“Aplomada”, “en equilibrio”, sin los ataques de ansiedad que le daban antes de aceptar “el reto” de liderar la candidatura de su partido, Compromís, a la alcaldía de Valencia. Así asegura sentirse Mónica Oltra en una entrevista este sábado, tres semanas después de anunciar su retorno a la política activa, a pesar de que la Audiencia de Valencia ordenara la apertura de juicio oral por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor, cometidos entre 2016 y 2017 (y por los que está cumpliendo una condena de cinco años de cárcel), cuando era la consejera de Inclusión Social. En el banquillo se sentarán la exvicepresidenta valenciana y 12 de sus colaboradores entonces en la Generalitat.

“¿Usted cree que es víctima de lawfare [persecución judicial]?“, le ha preguntado la periodista Julia Otero de Onda Cero en la primera entrevista que ha concedido Oltra tras dimitir de todos sus cargos políticos hace cuatro años. “No solo lo creo yo, lo cree toda España, incluso los que la practican contra mí“, ha respondido. ”Pero no la Audiencia”, le ha replicado la periodista, en alusión a la orden dada por la sección cuarta de este órgano al juzgado de instrucción para que abra juicio oral pese a que el instructor había archivado la causa en tres ocasiones por falta de indicios, con el apoyo del fiscal. ”La Audiencia también lo sabe. Por eso dicen, bueno, independientemente de lo que pase en el juicio, esta gente tiene derecho a acusar. Esto es un contrasentido. No hay ni una sola prueba. Las pruebas que presentan son de defensa. Es un sinsentido que se estudiará en las facultades de derecho”.

La periodista ha aludido a las voces que vinculan la persecución judicial con la reversión de la privatización de la sanidad pública [iniciada por la que fuera consejera socialista de Sanidad, antes de ser nombrada ministra del ramo, Carmen Montón]. Y Oltra recuerda que había muchos intereses económicos, también en los servicios sociales de su competencia, cuya gestión pública defendía. Y ha mencionado la “famosa foto” que ella exhibió en Les Corts en la que se salían hablando en una estación el CEO de Ribera Salud, Alberto de Rosa, la “señora que se querelló” contra ella, Cristina Seguí (que fue fundadora de Vox en Valencia) y el expresidente de la Generalitat Francisco Camps (principal objeto de las críticas de Oltra en la oposición). “Obviamente, no estaban hablando del tiempo”, ha comentado la política valenciana de 56 años.

Oltra ha indicado que su salida del Consell fue “una dimisión forzada”, porque, si no, se “hubiera roto el llamado gobierno del Botànic” de izquierdas. En este sentido, ha recordado que el presidente socialista Ximo Puig en declaraciones públicas había planteado su dimisión o cese. “Tomo la decisión por responsabilidad. En el pecado está la penitencia”, ha agregado. Y sobre la actitud de algunos compañeros de partido que no la apoyaron, ha indicado: “No supieron sostener en un momento donde había que aguantar los machos”.

Ahora, el juicio (para el que no hay una fecha aún señalada) podría coincidir con la campaña electoral o incluso podría sentarla en el banquillo “siendo alcaldesa”, si ganara. “Se está alargando mucho. El objetivo era sentarme en el banquillo”, ha afirmado. Pero la derecha y la extrema derecha no podían salirse con la suya, argumenta. “Les molestan las políticas emancipatorias, y si me pliego habrían ganado. Esa fue la fuerza motriz”, ha agregado en la entrevista. En ella, se ha mostrado favorable al proyecto de confluencia de las izquierdas del PSOE, si bien su foco es Valencia, la política de proximidad que conoce. Ya rechazó una propuesta para optar a ser eurodiputada, ha apostillado.

La entrevista concedida a Julia Otero este sábado forma parte del proceso de retorno a la actividad política de Oltra, que mantiene abierto su despacho de abogada, que le procura su sustento y el de su familia (tiene dos hijos). Fuentes de su entorno inciden en que la vuelta será paulatina precisamente porque necesita seguir trabajando y, además, continúa estudiando y preparándose en temas de mediación.

Oltra anunció su retorno el 28 de marzo, en el congreso de su partido, Iniciativa del Poble Valencià (IPC), que forma parte de la colación Compromís. El anunció generó numerosas reacciones. Fue muy bien recibido especialmente por los partidos a la izquierda del PSOE, que se han mostrado de inmediato favorables a confluir en su candidatura. También los socialistas saludaron su regreso. El PP y Vox, por el contrario, cargaron contra la dirigente, que ha evidenciado seguir contando con capital político en la izquierda valenciana.

Después del anuncio, Oltra no ha protagonizado ningún acto público hasta el pasado jueves, cuando la exvicepresidenta valenciana participó en un encuentro con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la dirigente y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y la primera dama de Brasil, Janja Lula da Silva. El acto buscaba marcar una posición de rechazo firme a las guerras y la violencia política que sufren las mujeres y, en este sentido, denunció también la persecución judicial.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una mujer de 53 años como presunta autora de un delito de hurto continuado a personas de avanzada edad. La arrestada presuntamente se aprovechaba de su posición de empleada en residencias de mayores para sustraer objetos de valor a las víctimas.

