America
Daniel Noboa Arrasa En Las Elecciones En Ecuador Y Luisa González Denuncia Fraude
Daniel Noboa ha obtenido la reelección y será presidente de Ecuador hasta 2029. La suya ha sido una paliza inesperada, de casi 12 puntos de ventaja sobre la correísta Luisa González, de Revolución Ciudadana, en la segunda vuelta electoral celebrada este domingo. Con el 94% escrutado, Noboa sumó el 56% de los votos contra el 44% de González, que esta misma noche se negó a reconocer los resultados y denunció “el más grotesco fraude electoral”. “Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas. Hemos presenciado cómo el abuso del poder nunca pidió licencia, usó al Consejo Nacional Electoral para hacer lo que le daba la gana y atropellar la democracia”, dijo sobre una tarima frente a sus seguidores. “No queda duda de quién ganó las elecciones”, le respondió Noboa minutos después.
En la víspera de la elección, González había asegurado en sus redes sociales que Noboa estaba “sembrando de actas electorales” el territorio para “construir la idea de un fraude ante su inminente derrota”. En el escenario que imaginaban en el equipo de campaña de Revolución Ciudadana, González ganaba las elecciones y Noboa se negaba a reconocer la derrota. Ha sido exactamente al revés. El CNE mostró un triunfo arrasador de la derecha sobre la izquierda de Rafael Correa, que ha visto así truncada una vez más su aspiración de devolver el poder al movimiento hegemónico de la política ecuatoriana por una década y hasta 2017.
Cuánto ha pesado en la derrota de González la sombra de Correa será materia de un análisis sosegado. Pero ya es posible pensar que el apoyo que el expresidente dio desde su exilio en Bélgica, y en plena campaña, al venezolano Nicolás Maduro, o sus críticas a la dolarización no ayudaron demasiado a su heredera política.
Noboa, de solo 37 años e hijo de Álvaro Noboa, el hombre más rico del país, convenció a más de la mitad de los ecuatorianos de que él es la solución a la disparada de la violencia del narcotráfico, la crisis económica y la falta de oportunidades que devasta sobre todo a los jóvenes. La mano dura contra las mafias, que en unos pocos años han convertido a Ecuador en el país más violento de América Latina, dio finalmente frutos al presidente. Noboa aceleró el paso hasta el último momento y declaró el estado de excepción y toque de queda nocturno durante dos meses en siete de las 24 provincias del país y en Quito. González denunció que el presidente buscaba desmovilizar a los suyos.
La magnitud del triunfo no estaba ni en los mejores sueños de Noboa. Tanto es así que no esperó los resultados en Quito, sino en Olón, una villa costera de menos de 5.000 habitantes al noroeste de Guayaquil, donde tiene una lujosa residencia. La decisión lo dejó sin baño de masas ni discurso triunfal. Desde su casa, rodeado de unas pocas docenas de personas, habló pausado y sin levantar la voz. “Esta victoria ha sido histórica, una victoria de más de 10 puntos, de más de un millón de votos. No queda duda de quién es el ganador. Ecuador está cambiando y eligió un nuevo camino”, dijo.
En el poder desde hace poco más de un año, cuando asumió para completar el mandato trunco de otro presidente conservador, Guillermo Lasso, Noboa trabajó para su reelección. Ganó en febrero una primera vuelta contra González por solo 17.000 votos, cuando las encuestas le daban un triunfo holgado. El resultado de este domingo escapó una vez más a los encuestadores, que hasta el último día de campaña mostraron escenarios muy parejos.
Es probable que las consultoras hayan subestimado el miedo que generaba en una mayoría de ecuatorianos un regreso del correísmo al poder. Los “cucos” entre sus detractores son múltiples: corrupción, autoritarismo y una defensa de Venezuela y su Gobierno que el expresidente se encargó de resucitar durante los últimos días de campaña. En Ecuador, hay medio millón de venezolanos que se encargan cada día de recordar a los anfitriones lo mal que funciona aquello. González tuvo además dificultades para atraer el voto indígena, que en febrero representó el 5% del total y era la esperanza del correísmo para tomar distancia de Noboa.
