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Álvaro García Ortiz

El Consejo De Ministros Aprueba Este Martes La Reforma Legal Que Deja Las Investigaciones Penales En Manos De Los Fiscales

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El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes una de las reformas legales de mayor envergadura de los últimos años: la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), un proyecto que se ha ido retrasando desde hace casi 15 años y que supondrá un cambio estructural en el proceso penal. El texto que el Gobierno remitirá al Congreso para su tramitación parlamentaria implica que las investigaciones penales ya no estarán en manos de jueces instructores, sino de los fiscales, de acuerdo con el modelo que rige en la mayoría de países de la UE y que ya funciona en España para la Fiscalía Europea y para los delitos cometidos por menores. El proyecto incluye otras novedades, como una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que desvincula el mandato del fiscal general de la legislatura; y una limitación de la figura de la acusación popular, que ya no podrá ser ejercida por los partidos políticos ni los sindicatos y se restringe a entidades que tengan un “vínculo legítimo” con el objeto de la causa.

La nueva ley de enjuiciamiento criminal será ley orgánica, por lo que sus siglas ya no serán Lecrim sino Loecrim. Pero más allá del nombre, la norma, si sale adelante, supondrá un vuelco en los procedimientos penales tal y como se conocen hasta ahora. La actual Lecrim data de 1882 y, aunque se ha reformado parcialmente decenas de veces, la base sigue siendo la misma que se redactó a finales del siglo XIX. El texto que ha preparado el Ministerio de Justicia con un grupo de expertos formado por magistrados, fiscales y juristas empezó a fraguarse hace décadas, pero ningún Consejo de Ministros, hasta ahora, ha llegado a enviar el proyecto al Congreso.

El modelo que vertebra todo el proyecto es el cambio en la dirección de las investigaciones penales, que ya no la ejercerán los jueces sino los fiscales. Esta fórmula estaba ya en un anteproyecto aprobado en 2011, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero no dio tiempo a terminar la tramitación. En 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy creó una comisión, presidida por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que elaboró una norma con el nombre de Código Procesal Penal que también otorgaba la investigación a la Fiscalía, pero no llegó al Consejo de Ministros. Y ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto en 2020, durante la etapa de Juan Carlos Campo al frente del Ministerio de Justicia, que es el que recuperó el Félix Bolaños al frente de ese departamento para el proyecto de ley orgánica que ahora prevé aprobar el Ejecutivo.

Pese a este teórico consenso, las asociaciones de jueces y fiscales más críticas con el Gobierno han cuestionado en los últimos meses la intención del Ejecutivo de abordar el cambio de modelo en este momento. Sus reproches se han centrado, sobre todo, en el hecho de que este paso histórico se haga cuando el fiscal general del Estado está procesado por un delito de revelación de secretos vinculado al empresario Alberto González Amador, procesado por fraude fiscal y pareja de Isabel Díaz Ayuso. El proyecto llega al Consejo de Ministros a menos de una semana del inicio del juicio a Álvaro García Ortiz, previsto para el lunes 3 de noviembre, lo que sin duda va a avivar los reproches de esos sectores, que consideran que la nueva ley está pensada para otorgar más poder al fiscal general.

No obstante, el texto de la nueva Loecrim, con 1.023 artículos, contempla que su entrada en vigor sea el 1 de enero de 2028, por lo que afectará al fiscal general que salga de las próximas elecciones generales, que, aun en el caso de que volviera a gobernar el PSOE, nunca podrá ser García Ortiz, ya que este ha agotado el tope de dos mandatos que prevé la ley para el jefe del ministerio público.

Entrada en vigor en 2028

El proyecto contempla también que la atribución de las investigaciones a los fiscales solo rija para las causas abiertas a partir de su entrada en vigor, por lo que todos los procedimientos que estén instruyéndose el 1 de enero de 2028 seguirán siendo dirigidos por los jueces como hasta ahora. Para los nuevos casos, los miembros del ministerio público llevarán la batuta de la investigación, pero el proceso siempre estará controlado por un juez de garantías, que será el que decida sobre algunos aspectos procesales como la apertura o el archivo del procedimiento, el secreto de las actuaciones y cualquier medida que afecte a derechos fundamentales, como la prisión preventiva. El juez resolverá también los recursos que se presenten sobre las decisiones del fiscal, lo que, según el Gobierno, permitirá agilizar el proceso al evitar las demoras que ahora se producen con los recursos que llegan a las audiencias provinciales.

Para adaptar la Fiscalía a sus nuevas competencias, la Loecrim incorpora una reforma de la norma que regula esta institución, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), una medida que tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como la propia Fiscalía reclamaron para blindar la autonomía del ministerio público y evitar que los fiscales puedan recibir presiones externas cuando dirijan las investigaciones. El texto reforma varios aspectos del estatuto actual para atender estas demandas, que habían sido también reclamadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco). Este órgano dependiente del Consejo de Europa ha reclamado de forma reiterada en sus informes una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, sobre todo, respecto a la coincidencia en el mandato del fiscal general y el del Gobierno, al entender que la regulación actual puede afectar la percepción de independencia.

El proyecto del departamento que dirige Félix Bolaños rompe ese vínculo. El fiscal general del Estado seguirá siendo nombrado por el Ejecutivo, pero su mandato ya no quedará ligado a la legislatura y el jefe del ministerio público no cesará con el Gobierno que lo nombró, al contrario de lo que ocurre ahora. El texto contempla para el fiscal general un mandato de cinco años no renovables, salvo en caso de que haya ostentado el cargo durante menos de un año. Este cambio implica que cuando se constituya el Gobierno, tras unas elecciones generales o una moción de censura, se heredará el fiscal general nombrado por el anterior. Para evitar tentaciones de destitución en el caso de que el nuevo Ejecutivo discrepe del fiscal general, el anteproyecto mantiene las causas tasadas de cese del jefe del ministerio público, y en el caso de que el Gobierno pretenda destituirlo por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones (una de las causas de cese previstas ahora), requerirá un informe previo del CGPJ.

El nuevo texto pretende también reforzar la autonomía de los fiscales prohibiendo que el Gobierno dé cualquier tipo de indicación sobre asuntos concretos a la Fiscalía y que las comunicaciones entre el fiscal general y el Ejecutivo deban realizarse por escrito y sean públicas. El nombramiento, ascenso y sanciones de los principales fiscales queda atribuido al fiscal general y no al Gobierno como hasta ahora. Y a su vez, se refuerza el papel de la Junta de Fiscales de Sala, que podrá imponer su criterio sobre el del fiscal general si cuenta con el apoyo de tres quintas partes de sus miembros. El proyecto contempla también cambios en el Estatuto que regula el ministerio público para adaptarlo al nuevo papel que tendrán los fiscales, como que sean estos quienes dirijan a la Policía Judicial en sus funciones de investigación del delito.

Los partidos, fuera de la acusación popular

Si sale adelante, la Loecrim implicará también un cambio en la figura de la acusación popular que, en la línea con lo que ha reclamado varias veces el Tribunal Supremo, no podrá ser ejercida por los partidos políticos, los sindicatos ni las asociaciones o fundaciones dependientes de estos, una práctica que se ha extendido en los últimos años, particularmente en casos de corrupción o que implican a políticos. Así, Vox, el PP o el PSOE tienden a personarse, o incluso a iniciar la acusación, en procedimientos contra cargos de los otros partidos, no solo para contribuir a cercar judicialmente al rival, sino también para poder tener acceso a toda la información que vaya incorporándose a la causa y sacarle rédito político. Tampoco podrán ser acusación popular los entes públicos (por ejemplo, un Ayuntamiento)

La propuesta del Gobierno, según fuentes del Ejecutivo, limita el ejercicio de la acción popular a un catálogo de delitos, entre ellos los de corrupción, los delitos contra derechos de los consumidores, de odio, de violencia contra la mujer o de financiación ilegal de partidos. Y solo podrán ejercerla asociaciones o entidades que acrediten un “vínculo legítimo” con el “interés público” que se pretende defender en cada caso, como una asociación de mujeres en un caso de violencia de género.

