La jueza que investiga el accidente de El Bocal (Santander) del pasado 3 de marzo en el que fallecieron seis jóvenes ha designado a un perito judicial a la causa y le ha ordenado que emita un informe para esclarecer si el mantenimiento de la pasarela fue “negligente”. La instructora quiere conocer el estado de la infraestructura y saber “si existían signos visibles de deterioro” y “la fecha previsible del último mantenimiento realizado” para determinar si fue o no suficiente.

La titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha adoptado esta decisión en el marco de una batería de diligencias que ha acordado para impulsar la investigación, según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cantabria.

Además del informe pericial, la jueza ha reclamado al Servicio de Emergencias 112 y a la Policía Local de Santander el protocolo de actuación que tienen para atender los avisos. En esta línea, la instructora quiere saber si se recibió o se hizo “seguimiento” a las “incidencias reportadas por ciudadanos” y sobre “riesgos en infraestructuras públicas”. También está interesada en conocer si existían quejas sobre el estado de conservación de la pasarela. De igual forma, les ha pedido que envíen al juzgado “cualquier instrucción interna, circular o manual complementario que establezca criterios de actuación para los operadores de servicio”.

Otra de las diligencias acordadas atañe al Ayuntamiento de Santander. La jueza le ha reclamado que aporte “copia de las actas de los últimos cinco años del Consejo Distrito Noroeste, al que pertenece la zona vecinal de Cueto y Monte”. También ha ordenado al grupo tercero de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Policía Judicial que recabe información relativa a posibles quejas “en registros públicos u oficiales”, como la oficina de atención al ciudadano del consistorio o la Policía Local, así como en “plataformas de incidencias ciudadanas, asociaciones vecinales locales, medios de comunicación y redes sociales”.

El TSJ cántabro, a su vez, ha informado de que en esta causa ya “se han personado tres familias”, después de que la jueza ofreciera a todos los familiares de los fallecidos y a la única superviviente del accidente que participaran en el procedimiento judicial. También figura como personada la agente de la Policía Local que ha sido citada a declarar como investigada el 27 de marzo.

Ese día tendrán que comparecer ante el juzgado —pero en calidad de testigos— los dos ciclistas que alertaron de que la pasarela se había desplomado; el vecino que avisó 24 horas antes del accidente al 112 de que la infraestructura “se cimbreaba” y podía ser peligrosa; así como los dos agentes de la Policía Nacional que realizaron la inspección ocular tras el accidente.

El Ayuntamiento y Transición Ecológica, enfrentados por el mantenimiento

Por su parte, la jueza ha aceptado que el Ayuntamiento de Santander se persone en condición de “posible responsable civil”. Cabe recordar que la alcaldesa Gema Igual (PP) asumió ante los medios de comunicación que el consistorio no supo gestionar correctamente el aviso del vecino que alertó del mal estado de la infraestructura. La regidora aseguró que “la cadena de respuesta” de la agente de la Policía Local que recibió la llamada “no funcionó como debía” y que se le abrió un “expediente informativo y sancionador”. No obstante, recalcó que la responsabilidad de mantener la pasarela era de la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Este viernes, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha rebatido las palabras de la alcaldesa. Y ha avisado de que desde el Ministerio ya han enviado a la jueza toda la documentación que obra en poder del Gobierno de España. En la lista, figura un acta formal que certifica que la obra fue terminada y recepcionada en 2015, cuando Isabel García Tejerina estaba al frente del departamento; y un documento municipal de 2017 en el que el Ayuntamiento —ya bajo el mandato de Igual— reiteró su obligación de conservar la pasarela. De ahí que Morán haya insistido en que la versión de la alcaldesa no encaja con los documentos oficiales.

El número dos del Ministerio que dirige Sara Aaegesn ha recalcado, además, que el pasado febrero el Ayuntamiento comunicó a Costas un conjunto de actuaciones de mantenimiento en la senda costera. A su juicio, ello demuestra que el consistorio actúa como responsable de la conversación de la infraestructura.

En el accidente fallecieron seis alumnos que estudiaban un grado superior de Técnico en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal en el CIFP La Granja de Heras, situado en el núcleo de Heras, a unos 15 kilómetros de Santander. La clase a la que pertenecían tenía 20 alumnos.

