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El Estadio De Los Ángeles Donde Irán Jugará El Mundial Comienza Con El Marcador En Contra

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Antes de rodar el balón, el marcador ya le es adverso al estadio de Los Ángeles donde este verano se jugarán ocho partidos del Mundial de la FIFA. A la amenaza de huelga hecha por un sindicato que exige restringir el acceso a policías migratorios y mejores condiciones laborales para cientos de trabajadores del recinto, se le superpone la preocupación sobre la seguridad de la selección de Irán, que jugará en esa cancha ante la sombra de la guerra lanzada contra ese país por Estados Unidos e Israel. Las autoridades iraníes han pedido reubicar los encuentros de su equipo fuera del que consideran territorio enemigo, intensificando una disputa que ha trascendido del ámbito político al deportivo.

Este jueves, el sindicato UNITE HERE Local 11, que representa a unos 2.000 cocineros, camareros y cantineros del estadio SoFi, sometió una queja formal ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) en contra de la FIFA y Kroenke Sports & Entertainment (KSE), la empresa que es propietaria del moderno recinto. Los acusa de evadir su reiterada solicitud de limitar la entrada al estadio de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Esta acción es la antesala de un posible paro laboral ya amenazado.

“FIFA y sus patrocinadores corporativos se embolsarán miles de millones provenientes de Los Ángeles, mientras se niegan siquiera a reconocer a los cocineros, meseros y encargados de puestos de venta que hacen posible este evento”, declaró Kurt Petersen, copresidente del sindicato, en un comunicado. “No se les puede permitir lucrarse a costa del trabajo de nuestros miembros, mientras el ICE aterroriza a las comunidades en las que viven estos trabajadores”.

El temor de este sindicato se origina en las declaraciones del director interino del ICE, Todd Lyons, quien señaló en febrero que la agencia desempeñará un “papel clave” en la Copa Mundial de fútbol. El funcionario explicó que su labor se centraría en realizar investigaciones de seguridad nacional, una tarea habitual en eventos deportivos importantes. De igual manera, grupos que defienden a los inmigrantes advierten que el ICE también podría realizar operativos en las inmediaciones de los 11 estadios sede en EE UU, lo cual podría afectar a los turistas de países latinoamericanos, africanos o asiáticos que asistan a los partidos.

Los reclamos van más allá de la presencia del ICE. Los dirigentes del sindicato UNITE HERE Local 11 también han pedido que la FIFA elimine su acuerdo con On Location, su socio oficial de servicios de hospitalidad, al cual le ha confiado la operación de alimentos y bebidas en el estadio durante el torneo. Dicha subcontratación fue hecha sin previo aviso y reduciría las jornadas laborales de sus agremiados. Hay otra disputa por más de 113.000 horas de mano de obra subcontratada en ese estadio durante 2025, las cuales el grupo gremial considera como un robo de sueldos.

Otra exigencia a la FIFA es que no eche mano de inteligencia artificial ni de automatización en el SoFi que “resulte en la eliminación de empleos sindicalizados”, se lee en un comunicado.

La amenaza escalaría a huelga si no alcanzan un acuerdo con la FIFA y KSE. El organismo rector del fútbol a nivel mundial ignoró todas las solicitudes para sostener reuniones con el fin de “plantear inquietudes en materia de derechos humanos”, reclama el sindicato. FIFA y Kroenke Sports & Entertainment no se han pronunciado al respecto.

Citando una cláusula que prioriza la seguridad ante “condiciones inusualmente peligrosas”, el UNITE HERE Local 11 envió en marzo una carta a sus miembros indicando que, si el ICE se presenta en sus lugares de trabajo (estadios, hoteles, centros de eventos y aeropuertos), ellos tienen derecho a interrumpir sus labores e irse a casa. “Nuestros agremiados no deberían verse forzados a quedar atrapados en medio de operaciones fuertemente armadas”, declaró Petersen.

La seguridad en el SoFi

Sede de los equipos Los Angeles Chargers y Rams de la NFL, el SoFi fue inaugurado en 2020 y es considerado uno de los estadios más modernos de Estados Unidos. Está ubicado en el suburbio de Inglewood. Tiene capacidad para recibir a 70.000 aficionados. La FIFA lo eligió como sede del primer partido del Mundial en territorio estadounidense —un día antes, el torneo inicia en el Estadio Azteca en Ciudad de México—, que disputarán las selecciones de EE UU y Paraguay el viernes 12 de junio. Tres días después, el conjunto de Irán competirá en la misma cancha contra Nueva Zelanda.

Tras los bombardeos estadounidenses e israelíes a Irán que desataron la guerra entre los países, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol declaró que se encontraban en conversaciones con la FIFA para reubicar sus partidos en México y Donald Trump dijo que lo mejor sería que los iraníes no jugaran en Estados Unidos, por su propia seguridad, en un mensaje que se interpretó como una amenaza. Pero esa idea fue rechazada rápidamente por la FIFA y el calendario se ha mantenido intacto.