Alberto González Amador

Videoanálisis | Absolver O Condenar Más Allá De Toda Duda Razonable

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El Supremo deja visto para sentencia el histórico juicio contra el fiscal general

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Alberto González Amador

Juicio Al Fiscal General Del Estado, Álvaro García Ortiz, En Directo | La Defensa De García Ortiz Esgrime Que La única Filtración Acreditada Es La De González Amador Al Jefe De Gabinete De Ayuso

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J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

La Abogacía destaca los testimonios de los periodistas

La Abogacía del Estado destaca el valor de los testimonios de los periodistas que afirmaron que habían tenido acceso al correo filtrado antes de que le llegara al fiscal general. La defensa ha recordado sus múltiples testimonios y ha incidido en su credibilidad. Un periodista de elDiario (el primero que publicó una noticia sobre el caso del novio de Ayuso) dijo que lo había tenido una semana antes; otro de elDiario indicó que también manejó su contenido desde una semana antes; otro de la Cadena SER recalcó que lo tuvo seis horas antes; otro de La Sexta aseguró que manejó su contenido minutos antes que García Ortiz; y cuatro periodistas de EL PAÍS conocían y manejaban su contenido desde un día antes. Todos ellos lo relataron ante el tribunal. “Vamos a plantearnos que no tenemos que creérnoslos. Planteemos que tengamos que dudar de su credibilidad. Decir que, porque tienen una línea editorial de izquierdas o contrarias a la presidenta Ayuso, [no hay que creerlos] no es jurídico”.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

González Amador hizo que la información de su caso dejara de ser secreta al compartirla, según la defensa del fiscal general

La defensa del fiscal general del Estado ha asegurado que González Amador hizo que la información de su caso dejara de ser secreta cuando la compartió, tanto con el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como con Esteban Urreiztieta, periodista de El Mundo. “Si el señor Alberto González Amador habló de las negociaciones de conformidad y de los términos de esta y de su voluntad de reconocimiento de los delitos a un periodista. Eso supone que el secreto pierda ese carácter”, ha expuesto.  De esta forma, ha argumentado que la petición de mantener el secreto queda sin efecto una vez difundida la información por su propio titular. Con este razonamiento, la defensa busca que el tribunal considere que no hubo revelación de secretos con la difusión del correo electrónico en el que se reconocía que González Amador había cometido dos delitos fiscales, porque ya no había secreto alguno. 

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

La Abogacía defiende la “dinámica institucional, legal y legítima” de emitir una nota de prensa

Frente a las tesis de las acusaciones planteadas esta mañana, que han hablado de una “dinámica” de filtración en el seno de la Fiscalía General del Estado para conseguir el correo para difundirlo, la defensa ha expuesto que existió realmente una “dinámica institucional” para obtener la información necesaria para “emitir una nota de prensa”. “Es una dinámica legítima y legal, que está fundamentada en el Estatuto del Ministerio Fiscal para dar información veraz”, ha subrayado el abogado del Estado. “Todo está orientado a dar una información veraz [a través de una nota de prensa]”, ha apostillado.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

“Les invito a que busquen en los ‘whatsapps’ ‘hay que perjudicar a González Amador o a Ayuso”, pide la defensa de García Ortiz

La defensa de García Ortiz se ha remitido a los mensajes telefónicos intervenidos a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para subrayar que todas las actuaciones del fiscal general del Estado pretendían dar información veraz sobre la confusión que había en torno al caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Les invito a que busquen en los whatsapps ‘hay que perjudicar a González Amador o a Ayuso”. Miren, en todos los que se han intervenido en el teléfono móvil de la fiscal jefa provincial. (…) No van a encontrar ni uno. Todo está orientado a dar información veraz, a obtener los correos y a emitir una nota de prensa a medida que a su vez se va produciendo esta recabación de los correos, se va redactando esta nota de prensa”, ha pedido. 

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

La defensa, sobre la información tergiversada de ‘El Mundo’: “Lo que insinuaba era de una gravedad inusual”

La Abogacía del Estado se ha referido también a la información tergiversada que difundió El Mundo a las 21.29 del 13 de marzo de 2024, cuando publicó que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador cuando era realmente al revés. “Lo que insinuaba El Mundo era de una gravedad inusual. Se está insinuando que la Fiscalía ofrecía un pacto a una persona inocente para arrancarle la confesión de culpabilidad y retratar políticamente a su pareja sentimental, que a la mañana había dicho que era una inspección salvaje”. La Abogacía del Estado insiste en que García Ortiz actuó a raíz de que El Mundo señalase y “cuestionase” a un fiscal concreto, el fiscal Julián Salto, que llevaba el caso del novio de Ayuso; y que toda la información recabada y todas sus actuaciones tenían por objetivo elaborar una nota de prensa para “desmentir” esa noticia tergiversada.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

La defensa plantea posibles dudas razonables al tribunal

La defensa trata de introducir posibles dudas razonables para conseguir la absolución. El abogado del Estado ha explicado que, como consta en la causa, la “única filtración debidamente acreditada” es la del correo del fiscal Julián Salto, que envió al abogado del novio de Ayuso el 12 de marzo de 2024. En la sala se ha podido comprobar que el abogado de González Amador le reenvió este mensaje a su cliente, quien se lo facilitó a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, que lo distribuyó entre periodistas. “Es razonable pensar que Miguel Ángel Rodríguez también tenía el correo de 2 de febrero [enviado por la defensa de González Amador y que es el que se investiga], igual que tenía el del 12 de marzo”.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

La única filtración acreditada es la de González Amador al jefe de gabinete de Ayuso, según la defensa

La defensa de García Ortiz ha asegurado que la única filtración acreditada en la causa es la del correo electrónico que el fiscal de delitos económicos Julián Salto envió al abogado de Alberto Rodríguez Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, el 12 de marzo. “Neira [el abogado de la pareja de Ayuso] inmediatamente lo fotografió y remitió a su cliente, este a su vez lo reenvió al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid [Miguel Ángel Rodríguez]. Es la única filtración de un correo electrónico que está debidamente acreditada en la causa”, ha manifestado.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

La Abogacía insiste en que hay muchos filtradores potenciales: “Existió una voluntad de no investigar”

La defensa está insistiendo en uno de sus grandes argumentos: que existen muchos potenciales filtradores. La Abogacía del Estado ha detallado cómo cientos de personas pudieron tener acceso al correo filtrado, debido a todos los sistemas informáticos y documentales a los que se incorporó (tanto en las fiscalías de Madrid, como en la Fiscalía General del Estado, como en el decanato de los juzgados de Madrid). También se remitió ese correo a la Abogacía del Estado y lo manejó el entorno del novio de Ayuso. Según añade la defensa, “existió una voluntad de no investigar a todas estas personas que podían tener acceso” para poder dirigir la causa desde el principio contra Álvaro García Ortiz.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

La defensa de García Ortiz dice que el abogado de González Amador pudo reenviar el correo a otros interesados en la causa

