Congreso Diputados
El Gobierno Amplía Hasta 1978 La Fecha Para Solicitar La Reparación Para Víctimas Del Franquismo
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Julio Nunez
El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes un real decreto ley donde amplía “el periodo de reconocimiento y reparación integral a favor de las víctimas” del franquismo hasta el 29 de diciembre de 1978. fecha en la que entró en vigor la Constitución Española. La Ley de Memoria Democrática establecía hasta ahora que el marco temporal para solicitar una indemnización como “personas beneficiarias de quienes fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos, así como de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes,” entre el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977. El periodo de reconocimiento se ha ampliado cerca de un año.
El real decreto ley, que modifica la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, recoge un artículo único y seis disposiciones finales. El derecho a la indemnización y la reparación integral no aplicará a las personas que ya han sido indemnizadas “en virtud de la Ley de Memoria Histórica de 2007, sin perjuicio de las actualizaciones que correspondan”. La reparación económica será de 25.000 euros por víctima fallecida y se incluye “como preceptores” los hijos y cónyuge o “quienes hubieran convivido con la persona fallecida con análoga relación de afectividad”. Uno de los puntos de las condiciones para percibir una indemnización señala la “imposibilidad de recibirlas quienes hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos armados terroristas”. del terrorismo. El plazo para presentar las solicitudes será de un año, prorrogable un año más con acuerdo del Consejo de Ministros.
Del mismo modo, el documento aprobado destaca que las víctimas podrán reclamar indemnizaciones extraordinarias “en favor de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes”. Estas cuantías van desde los 180.000 euros “en el caso de incapacidad permanente absoluta” hasta los 500.000 euros en los casos de “gran invalidez”. En estos casos entra el de Manuel José García Caparrós, el sindicalista de 18 años que murió asesinado por la Policía mientras participaba en las manifestaciones de los andaluces a favor de la autonomía plena el 4 de diciembre de 1977 en Málaga. Durante años, sus hermanas han luchado para que su familiar sea reconocido como víctima del terrorismo.
El Ejecutivo también ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros una Declaración Institucional de reconocimiento a las víctimas de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria. “El Gobierno condena la actuación desproporcionada de la Policía armada en aquellos sucesos y reafirma el compromiso con la memoria democrática, la verdad, la justicia y la reparación”, aparece en la declaración, publicada en el 50 aniversario de la tragedia, que también “expresa su reconocimiento y homenaje a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas, así como a sus familiares”. Este episodio está considerado como la mayor matanza de la Transición.
El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, descubrieron este lunes una placa en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria que la declara “lugar de Memoria Democrática”. En ese templo, en marzo de 1976, cinco obreros fueron asesinados a tiros por parte de la policía, que intentaba desalojar a 4.000 personas que participaban dentro de la parroquia en una asamblea de trabajadores. Más de un centenar acabaron heridas por la represión de los agentes, al menos 42 de ellas por armas de fuego. En el mismo lugar de los hechos murieron Pedro María Martínez, de 27 años, y Francisco Aznar, de 17; Romualdo Barroso, de 19, gravemente herido, expiraba poco después. Dos de los otros 42 heridos de bala, José Castillo, de 32 años, y Bienvenido Pereda, de 30, fallecieron posteriormente. “Esta placa siempre va a recordar aquella masacre de aquel día 3 de marzo de 1976, cuando hubo una actuación tremendamente desproporcionada por parte de la Policía Armada de un gobierno continuista con la dictadura, que era el gobierno de Arias-Fraga”, dijo Martínez durante el evento de este lunes.
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AIReF
El Consejo De Ministros Acuerda Proponer A Inés Olóndriz Como Presidenta De La Airef
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2 days agoon
March 10, 2026
El Gobierno ha propuesto oficialmente al Congreso a Inés Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda, como nueva presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros celebrado este martes, una semana después de que el departamento dirigido por la vicepresidenta María Jesús Montero confirmara que era la elegida para sustituir a Cristina Herrero en el cargo. La candidata deberá obtener ahora el respaldo de la Cámara baja, un examen que se anticipa complicado no solo por una razón básica de aritmética parlamentaria —el bloque de investidura está resquebrajado—, sino por las dudas sobre la imparcialidad que suscita el nombramiento.
Olóndriz fue designada en 2020 por Montero para ocupar un puesto clave en Hacienda, por lo que acabaría evaluando políticas en cuyo diseño participó desde el ministerio, como la propuesta de reforma de la financiación autonómica o la quita de la deuda de las comunidades. Por ello, en los últimos días se han sumado las voces que consideran que su nombramiento daña la imagen de la institución, un organismo con autonomía financiera y de personal, e independiente por ley del poder ejecutivo.
Las críticas en este sentido no solo proceden de la arena política, sino también de parte del mundo académico, jurídico y de la misma Administración. El paralelismo más cercano es con José Luis Escrivá, quien llevó las riendas de la Airef en autonomía como primer presidente de la institución, pero después pasó directamente del Consejo de Ministros a gobernador del Banco de España. La relación entre el Gobierno y el organismo, además, se ha tensado en los últimos meses a cuenta del nuevo examen sobre la sostenibilidad de las pensiones que exige el Ejecutivo y que la Airef mantiene paralizado, al considerar que la petición “socava la independencia” de la institución.
En el plano técnico, en cambio, hay consenso en que Olóndriz cumple con los requisitos que exige el puesto. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, con un máster ejecutivo en Administraciones Públicas por Esade y analista financiera certificada por la European Federation of Financial Analyst Societies (EFFAS), tiene experiencia tanto en el sector público como en el privado. Funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Barcelona desde 1990, cubrió el puesto de analista sénior del equipo de Sovereing & International Public Finance de S&P Global Ratings entre 2011 y 2020, cubriendo gobiernos locales y regionales y entidades públicas en España y en el Reino Unido.
La Airef fue creada por impulso europeo hace más de una década, después del rescate del sistema financiero, con la tarea de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas. Herrero fue nombrada presidenta por unanimidad en el Congreso y llevaba desde inicios de 2020 al frente de la institución —los mandatos son de seis años sin posibilidad de prórroga—, donde ocupó anteriormente el puesto de directora de Análisis Presupuestario. El nombramiento de Olóndriz, que el Consejo de Ministro ha comunicado este martes al Congreso, precisará la mayoría absoluta de la Comisión de Hacienda de la Cámara baja; si no fuera posible, bastaría la mayoría simple de la comisión competente del Senado.
Jorge Ferreras, nuevo director general de Tributos
El Consejo de Ministros también ha nombrado a Jorge Alberto Ferreras como nuevo director general de Tributos del Ministerio de Hacienda en sustitución de María José Garde, que ha dejado el puesto para ocupar el cargo de jefa del Secretariado del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), Ferreras es inspector de Hacienda del Estado y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en torno a la fiscalidad internacional. Hasta ahora ocupaba el cargo de subdirector general de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, y fue recientemente nombrado miembro del comité de expertos de cooperación internacional para temas tributarios de la ONU, así como coordinador del subcomité de fiscalidad patrimonial.
Congreso Diputados
Siete Gráficos Para Entender Las Okupaciones Y Los Desahucios En España
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2 weeks agoon
February 26, 2026
El Gobierno se asoma este jueves a una jornada delicada en el Congreso para tratar de sacar adelante por segunda vez el escudo social que decayó con el decreto ómnibus. Con los anunciados votos en contra de PP, Vox y Junts ―los mismos tres partidos que rechazaron la primera propuesta―, todo indica que las medidas sobre vivienda no saldrán adelante, toda vez que el Ejecutivo despiezó el decreto ley anterior en varios paquetes normativos y las agrupó en uno de ellos.
De entre las medidas destaca, por ser la que ha causado más revuelo político, la prolongación de la moratoria antidesahucios para inquilinos en situación de vulnerabilidad. La prórroga se concibió por un año, hasta el 31 de diciembre de 2026, y se trata de una salvaguarda que lleva activa desde la pandemia, aunque se ha modificado ligeramente en las sucesivas prórrogas. De hecho, el último texto presentado también incorpora un cambio: los arrendadores que posean una o dos viviendas quedan fuera de la obligación de aceptar la moratoria. Esto es, podrán desahuciar a los inquilinos que no paguen sus rentas pese a que se encuentren en situación de precariedad, y tendrán que ser los servicios sociales quienes se encarguen de encontrar una solución habitacional a los arrendatarios. La modificación fue un reclamo del PNV para garantizar su aprobación, pero no servido para atraer a Junts.
