Resistance to Donald Trump’s immigration policies continues. The mayor of Denver, Colorado, Democrat Mike Johnston, has signed an executive order prohibiting Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents from operating on municipal property and authorizing local police to protect peaceful protesters and even to detain federal agents in cases of excessive use of force.
The order states that ICE agents may not use municipal facilities — including parking lots, parks, and other public spaces — to coordinate immigration operations without a court order or other valid legal warrant. It also instructs the Denver Police Department and the sheriff to intervene if they witness actions that could result in serious injury or death to a person during an immigration operation.
“If we see any ICE agent using excessive force against a Denver resident, we will step in to detain that officer and remove them from the situation,” Johnston said during a press conference. The mayor said the city will hold federal agents to the same standard it applies to its own officers.
The decision comes after months of tension over the Trump administration’s intensified immigration policy and following the deaths of two U.S. citizens in Minneapolis during a federal operation, Renee Good and Alex Pretti. Those events sparked protests and intensified criticism from civil rights advocates, who denounce violations of due process and freedom of expression.
Local police chief Ron Thomas said the priority will be to avoid confrontation. “We are not looking to create hostility or to create conflict,” he said, although he noted that all officers — including federal agents — have a legal obligation to intervene in cases of illegal or excessive use of force. Thomas explained that the department has developed simulation scenarios to prevent clashes.
The order also reaffirms local policies that limit cooperation with federal immigration authorities. Municipal agencies will not share databases or enter into technological agreements with the Department of Homeland Security unless explicitly required by law. Likewise, the ban on immigration raids in schools, churches, hospitals, libraries, and stadiums remains in place, and racial profiling is prohibited. The city council is also considering an ordinance that would prohibit federal agents from wearing masks and require them to display their name and badge number, with exceptions for undercover operations or special tactics.
The political context adds weight to the measure. During the 2024 campaign, Trump falsely claimed that Aurora, a city neighboring Denver, had been taken over by Venezuelan gangs and promised an intervention that he said would be a “bloody story.” Although the metropolitan area has not experienced a deployment of that magnitude, immigration arrests in the Denver region have increased by more than 200% during the president’s second term, according to researchers at the University of Colorado.
Denver has already faced federal lawsuits for alleged interference in the enforcement of immigration laws. However, Johnston defended his city’s continued “welcoming” stance, while insisting that he cannot prevent federal authorities from acting within their jurisdiction when they have legal backing. In previous hearings on Capitol Hill, the mayor had adopted a more moderate tone and recalled that Denver has cooperated with ICE in the past.
For Johnston, the goal is to send a clear message to residents, especially the Latino and East African communities that have expressed fear of possible mass raids. “We want to be the ones policing our own city,” said the mayor.
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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó en la mañana de este viernes que funcionarios de su Gobierno recién comenzaron las conversaciones con representantes de la administración de Donald Trump, en medio de la debacle económica que atraviesa la isla. Insistió en que ha sido práctica de la Revolución Cubana no “responder a las campañas especulativas sobre este tipo de tema”, tras varias filtraciones que apuntan a que el diálogo, en realidad, ya había comenzado hace semanas. A pesar de que el propio Trump dejó saber en varias ocasiones que estaban conversando con La Habana, la parte cubana mantuvo el silencio, y en ocasiones incluso negó que se estuviese llevando a cabo algún tipo de negociación.
Quince minutos antes de la transmisión que había sido anunciada para las 7:30 (hora de La Habana y de Washington, dos menos en México y cinco más en la España peninsular), la prensa oficialista adelantó que Díaz-Canel, desde la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en una reunión con miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista, y del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, dijo que “estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”. “Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios”, sostuvo.
“En los intercambios que se han sostenido, la parte cubana ha expresado la voluntad de llevar a cabo este proceso, sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía, y a la autodeterminación de nuestros gobiernos”, dijo el mandatario cubano.
Trump, por su parte, reaccionó al anuncio a eso de las 10:00. Lo hizo en Truth, su red social. No fue esta vez uno de sus hiperbólicos mensajes, sino que se limitó a retuitear un artículo del diario USA Today, cuyo titular dice: “Cuba confirma las conversaciones con los funcionarios estadounidenses, lo cual acrecienta la esperanza de un acuerdo”. Ese mismo periódico publicó el domingo pasado una información que hablaba de la inminencia de un pacto económico, aunque no daba más detalles sobre su contenido. No obstante, deslizó que el plan de la Casa Blanca era quitar del medio a Díaz-Canel, pero mantener en la isla a los herederos del apellido Castro.