El abogado del Estado, encargado de la defensa del fiscal general, acaba de incidir en la existencia de “una laguna” en torno al hecho de que el abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, pudo reenviar ese correo de 2 de febrero, cuya filtración se investiga, y en el que ofrecía al fiscal un acuerdo, a otros posibles interesados en aquel procedimiento tributario. “¿Cuántas personas tuvieron acceso a ese correo de 2 de febrero en el despacho Garrido? Puede haber secretarias, tramitadores, otros abogados? Eso es una laguna (…) También hay una laguna en torno al si el señor Carlos Neira pudo reenviar ese correo de 2 de febrero a otros posibles interesados en aquel procedimiento tributario”.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

La defensa afirma que los testimonios de la UCO demuestra que los registros son “nulos”

En su turno de conclusiones, la Abogacía del Estado ha reiterado como punto de partida para su exposición: “Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. A continuación, ha insistido en la “nulidad” de los registros practicados en los despachos del fiscal general y de la fiscal jefa provincial de Madrid, cuando los agentes de la UCO clonaron los dispositivos electrónicos de ambos. La defensa argumenta que, como los propios guardias civiles declararon ante el tribunal, copiaron todo el material disponible y se lo llevaron para hacer posteriormente un cribado. Todo ello, “sin cobertura” legal porque se “ejecutó en unos términos que no estaban contemplados” en la resolución del magistrado instructor, que había marcado unos límites temporales. “Ha quedado demostrado el incumplimiento por parte de los funcionarios de la policía judicial del mandato del magistrado instructor”.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

La Abogacía del Estado recalca la existencia de un “juicio paralelo basado en conjeturas” contra el fiscal general

La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de Álvaro García Ortiz, apenas ha tardado unos minutos en lanzarse contra las “dificultades” que han marcado este causa judicial. “Este procedimiento ha estado marcado por un contexto mediático excepcional que, en ocasiones, ha desbordado el debate jurídico y ha podido generar un juicio paralelo basado en conjeturas, filtraciones y lecturas parciales que ha creado un entorno adverso para la presunción de inocencia del fiscal general”, ha denunciado José Ignacio Ocio, el abogado del Estado que comparte la defensa junto a su compañera Consuelo Castro.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

Reanudada la sesión

El tribunal reanuda el juicio contra el fiscal general. Ahora le toca a la defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, exponer sus conclusiones tras seis sesiones de vista.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

“El borrado del móvil no ha tenido ninguna trascendencia en la causa”, alega la fiscal

Antes de dar por terminada su intervención, la fiscal ha dado su parecer sobre el borrado del teléfono del móvil del fiscal general del Estado, uno de los elementos centrales en que se basó el juez instructor, Ángel Hurtado, para su procesamiento, y que dos de los tres jueces de la Sala de Apelaciones del Supremo consideraron un indicio por la negativa de García Ortiz a “colaborar con la investigación”. “El borrado del fiscal general del Estado, aparte del legítimo, no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa”, ha defendido la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde. “Viendo aún en la hipótesis tremenda nunca contrastada de que el fiscal general del Estado hubiera hecho llegar a la prensa el célebre de 2 de febrero, una vez que lo tuvo en su poder, es de todo punto conocido que era impune, puesto que la noticia era conocida por los medios de comunicación y está acreditado documentalmente la causa”, ha añadido.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

La fiscal discrepa del trabajo de la UCO: “De ese informe no se desprende ninguna prueba contra García Ortiz”

La teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, ha discrepado seriamente sobre la consideración del informe de la Unidad Central Operativa, como un dictamen pericial, es decir, como un informe de expertos. “De ese informe no se desprende ninguna prueba contra el fiscal general del Estado”, ha mantenido para defender la existencia de una “quiebra lógica de gran magnitud que lo inhabilita”. La fiscal ha criticado que los investigadores consideren que solo hubo revelación de secretos si alguien reprodujo literalmente párrafos del correo, en este caso haciendo referencia a la palabra “ciertamente” dicha por el periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos, y considera que este criterio es “jurídicamente” muy dudoso. También ha hecho hincapié en que seleccionaran únicamente los elementos que consideraban relevantes y descartaron otros, sin añadir un análisis técnico genuino.

El País

El País

El tribunal suspende la sesión hasta las 16.00

El tribunal suspende la sesión hasta las 16.00. Ya solo queda que la defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, exponga sus conclusiones. Después, Álvaro García Ortiz tendrá derecho a utilizar (si quiere) su turno de última palabra. Después, el juicio quedará visto para sentencia.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

La fiscal incide en la importancia de los testimonios de los periodistas que las acusaciones desdeñan

La teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde está incidiendo en la importancia de los testimonios de los periodistas que las acusaciones han desdeñado. Según la fiscal, las palabras de los profesionales de la información permiten seguir el rastro de manera objetiva y refutar o corroborar las hipótesis sobre el origen de la filtración. “Es importante el testimonio del señor Pérez Medina [de La Sexta]”, ha puesto como ejemplo, haciendo alusión al pantallazo de WhatsApp de este periodista con el equipo de periodistas de su canal de televisión que “acredita indubitadamente que varios periodistas estaban hablando de que existían dos correos”, o que “la noticia de la que informaba El Mundo no era cierta porque, aparte del correo al que se refería El Mundo del 12 de marzo, existía un correo previo que tenían a la vista”.  “Esta información gráfica de La sexta está plenamente datada, puesto que se trata de pantallazo de WhatsApp, y se produce momentos antes, algunos minutos antes de que aquel célebre correo del 2 de febrero haya sido recibido por el fiscal general del Estado.”

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

La Fiscalía señala las divergencias en las declaraciones de Lastra para cuestionar su testimonio

La fiscal está subrayando las divergencias en las declaraciones de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, según la fase judicial en la que se han producido para cuestionar su testimonio. Inicialmente, Lastra se centró en la elaboración de la nota de prensa, sin aludir a sospechas ni preguntas sobre filtraciones y después, su testimonio empezó a matizar ese aspecto. “Esas matizaciones aparecen cuando presta declaración ante el Tribunal Supremo, cuando ha variado el objeto de la causa y la misma tiene por objeto la averiguación de las filtraciones”, ha dicho. Lastra sembró sospechas sobre la actuación de García Ortiz, lo que ha llevado a un cruce de versiones y reproches entre ambos. En el juicio, Lastra relató que en la mañana del 14 de marzo ella misma le preguntó a García Ortiz si había filtrado los correos intercambiados entre el fiscal del caso y el abogado González Amador, a lo que el fiscal general, según la fiscal superior, contestó: “Eso ahora no importa”. “Se me clavó en el alma”, ha asegurado Lastra.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

La fiscal defiende que la nota difundida por la Fiscalía incluía datos de conocimiento público

Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal, ha defendido que la nota distribuida por la Fiscalía con relación al caso de fraude fiscal de la pareja de Ayudo “no era ilícita”. “El objeto de este proceso sufrió una variación porque se reconoció que la nota de prensa publicada por la fiscalía no era ilícita, puesto que todos los elementos que contenía la misma eran ya objeto de público conocimiento cuando fue publicada”, ha dicho, haciendo referencia a la reorientación del procedimiento hacia la filtración del correo electrónico del 2 de febrero de 2024 que ahora se enjuicia. 

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

“El ministerio fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia contra González Amador”

Al comenzar su exposición final, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde ha defendido primero que el ministerio público no ha actuado de forma extraordinaria en la causa contra Alberto González Amador por el hecho de que este sea pareja de Isabel Díaz Ayuso; porque, según ha expuesto, la Fiscalía no sabía que era su novio hasta que se presentó la denuncia. “El ministerio fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia contra González Amador”, ha recalcado la representante de la Fiscalía, que ha añadido: “Ha recibido el mismo trato que cualquier ciudadano al que se le imputan infracciones penales”.