La Moncloa, que necesita la convalidación en el Congreso del nuevo real decreto, defiende que la moratoria es esencial para dar una solución a miles de ciudadanos que no tienen medios para hacer frente al pago de su alquiler por circunstancias sobrevenidas. Y rechaza el discurso, extendido por buena parte de la derecha política, que califica a los inquilinos que no pagan el alquiler y siguen residiendo en la vivienda como inquiokupas. Pero, ¿cuántas ocupaciones hay en España? ¿Cuántos desahucios? ¿Y cuántos son los inquilinos vulnerables? Los siguientes datos radiografían la situación actual de estos fenómenos que afectan a la vivienda en España.
Desahucios en 2024, un repunte lejos de máximos
Calificar y cuantificar el número de familias vulnerables que no puede pagar su alquiler no resulta sencillo. La Encuesta de Condiciones de Vida el INE ofrece algunos resultados que permiten aproximarse a este concepto: define el umbral de riesgo de pobreza cuando los ingresos de una persona u hogar no alcanzan el 60% de la renta mediana (que no es la renta media, sino que la que marca la división entre los colectivos con más y menos ingresos). Aplicando este criterio sobre la población que vive de alquiler, los resultados vienen siendo similares en los últimos años: tres de cada diez personas están en riesgo de pobreza.
Esta delicada situación financiera de muchos inquilinos, que se enfrentan a un mercado en que los precios casi se han duplicado en el último decenio, se traslada al número de desalojos, que han crecido en los últimos tiempo. En 2024 (los datos de 2025 aún no se conocen) se practicaron 27.564, un 3,4% más que en 2023, de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cifra, sin embargo, queda muy por debajo de los más de 60.000 que se ejecutaban anualmente en los años que siguieron a la Gran Recesión.
Pero el contexto entonces era muy distinto. Al desagregar los datos se observa que actualmente la mayoría de los desahucios, el 74,5%, se deben a impagos del alquiler, mientras otro 18,4% es por ejecuciones hipotecarias. Los desahucios por impago del alquiler, un reflejo de las dificultades de los inquilinos, han ido aumentando su proporción sobre el total año a año en la última década: en 2014 representaban el 53% de todos los lanzamientos.
Según los datos que manejan organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas e incluso Amnistía Internacional ―y comparte el Gobierno―, de no salir adelante la nueva moratoria, 60.000 familias de hogares vulnerables se verían afectadas. La medida se ha ido extendiendo desde la pandemia, en 2020, para evitar que las familias vulnerables con impagos de alquiler se quedaran sin techo.
Al no existir una base de datos actualizada sobre viviendas en alquiler en España ―la estimación general más aproximada la ofrece el INE y las cuantifica en cerca de cuatro millones―, es imposible determinar en cuántas de ellas residen estas familias vulnerables. Tampoco se puede saber si los propietarios de sus pisos pertenecen al grupo de tenedores con uno o dos inmuebles. Por tanto, no existe el dato de cuántas familias se verían obligadas a abandonar sus casas de salir adelante el nuevo texto.
Okupación: allanamiento y usurpación
La okupación ilegal se suele medir con datos del Ministerio del Interior, de la Fiscalía General del Estado y del INE. Pese a que todos ellos están relacionados entre sí, ninguna tabla ofrece ―como sucede con otras estadísticas en materia de vivienda―, un resultado 100% actualizado, lo que impide un diagnóstico preciso. Además, los cambios legales en la Ley de Seguridad Ciudadana pueden haber alterado la estadística, ya que, años después de su lanzamiento, empezó a computar otro tipo de delitos y sanciones.
Los mejores datos para medir el fenómeno son los hechos conocidos por el Ministerio del Interior, es decir, las denuncias que registran la policía nacional y las fuerzas de seguridad autonómicas. Hay que tener en cuenta que el Código Penal no habla de okupación como tal, sino que la asimila a la usurpación (la entrada en un inmueble deshabitado, normalmente sin violencia, y contra la voluntad del propietario, que no vive en él). El allanamiento de morada, por el contrario, está legalmente definido de otra forma, y se da cuando alguna persona entra o permanece en una vivienda habitada sin permiso. En este caso se considera un delito grave, y toda vez que el propietario acredita que se trata de su morada, el episodio se debe resolver con un desalojo en 24 horas.
Entre los años 2023 y 2024, el último ejercicio disponible, los hechos conocidos de allanamientos y usurpaciones crecieron en España un 7,4%, al subir de 15.289 a 16.426. Se trata del primer incremento en tres años, y el más elevado porcentualmente desde 2021, cuando fue del 16,8%.
Para comprender la medida del fenómeno hay que englobarlo en el contexto criminal español. Las infracciones penales que registró el Ministerio del Interior en 2024 fueron más de 2,4 millones: las usurpaciones y allanamientos suponen menos de un 0,7% de los hechos conocidos por las fuerzas de seguridad.
Los registros de Interior también especifican el número de personas detenidas e investigadas por delitos relacionados con la okupación. En 2020, la serie estadística comenzó a computar los datos de Cataluña, lo que multiplicó considerablemente el volumen total, y desde entonces en los últimos años la cifra ha oscilado alrededor de las 10.000 detenciones. En 2024 se superó esta barrera hasta alcanzar los 11.133 sujetos envueltos, la cifra más elevada en más de una década.
En cuanto al cómputo de personas afectadas por este tipo de delitos, la cuantía final también ha ido creciendo con el tiempo, hasta situarse en su último recuento en las 7.756 víctimas. Tanto en la métrica sobre detenciones como en esta, los resultados tienen que ver con las personas involucradas, lo que no permite conocer con estas variables el número concreto de episodios en los que estuvieron envueltos cada uno de ellos.
Condenados por okupas
El INE, por su parte, ofrece resultados por categorías de acuerdo con las condenas en las que han derivado las denuncias presentadas (las que contabiliza Interior). Sus últimos datos también son de 2024. Respecto a las usurpaciones, su volumen pasó de 2.874 a 3.301, un 14,85% más; un porcentaje, sin embargo, inferior a las que registraron las referidas a allanamientos (+26,6%), que se incrementaron de 218 a 276. Este último registro es también el más elevado de los últimos seis años, desde 2018, cuando la cifra fue de 285.
José García Montalvo, catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, explica que detrás de una aparente estabilización en el número de delincuentes se encuentra un modelo de negocio. “No buscan okupar los inmuebles para quedarse en ellos, sino que entran y piden dinero a los propietarios para abandonarlos”, comenta. El experto también matiza que en este grupo de infractores hay “mucha rotación”, y que juega a su favor la letanía en la que tienden a convertirse la mayoría de los procesos de lanzamiento ―como se conoce técnicamente a los desalojos―, lo que provoca que muchos propietarios prefieran pagar para recuperar sus viviendas.
Mayor impacto en Cataluña
Las métricas oficiales evidencian que el fenómeno de la okupación ilegal, más allá de reproducirse por distintas zonas del país, impacta más sobre algunos territorios que otros. La provincia de Barcelona, por ejemplo, concentra un tercio de los hechos conocidos en 2024, con 5.077, muy por delante de Madrid (1.451) y Girona (940). Sin embargo, tomando como referencia la tasa por cada 100.000 habitantes, Girona encabeza la lista (114,5) seguida de Tarragona (91,1) y Barcelona (86,4). Estos resultados evidencian que la mayor tensión sobre el problema de la okupación se concentra en la zona noreste del país, y en núcleos urbanos con una mayor densidad de población.
La ‘inquiokupación’
De un tiempo a esta parte, asociado al problema de la okupación ilegal, pero como si se tratase de una rama alternativa, ha arraigado en el debate público el concepto de la inquiokupación, que se refiere a aquellas personas que dejan de pagar el alquiler después de firmar el contrato de entrada, y que se niegan a abandonar la propiedad alegando situación de vulnerabilidad. Sin embargo, a nivel estadístico, no existe una tabla que contabilice este fenómeno (enarbolado por los partidos de la derecha como uno de los principales problemas del momento), que se mezcla en las tablas con los resultados referidos a la okupación.
Una vía para intentar aproximarse con datos a esta situación es revisar el número de sentencias estimatorias —total o parcialmente— que se han producido a denuncias del casero contra el inquilino por falta de pago de la renta o de la fianza. El CGPJ sigue esta serie, y muestra que el número mantiene una senda descendente: de 14.514 en 2021 a 13.503 en 2022, 10.805 en 2023 y 10.154 en 2024. En cuanto a 2025 solo hay datos de los tres primeros trimestres, 7.630, algo más de los 7.560 que se dieron en el mismo periodo del año anterior.
“Se está hablando de este fenómeno como algo actual, y lo cierto es que viene sucediendo desde hace muchos años”, recalca Montalvo. En su experiencia, el fenómeno de alquilar una vivienda y dejar de abonar la mensualidad al poco tiempo viene siendo un problema crónico que “siempre ha sido muy difícil de resolver” para los propietarios. De hecho, “aunque no se hubiera producido ninguna okupación nunca, basta con que el propietario sienta el miedo de que le puede pasar para que decida salirse del mercado del alquiler”, reflexiona.
23-F
Documentos Desclasificados Del 23-F, En Directo | El Error De Los Golpistas, Según Uno De Los Documentos: “Dejar Al Borbón Libre Y Tratar Con él Como Si Fuese Un Caballero”
Published
2 weeks agoon
February 25, 2026By
EL PAIS