Las investigaciones se iniciaron en agosto de 2023, a raíz de la denuncia de una nonagenaria, residente en un centro de mayores de Valencia. Ella fue quien detectó dos cargos no autorizados en su tarjeta bancaria por importes de 1.000 y 1.600 euros, según ha informado la Policía en un comunicado.

Las pesquisas de los agentes permitieron averiguar que una empleada del centro, aprovechando su posición laboral, habría cometido el robo. Sin embargo, la sospechosa ya había sido despedida tras ser supuestamente sorprendida por otro empleado con pertenencias de una residente.

Los agentes constataron que la ahora detenida presuntamente hurtaba joyas a personas de avanzada edad en situación “de especial vulnerabilidad”. Residían en centros de mayores donde el acceso a sus habitaciones por parte del personal es habitual, lo que habría facilitado la comisión de los hechos.

Según la Policía, la mujer presuntamente había vendido joyas sustraídas en, al menos 23 ocasiones entre febrero de 2024 y marzo de 2026, distribuyéndolas por distintos establecimientos de compraventa de la ciudad, con lo que había obtenido un beneficio superior a los 9.300 euros. Por todo ello, los investigadores la detuvieron como presunta autora de un delito de hurto continuado. La arrestada ha pasado ya a disposición judicial.

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Castellón un entramado empresarial que habría defraudado unos 162.000 euros en prestaciones de la Seguridad Social a través de empresas ficticias que simulaban relaciones laborales mediante contratos fantasma. Para ello contaba con una red de sociedades sin actividad real y administradores ilocalizables, con el apoyo clave de una asesoría que gestionaba altas, bajas y documentación falsa.

A través de ese entramado se contrató a al menos 30 trabajadores, en su mayoría de origen pakistaní, quienes obtenían derechos de cotización para, posteriormente, beneficiarse de las mencionadas prestaciones que, en algunos casos, seguían cobrando tras abandonar España, según ha informado el cuerpo policial. Los beneficiarios llegaron a figurar contratados simultáneamente el mismo día en distintas provincias.

La operación se ha saldado con 36 investigados y 12 detenidos ―que han pasado a disposición judicial― por presuntos delitos contra la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y usurpación del estado civil. Dos de ellos han sido arrestados en sendas oficinas de Benicarló (Castellón) intervenidas por la policía.

La investigación se inició a raíz de la información remitida por la Tesorería General de la Seguridad Social, que alertó sobre posibles irregularidades en varias empresas vinculadas entre sí y gestionadas a través de una misma gestoría. Las primeras pesquisas permitieron detectar un patrón común, basado en la creación de sociedades sin actividad económica verificable, pero dadas de alta en la Seguridad Social.

Uno de los primeros indicios se localizó en la empresa principal, cuyo domicilio social correspondía a una vivienda particular en la que no se desarrollaba ninguna actividad económica. Los responsables, tanto de esta como de otras mercantiles, resultaron ilocalizables pese a figurar formalmente como administradores.

Las sociedades investigadas compartían características, como administradores extranjeros sin arraigo en España, domicilios ficticios ―en ocasiones ubicados en espacios de coworking―, cambios frecuentes de titularidad y ausencia de actividad económica. Dificultaban así el control por parte de las autoridades, favoreciendo la continuidad del fraude, han informado desde el cuerpo de seguridad. Detrás de estas empresas se ocultaban terceros que dirigían realmente la operativa, utilizando a los administradores como testaferros y coordinando la contratación de trabajadores sin que existiera una relación laboral real.

Avanzada la investigación, se detectó la existencia de trabajadores dados de alta simultáneamente en varias empresas situadas en provincias no limítrofes. Algunos, incluso, llegaban a figurar como prestadores de servicios el mismo día en diferentes puntos del territorio nacional, lo que les permitía generar derechos de cotización que, posteriormente, eran utilizados para solicitar prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

La investigación policial ha logrado acreditar que al menos 30 supuestos trabajadores llegaron a percibir dichas prestaciones tras cesar su actividad en las empresas investigadas. El fraude al sistema público asciende a 162.030 euros. En muchos casos, los beneficiarios abandonaban posteriormente el territorio nacional mientras continuaban percibiendo las ayudas.

Paralelamente, los agentes detectaron una red de sociedades interconectadas que emitían facturas por servicios poco definidos, sin concreción sobre los trabajos realizados ni los periodos de ejecución. Todas han sido investigadas por posibles delitos relacionados por defraudación del IVA y el Impuesto de Sociedades. “El análisis realizado reveló discrepancias entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios, así como la existencia de intermediarios que suministraban mano de obra a explotaciones agrícolas sin que los contratantes conocieran la identidad real de los responsables”, han indicado las mismas fuentes.

En este entramado, una asesoría desempeñaba un papel relevante al encargarse de la gestión administrativa de las sociedades, incluyendo la tramitación de altas y bajas en la Seguridad Social, así como la elaboración de contratos, nóminas y documentación tributaria. Según las investigaciones, estas gestiones se realizaban mediante el uso de certificados digitales de los administradores formales sin su intervención directa.