El presidente tomó nota de los miedos y sacó provecho de ellos. Un triunfo de González sería un boleto de ida hacia “Ecuazuela”, una muletilla clásica de la derecha que suena como “Argenzuela” o “Chilezuela”, según el país del que se hable. Logró así elevar la participación hasta casi el 84%, tres puntos más que en la primera vuelta. El presidente apeló a la movilización de los mayores de 65 años, 1,7 millones de personas que no estaban obligadas a votar, pero que esperaba que castigaran el pasado correísta. Correa tiene una condena por corrupción en una causa que él insiste en considerar una persecución política. Anoche, entre los simpatizantes de Noboa frente al CNE abundaban las camisetas con la leyenda “sin corrupción”.
Cómo seguirá la historia dependerá ahora de la capacidad de movilización del correísmo para mantener viva en la calle la denuncia de fraude. La diferencia a favor del presidente ha sido tan amplia que confirmar un engaño no será fácil para González. Comienza un nuevo pulso.
America
Bukele Ofrece Liberar A Los Venezolanos Deportados A El Salvador A Cambio De Que Maduro Excarcele A “presos Políticos”
Los más de 250 migrantes venezolanos deportados de forma irregular a El Salvador desde Estados Unidos bajo el argumento de pertenecer a la organización criminal del Tren de Aragua se han vuelto una suerte de moneda de cambio para el Gobierno de Nayib Bukele. El presidente salvadoreño propuso el domingo a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, un intercambio de “presos políticos”, esto es, los que permanecen en la megacárcel creada en 2023 y conocida oficialmente como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), a cambio de presos que se encuentran en Venezuela, entre ellos muchos cercanos a la oposición. Caracas ha rechazado este lunes la propuesta calificándola de “cínica”.
En un comunicado publicado por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, el ministerio público ha solicitado la “inmediata liberación” de los migrantes que El Salvador mantiene detenidos. Saab ha asegurado que el Cecot es “un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana (…) a quienes, como experto en traficar con seres humanos, [Bukele] utiliza para recibir a cambio sumas millonarias de dinero”. Por recibir a los deportados por el Gobierno estadounidense, El Salvador recibe una compensación de seis millones de dólares (algo más de cinco millones de euros).
Saab, que no hizo referencia alguna al estatus legal, las circunstancias en las que se encuentran encarcelados ni al paradero de algunos de los presos políticos venezolanos, asegura que le comunicó su preocupación por la situación de los migrantes a Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas, quien a su vez en repetidas ocasiones ha hecho peticiones a Caracas para que libere a los presos políticos detenidos arbitrariamente.
“A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones, y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito”, afirmó el presidente de El Salvador en su mensaje del domingo. A su vez, Bukele solicitó a su homólogo venezolano “la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos”, entre los cuales, aseguró, se encuentran Rafael Tudares, yerno del candidato opositor Edmundo González y a quien las autoridades venezolanas acusan de estar vinculado con redes de narcotráfico; el periodista y dirigente del partido Voluntad Popular, Roland Carreño, y la abogada Rocío San Miguel, acusada de participar de un intento de magnicidio en contra de Maduro.
El número de presos políticos en Venezuela se multiplicó por cuatro después de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, en las que la oposición asegura que venció y que el triunfo de Maduro no es más que una victoria fraudulenta. Entre agosto y septiembre del año pasado, Venezuela llegó a tener 1.500 presos políticos. Hacia el mes de diciembre, las autoridades chavistas comenzaron a revisar casos judiciales y se produjo una excarcelación de varias decenas de personas.
Por su parte, los familiares de los ciudadanos venezolanos detenidos en el Cecot apenas han tenido noticias de ellos desde su deportación por parte del Gobierno estadounidense. Varios de los migrantes les avisaron antes de subir al avión de que serían expulsados a Venezuela, tras lo cual aparecieron en El Salvador. Familiares de los deportados han rechazado las acusaciones que vinculan a los migrantes deportados con El Tren de Aragua ―una organización criminal nacida en Venezuela con presencia en varios países de la región― y el palacio de Miraflores ha organizado actos públicos y manifestaciones para exigir su liberación.