El País
Un documento elaborado por Inteligencia Militar sobre el 23-F, desclasificado este miércoles, muestra un relato de la intentona golpista según se vivió desde el Palacio de la Zarzuela. Desde conversaciones con el teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados que el guardia civil había tomado, al rechazo de la Casa del Rey a las pretensiones de presidir un nuevo Gobierno del general Alfonso Armada, y a unas últimas órdenes a otro de los cabecillas del golpe por parte de Juan Carlos I, al teniente general Jaime Milans del Bosch, condenado a 30 años por su participación: “Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar y será responsable de ello, una nueva guerra civil”. Horas después, el general anunciaba la retirada de sus militares en las calles de Valencia.

Natalia Junquera
Se buscan mandos militares “católicos con evidencias” y “sin afinidades políticas” para salvar al Rey
El documento desclasificado “Índices de Subversión en las fuerzas armadas”, fechado en diciembre de 1981, y perteneciente al Ministerio de Defesa, advierte, meses después del golpe de Estado fallido, que los problemas no se acababan en los detenidos tras el 23-F. El texto, encabezado por el sello de “Secreto”, explica que siguen extendiéndose “rumores alarmantes” con el fin de “confundir y dividir” a los militares mediante el “envío de cartas y panfletos subversivos” ; que se están “mutilando retratos oficiales”; que aparecen pintadas contra el Rey y mensajes “ridiculizando” al Gobierno” y que han detectado “actitudes irrespetuosas e insolentes hacia los mandos” y se “discuten abiertamente las órdenes recibidas”.
El documento admite que el Estado ha dejado crecer ese clima de subversión – “al no haberse prestado la atención debida”-, pese al riesgo que supone, ya que “comienzan a distanciar peligrosamente a los mandos militares de la clase política y del espíritu constitucional”.
El texto recuerda que, en general, las fuerzas armadas aceptaron al Rey “como uno de los deseos de Franco”; pero que a partir de 1980 esa confianza empezó a decrecer, de lo que culpan “al sensacionalismo de algunos medios de comunicación”. Concluyen que “la figura del Rey sufre un deterioro personal y profesional” y que es necesario corregir la situación. Para ello proponen buscar nuevos “líderes militares” que deben cumplir, además de los requisitos obvios de experiencia operativa, valor, y condecoraciones, otros que no parecían tan claros antes del 23-F, como carecer de “afinidades políticas” , ser “católicos con evidencias” y saber manejarse con los medios de comunicación.
El “plan de acción” debe servir para “evitar que el Rey asuma el control permanente del Ejército, elevando su liderazgo” y “fomentar la idea de que el Ejército, con absoluta lealtad al Rey, respeta la Constitución y obedece al Gobierno” .

