“En mis papeles sí se puede ver”, decía Leticia de la Hoz, ya sin ganas, casi derrotada. Era su enésimo intento de acreditar ante el Tribunal Supremo que los estrictos controles internos que el exgerente del PSOE Mariano Moreno ha asegurado que había para los pagos en metálico no eran tales. Como muestra, nueve hojas de liquidación “sin concepto”, “ni fecha” pero sí “firmadas” por hasta tres responsables que permitían a su cliente recuperar más de 4.000 euros de los gastos que había anticipado. Del otro lado, el del propio tribunal, siempre la misma respuesta: que no, que no y que no. “Pregunte por hechos, no por hipótesis ni valoraciones”, repetía cabezonamente el magistrado Andrés Martínez Arrieta.
La letrada había empezado animada, como quien se sabe ganador. Su as en la manga eran ese puñado de papeles que pedía reproducir en la pantalla de la sala para exhibirlos a mayor gloria de su astucia jurídica. El fiasco vino pronto. “Esto se prepara antes”. Primer aviso de Martínez Arrieta. “Es que no lo tenía pensado, es a raíz de las preguntas del testigo”, justificaba ella. A partir de ahí, de mal en peor. Que los documentos no se ven, que de dónde salen, que el testigo qué va a decir. Pese a todo, De la Hoz sacaba fuerzas de flaqueza y volvía a la carga. Que son liquidaciones reales de García, que los ha aportado debidamente a la causa, que ninguna parte los ha impugnado.
¿Y tanto esfuerzo para qué? Para intentar probar que por esas rendijas el exasesor podría haber obtenido dinero contante y sonante que el PSOE no tuviera ubicado pero que fuera perfectamente legal. “¿Es posible…?“, asomaba ella. ”Posibilidades hay muchas”, frenaba el magistrado. “Bueno, pues ha dicho que entre sus funciones estaba ver si los gastos eran razonables. ¿Eran razonables 4.000 euros?“, se recomponía De la Hoz, atacando por otro flanco. ”Hombre, si se han comido un cochinillo…“, contestaba el testigo, también perdido. Parece que por ahí sí. ¿Y Koldo podía disponer de los 127.000 euros de presupuesto anual que tenía la Secretaría de Organización para reembolsar gastos? De qué presupuesto me habla. Por ahí ya no. Y Martínez Arrieta corta que te corta, cual sastre, prácticamente en cada pregunta. La abogada, ya apenas sin recursos, disparaba la última bala: “Es que el origen del efectivo de mi cliente es fundamental para mi defensa. Intento acreditar que era legal”. Nada, no había manera porque, para el togado, todo eran “conjeturas”.
Han hecho falta una hora de interrogatorio y un receso de quince minutos para que la abogada hiciera diana. Ha sido con el siguiente testigo, la trabajadora del PSOE que daba los sobres con dinero en efectivo a Ábalos y García. No sin paciencia, De la Hoz ha logrado arrancarla que el asesor se hacía cargo de la hoja de liquidación que se imputaba a toda la Secretaría de Organización. Y eso eran unos cuantos billetes y monedas. “Bien, bien”, celebraba la letrada. “¿Entonces…?“, hilaba. ”Ya ha contestado”, atajaba el magistrado. “Es para que quede claro”, fintaba ella. “A la sala ya le queda claro, pero no plantee más preguntas que lo único que hacen es alargar”, zanjaba él. Y la abogada rendía armas. Algo había rascado al menos. Chupito de café para celebrar. Siguiente testigo.
“¡Exijo el mismo trato!”
Este cuerpo a cuerpo no es nuevo. Bebe de otras siete sesiones donde el choque entre el tribunal y la defensa ha ido in crescendo y, finalmente, ha estallado en una jornada que ya se preveía de alta tensión por aclarar aquello de las “chistorras”, las “lechugas” y los “soles” de los que hablaba la presunta trama. La inercia ha acabado por dominar el día y el magistrado ya interrumpía, corregía y matizaba a todo el mundo, hasta al archirrespetado José Antonio Choclán, que trataba de pillar al exjefe de gabinete de Hacienda en un renuncio a cuenta de una demanda nunca presentada contra su cliente, el presunto conseguidor Víctor de Aldama. “¡Exijo el mismo trato!“, reaccionaba veloz la abogada. ”El compañero está haciendo valoraciones”, criticaba, paladeando cada letra. “Pero ¿cuál era la pregunta?“, reconducía el presidente. ”Ya no me acuerdo”, confesaba Choclán.
El virus ha contagiado al mismísimo Alejandro Luzón, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, un cargo serio que él viste con la pose precisa. “¡Déjeme terminar!“, ha gritado a otro testigo, el exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura. Hasta le ha dado el alto con la manita. ”Es que si me interrumpe con la pregunta a medias…“, ha dulcificado después el fiscal. Lo cierto es que Saura, con sus eternas respuestas, su loa al servicio público y alguna que otra incoherencia ―Aldama era lo mismo el presidente del Zamora que el lobbista de Air Europa que esa “tercera persona”―, ha dado el tiro de gracia al tribunal y a todos los presentes. “Ya vale. Preguntas cortas y respuestas cortas, a ver si es posible”, imploraba Martínez Arrieta. Y aún quedaba la sesión de tarde.
