Cinco meses y medio después de la mayor catástrofe que ha asolado Valencia, la dana que dejó 228 muertos, la máxima responsable política imputada, la exconsejera de Justicia e Interior durante la riada, Salomé Pradas, ha acudido este viernes a declarar tras esquivar a decenas de víctimas que le increpaban al grito de “¡Mazón, dimisión!”, “¡Mazón, asesino!”, y “¡Mazón, putero!”

Entre lágrimas, la exconsejera, que solo ha aceptado responder a su defensa, ha afirmado ante la jueza que carecía de experiencia y conocimiento en la gestión de emergencias. “Había muchos técnicos que se tenía que coordinar entre ellos”, ha precisado en alusión a funcionarios autonómicos y del Gobierno central. Y ha echado la culpa de la catástrofe al Ejecutivo de Pedro Sánchez, según relatan a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración, que se ha desarrollado entre las 10.15 y las 13.00 horas de este viernes. Pradas ha defendido a Mazón durante su comparecencia, y ha asegurado que lo informó, en varias ocasiones durante la aciaga jornada, de lo que estaba ocurriendo y que no se retrasó ninguna decisión clave por la tardanza del president en llegar al Cecopi, el órgano de emergencias de la Generalitat desde donde se envió la alerta a móviles. El mensaje de alerta masivo se remitió, según esta ex alto cargo que ha descargado su responsabilidad en los técnicos, cuando se temió por la rotura de la presa de Forata.

Pradas ha expuesto también ante la magistrada que ella ―que orgánicamente era la máxima responsable de Emergencias de la Generalitat― no dirigía nada. Y ha tratado de abundar en la tesis del desconocimiento para protegerse del precipicio penal. Y, por eso, ha esgrimido ante la instructora que es una mera licenciada en Derecho y profesora de Mercantil y que carecía de formación en materia de emergencias antes de desembarcar en el puesto, en julio de 2024. “No había ejercido cargo político ni institucional relacionado con emergencias hasta ese momento”, ha declarado, según las mismas fuentes.

La exconsejera ha afirmado que el Cecopi estaba formado también por miembros del Ejecutivo central, como la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé. Y ha defendido que el Estado “tiene competencias” en materia de esta modalidad de catástrofes naturales.

Sobre el desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la tragedia, Pradas ha declarado que nadie le habló del peligro de la infraestructura, que, a consecuencia de la tromba, desató una gran ola que sepultó municipios valencianos como Catarroja o Paiporta. “Nunca nos dijeron que el Poyo se podía desbordar”, ha señalado. También ha recordado que el día de la tragedia estuvo con Laura Sáez, alcaldesa de la localidad valenciana de Carlet, uno de los municipios que más daños materiales sufrió durante la gota fría. Pradas ha aportado un listado de un centenar de llamadas. Se trata de comunicaciones con responsables de Emergencias, Presidencia de la Generalitat y el president, según cuentan fuentes presentes en la declaración. La ex alto cargo de Mazón ha indicado que el director del mando avanzado era el responsable de los bomberos de Valencia durante la dana, José Miguel Basset.

En otro momento de su exposición, Pradas ha explicado que el Cecopi no se convocó hasta las 17.00 del día de la tragedia porque no se había llegado al nivel 2 de emergencias. También ha defendido que el 112, pese a depender de la Generalitat, no facilitó información de la dana al Gobierno de Carlos Mazón, pese a que desde primera hora de la tarde del 29-O este dispositivo telefónico recibió decenas de llamadas desesperadas desde municipios como Chiva o Cheste, donde nace el barranco del Poyo.

Antes de entrar en el juzgado, la exconsejera ha tenido que esquivar en la calle a medio centenar de periodistas y a decenas de víctimas. Todas le han recriminado su gestión. “¡Salomé, tira de la manta!”, le ha espetado un hombre. La exdirigente ha declinado atender a los medios.

Veinte minutos después, entre una nube de micrófonos y cámaras y también entre insultos, ha llegado el otro ex alto cargo de la Generalitat que declara este viernes por la colosal inundación, Emilio Argüeso, quien fuera número dos de Pradas como secretario autonómico de Emergencias durante las lluvias torrenciales.

A las puertas de la Ciudad de la Justicia, aguardaban a Pradas también representantes de las principales asociaciones de afectados por las inundaciones, como la primera entidad en constituirse, la Asociación de Damnificados Horta Sud, promotora de una querella contra la cúpula del Consell y que ejerce la acusación popular. Miembros de CGT, otra acusación popular, manejaban una marioneta del president con las manos pintadas de rojo como si de sangre se tratara. Agentes de la Policía Nacional han tenido que apartar a varias víctimas de la dana, que increpaban a los dos ex altos cargos del Ejecutivo de Mazón. “A todo cerdo le llega su San Martín. ¡Mazón, eres un cobarde, una rata!”, gritaba con la cara desencajada una sexagenaria megáfono en mano.

La jueza imputó a Pradas y Argüeso el pasado 10 de marzo por los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están penados con hasta cuatro y tres años de cárcel, respectivamente.

Durante más de cinco meses de instrucción, Pradas ha desplegado una estrategia exculpatoria. Sus tácticas de defensa se atisbaron en el recurso de apelación que presentó en marzo. En él, se definía como “cabeza de turco”. Y cargaba contra una de las piedras angulares de la investigación: el envío de la alerta masiva a móviles que, según la jueza, se hizo mal y tarde. Y que, de haberse remitido antes de las 20.11 horas del 29 de octubre, cuando ya había decenas de fallecidos y desaparecidos, se hubieran salvado vidas en los 78 municipios azotados por la inundación.

Pradas reconoció que desconocía hasta la tarde de la catástrofe el sistema de envío de la alerta masiva a móviles que, según la instructora, habría salvado vidas, pese a que la Generalitat lo había presentado en público meses antes.

El ex número dos de Pradas imputado, Emilio Argüeso, también ha seguido una calculada estrategia exculpatoria. El ex alto cargo de la Generalitat expresó en su recurso de apelación que “no tuvo que ver” con las inundaciones y echó balones fuera al reclamar que se investigara al responsable del 112, la centralita telefónica de emergencias del Consell que, a partir de las 16.40 horas del 29 de octubre, recibió cientos de llamadas alertando del desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la tragedia. Argüeso ha presentado esta semana un informe pericial en el juzgado en el que aseguraba que avisó a la Generalitat de la gravedad de la catástrofe a primera hora de la tarde del 29 de octubre. “Los barrancos están a punto de colapsar”, escribió a las 14.44 de la jornada en un chat interno del Ejecutivo autónomo con 34 altos cargos y asesores.

La Fiscalía confirma la imputación de Pradas y se opone a la de Argüeso

La Fiscalía de Valencia pidió este viernes confirmar la imputación de Pradas en la causa de la dana porque, según la legislación autonómica, correspondía a la exconsejera “determinar las medidas de protección a la población que debían adoptarse”. El ministerio público, por contra, se ha opuesto a que Argüeso figure como investigado en un escrito que apoya el recurso de apelación del ex número dos de Emergencias.