedimientos migratorios. El Departamento de Justicia no ha hecho declaraciones sobre el fallo.

La jueza Barbara Lagoa, designada por Trump, votó en contra de la decisión de la mayoría y defendió la postura de la Administración. En su opinión disidente, argumentó que el tamaño de la población afectada refleja años de falta de aplicación estricta de la ley migratoria, no un exceso de la interpretación actual. “El hecho de que el Poder Ejecutivo no haga cumplir una ley no puede limitar su significado de manera retroactiva”, escribió Lagoa. “En todo caso, el crecimiento de la población pone de relieve las consecuencias de la falta de aplicación de la ley, más que el alcance previsto de la misma”.

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