La deportación de ciudadanos venezolanos al Cecot de El Salvador desde Estados Unidos ha producido reacciones encontradas entre muchas figuras públicas de Venezuela. Los sectores de la oposición más críticos con María Corina Machado -que siga siendo la líder con más fuerza entre los críticos del chavismo- le recriminan su postura neutral en este tema, calificándola de subordinada a Donald Trump. Machado ha respondido que hace todas las gestiones posibles para salvar el destino de los prisioneros inocentes, pero ha dicho que no es un tema que se deba dirimir públicamente para que el esfuerzo pueda tener eficacia.
El presidente Bukele ha sido uno de los más férreos aliados del presidente Donald Trump en la región. El 14 de abril, visitó a su homólogo en la Casa Blanca, donde reafirmó su compromiso de recibir en El Salvador más migrantes deportados y rechazó la posibilidad de devolver a Estados Unidos a Kilmar Armando Abrego García, un trabajador de la construcción salvadoreño que llevaba 14 años en el país y que fue deportado por error a su país de origen. “¿Cómo voy a meter de contrabando a un terrorista en Estados Unidos? Por supuesto, no voy a hacerlo”, manifestó Bukele en el Despacho Oval, pese a que las autoridades judiciales no han dado por probados los presuntos vínculos de Abrego con la Mara Salvatrucha, una de las pandillas a las que Bukele ha declarado la guerra.
Diversas organizaciones han denunciado las repetidas violaciones de los derechos humanos que se producen en las cárceles salvadoreñas desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Cristosal, la principal organización en defensa de los derechos humanos de la sociedad civil en El Salvador, ha documentado la muerte de decenas de presos por torturas, golpes o asfixia mecánica por estrangulación. En el Cecot―prisión que han visitado la secretaria de Seguridad de Trump, Kristi Noem, y la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich― cientos de personas permanecen detenidas por una cuestión tan difusa como la “asociación ilícita” o por el hecho de tener tatuajes.
America
Citizens, Residents, And Even People Outside The United States Are Receiving Self-Deportation Orders: ‘This Is Unforgivable’
Last weekend, immigration attorney Liudmila Armas Marcelo spent her time not just listening to — but above all, calming — many of her desperate clients who had received orders to leave the United States within seven days. Her phone rang nonstop. On the other end were people on the brink of a breakdown. One client’s blood pressure skyrocketed. Another’s son, who suffers from health issues, was severely affected. “People panicked,” Marcelo recalls.
What she never expected was that she, a U.S. citizen, would also be notified by the Department of Homeland Security (DHS) to leave the country “immediately.”
On April 11, she received the same email that had been landing in the inboxes of over 936,500 people who entered the U.S. since January 2023 via the CBP One appointment system — a tool introduced by the Biden administration to help manage the migration crisis at the southern border. It’s a message that could rattle anyone — citizen or not — with a tone Marcelo describes as “very aggressive and very frightening.”
The DHS email, obtained by EL PAÍS, begins with a blunt message: “It is time for you to leave the United States.” It goes on to say that the department is exercising its discretion to terminate the parole previously granted — along with any associated government benefits, such as a work permit. The letter warns that failing to comply could lead to “potential law enforcement actions that will result in your removal.” In another line, the threat is even more explicit: “Do not attempt to remain in the United States — the federal government will find you.”
The email began arriving in inboxes in early April — often in the middle of the night, at 2 a.m., 3 a.m. and 4 a.m. Some recipients saw it immediately; others found it when they woke up.
Marcelo says she wasn’t alarmed when she received the email because she is a naturalized Cuban, and immediately thought it could be “a mistake.” She later learned that the message had reached not only other citizens like her, it had also been sent to permanent residents, individuals in the process of regularizing their immigration status, and even to people who had never entered the U.S. through the CBP One system — individuals who remained in Mexico after the Trump administration disabled the app on its very first day in office.