Nuria Morcillo
Mensajes de solidaridad de autoridades
Los documentos desclasificados recogen diversas cartas de autoridades extranjeras para expresar sus muestras de solidaridad y apoyo a la democracia. Una de ellas fue el intercambio de mensajes entre la reina Isabel II de Inglaterra y el rey Juan Carlos I días después del golpe de Estado.
“Quedé fuertemente impresionada al tener conocimiento de la acción emprendida contra el Parlamento español por un grupo armado. Todos nosotros en Gran Bretaña nos tranquilizamos al conocer el resultado final. Envío mis felicitaciones a su majestad y a todos los que han intervenido con tanto éxito para proteger el orden constitucional”, escribió la reina de Inglaterra, según consta en una noticia del Servicio de Información y Prensa de la Embajada Británica en Madrid.
El emérito agradeció “los sentimientos personales” expresados desde el Reino Unido, así como la “felicitación” de Isabel II “por el fracaso del reciente intento de alterar gravemente el orden constitucional”. “Estoy seguro de que vuestra majestad refleja fielmente el sentir de todo el pueblo británico”, concluyó la respuesta enviada a través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores al embajador de España en Londres.
También Fidel Castro mandó unas palabras de apoyo: “Valoramos su rápida y decidida participación que imposibilitó que las fuerzas que se oponen al progreso de su país alcanzaran sus objetivos”. El líder cubano expresó también que esperaba que la situación evolucionara de forma favorable para la “creación de un clima de paz y cooperación internacional”. Juan Carlos I afirmó en su misiva que coincidían en el mismo deseo de cooperación internacional y aprovechó para expresar su “confianza y la del Gobierno español” en que se mantuvieran y aumentaran “las cordiales relaciones” entre ambos países.

El País
“De las investigaciones realizadas se ha podido comprobar que algunos miembros de esta Unidad participaron activamente en los hechos del 23 de febrero”, admite el informe interno del Cesid (Centro Superior de Información para la Defensa), antecesor de servicio secreto CNI, sobre la participación de miembros de la AOME (Agrupación Operativa de Misiones Especiales), que dirigía el comandante José Cortina, en los hechos del 23 de febrero de 1981.

El País
Los documentos desclasificados este miércoles por el Gobierno relativos al intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 198 incluyen la transcripción de cintas grabadas de conversaciones de la esposa del teniente coronel Antonio Tejero, Carmen Díez Pereira, con otras personas. En esas conversaciones, Carmen se refiere numerosas veces a su marido como “tonto” o “desgraciao”.

Rocío Martínez Posada
La Policía sopesó entrar en el Congreso en una operación que podía suponer un saldo de “entre 80 y 110 muertos”
La Brigada de Interior alertó el 18 de marzo de 1981 de que los entonces director de Cambio 16 y jefe de prensa del Ministerio de Interior (que no aparecen identificados) preparaban un libro sobre el 23-F donde proyectaban “revelar diversas facetas hasta ahora no divulgadas”. En concreto, mencionó “la evaluación que se hizo del proyectado asalto por los GEOS al Palacio del Congreso”. “La operación se calculó que supondría entre 80 y 110 muertos”, recoge. Según explica, “uno de los aspectos que lo frenó fue el hecho de que” una persona, cuyo nombre aparece tachado, “permanecería en un despacho inmediato a una de las vías de penetración estudiada”.
Además, daba cuenta de que “los autores del libro barajan la tesis de que el golpe militar estuvo basado en la Operación Ariete”, diseñada “en la época de [Luis] Carrero Blanco” como presidente del Gobierno. Ese plan “constaba de dos partes: vacío de poder y desórdenes de masas”, pero “esta segunda fue frenada en Barcelona pasadas las 6.00, en que se anuló una convocatoria callejera de CC OO y UGT”.