González Amador ya ha sido procesado por delitos fiscales en un juzgado de Madrid, pero su defensa trata de cuestionar ese procedimiento porque, según alega, la filtración del correo habría supuesto una vulneración de su derecho de defensa.

El País

El País

Comienza el informe de la Fiscalía

Tras los informes de las partes, ha comenzado el ministerio público a exponer sus conclusiones.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

APIF tampoco da validez a los testimonios de los periodistas

El abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha restado validez a los testimonios de los periodistas. “Las partes debemos poder preguntar plenamente a cualquier testigo, perito, etcétera. No puede darse ningún tipo de validez a un testigo que se acoge al secreto profesional”, ha defendido. “Esa prueba no la admitirían jamás como prueba de cargo, pues tampoco se puede aceptar como prueba de descargo”.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

El abogado de APIF hace un paralelismos con delitos de violencia sexual

Para mantener su tesis sobre el delito de revelación de secretos, el abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha establecido un paralelismo argumental con un caso de violencia sexual: “Cuando existe una violación y hay una violación múltiple, a nadie se le ocurre decir que el segundo o el tercer violador queden impunes”.

La jurisprudencia del Supremo establece que, una vez revelado el secreto en los medios de comunicación, no se puede volver a revelar un secreto porque ya no hay secreto.

El País

El País

La APIF considera cierto que Campos habló con el fiscal general la noche de la filtración

El abogado de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, Juan Antonio Frago, ha insistido en su tesis de que Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER que primero informó del correo en el que Alberto González Amador admitía sus delitos fiscales, y el fiscal general del Estado hablaron en la noche en que se produjo la filtración del correo, pese a que esto no ha quedado acreditado en el juicio. Apoya esta tesis en que en el registro de llamadas del fiscal hay una llamada de cuatro segundos con el periodista esa noche. Campos admitió la llamada, pero aseguró que los cuatro segundos se corresponden con que saltó el buzón de voz y que el SMS posterior entre ambos es el que la operadora envía automáticamente. El abogado cree que sí hubo contacto, apenas esos segundos, para después “guardar precauciones” y mantener conversaciones a través de mensajes, audios o llamadas de wasap, que luego se borraron. “Tenemos claro que hubo contacto entre Campos y quien recababa los correos”, ha asegurado.

El País

El País

La APIF cuestiona el acceso de García Ortiz al correo que se filtró

El abogado de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales ha cuestionado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tuviese acceso al correo cuya filtración se investiga por el mero hecho de ostentar el cargo que ostenta. Ha tirado de jurisprudencia para distinguir entre el delito de revelación de secretos, que solo podría cometer el funcionario que conoce un documento por razón de su cargo, de un acceso ilegítimo a un documento. Ha afirmado que García Ortiz no tenía por qué tener ese acceso y “puso en marcha la maquinaria” para hacerse con él porque “no tenía la misma autorización [que el fiscal que se ocupaba del caso] por mucho fiscal general del estado que fuera”. “Hay cauces”, ha señalado, “y un deber de fundamentación” de por qué se pide acceso a un documento. “Lo pidió porque era el fiscal general del Estado y se amparó lisa y llanamente en superioridad jerárquica”, ha criticado.

El País

El País

Comienza el turno del abogado de APIF

Ha terminado el turno del pseudosindicato Manos Limpias y comienza el turno de exponer sus conclusiones del abogado que representa a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

Manos Limpias introduce el delito de infidelidad en la custodia de documentos

Manos Limpias introduce también la tesis de que Álvaro García Ortiz cometió un delito de infidelidad en la custodia de documentos. El tribunal también tendrá que valorar esta posibilidad a la hora de resolver en sentencia, así como el delito de revelación de secretos que se le ha planteado igualmente.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

Manos Limpias se aferra a una “pluralidad de indicios”

Pese a que durante toda la vista no se ha puesto sobre la mesa ninguna prueba directa e indubitada que demuestre que Álvaro García Ortiz es el autor de la filtración, el abogado de Manos Limpias asegura que hay “prueba directa” contra el fiscal general. A su vez, el letrado intenta convencer al tribunal de que, además, existe “una pluralidad de indicios probados que permiten alcanzar una convicción plena”.

Manos Limpias ha remachado que “la única explicación razonable ante este cúmulo de indicios relacionados” es que el fiscal general sea el filtrador. Las acusaciones intentan evitar que se pueda aplicar a García Ortiz el principio in dubio pro reo (en caso de una duda razonable, hay que fallar a favor del acusado).

El País

El País

Comienza el turno del pseudosindicato Manos Limpias

Ha comenzado el turno del pseudosindicato Manos Limpias. El abogado que representa a este grupo ultra es Víctor Soriano, a quien el Partido Popular tenía a sueldo como asesor en el Senado.

El País

El País

El fiscal general y la prevaricación

El abogado de Fundación Foro Libertad y Alternativa acusa al fiscal general del Estado de prevaricación por haber dado la orden de que le enviasen los correos del caso de Alberto González Amador a su correo personal. Cree que esa orden, que le da a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, es “contraria a normativa y con finalidad torticera”. “Lo único que justifica que se envíe a la cuenta personal es dejar la puerta abierta a, en caso de que sea necesario, como ha sido, poderlo borrar sin dejar rastro en la cuenta corporativa”, ha argumentado. Explica que la ley de normativa de Protección de Datos “llama a evitar” el uso de la cuenta personal y, por tanto, entiende que la orden del fiscal “se dicta a sabiendas de que es injusta, por lo que constituye un delito prevaricación”. 

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

Otra acusación se suma al ataque contra los periodistas

La Fundación Foro Libertad y Alternativa ataca al periodista Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER, el primer redactor que publicó entrecomillados del correo filtrado y que dijo que lo tenía copiado desde seis horas antes de que le llegara al fiscal general. Según esta acusación popular, “es imposible darle veracidad”. “Es inverosímil”, según él, que tuviera el correo desde seis horas antes y no contara este extremo hasta que declaró como testigo en el Tribunal Supremo varios meses después.

El País

El País

La “actitud” del fiscal general como prueba de su culpabilidad

El abogado de Fundación Foro Libertad y Alternativa toma como indicio de la culpabilidad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su “actitud” durante la investigación de la filtración. “Borra los whatsapps, cambia de móvil…”, ha enumerado. Y también ha mencionado otro elemento como sospecha: una nota que envía al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, antes de la comparecencia de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid. En esa nota, “larga y meditada”, García Ortiz explica que lo que le llevó a recabar los correos del caso para publicar la nota de prensa que desmintió el bulo de Miguel Ángel Rodríguez fue la publicación del bulo en El Mundo, Vozpópuli y Libertad Digital. “Ahora sabemos que cuando él solicita los correos es mucho antes de que Vozpópuli y Libertad Digital publicasen nada”, ha explicado. Entiende que la noticia de El Mundo, publicada antes, no contenía nada que implicase a la Fiscalía General del Estado y, por tanto, no justificaba la actividad de García Ortiz para recopilar los correos del caso.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

La “dinámica” de filtración como base de apoyo de la acusación

El abogado de Fundación Foro y Libertad trata de atribuir las filtraciones a la Fiscalía General del Estado porque hay una “sintonía” y una “dinámica” que conduce hasta la cúpula del ministerio público. Según su versión, los medios tenían acceso a la información a raíz de que la manejaba la Fiscalía General. Como respaldo para señalar a García Ortiz, el letrado se apoya en el comportamiento del fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024 y tras abrirse la investigación contra él, que la acusación considera incriminatoria.