Fernando Cabellos, vecino del barrio de Monte, situado al norte de Santander, avisó el lunes al 112 del mal estado de la pasarela por la que cayeron, apenas 24 horas después, siete jóvenes cuando hacían una ruta por los pequeños acantilados de la zona. Cinco de ellos fallecieron. Un dispositivo de búsqueda intenta encontrar todavía a otra chica desaparecida y una séptima se recupera de la caída en la UCI del Hospital Valdecilla de la ciudad. “El suelo cimbreaba”, explica Cabellos. “Vine para casa y llamé al 112″, relata.

Cabellos marcó el número de teléfono de emergencias a la una del mediodía, cuando regresó del paseo. “No llamo casi nunca con el fijo, pero ese día lo hice”, dice. Le contó a la operadora dónde estaba la zona por cuya seguridad temía. “Le dije que era la pasarela de El Bocal, en la zona del faro. El puente es el único que hay”, dice.

“Llamé porque dije: ‘esto es un peligro’, porque si conmigo, que peso 80 kilos, se cimbrea, mañana, como ha pasado, viene un grupo de personas… y no es lo mismo sostener 80 kilos que 300 kilos”, argumenta. “No conozco a las familias [de los afectados por el desplome], pero por lo menos por ellos, que sepan que alguien avisó. Tendrá que pagar el que pague si es que hay alguno que lo ha hecho mal, que yo no sé”, añade.

Cabellos, de 73 años, ofrece estas explicaciones en la entrada de su casa, cuando ya ha caído la noche del miércoles. A su alrededor corretean y gruñen tres de sus cuatro perritas. “Hasta el lunes no lo veía peligroso”, acota el vecino, sobre el paso sobre los pequeños acantilados. “Peligroso estaba cuando se cimbreaba. Es como si te subieras a un avión y fuera dando saltos”. El domingo, de hecho, fue por allí con su esposa, que no se suele unir a sus paseos diarios de dos horas, y no vio nada que le llamara la atención en el estado de la pasarela. “El domingo venía una excursión como de 40 personas”, recuerda. Durante la conversación, precisa que la zona no suele estar muy concurrida y que la frecuentan sobre todo el grupo de amigos que para por allí. Salen a pasear a sus perros, porque allí se les puede dejar sueltos, o echan un rato de conversación.

Este miércoles, un día después de la tragedia, ha ido a declarar a la comisaría de Policía Nacional, el cuerpo encargado de la investigación por los fallecimientos. También ha atendido algunos requerimientos de la Policía Local. “Les he dicho esto mismo”, señala.

El día ha sido especialmente doloroso para el centro de formación profesional en el que estudiaban los jóvenes que se precipitaron al vacío tras romperse la pasarela. Desde el martes por la tarde, cuando el puente colapsó, parte de la zona por la que Cabellos da su paseo diario ha quedado precintada. Durante la jornada, varios grupos de periodistas se distribuían por montículos para intentar divisar, a lo lejos, algún avance en la búsqueda de la joven desaparecida. Por allí también han desfilado responsables de las diferentes administraciones implicadas en la gestión de esta infraestructura, como el Ayuntamiento de Santander o la Demarcación de Costas.

El proyecto de la Senda Costera, que pretendía hacer un paseo de 10 kilómetros desde el faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar, se puso en marcha en 2014. Recibió un fuerte rechazo vecinal porque se consideraba demasiado agresivo para el entorno. La obra la inició el Ministerio de Medio Ambiente, pero se terminó paralizando y parte de lo construido sigue en uso. Tras la tragedia del martes se ha abierto el debate público sobre qué Administración debía encargarse del mantenimiento. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, habló de “responsabilidad de las tres administraciones” en esta tragedia: Ministerio, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento de Santander.

Los vecinos como Cabellos, que ha pasado 30 años viviendo en esta zona, sienten un gran apego a este paisaje, en el que se mezclan las praderas con un entorno costero agreste y en cuyas carreteras se encuentran carteles advirtiendo de la posibilidad de encontrar animales sueltos. “Cuando han hecho la senda y ese puente parecía que era una agresión a todo lo nuestro, cambiando el paisaje y cambiando todo”, comenta sobre la infraestructura. “Irme a pasear por aquí todos los días es para mí como una adicción, si no voy, estoy de mal humor”, confiesa el vecino que alertó del movimiento excesivo del puente de madera.