Adriana and Luis, two 29-year-old Cuban residents of Odessa, Texas, arrived in the United States through CBP One in November 2023. Like many others, they received the same message that landed in attorney Marcelo’s inbox. Adriana saw it in the early hours of April 11; Luis, the night before. Both were frightened, but something about it felt off. Adriana is currently awaiting her green card after applying under the Cuban Adjustment Act, which grants legal status to Cubans living in the U.S., while Luis has been a permanent resident for several months.
“I was worried that it could have been a system error,” says Luis. Amid the uncertainty, they immediately contacted their lawyer. “I emailed her, and she cleared up my doubts,” adds Adriana. “Seeing that it has reached people who are even citizens has put my mind at ease.”
But Marcelo believes that arbitrarily sending the email to so many people has already caused serious harm and is “unforgivable.” “They didn’t bother to determine who the person was, whether they actually entered the United States, whether they are in the country illegally or are already residents,” she says. “I’m waiting for an explanation from the [government], but so far nothing has come. I don’t know if they’re waiting for some people to panic and leave.”
The ‘mistakes’ that the Trump administration won’t fix
The Donald Trump administration is making alleged “mistakes” that are already taking their toll on the country’s migrant community. Throughout his campaign, Trump promised to purge the country of “criminals,” yet many of those detained or deported under his policies had no criminal records.
Perhaps the most well-known case is that of Kilmar Abrego García, a 29-year-old Salvadoran deported to El Salvador’s notorious Cecot mega-prison. He was deported with more than 230 other men allegedly tied to the Venezuelan gang Tren de Aragua and the Salvadoran group MS-13 — but his family say he has no connection to the gangs.
Now, the email instructing thousands of migrants who entered the U.S. via the CBP One app to leave the country represents yet another “failure” of the system — another action by the administration that violates “due process.” Attorney Marcelo is certain that, as the months go by, “we’ll begin to see more and more cases where due process may have been violated. That’s what happens when there’s this lack of responsibility and negligence,” she says.
The lawyer argues that it’s clear the government is operating in a highly disorganized manner in its push to deport millions of undocumented immigrants. Or worse, that it hopes migrants will take the initiative to self-deport using CBP One’s counterpart, the CBP Home app, which allows individuals to voluntarily report their departure from the country — though the supposed benefits of using it remain unclear to both migrants and their attorneys.
Other lawyers like Marcelo received notices to leave the United States simply because they had registered accounts with U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) to monitor their clients’ cases. “They didn’t even bother to check who had actually entered through CBP One or which emails were professional, belonging to a lawyer. That’s why I see a lack of seriousness in how this was handled,” she says.
As if that weren’t enough, Marcelo insists the government also failed to properly identify the recipients in the messages. “How can anyone be sure the email was really meant for them and not just a system error?” she asks. “They’re not concerned about people’s peace of mind; on the contrary, they’re contributing to a level of fear and panic that many have no reason to feel.”
Self-deport or stay?
A week after the DHS emails were sent, the government began revoking I-94 entry permits for those who arrived through CBP One, stripping them of their legal status in the U.S. and invalidating the work permits they had been granted. The fear has left many wondering what to do next: self-deport, as the email urges, or stay put and wait.
Marcelo strongly advises against leaving the country, especially for those with pending immigration court cases. “If people start leaving, that doesn’t count as voluntary departure, and when the court arrives and the judge asks for the person, he or she will immediately issue a deportation order in absentia,” she explains.
The attorney believes that what’s happening with CBP One beneficiaries could foreshadow similar outcomes for other programs like Temporary Protected Status (TPS) or humanitarian parole, which the government attempted to suspend, a move that was blocked by the courts.
“The same thing is going to happen, because these are programs that, in their context, were created to regulate entry into the country. You can’t say now that the program is illegal and all the existing ones are illegal, because you’re retroactively punishing the person,” says Marcelo.
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