El abogado propaga sospechas por el borrado de sus dispositivos electrónicos. Y le atribuye una “urgencia” inexplicable, según la acusación, para desmentir la información tergiversada. “La única versión verosímil es que la nota tenía que estar antes de la sesión de control de la Asamblea de Madrid”, introduce el letrado del grupo ultra, sumándose así a la tesis del complot político contra Ayuso.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

Otra acusación resta importancia a que varios periodistas conocieran el sentido del correo filtrado antes que el fiscal

El abogado de Fundación Foro Libertad y Alternativa centra su primera tesis en que el delito de revelación de secretos se produjo al dar a conocer los entrecomillados del correo filtrado; y que no importa que varios periodistas conocieran antes el contenido nuclear de ese texto (que el abogado de González Amador había ofrecido un pacto a la Fiscalía que implicaba confesar delitos). EL PAÍS acreditó con mensajes de WhatsApp que conocía el sentido de ese email antes de que le llegara al fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024; y José Manuel Romero, entonces subdirector del periódico, situó la fuente en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.

La defensa otorga mucho valor a estos hechos porque sitúa la fuente fuera de la Fiscalía General del Estado; porque incide en que múltiples personas tenían acceso a ese email; y porque se multiplica los potenciales filtradores porque, al menos, ya se estaba filtrando la parte esencial de su contenido antes de que el propio García Ortiz lo conociera.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

Reanudada la vista

El tribunal reanuda la vista con la exposición final del grupo ultra Fundación Foro Libertad y Alternativa, personado como acusación popular, y que representa también en el juicio a Vox y Hazte Oír.

El País

El País

Termina el abogado del ICAM y el presidente decreta un receso

El abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha terminado la exposición de su informe y el presidente del Tribunal ha decretado un receso hasta las 12.00.

El País

El País

El abogado del ICAM considera un “indicio cualificado” el borrado del móvil del fiscal general

El abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha considerado que el borrado del móvil efectuado por el fiscal general del Estado justo el mismo día en que el Supremo decidió enjuiciarlo debe ser considerado un “indicio cualificado” para condenar a Álvaro García Ortiz. “Una cosa es que el autoencubrimiento no sea punible y otra, que el borrado no deje huella procesal”. “La deja”, ha argumentado, “opera como un indicio más”. Admite que de ahí no se puede deducir que el acusado haya borrado pruebas incriminatorias y defiende el principio de que el acusado tiene derecho a no incriminarse, pero ha llamado a considerar que “quien borra esos signos claros de evidencia ha borrado aquellos elementos que podrían haber arrojado luz a la verdad material”. Ha destacado, además, que “la secuencia lógica” de que borrase el móvil el mismo día en que el Supremo le encausó, le hace llegar a la conclusion de que “se están borrando pruebas que podrían incriminar” al fiscal.

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Alberto González Amador

Juicio Al Fiscal General Del Estado, Álvaro García Ortiz, En directo | El Fiscal General Niega Haber Filtrado El Correo Y Justifica El Borrado De Su Móvil Por Seguridad

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Momentos clave

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este miércoles que borra los mensajes de WhatsApp cada mes por seguridad en su declaración ante el Supremo como acusado de un delito de revelación de secretos. El fiscal, que ha comparecido durante casi una hora y media, se ha acogido a su derecho de no responder a las acusaciones atribuyéndoles “deslealtad”. Y ha vuelvo a insistir en que él no está detrás de la filtración del mail con la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Lo que hicimos fue colocar los correos después de que estos hubieran sido revelados a la opinión pública”, ha defendido el único enjuiciado, quien considera “grave y doloroso” el registro de su despacho por la UCO. Su declaración ha tenido lugar tras el testimonio de los guardias civiles que realizaron los informes sobre esas pesquisas y el volcado de los dispositivos del fiscal. Los agentes han asegurado que no pudieron tener acceso al contenido del teléfono porque “estaba borrado” —los informes policiales concluyen que el fiscal lo borró el 16 de octubre, el día que fue encausado—, pero reconstruyeron algunas de sus comunicaciones por el contenido del móvil de la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, y por los listados de llamadas. Mañana todas las partes expondrán ante el tribunal sus conclusiones sobre el juicio.

El País

El País

La declaración del fiscal general del Estado en el juicio contra él por la supuesta filtración de un correo, en seis momentos

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que borra los mensajes de WhatsApp cada mes por seguridad en su declaración ante el Tribunal Supremo como acusado de un delito de revelación de secretos. El fiscal, que ha comparecido durante casi una hora y media, se ha acogido a su derecho de no responder a las acusaciones, atribuyéndoles “deslealtad”. Estos son los cinco momentos clave de la declaración.

Puede consultar los vídeos aquí.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

Acaba la quinta sesión del juicio

El tribunal ha dado por finalizada la quinta sesión del juicio. La vista oral se reanudará este jueves a las 10.00. El presidente Martínez Arrieta ha señalado que las acusaciones y la Fiscalía tendrán entre 30 y 45 minutos para exponer sus conclusiones; y la defensa, el tiempo que sea necesario. La acusación particular, ejercida por Alberto González Amador, ha pedido que se le dé un poco más de margen de tiempo; y el presidente del tribunal ha señalado que será comprensivo en función del contenido de su informe final.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

El abogado de González Amador mantiene su petición de cuatro años de cárcel

Acabado el interrogatorio al procesado, las partes comienzan a exponer si cambian sus escritos de acusación y defensa; y en qué términos. El abogado de Alberto González Amador y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que ejerce la acusación popular, han mantenido sus peticiones de pena de cuatro años de cárcel para el fiscal general.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa, han solicitado la absolución.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

Termina la declaración del fiscal general: “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”

Poco antes de terminar su declaración, García Ortiz, ha contado al tribunal que una persona que no conoce le ha dicho una frase que le parece un resumen de lo que ha ocurrido en este caso. “Dice: ‘la verdad no se filtra, la verdad se defiende’, y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí”, ha dicho. Durante su intervención, también ha considerado “fuera de toda duda” que tuviera algún interés en perjudicar a Alberto González Amador.  A continuación, el tribunal le ha dado permiso para volver a estrados y le ha dado las gracias.

El País

El País

El fiscal considera “grave y doloroso” el registro de su despacho por la UCO

“Solo lo voy a decir una vez”, ha dicho el fiscal general del Estado para añadir a continuación que le parece “particularmente grave y doloroso” el hecho de que los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, entraran a hacer un registro en su despacho. “No solo para el fiscal general sino para la Fiscalía española”, ha dicho. 

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

El fiscal general asegura que borra sus mensajes de WhatsApp cada mes

El fiscal general ha pedido que se sea consciente de que su móvil o el de cualquiera de los fiscales acaba en manos de terceras personas, “pondría en peligro a muchas personas en este país”.  “Soy muy consciente de eso, por eso tengo borrados automáticos, tengo borrados 24 horas, evidentemente con muchos chats, pero sistemáticamente, no permito que permanezca más de un mes en mi WhatsApp la información contenida en chat que pueden tener información profesional o relaciones profesionales. No lo permito y lo hago de manera sistemática”. 

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

García Ortiz contradice la versión de Lastra: “Dudo que un fiscal se dirija así al fiscal general del Estado”

Durante su declaración como testigo, la fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, sembró dudas sobre García Ortiz. Según dijo Lastra ante el tribunal, ella llegó a espetarle al fiscal en una conversación telefónica: “¡Lo has filtrado!” o “¡Lo habéis filtrado!”, en referencia al correo difundido por la prensa. Según la versión que dio Lastra, García Ortiz le respondió: “Eso ahora no importa”.