Reyes Rincón
Un plan para otro golpe el día de la onomástica del Rey
Entre los papeles del 23-F que el Gobierno ha desclasificado este miércoles figura un documento que recoge más de una decena de operaciones en marcha antes y después del 23-F. Una de ellas habla de una operación supuestamente impulsada por quien era capitán general de Canarias, Jesús González del Yerro, y otra persona a la que se identifica como “Cortina (el militar)”. Partía de la premisa de que se rumoreaba que González del Yerro iba a relevar de forma “inminente” al teniente general José Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército. Según el documento, esta operación se preparó después del 23-F y los promotores tenían dos planes listos para que antes de fin de mayo o primeros de junio “se produzca el golpe militar que preveía Armada”.
La primera opción era un “Golpe constitucional con la Corona y con gobierno de coalición UCD-PSOE”. La segunda, un “golpe a la turca”, que implicara “la supresión de partidos, entes autonómicos etc.”. “Este golpe está forzado por los CAPGE que temen que los coroneles se adelanten y prescindan de los generales”. “Este golpe contaría tambien con el Rey (no confirmado) y una vez normalizada la vida española y aplastado el terrorismo, propondría el restablecimiento de la normalidad política y la vuelta de los partidos”, recoge. Según este texto, este plan “contaría con el sector civil próximo a Fraga” y “se marginaría a los sectores cercanos al franquismo, al objeto de guardar las apariencias en el mundo”.
“Todo parece ultimado, a falta de decisión sobre golpe institucional o golpe a la turca”. Se barajó desarrollarlo el 24 de junio de 1981, el día de la onomástica del rey Juan Carlos, cuando se daban cita en el Palacio Real la cúpula militar, los diputados, senadores y todas las altas autoridades del Estado. “La ocasión sería ideal al reunir muy acrecentadas las circunstancias del 23-F”, señala el informe, que constata también como “inconveniente” de esta fecha que en la celebración del Monarca se daría cita el cuerpo diplomático. “En cualquier caso lo más urgente es tomar conciencia de que se ha puesto en marcha otra operación militar de incalculables consecuencias con González del Yerro a la cabeza y con el aparato de Cortina”.

Julio Núñez

Reuniones secretas y un avión para escapar: la preocupación por “bulos” contra el Rey
Entre los documentos digitalizados sobre los acontecimientos que rodearon el 23-F, hay una nota interna del Ministerio de Interior en la que analiza la “Campaña contra S. M. el Rey” que subrayaba su “supuesta implicación”. Es un listado que enumera los principales “bulos” que buscaban “disminuir la responsabilidad penal de los procesados”. La desinformación, según se cita en la nota, fue impulsada tanto por “los abogados defensores de los verdaderamente implicados como entre los grupos políticos y círculos simpatizantes con las causas” de los acusados. Este es un pequeño resumen de algunos de los “bulos” recogidos:
· El Rey se puso de acuerdo con el general [Alfonso] Armada en Baqueira (Lleida) durante las vacaciones navideñas, donde “ultimaron los detalles de la caída del presidente [Adolfo] Suárez”.
· El Rey, junto con algunos generales, “forzó la dimisión de Suárez y preparó el golpe en connivencia con los generales [Jaime] Millans del Bosch y Armada”.
· Don Juan de Borbón, padre del Rey, “convenció a su hijo de que diera marcha atrás” con el golpe.
· Juan Carlos “conoció de algún modo” el golpe “y trató de utilizarlo para consolidar su figura”.
· “La prueba de que el Rey conocía los hechos que iban a producirse es que envió a sus hijos a Inglaterra”.
· El monarca “tenía preparado un avión para salir de España si los hechos no salían bien”.

Julio Núñez

El Partido Comunista alerta: “La extrema derecha quiere implicar a la monarquía y destrozarla”
Uno de los documentos desclasificados revela que el Partido Comunista (PC), “además de la sicosis ya existente en el seno del partido después del 23 de febrero”, estuvo preocupado por “el peligro que supone dejar a la extrema derecha que impere en el mercado negro del rumor” y por que esta impulsara el discurso de “la supuesta implicación del Rey en el golpe”. El documento, con fecha del 14 de mayo de 1981, detalla que, ante esos temores, “los teóricos” del PC enviaron una carta confidencial al secretario general del PC, en ese momento Santiago Carrillo, en la que lo alertaban: “La extrema derecha quiere implicar a la monarquía y destrozarla como institución democrática”. “Existe un jaque mate a la monarquía, planteado por la extrema derecha, del que ya no puede volverse atrás”, concluye el documento.

J. J. GálvezPeriodista
Un alto mando militar propuso adelantar la “libertad condicional” de los condenados solo cuatro días después de la sentencia
Los servicios de inteligencia y los miembros de la cúpula militar se encontraban especialmente preocupados por los efectos que tendría la primera sentencia del 23-F, emitida el 3 de junio de 1982 por el Consejo Supremo de Justicia Militar. Entre el material desclasificado se encuentra un informe de dos páginas fechado el 7 de junio, donde Rafael Allendesalazar y Urbina, entonces capitán general de la III Región Militar (puesto que desempeñaba Milans del Bosch hasta el golpe de Estado), proponía solo cuatro días después de conocerse las condenas que se estudiase ya la “conveniencia de estudiar la posible libertad condicional de los procesados al alcanzar la edad de septuagenarios”. Milans del Bosch había sido condenado a 30 años de reclusión y apenas le faltaban entonces tres años para llegar esa edad.
“Aunque parezca prematuro, someto a la consideración de la superioridad el estudio ya de la posibilidad de la concesión legal de libertad condicional de los condenados al alcanzar la edad de septuagenarios, dado que con arreglo al articulo 1.001 del código la remisión de la condena se hace a estos efectos con arreglo a la legislación penitenciaria común”, reza la nota firmada por el capitán general, enmarcada en la Sección de Contrainformación del EME (Estado Mayor del Ejército).
A lo largo de este documento, el capitán general de la III Región Militar analiza las reacciones internas y externas a la sentencia en su zona. Entre otros datos, Allendesalazar y Urbina destaca: “La sentencia de 30 años recaída sobre el teniente General Milans ha producido un profundo sentimiento de pesar cuando es un Mando que en la Región goza de mucha estima y se pensaba que su historial habría de influir en la sentencia”.