El mensaje de Díaz-Canel se ha emitido en medio de una histórica crisis económica y mientras La Habana se mantiene bajo una presión creciente por parte de Estados Unidos. Horas antes de esta comparecencia, el Gobierno cubano anunció la liberación de 51 presos por mediación del Vaticano. “Es una práctica soberana, nadie nos la impone”, dijo este viernes Díaz-Canel. “Responde a nuestra vocación humanista”. No queda claro, hasta el momento, si las decenas de presos por liberar incluyen a algunos de los más de 1.000 presos políticos que permanecen en las cárceles cubanas. Desde ya, la ciudadanía exige que cualquier acuerdo con Washington debe contemplar la amnistía para los presos de conciencia.
Después de 12 años del anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas por Barack Obama y Raúl Castro en diciembre de 2014, esta es la primera vez que el Gobierno cubano se sienta con su contraparte estadounidense, en aras de llegar a un acuerdo. Si en aquella ocasión el llamado fue a través del soft power (poder blando), con énfasis en el engagement (compromiso o involucramiento) entre ambos pueblos, hoy a Cuba no le ha quedado más remedio que transar con los estadounidenses, que le han puesto la soga al cuello tras la emergencia nacional decretada el pasado 29 de enero, que privó al país del combustible que llegaba de manos de Venezuela o México.
“Hace más de tres meses que no entra un barco de combustible en el país. Estamos trabajando en unas condiciones muy adversas, con un impacto inconmensurable en la vida de todo nuestro pueblo”, sostuvo. Ciertamente, esta es una situación que ha paralizado la vida en general, con la suspensión de escuelas, el escaso transporte, los largos apagones. Desde hace una semana, los cubanos se unen cada noche en cacerolazos a modo de protesta por una situación que se les hace insostenible.
En la aparición de Díaz-Canel de este viernes, llamó la atención, particularmente, la presencia de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, conocido como El Cangrejo. El coronel de 41 años es quien, presuntamente, está manteniendo conversaciones con el secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio, en quien Trump ha depositado la misión del futuro de Cuba, un territorio que el político de Florida conoce bien.
Aunque aún es una incógnita qué clase de temas están abordando La Habana y Washington, los primeros pasos de un posible deshielo parecen haber comenzado ya. Los permisos para que el sector privado importe petróleo a Cuba directamente desde Estados Unidos, los constantes comentarios de Rubio sobre la importancia de un cambio económico en la isla y la excarcelación ahora de decenas de presos podrían dar indicios de lo que se está abordando en la negociación entre ambos países. Cuando en 2014 los entonces presidentes de ambos países anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas, el deshielo también llegó de la mano de ciertas aperturas para el sector privado y la liberación de 53 presos, también por mediación del Vaticano.
Aunque hay muchas similitudes entre ambas políticas, los expertos también hablan de marcadas diferencias entre Obama y Trump respecto al acercamiento con Cuba. “La administración Obama intentó normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, sin derrocar al régimen de La Habana. En cambio, la segunda administración Trump se ha centrado en impulsar un cambio en el liderazgo cubano y lograr reformas económicas en la isla”, dijo a EL PAÍS Jorge Duany, exdirector del Instituto Cubano de Investigaciones y catedrático emérito de la Universidad de Florida. “Mientras Obama adoptó una retórica conciliadora hacia Cuba, Trump ha insistido en la confrontación con el régimen socialista. Obama facilitó los viajes y el comercio entre Estados Unidos y Cuba, buscando sustituir el aislamiento por el engagement. Por su parte, Trump 2.0 ha aplicado una política de máxima presión y asfixia económica para precipitar la caída del gobierno cubano”.
La aparente cordialidad del diálogo
Sin entrar en especificidades ni muchos más detalles sobre las conversaciones con la Casa Blanca, el mandatario cubano dijo que se trata “un proceso muy sensible, que se conduce con seriedad y responsabilidad, porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento, que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación”.
En todo momento, Díaz-Canel trató de transmitir cordialidad entre las negociaciones con Washington. Incluso habló sobre el ataque a una lancha de exiliados cubanos el pasado 25 de febrero, que se pensó podía desatar la ira de Washington, pero que ha resonado con poca fuerza en la Casa Blanca.
La embestida dejó el saldo de cuatro personas fallecidas y seis heridos, quienes se acercaban a las costas de Villa Clara desde Florida, y que fueron atacados por los Guardacostas cubanos. Se trató de una “infiltración armada con fines terroristas”, “financiada desde territorios de EEUU”, dijo el mandatario. “En las investigaciones todos han reconocido su participación, que fueron ellos los primeros que dispararon contra nuestra embarcación de Guardacostas”, sostuvo. También aseguró que los heridos han recibido la debida atención médica y que los cadáveres fueron reconocidos por sus respectivos familiares. No obstante, hasta el momento varios familiares han afirmado no haber recibido información alguna de parte del Gobierno cubano.