García Ortiz la ha contradicho. El fiscal general no solo ha dicho que nunca escuchó esas palabras por su parte, sino que no existe la suficiente relación de confianza entre ambos para que se dirija a él en esos términos: “Y dudo que un fiscal de este país se dirija así al fiscal general del Estado”. Además, García Ortiz ha recordado que el contexto en ese momento era que él estaba intentando contactar con ella para conocer por qué no se cumplían las órdenes que estaba dando a sus subordinados, y que ella no respondía: “Me cuesta entender cómo un fiscal de este país recibe cinco o seis llamadas del fiscal general del Estado y haya otra cosa más importante que hacer”.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

García Ortiz afirma que incorporaron el contenido de los correos a la nota porque “habían salido” y eran de “relevancia pública” 

El fiscal general del Estado está explicando que con la nota de prensa querían ofrecer una explicación completa de lo que había ocurrido y evitar malentendidos o sospechas sobre la fiscalía y que el objetivo no era incorporar el contenido de los correos. Sin embargo, según su relato, decidieron incorporar una cronología y para ello tuvieron en cuenta que entrecomillados de los correos ya se habían hecho públicos. “Quedaba un poco coja la nota si hacíamos caso omiso a lo que ya era de conocimiento y relevancia pública”, ha valorado. “La intención inicial de la nota no tenía nada que ver con los correos. Es cuando los correos generan esa confusión y cuando el literal de los correos está revelado ante la opinión pública, cuando nos disponemos a ponerlos”, ha añadido.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

El fiscal general dice que no habló con el periodista que dio la primera noticia del correo filtrado

García Ortiz ha subrayado que no habló en la noche del 13 de marzo de 2024 (cuando se produjo la filtración del correo) con Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER que publicó la primera información con entrecomillados de ese email. “No mantuve ninguna conversación con el señor Campos”, ha insistido, en línea con la misma versión del redactor radiofónico.

Campos, que contó al tribunal que había tenido acceso al correo mucho antes de que le llegara a García Ortiz (en la tarde de ese día a través de una fuente ajena al máximo representante del ministerio público), aseguró también que llamó al fiscal general aquella noche, pero que saltó el contestador. “He sabido que pude tener una llamada entrante de Campos al ver el atestado de la UCO. En esos momentos estaba hablando con Pilar Rodríguez. Entiendo que saltaría el buzón de voz. No cojo llamadas desde que soy fiscal general del estado porque me volvería loco”, ha subrayado García Ortiz.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

Los elementos “extravagantes” de la información tergiversada

Álvaro García Ortiz se ha referido a la información tergiversada que publicó El Mundo a las 21.29 del 13 de marzo de 2024, cuando aseguró que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador (cuando era realmente al revés). El fiscal general ha asegurado que en ese momento ya sabía que Miguel Ángel Rodríguez estaba intentando colocar ese mensaje a varios periodistas, pero desconocía que existían correos sobre las conversaciones entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso. Por eso, según ha añadido, cuando leyó la información de El Mundo, le pudo otorgar cierta verosimilitud al principio, al incluir parte de uno de esos correos (con entrecomillados incluido). Sin embargo, contenía también elementos  “extravagantes” que provocaron que saltaran las “alarmas”. Por ejemplo, que fuera la Fiscalía quien ofreciera el pacto, algo que nunca había visto, según ha incidido. Según ha añadido el fiscal general, su preocupación residía en que se intentaba colocar con esa noticia  “la sensación de que González Amador era alguien especial y que ofrecerle un pacto tiene algo de extraño”.  “Es más, el redactor [que firma esa información tergiversada] inmediatamente va a una tertulia y se empieza a poner de manifiesto si es un señuelo del Gobierno. Se está lanzando la idea que hay un señuelo de la Fiscalía para que pique González Amador”.

El País

El País

García Ortiz: “La nota es una respuesta institucional de la Fiscalía a una noticia que pone en cuestión el trabajo de los fiscales”

Álvaro García Ortiz explica al tribunal que reunió la información del caso de González Amador para dar “una respuesta institucional de la Fiscalía española a una noticia” que ponía “en cuestión el trabajo de los fiscales de la sección de delitos económicos”. “Este es el espíritu de la nota. La redacción empieza prácticamente de inmediato, en cuanto tomó la decisión con los datos que tenemos en ese momento”.  “Lo que hicimos fue colocar los correos después de que estos hubieran sido revelados a la opinión pública”, ha explicado. 

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

Los cuatro hitos en los que divide el fiscal lo ocurrido a partir de las 19.00 del 13 de marzo de 2024

Álvaro García Ortiz ha explicado que iba a ordenar su relato de lo ocurrido el 13 de marzo de 2024 a partir de las 19.00 en cuatro hitos, para no perderse con las horas y que sea más sencillo explicarse. 

Primero. Recibe la llamada de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, informándoles de la intervención del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Segundo. La publicación de El Mundo de una información a las 21.29 en la que se aseguraba que la fiscalía había ofrecido un acuerdo.

Tercero. La decisión de reaccionar institucionalmente, acordando preparar una nota de prensa y, si era necesario, ofrecer una rueda de prensa para aclarar la situación.

Cuarto. El inicio de la investigación interna para recabar y revisar los correos referidos en la noticia y esclarecer exactamente qué había ocurrido.

El País

El País

García Ortiz niega ante el Supremo haber filtrado el correo del novio de Ayuso

El fiscal general del Estado ha negado al inicio de su declaración en el Tribunal Supremo que él hubiera filtrado el correo del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.  

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

García Ortiz recuerda el señalamiento de Ayuso a una fiscal

Álvaro García Ortiz ha destacado que Ayuso, a partir del 12 de marzo de 2024, tras conocerse el caso que acorralaba a su pareja por delitos fiscales, comenzó a lanzar mensajes en público para presentarse como víctima de une especie de cacería política. “La presidenta hace unas manifestaciones donde viene a decir que hay una persecución de las fuerzas del Estado”, ha dicho el fiscal general, antes de recordar que Ayuso arremetió en concreto contra la fiscal jefa provincial de Madrid para señalarla. “[Lo hizo] no para alabarla, sino para que se cuestionase su profesionalidad, como ocurrió en las redes, donde se estaba cuestionando la honorabilidad de Pilar Rodríguez, de los fiscales de la sección de Delitos Económicos y de la Fiscalía”.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

García Ortiz, sobre la publicación de la primera información sobre la pareja de Ayuso: “Mi actitud normalmente es pasiva”

Álvaro García Ortiz está relatando que supo de la primera información sobre la pareja de Ayuso, publicada el 12 de marzo por ElDiario.es, a través del resumen de prensa que recibe la fiscalía. Se lo comentaron, según su relato, por su relevancia, pero no hizo ninguna actuación, ya que todas las gestiones necesarias ya se habían realizado.  “Lo que espero es que si hay algo alguien me lo cuente. Mi actitud normalmente es una actitud pasiva. Yo espero que me llegue a mí la información”, ha relatado. 

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

Las cuatro razones del fiscal general para no contestar a las acusaciones

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado cuatro razones al tribunal para acogerse a su derecho a no responder a las acusaciones, “especialmente” al abogado de Alberto González Amador.

La primera. Según ha expuesto, los letrados de González Amador ocultaron en su denuncia original que el correo filtrado lo habían enviado también a la Abogacía del Estado, lo que multiplica el número de potenciales filtradores.