Nuria Morcillo
Apoyo económico a las familias de los implicados en el 23-F
Los documentos elaborados por la Dirección General de la Policía detallan las ayudas económicas de las altas instancias castrenses y empresarios a los familiares de los militares implicados en el 23-F. Una nota de la Brigada de Información de Interior del 18 de marzo de 1.981 destaca que desde las altas instancias del Ejército se promovió una campaña de ayuda económica para los familiares de los militares y guardias civiles implicados en el asalto al Congreso de los Diputados. La Policía añade que, además, existía un “elevado malestar en el seno de las Fuerzas Armadas”, que no tolera “cualquier intento de persecución a los referidos militares”, a los que no se menciona expresamente.
Unas de las vías de ayuda económica fue aportaciones a la Asociación de Mujeres de Militares y Policías. El Ministerio del Interior ordenó el bloqueo de la cuenta a nombre de esta asociación en el Banco Central, donde se depositaron “cuantiosas sumas económicas en concepto de donativos” tras el golpe de Estado, destinado a las “familias de los guardias civiles implicados, así como para los herederos de las víctimas de asesinatos”, según indica otra nota informativa del 27 de marzo de 1.981.
A este este auxilio económico también contribuyó un grupo de empresarios, amigos y simpatizantes, que formaron un “fondo común todos los meses” para “paliar las necesidades económicas de las familias de algunos implicados”, que perdieron su condición de militares tras ser procesados, de acuerdo a una nota posterior, del 10 de mayo de 1.983.

Braulio García Jaén
El plan de los “espontáneos” de Tejero: “Un simple hecho terrorista de signo espectacular”
Un documento desclasificado, sin fecha ni firma, atribuye al golpe de los “expontaneos” [sic] del teniente coronel Antonio Tejero un modus operandi entre la conspiración y el comando terrorista: “Si este plan existiere real y efectivamente estructurado, podría activarse fulminantemente con un simple hecho terrorista de signo espectacular”. El documento manuscrito le atribuía a esta operación una alta probabilidad: “Viabilidad del intento: serios temores de que el hecho pueda ejecutarse y que triunfe”.
“Más grave que el intento en sí, sería que se pusiese en práctica y que fracasare o triunfare a medias pues conllevaría”, apunta el mismo escrito, “fractura de la unidad de las Fuerzas Armadas con peligro de guerra civil” y “depuración, desquites y venganzas contra cuadros militares”. El golpe fracasó totalmente y ninguno de esos temores se acabó materializando. Paradójicamente, y quizá por fortuna, el menos sofisticado de las tres operaciones militares en marcha que recogía aquellas notas —los otros dos eran “el golpe de los tenientes generales” y el de “los coroneles”— fue el que se llevó finalmente a la práctica. “Tuvo un amago en la Operación Galaxia”, apunta al hilo del intento previo orquestado también por Tejero.

Pierre Lomba
El error de los golpistas, según uno de los documentos: “Dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero”.
El documento manuscrito titulado “Documentación con una presunta planificación del golpe” y que comienza con un esquema realizado en noviembre de 1980 -todo lo que recoge más tarde, de mismo autor pero distinto bolígrafo no está del todo claro cuándo se escribe- incluye valoraciones sobre una supuesta comunicación, de título“¡¡¡MILITARES ESPAÑOLES!!!”, donde se dan unas “CONSIGNAS SOBRE LO QUE SE DEBE HACER DESPUES DEL 23-F”. Estas parecen incluir conclusiones de los mandos militares tras el fracaso del golpe.
En el documento, el autor subraya que uno de los principales errores ha sido “dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero”. Asimismo, insiste en que “el Rey seguirá adelante en su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar”: “Es por tanto un OBJETIVO A BATIR Y ANULAR”, concluye.

Rocío Martínez Posada
La primera reacción de EEUU: “Es un asunto interno”
En un cable enviado el 9 de marzo a la Embajada estadounidense en Madrid, que resume los comentarios realizados el mismo 23-F por el secretario de Estado, Alexander Haig, a la prensa sobre lo ocurrido en España, el jefe de la diplomacia norteamericana respondió diciendo que era “demasiado pronto para hacer ningún comentario”. “Es un asunto interno”, dijo.
Además, en ese documento diplomático se indica que “el desafío a la democracia española se limitó a un pequeño grupo de gente” porque “la mayoría de las Fuerzas Armadas y del pueblo español permanecieron leales al rey y a la Constitución”. En concreto, destaca que “el papel y el liderazgo del rey Juan Carlos I fueron claramente fundamentales para poner fin a la crisis, y merecen una particular admiración”.
El entonces diputado socialista Enrique Mugica formó parte de una comida con el general Alfonso Armada en octubre de 1980 en Lleida. Durante el juicio, declaró que elaboró un documento para dar parte de esa reunión al líder del partido, Felipe González. En su libro sobre Javier Pradera, el periodista Jordi Gracia reproduce parte de ese documento, en el que Múgica asegura que Armada le transmitió que los golpistas tenían “el aval del área Reagan”, en ese momento aún candidato presidencial.

Rocío Martínez Posada
Reagan valoró “la rotunda y valiente determinación” del Rey
Un día después del golpe, el Departamento de Estado informó de que el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, había hablado por teléfono con el rey Juan Carlos I, sin dar más detalles. Cuatro días después del 23-F, Reagan le envió una carta elogiando “la rotunda y valiente determinación” con la que actuó ante lo que calificó como un “grave desafío a las instituciones democráticas de España”. “El mundo está inspirado no solo por el experimento español de lograr un avance democrático y pacífico, sino también por el espíritu con el que usted ha encarado la atroz conducta de quienes intentaron traer el cambio a la fuerza”, dijo.
El mandatario republicano no dudó en transmitir su apoyo al monarca y a España. “Usted y su pueblo no están solos en su ratificación de los principios de la democracia que han distinguido el ejemplo de hoy de España. Tiene el apoyo de Estados Unidos en sus esfuerzos”, se despidió.
En los documentos desclasificados, solo consta un “proyecto de repuesta” de Juan Carlos I a Reagan, de 10 de marzo, donde le agradece “los elogiosos términos en los que se expresa sobre las instituciones democráticas españolas” y sobre él mismo, al tiempo que asegura que “es alentador para el pueblo español saber que, en sus esfuerzos, tiene a su lado a la gran nación americana”.