El mandatario dijo que la Casa Blanca ha estado informada del incidente, que implicó a dos ciudadanos estadounidenses. “Han agradecido la información que se les ha dado. Han planteado su disposición de participar de conjunto en el esclarecimiento de los hechos”, sostuvo. Incluso dejó saber que están a la espera de expertos del FBI que participarán de las investigaciones junto a las fuerzas del Ministerio del Interior cubano.
El discurso, que desde bien temprano del viernes esperaban los cubanos tanto dentro como fuera del país, se presentó por el Gobierno como una continuación de la comparecencia del 5 de febrero, cuando Díaz-Canel dejó claro que “Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos”. “Hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos, sin prejuicios”, insistió entonces.
Cuba, el próximo objetivo de Trump
Han pasado 43 días desde que la Administración de Trump declaró la emergencia nacional hacia la isla. Desde entonces, la vida en el país, que ya era precaria, se ha vuelto mucho más insostenible. Esa presión es parte, al parecer, del plan que tienen Trump y Rubio, quien ha dicho que, antes cualquier libertad política, Cuba necesita regenerar su economía.
Trump, a quien se le ha pedido un posicionamiento directo respecto a Cuba luego de la intervención en Venezuela, promete que la isla verá un cambio antes de fin de año. La imprevisibilidad de la guerra en Irán lanzada con Israel amenaza con enlentecer el avance de sus prioridades, pero incluso en mitad de un conflicto que cada día está un poco más fuera de control, Trump no ha dejado de girarse hacia la isla.
La última vez que se refirió a Cuba fue el sábado pasado, durante la presentación en su hotel del Doral (Florida) del llamado Escudo de las Américas, una alianza de Gobiernos latinoamericanos ideológicamente afines para combatir el narcotráfico. En ese foro, el presidente de Estados Unidos, que a menudo vincula el porvenir de La Habana con la experiencia personal de alguien que ha convivido con “ese problema desde pequeño”, afirmó que espera “con muchas ganas el gran cambio que pronto llegará a Cuba”. En el caso de Rubio, se trata de algo personal: el secretario de Estado es hijo de inmigrantes cubanos y producto del anticastrismo más convencido de Miami.
La policía estatal de Míchigan decretó este jueves el confinamiento a una milla a la redonda de una sinagoga en West Bloomfield (Míchigan). Un hombre armado con, al menos, un rifle había estampado su camioneta pasado el mediodía (hora local, cinco más en la España peninsular) contra el enorme recinto de Temple Israel, que también cuenta con una escuela. Entonces, empezó un tiroteo con los agentes de seguridad, que mataron al atacante.
Uno de los agentes resultó herido y fue trasladado al hospital, aunque no estuvo inmediatamente claro el alcance del daño recibido. La policía estatal confirmó más o menos una hora después que no había más muertos o heridos, y que los 140 alumnos de la escuela primaria, presentes en ese momento, estaban a salvo.
El director del FBI, Kash Patel, escribió en X que el sospechoso “aparentemente lanzó su coche” contra el edificio de la sinagoga. El vehículo se incendió como consecuencia del choque. Con 12.000 miembros, Temple Israel es el templo judío más grande de Míchigan y uno de las más grandes de Estados Unidos. La CNN informó después que el hombre cargaba explosivos en el maletero de su camioneta. Eran morteros, según indicaron fuentes de la investigación a la cadena de televisión por cable. Treinta personas fueron trasladadas al hospital por inhalar el humo del incendio del coche.
Pasadas las 18:30, la agente del FBI al cargo, Jennifer Runyan, confirmó lo que parecía evidente, que se trató de un “acto de violencia dirigido contra la comunidad judía”. Runyan habló en una conferencia de prensa en la que no dieron muchos detalles nuevos porque, dijo ella, “la investigación está en marcha”.
Al final del día, el Departamento de Seguridad Nacional identificó al atacante. Se trata de Ayman Mohamad Ghazali, de 41 años. Llegó a Estados Unidos en 2011 con un tipo de visado que se concede a cónyuges nacidos en el extranjero de ciudadanos estadounidenses. Obtuvo la ciudadanía en 2016.
Por la mañana de este jueves y en otro tiroteo separado, un hombre mató a una persona e hirió a otras dos en la universidad Old Dominion, en Virginia. “El FBI lo está investigando como un acto de terrorismo”, escribió Patel, también en X. El ataque se produjo en una clase del programa de educación universitaria para reservistas de las Fuerzas Armadas. Según la investigación, el autor iba buscando ese objetivo.
Una agente del FBI identificó al sospechoso como Mohamed Bailor Jalloh, un ex miembro de la Guarda Nacional de Virginia que se declaró culpable en octubre de 2016 de proveer de material para una célula de ISIS. Fue condenado a 11 años de prisión. Salió en libertad en diciembre de 2024. Cuando entró en la clase este jueves, gritó “Alá es grande”, según los testigos.