La segunda. Según ha añadido García Ortiz, González Amador facilitó a Miguel Ángel Rodríguez un correo del fiscal Julián Salto, que se usó para difundir una versión tergiversada de las conversaciones entre la defensa del novio de Ayuso y la Fiscalía.

La tercera. García Ortiz ha destacado que González Amador se reunió con un periodista de El Mundo (que dio la versión tergiversada), una persona ajena al procedimiento.

Y cuarta. El fiscal ha incidido en que González Amador ha renunciado a la responsabilidad subsidiaria del Estado; por lo que, según ha incidido, esto demuestra que su único objetivo es ir contra él.

Estas circunstancias, según ha subrayado García Ortiz, le llevan a pensar de la acusación que “hay una actuación desleal con el tribunal” y que “no hay una lealtad procesal en la búsqueda de la verdad”.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

El fiscal general rechaza responder a las acusaciones atribuyéndoles deslealtad

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, acaba de iniciar su intervención. Y ha rechazado responder a las acusaciones atribuyéndoles “deslealtad”. “No voy a contestar a las preguntas de ninguna de las acusaciones”, ha dicho nada más sentarse en la silla frente al tribunal. “Durante la tramitación de la causa, pero especialmente al inicio, se han producido unas circunstancias que creo que ese respeto que hay que tener a los perjudicados a quien se siente legítimamente perjudicado en un proceso (…) me ha llevado a pensar que hay una actuación entiendo que desleal no con el acusado, sino, por supuesto, con el tribunal”. Si responderá a la Fiscalía, su defensa y al tribunal.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

Reanudada la vista con la reproducción de la prueba documental

El juicio se ha reanudado con la fase de reproducción de la prueba documental propuesta por las partes. Todas las partes, excepto la defensa, ha dado por reproducida ante el tribunal su propuesta de prueba documental (es decir, no hace falta exhibirla explícitamente en este acto y los jueces podrán valorarla en privado). Sin embargo, la defensa ha pedido exhibir cinco documentos ante la sala para incidir en ellos: entre otros documentos, la defensa de García Ortiz ha exhibido un certificado para evidenciar que el email filtrado sigue a día de hoy en la cuenta de correo genérico de la Fiscalía de Madrid a la que lo envío la defensa del novio de Ayuso y a la que tenían acceso decenas de fiscales.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

La sesión se retomará a las 16.00, con la declaración del fiscal general

El presidente del tribunal que enjuicia al fiscal general del Estado ha dado por terminada la sesión y ha emplazado a las partes para que continúen con el juicio a las 16.00. A esa hora comenzará a declarar Álvaro García Ortiz.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

Dos peritos informáticos de la defensa afirman que es imposible saber las fechas de los borrados de los mensajes

Dos peritos informáticos propuestos por la defensa han certificado, según sus conocimientos, que es totalmente imposible determinar con certeza qué mensajes de WhatsApp se han borrado del móvil, cuántos se han borrado y las fechas concretas de esos borrados. Su valoración profesional, muy breve, ha sido la última que ha escuchado el tribunal antes del receso, y contrasta con la conclusión de los agentes de la UCO que aseveraron en sus informes que el fiscal general borró todos sus mensajes de WhatsApp el día que el Supremo le encausó. “Los mensajes que se dicen borrados el día 16 de octubre [día en el que el Supremo encausó a García Ortiz] pudieran haber estado ya borrados previamente a dicha fecha”, ha manifestado uno de los técnicos informáticos.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

Los peritos no incluyeron en su informe que había 16 personas con acceso a ese correo

¿Sabía usted que ese correo electrónico fue enviado a una cuenta genérica a la que tenían acceso 16 personas, y a la que siguen teniendo acceso 16 personas?, ha preguntado la abogada del Estado, Consuelo Castro, a los investigadores de la Guardia Civil. En sus respuestas, le han explicado que no lo hicieron porque se centraron en los dispositivos y la cadena principal de difusión del correo electrónico, según los indicios que disponían entonces. Los agentes han reconocido que ciertos datos adicionales, como ese acceso múltiple, no se reflejaron en el informe porque su enfoque era más limitado y dependía de la información y sospechas concretas a esa altura de la investigación. Castro también les ha preguntado por qué, para hacer su lista de potenciales filtradores, partieron de la base de que la persona que filtró el correo electrónico tenía que haber tenido acceso al documento y saber que se iba a dar una nota de prensa en las próximas horas, y si no tuvieron en cuenta que este último dato, que el periodista de la Cadena SER incluyó en la primera información en la que se habló del correo filtrado, se lo podía haber dicho otra persona diferente. De hecho, diferentes responsables de prensa de la Fiscalía estaban contando a los periodistas que les llamaron que habría una nota de prensa en las próximas horas.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

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A la izquierda, el extracto del informe. A la derecha, los mensajes reales.

La Abogacía muestra a la sala mensajes recortados por la UCO

La Abogacía del Estado ha infligido un duro golpe a los peritos de la UCO y a la solidez de sus deducciones. Durante las preguntas de la abogada del Estado, esta les ha reproducido tres mensajes de WhatsApp que los agentes incluyeron de forma parcial en su informe y que se habían cruzado Diego Villafañe, de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial de Madrid. En ellos, según reflejaron parcialmente los agentes en el informe, Villafañe le decía a su compañera: “Tú cuídate mucho que ya te digo que te vamos a necesitar a tope”. Ella respondía supuestamente: “Ayyy… en qué estarás pensando”. Y Villafañe añadía: “Todo bueno”.

Los agentes apuntaron entonces en su informe que esos mensajes demuestran que “pudiera parecer que tuvieran algún plan profesional para la fiscal jefa provincial”, sembrando las sospechas sobre un supuesto complot en la Fiscalía que incluía premios profesionales a los presuntos implicados.

Sin embargo, la Abogacía del Estado ha exhibido a la sala este miércoles el cruce entero de mensajes, sin los recortes que hizo la UCO. Y estos dicen así literalmente:

Pilar Rodríguez: El lunes estuve en otro oftalmólogo. Me dio otro tipo de láser, que penetra más y es más específico para el desprendimiento. Más doloroso. Lo que me alerta es que estuve hace un par de meses en laservisión y no me vio esos nuevos desgarros. [sic]

Diego Villafañe: Ostras, no sabía lo de los nuevos desgarros. Ánimo y cuídate mucho que te necesitamos a tope!!!! [sic] Un besazo.

Rodríguez: El láser no impide trabajar! [sic]

Villafañe: Jaja. Cómo eres! Tú cuídate mucho que ya te digo que te vamos a necesitar a tope. [sic]

La abogada del Estado le ha preguntado entonces a los agentes de la UCO: “¿Le parece que están hablando de planes profesionales de doña Pilar?”. “Sí, claro que sí. No hemos puesto lo otro por motivos de privacidad”. En ese momento se han oído risas en la sala.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

La defensa pregunta a los peritos por las “inferencias” que realizan sobre la filtración

La abogada del Estado, Consuelo Castro, está preguntando a los peritos por las “inferencias” que realizan por la filtración. Concretamente, les ha preguntado por la frase “la denuncia será filtrada a la prensa por parte de la Fiscalía General del Estado”. Castro se ha interesado por otros potenciales filtradores que tuvieron acceso al correo y por qué se centraron solo en el fiscal general. “Todo lo que se ha filtrado estaba en posesión de la Fiscalía General del Estado y de 600 personas más”, ha aseverado.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

La UCO cree que el periodista Campos no tenía el correo cuando dio su primera noticia

Los peritos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han apuntado que creen que Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER que difundió la primera información con citas textuales del correo filtrado, no tenia ese email cuando dio su primera noticia al respecto. Los agentes sospechan eso porque dio mal la fecha del correo (se refirió a que era de principios de marzo, pero era del 2 de febrero). Campos explicó el martes que, en ese momento, debía tenerlo mal anotado. Campos también añadió ante el tribunal que había visto el email a través de una fuente (que no era el fiscal general) seis horas antes de que le llegara a García Ortiz, y que pudo copiarlo.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

La Fiscalía aprieta a los agentes de la UCO: “Eso es una deducción suya”

La Fiscalía ha apretado a los peritos de la UCO, que acusaron a García Ortiz sin pruebas directas de estar detrás de la filtración del correo de la defensa del novio de Ayuso. Durante su declaración, los agentes han situado la filtración del correo en “la Fiscalía General del Estado” (como institución), lo que ha llevado entonces al ministerio público a preguntar a los funcionarios cómo hacen entonces para dar el salto argumental para apuntar directamente a García Ortiz como el autor.