Jordi Amat
La comunidad internacional considera que Juan Carlos “se ha convertido en una de las grandes personalidades de la historia” del momento
Entre los documentos desclasificados sobre el 23F está la correspondencia oficial conservada en el Ministerio de Exteriores. En esos archivos pueden consultarse cartas o telegramas recibidos y los borradores de las notas de agradecimiento enviadas con posterioridad por el Rey o el presidente del Gobierno. Queda claro que la comunidad internacional lo identificó como el solucionador de la crisis. El 24 de febrero, desde Washington, el portavoz del Departamento de Estado hizo esta declaración: “El papel desempeñado por el rey Juan Carlos y su conducción de la nación española han contribuido de manera sobresaliente a la solución de la crisis y merecen especial admiración”.
El 25 de febrero la reina Isabel II felicitó a Juan Carlos I. “Envío mis felicitaciones a su majestad y a todos los que han intervenido con tanto éxito para proteger el orden constitucional”. Aquel día el canciller austríaco Bruno Kreisky también le mandó una carta con un gran elogio: “Por su mensaje y su mando histórico, se ha convertido en una de las grandes personalidades de la historia de nuestro tiempo, debiendo todas las democracias de Europa agradecérselo muy especialmente”. El Ministro de Exteriores de la República Federal de Alemania, al dirigirse a su homólogo español, hacía esta valoración de lo ocurrido: “La joven democracia española ha superado una dura prueba. Su Majestad el Rey, el pueblo y las instituciones del Estado solidariamente han defendido el orden constitucional”.

José Nicolás

Captura de las conversiones de la mujer de Tejero.
La mujer de Tejero se refiere al militar como “tonto, desgraciado” decenas de veces: “Me lo han dejado tirado como una colilla”
Los documentos desclasificados este miércoles por el Gobierno relativos al intento de golpe de Estado del 23-F incluyen la transcripción de cintas grabadas de conversaciones de la esposa del teniente coronel Antonio Tejero, Carmen Díez Pereira, con otras personas. En estas conversaciones la esposa del coronel se refiere a su marido decenas de veces como “tonto, desgraciado”.
En una de las llamadas, la mujer contacta con el general Fajardo, que le dice que Tejero ha quedado en llamarla, que se le pasó aviso a las seis de la mañana. “¡Jolines! ¿Y todavía no me ha llamado? ¡Entonces no me llama!”, exclama.
—Nosotros no tenemos más noticias que los que nos está dando la radio –responde Fajardo
—Pues sí, estoy apañá. Voy a llamar otra vez a Valencia al ayudante para que me diga la verdad, si es que me la quiere decir, claro.
—Tranquilízate.
—¿Cómo voy a estar tranquila? Por dios. Si le han dejao como una colilla. Por dios. Si es indigno. Hasta luego
—Adiós.
En otra llamada, Carmen Díez habla con otra mujer, Herminia, a quien dice: “¿Has visto qué asco? Me lo han dejao tirao como una colilla. Me lo han dejao solo, me lo han engañao”.
—Qué cosa más terrible –responde Herminia.
—Qué lástima
—Estate orgullosa porque hombre así…
—Pero hija, si… es un desgraciao, si encima lo tachan de loco y de bandolero y sabe dios… Estoy intentando hablar con mi marido toda la noche y no puedo hablar con él. No puedo, estoy intentando hablar con él y no puedo.

Pierre Lomba
La nota supuestamente preparatoria advierte del “peligro de guerra civil” si un intento de golpe fracasa
Dentro de una nota manuscrita supuestamente preparatoria del golpe y fechada en 1980 se contempla una intervención militar de “expontáneos” (sic) que tiene su antecedente en la Operación Galaxia, intento por el que fue condenado Tejero antes del 23-F. En el documento se recogen los “serios temores de que el hecho pueda ejecutarse y triunfe”, pero subraya: “Más grave que el intento en sí, sería que se pusiese en práctica y fracasase o triunfase a medias, pues conllevaría una fractura de la unidad de las FAS con peligro de guerra civil”.

Elena Reina
1.20 de la madrugada. El Rey habla con Milans: “Cualquier golpe de Estado es contra el Rey”
Ya de madrugada, el Rey mantiene una dura conversación con el general Milans del Bosch, según un relato de los hechos conocidos en Zarzuela elaborado por Defensa, el Rey le da una serie de órdenes, entre ellas que ordene a Tejero que deponga su actitud. Después, mientras Milans recibe estas directrices por teléfono, le responde que “Tejero ya no le obedece”.
El Rey declara: “Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey”: También añade: “Hoy más que nunca estoy dispuesto a cumplir el juramento a la bandera. Por ello, muy conscientes y pensando únicamente en España, te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido”. Y remata: “Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar y será responsable de ello, una nueva guerra civil”.

J. J. GálvezPeriodista
Informes del Cesid sobre la crisis en UCD de 1982: “Poner a su frente a un hombre sin apetencia de poder”
Entre los documentos clasificados se encuentran notas internas del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), precedente del CNI. En uno de ellos, fechado el 4 de junio de 1982 y que tiene como asunto “reacciones ante sentencia 23-F”, se avanza información sobre los supuestos pasos que daría Leopoldo Calvo Sotelo dentro de UCD, partido que entonces encabezaba. “Se nos acaba de informar que la sentencia era conocida por el presidente del Gobierno hace algunos días y que igualmente estaba decidido que el día 15 del presente mes se iba a nombrar nuevo presidente del partido UCD, poniendo a su frente a un hombre gris que no hubiera destacado en política y que no tenga apetencia de poder”, reza la nota.

Dani Cordero
“Por encima de todo se pretende que la Corona no salga lesionada del proceso” judicial
Una nota del Cesid de febrero de 1982 señala, ateniéndose a fuentes en círculos castrenses, que la Casa Real mantuvo contactos con Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch para intentar conocer cuáles iban a ser sus posiciones durante el juicio. El objetivo: “Sobre todo se pretende que la Corona no salga lesionada del proceso” judicial, apunta la nota del CESID, que señala ese interés en salvar la imagen del rey “al menos de los principales procesados y de reconocida vocación monárquica”.
El centro asegura que “alguien muy importante” de la Casa Real se entrevistó con Armada e igualmente lo intentó con Milans del Bosch, si bien este reclamó un encuentro en persona con el rey, sin intermediarios, que, según las fuentes del centro de inteligencia, “en efecto el Rey se ha entrevistado confidencialmente con el T. G. Milans del Bosch”. El Cesid subraya en la nota que la información no es “un rumor popular”.