Seguridad reforzada
De vuelta en Míchigan, Michael Bouchard, shérif del condado de Oakland, un suburbio al norte de Detroit, la ciudad más poblada del Estado, afirmó −en una conferencia de prensa improvisada en la calle y retransmitida en directo por las televisiones nada más conocerse la noticia− que la seguridad de la sinagoga se había reforzado tras el principio de la guerra de Irán hace casi dos semanas. También, que se habían sucedido en días pasados las alertas sobre posibles ataques.
La gobernadora de ese Estado del Medio Oeste, la demócrata Gretchen Whitmer, emitió un comunicado en el que calificó el ataque de “desgarrador”. “La comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz”, dice el breve texto.
En una segunda comparecencia, de nuevo en la calle, Bouchard contó que las autoridades habían reforzado la seguridad de las sinagogas y otros centros de reunión de la comunidad judía en el área, no por amenazas concretas, advirtió, sino por “un exceso de cautela”.
En un acto en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió su “cariño a la comunidad judía de Michigan y a toda la gente de Detroit. ”Estoy al tanto. Es algo terrible, y no para”, dijo, en aparente referencia a los ataques antisemitas en Estados Unidos, que han crecido en los últimos años.
Uno de los más mortíferos fue en una sinagoga de Pittsburgh en la que, el 27 de octubre de 2018, un hombre con un rifle tipo AR-15 mató a 11 feligreses. Fue condenado a muerte. Templos judíos de Jackson, en Mississippi Colleyville (Texas) y San Diego también han sido escenarios de ataques en la última década.
En mayo pasado, dos miembros del personal de la Embajada israelí en Washington, un hombre y una mujer a punto de casarse, fueron asesinados a tiros cerca de un museo judío de la capital. El autor de los disparos gritó “Palestina libre” tras ser arrestado.
El Gobierno de Javier Milei esperaba una desaceleración de la inflación, pero la realidad económica le dio la espalda. El índice de precios al consumidor registró un aumento del 2,9% en febrero —el mismo número que el mes previo—, de acuerdo con los datos oficiales que se conocieron este jueves. La inflación mensual exhibe una tendencia ascendente en Argentina desde hace nueve meses y, desde octubre, también acelera la interanual: acumula un incremento del 33,1% en los últimos 12 meses. El Gobierno ultra argumentó que “la economía todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos”, debido a la herencia legada por la administración anterior.
La merma de la inflación es presentada por Milei como el principal logro de su plan de ajuste fiscal y monetario, tras asumir en 2023 con una tasa inflacionaria del 211%. Hace pocos meses, el presidente aseguró que, para agosto próximo, “la inflación va a ser cero coma algo”. Incluso, su presupuesto para 2026 prevé un índice de 10,1% anual. Pero la meta parece cada vez más difícil de cumplir: en el primer bimestre de este año, la inflación acumulada a nivel nacional ya llega al 5,9%.
Las estimaciones de consultoras y economistas advierten que en marzo podría darse un aumento mayor de precios, por el impacto de la inestabilidad global por la guerra en Oriente Próximo y el alza del petróleo.
El informe difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) detalló que, en febrero, los aumentos de precios estuvieron liderados por las subidas en los gastos de vivienda, agua, gas, electricidad y otros combustibles, que treparon un 6,8%. La división con mayor peso en el índice general fue alimentos y bebidas, donde el alza fue del 3,3% y donde fue determinante el incremento en las carnes y sus derivados. También fue superior al promedio el aumento en rubros como bienes y servicios varios (3,3%) y restaurantes y hoteles (3%).
La canasta de consumos que usan las estadísticas oficiales en Argentina se basa en una encuesta que tiene más de 20 años y que hoy subestima los gastos en servicios. El Indec había anunciado que, desde febrero, utilizaría una nueva canasta, basada en una encuesta de consumos más reciente. Pero el Ministerio de Economía suspendió abruptamente la actualización, tras poner en marcha un nuevo esquema de subsidios y un aumento de las tarifas de servicios. La medida derivó en la renuncia del director del Indec, Marco Lavagna, y en múltiples cuestionamientos a la veracidad de las estadísticas oficiales. El precio de los servicios fue, justamente, el que mayores aumentos mostró el mes pasado.
Un dato preocupante, según los expertos, es que la llamada inflación núcleo, la que no contempla precios regulados y estacionales, fue del 3,1% en febrero, más alta que la general, y superó al registro de enero, cuando había sido del 2,6%.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había pronosticado que la inflación de febrero sería inferior a la del mes previo. Después de conocerse que el nuevo informe del Indec desmintió sus previsiones, planteó que “la economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente”. En un comunicado, el ministro defendió el plan económico: “El equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero […] y la mejora en el balance del Banco Central son prioridades del programa económico que permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales”, sostuvo Caputo y dio a entender que no habrá un cambio de rumbo.