Así ha respondido entonces el agente de la UCO: “En el proceso se ve un dominio [de García Ortiz] por jerarquía. Lo que haga esa Fiscalía General del Estado no lo va hacer sin el conocimiento o el dominio, como órgano jerarquizado, del fiscal general”. El representante de la Fiscalía, que pide la absolución en este proceso, le ha espetado entonces: “Eso es una deducción suya enteramente libre”.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

Frustrado el intento de sembrar sospechas sobre la llamada de Campos al fiscal general

El abogado Juan Antonio Frago, que ejerce la acusación popular en nombre de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha preguntado a los peritos sobre las comunicaciones telefónicas que hubo en la noche del 13 de marzo de 2024 entre Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER que dio la primera información sobre el correo filtrado, y el fiscal general Álvaro García Ortiz. Las acusaciones han tratado de apuntar a que la fuente de Campos es el fiscal general, aunque el reportero radiofónico lo negó este martes y aseguró que ya había visto el correo filtrado seis horas antes de que lo recibiera el fiscal general. Los agentes de la UCO han dicho que creen que Campos “solo llama una vez” al fiscal general (una comunicación que solo duró cuatro segundos, según los registros). Campos explicó que esos pocos segundos responden a que saltó el contestador y añadió que, incluso, es imposible que en ese escaso tiempo le filtrara el correo o se lo dictara.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

Las acusaciones terminan de preguntar a los peritos de la Guardia Civil

Las acusaciones han empleado una hora en preguntar a los peritos de la Guardia Civil sobre los diferentes informes de la causa. Ahora comienza su turno la Fiscalía.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

Los agentes hablan de dos filtraciones, la del contenido y el pantallazo del correo en sí

Los agentes de la UCO que firmaron los informes sobre la filtración que enjuicia el Tribunal Supremo consideran que existen dos filtraciones. La primera, cuando se difunde un extracto del contenido del correo que se difunde el 13 de marzo a las 23.51 con la publicación en la Cadena SER, y el segundo, cuando se filtra el correo completo en medios como El Plural a las 9.06 de la mañana del día siguiente.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

Un agente: “El dominio de la acción corresponde al fiscal general, como es normal”

A preguntas del abogado de Alberto González Amador, los peritos de la Guardia Civil han detallado los mensajes de móvil que pudieron recuperar de la noche del 13 de marzo de 2024 (cuando se filtró el correo electrónico) de otras personas relacionas con García Ortiz. Los agentes han incidido en que García Ortiz pedía información a sus subordinados para obtener los correos entre la defensa del novio de Ayuso y el fiscal que llevaba el caso (unas comunicaciones que habían sido difundidas por El Mundo de forma tergiversada, ya que este diario aseguró que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, cuando realmente había sido al revés). Uno de los agentes ha descrito esta situación de la siguiente manera: “Vemos que el dominio de toda esa acción corresponde al fiscal general del Estado, como es normal”. 

Las acusaciones sostienen que el fiscal general quería recabar esos correos para filtrarlos. Sin embargo, la defensa mantiene que el objetivo era obtenerlos para poder elaborar una nota de prensa para desmentir la información tergiversada de El Mundo y el bulo que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, llevaba horas difundiendo. Ese comunicado se emitió en la mañana del 14 de marzo de 2024.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

El abogado de González Amador incide en el borrado de los dispositivos del fiscal general

El abogado de Alberto González Amador está preguntando a los peritos por múltiples detalles sobre las actuaciones de la Guardia Civil para recuperar sin éxito el contenido de los móviles y de la cuenta de correo electrónico de Álvaro García Ortiz. Las acusaciones plantean al tribunal como indicio que el fiscal general borró sus dispositivos para evitar que los agentes encontraran supuestas pruebas de la filtración que le atribuyen. La UCO no halló pruebas de la difusión del cibercorreo por parte del fiscal general. “Nosotros al teléfono del acceso del fiscal no pudimos acceder porque estaba borrado”, ha resumido uno de los agentes, que ha incidido en que no pudieron recuperar nada.

Durante la fase de instrucción, García Ortiz ya desvinculó el borrado de su móvil de la causa abierta contra él: “Los dispositivos y el propio despacho del fiscal general albergan una cantidad de datos absolutamente inimaginables […] Borro todo, no solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera, sino porque es una imposición legal”, explicó.

Juana Viúdez

Juana ViúdezRedactora de EL PAÍS

Los autores de los informes de la Guardia Civil dicen que no tuvieron acceso al móvil del fiscal general porque estaba borrado

Los agentes de la UCO que están declarando sobre los informes incorporados a la causa en la que se investiga al fiscal general por revelación de secretos han asegurado que no pudieron tener acceso al teléfono de García Ortiz porque “estaba borrado”. Según sus testimonios, reconstruyeron los teléfonos con los que se había comunicado en la noche de la filtración del correo electrónico por el contenido del móvil de la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, y por los listados de llamadas de la compañía telefónica, que almacena los registros de llamadas en sus propios servidores en la nube durante 12 meses, además de con la actividad del correo Gmail. Según los investigadores, la cuenta de Gmail del fiscal general también fue eliminada y sus mensajes tampoco se han podido recuperar a través de las comisiones rogatorias a Google y Meta (WhatsApp).

El País

El País

Termina el receso y declaran los agentes que realizaron los informes periciales

Termina el receso, que se ha alargado un poco más de lo que había establecido el presidente del tribunal. La sesión se retoma con el interrogatorio conjunto a tres agentes de la UCO (con números profesionales Q14969J, Q21452F y M15160C), que realizaron varios informes periciales de los registros y volcados de información de dispositivos electrónicos.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

Receso hasta las 11.45

El tribunal declara un receso hasta las 11.45. El juicio continuará con las declaraciones periciales de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboraron los informes sobre la causa.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

Breve interrogatorio al octavo agente

El interrogatorio al octavo guardia civil, que volcó el dispositivo del fiscal general, ha sido también muy breve. Solo ha respondido a preguntas de la acusación popular para ratificar las actas que firmó.

J. J. Gálvez

J. J. GálvezPeriodista

Brevísimo interrogatorio al séptimo agente

El séptimo agente citado como testigo, que participó en el registro del despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, se ha limitado a explicar que participó en la extracción técnica de la información que contenía y que se ratifica en las actas que firmó. Su interrogatorio ha sido muy breve. Solo le ha hecho preguntas la acusación popular.

El País

El País

Finaliza el interrogatorio del sexto agente

El tribunal da por concluido el interrogatorio del sexto efectivo de la Guardia Civil. Ahora es el turno del séptimo agente (identificado con el número profesional H53282W), que también participó en el registro del despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

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