Además, en marzo, los californianos se llevaron un sobresalto luego de la difusión de un informe del FBI, en el cual se advertía que Irán podría planear atacar con drones a California en represalia por las acciones militares en su territorio. El Gobierno federal y el gobernador Gavin Newsom afirmaron que no había una amenaza inminente para el Estado.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tiene la misión de coordinar los esfuerzos para proteger los estadios sedes de la Copa del Mundo. El Gobierno de Trump ha invertido más de 1.000 millones de dólares, incluyendo 625 millones que FEMA entregó a finales de marzo, tras meses de retraso, a las ciudades anfitrionas “para reforzar los preparativos de seguridad de cara al torneo”, indicó FEMA en un breve comunicado enviado a EL PAÍS.

“Podrán utilizar estos fondos para llevar a cabo preparativos y actividades de seguridad críticos, tales como capacitaciones y simulacros, verificaciones de antecedentes del personal y defensa en materia de ciberseguridad, así como para reforzar la presencia policial y la capacidad de respuesta ante emergencias en las sedes de la FIFA, hoteles y centros de transporte”, agregó la dependencia.

Una de las agencias que participará en el operativo de vigilancia, la Policía de Los Ángeles, dijo a este medio que no podía revelar qué medidas tomarán durante el Mundial. La portavoz del departamento, Norma Cervantes, enfatizó: “Contaremos con un despliegue y una preparación suficientes”, disipando dudas anteriores sobre el nivel de preparación para el mayor evento deportivo del planeta.

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Otro Tribunal Federal Frena La Política Del ICE Para Detener A Migrantes Sin Derecho A Fianza

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Una corte federal de apelaciones rechazó este miércoles la política impulsada por la Administración de Donald Trump que permite a agentes migratorios detener sin posibilidad de fianza a prácticamente cualquier persona indocumentada en proceso de deportación, incluso si ha vivido durante años en Estados Unidos sin antecedentes penales.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, con sede en Atlanta y jurisdicción sobre Florida, Georgia y Alabama, representa otro revés judicial para la interpretación que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adoptó el año pasado sobre la ley migratoria de 1996. Bajo esa nueva interpretación, cualquier persona que hubiera ingresado al país sin autorización podía ser considerada automáticamente como “solicitante de admisión” y, por tanto, quedar sujeta a detención obligatoria mientras avanza su caso migratorio.

El fallo fue emitido por un panel dividido de tres jueces. La mayoría sostuvo que el Gobierno federal excedió el alcance de la ley al intentar aplicar de manera masiva una disposición originalmente diseñada para personas recién llegadas a la frontera.

“En pocas palabras, la redacción que el Congreso ha optado por utilizar no otorga al Poder Ejecutivo la facultad ilimitada de detener, sin posibilidad de fianza, a todo extranjero no admitido que se encuentre en el país”, escribió el juez Stanley Marcus en la opinión mayoritaria. El magistrado agregó que “en ninguna parte del texto” de la ley de 1996 “encuentra esa interpretación un fundamento sólido”.

Durante décadas, administraciones de ambos partidos interpretaron la legislación como una herramienta enfocada en personas detenidas poco después de cruzar la frontera. Quienes ya vivían dentro del país, muchas veces desde hacía años, podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez migratorio antes de permanecer detenidos por el ICE.

Sin embargo, la reinterpretación adoptada en julio de 2025 amplió drásticamente el alcance de la medida. Desde entonces, personas con trabajos estables, familias estadounidenses y sin historial criminal podían quedar detenidas automáticamente mientras enfrentaban procesos de deportación. La política también provocó un incremento considerable en la población detenida por el ICE, y el número de personas bajo custodia migratoria superó las 70.000 a principios de este año.

La decisión del 11º Circuito se produce después de que dos tribunales de apelaciones respaldaran la política del Gobierno de Trump y otros dos la rechazaran. Un quinto tribunal terminó dividido, sin alcanzar una mayoría clara.

Esa fractura judicial aumenta la posibilidad de que la disputa llegue próximamente al Tribunal Supremo, que probablemente tendrá la última palabra sobre la legalidad de la política de detención obligatoria.

La decisión también llega después de una ola de demandas presentadas por migrantes detenidos en distintos puntos del país. Cientos de tribunales federales han fallado en contra de la interpretación impulsada por la Administración Trump, en muchos casos a través de peticiones de habeas corpus presentadas por personas que buscan recuperar su libertad mientras avanzan sus procedimientos migratorios. El Departamento de Justicia no ha hecho declaraciones sobre el fallo.

La jueza Barbara Lagoa, designada por Trump, votó en contra de la decisión de la mayoría y defendió la postura de la Administración. En su opinión disidente, argumentó que el tamaño de la población afectada refleja años de falta de aplicación estricta de la ley migratoria, no un exceso de la interpretación actual. “El hecho de que el Poder Ejecutivo no haga cumplir una ley no puede limitar su significado de manera retroactiva”, escribió Lagoa. “En todo caso, el crecimiento de la población pone de relieve las consecuencias de la falta de aplicación de la ley, más que el alcance previsto de la misma”.

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