Miguel GonzálezCorresponsal diplomático y de Defensa de EL PAÍS

Informe sobre la participación de miembros de la AOME (CESID) en el 23F.
Un informe del servicio secreto admite que seis de sus agentes estuvieron implicados en el golpe
“De las investigaciones realizadas se ha podido comprobar que algunos miembros de esta Unidad participaron activamente en los hechos del 23 de febrero”, admite el informe interno del Cesid (Centro Superior de Información para la Defensa), antecesor del servicio secreto CNI, sobre la participación de miembros de la AOME (Agrupación Operativa de Misiones Especiales), que dirigía el comandante José Cortina, en los hechos del 23 de febrero de 1981. “Esta participación se concreta en número de 6 personas que o bien conocían los hechos antes del 23 o que planificaron un apoyo operativo que lo llevaron a efecto y que posteriormente trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos del día 23”, explica.
El documento cita a los capitanes Gómez Iglesias y García Almenta, al sargento Miguel Sales y al cabo Rafael Monge Segura como los agentes que conocía los hechos antes de que ocurrieran, mientras que del comandante Cortina señala que “no está comprobado que lo supiera, pero hay indicios de que así fuera”.
Respecto a su participación el día de autos, García Almenta “dispuso de los medios, emisores, receptores y vehículos” y los distribuyó al sargento Miguel Sales y a los cabos Rafael Monge y José Mayo “para el apoyo de la columna que se dirigió a las Cortes”. Además, Gómez Iglesias se mantuvo en contacto con Almenta y dirigió al cabo Monge en la marcha hacia el Congreso, mientras que el sargento Sales y el cabo Moya realizaron tareas de control en la zona de las Cortes. “No se conoce ninguna actividad directa del comandante Cortina en relación con los hechos del día 23”, insiste.
“Fracasado el golpe de Estado, en la unidad se dio orden de activar la Operación Mister, se corrigieron fechas, con lo que se justificaban los movimientos de personal de la Unidad”, agrega. De todos ellos, solo el capitán Gómez Iglesias fue condenado a seis años de cárcel por su implicación en el 23-F, mientras que el comandante Cortina fue juzgado y absuelto. El capitán García Almenta, el cabo Monge y el cabo José Moya causaron baja en el servicio secreto y otros cuatro guardias civiles en la AOME. “En el resto de la unidad se puede afirmar que no había más personas que en mayor o menor grado estuvieran implicadas. Contribuyó a esto que los agentes implicados estaban a las órdenes directas del capitán García Almenta”, alega. El informe, que no tiene fecha ni firma concluye dejando constancia de esta información: “Se conocen contactos del comandante Cortina con el Nuncio de Su Santidad y con el embajador de EE UU [en España] Mr. Todman en fechas previas al día 23, según manifestó el capitán Gómez Iglesias”.

Elena Reina
22.35 horas del 23-F. En Zarzuela rechazan la solución “Armada”
El 23-F, Armada acudió al Congreso con la autorización hecha a las 23.40 del jefe del Estado Mayor del Ejército, José Gabeiras, quien declaró ante el juez militar que su único encargo fue “negociar la entrega” de Antonio Tejero, el teniente coronel que había irrumpido a tiros en la Cámara a las 18.20 de la tarde, y prometerle “un avión para salir al extranjero con su familia”.
Según Gabeiras, la misión incluía la “prohibición absoluta de expresar su oferta de presidir el Gobierno” —lo que en la conversación se refieren como “solución Armada” —pero fue de ese supuesto gobierno de salvación de lo que le habló a Tejero, según consta en las conversaciones desde el Congreso y en las que recoge el Ministerio de Defensa sobre el relato de hechos desde la Zarzuela desclasificadas este miércoles.

Nuria Morcillo
Paisanos armados preparados para salir a la calle
En la noche del 23F, José Antonio Assiego, promotor del sindicato Acción Sindicalista Nacional del Trabajo (ASNT), estaba preparado para salir a la calle al frente de unas varias decenas de paisanos armados, “algunos de ellos verdaderos pistoleros”. Una nota informativa del 14 de abril de 1981 del Ministerio de Defensa sobre las “relaciones entre algunos militares y paisanos armados”, se señala que el ultraderechista controlaba a unos 40 hombres “profesionales de la ruptura de huelgas por la violencia y habitualmente armados” y que, al parecer, esperaba la orden de Ricardo Garchitorena, coronel que habría intentado “hacerse con el control del Gobierno Militar [de Madrid] apoyado por un grupo de paisanos armados” y que fue sometido a un proceso judicial por la creación de “grupos armados” para actuar en el País Vasco.

Pierre Lomba
La operación de los coroneles, una acción “imparable” y con el posible apoyo de Fraga, según una nota presuntamente preparatoria de 1980
Siempre se ha atribuido al CESID (precedente del CNI) la elaboración de un informe sobre “operaciones en marcha”. Dentro de las notas manuscritas presuntamente preparatorias del golpe, de noviembre 1980, aparece un croquis de “operaciones en marcha”, donde se prevén tres intervenciones militares: de los tenientes generales, de los coroneles y de “los “expontáneos” (sic).
Los coroneles, afirma el documento cuya autoría no se detalla “no operan con prisas”, en “conspiraciones de café”. Estos conspiradores, insisten en la nota, “entienden que no solo UCD ha de quemarse, sino también su alternativa, el PSOE”. En este epígrafe se detalla también que “se rumorea que Fraga está también en relación con este grupo conspirador”, que “no son monárquicos y piensan en una república presidencialista”. “Si la situación se desarrolla según sus pronósticos, LA ACCIÓN SERÁ IMPARABLE”, concluyen.
Por último, la nota, sacada de los archivos de la Guardia Civil, contempla la posibilidad de una intervención de “expontáneos”, que tuvo un amago en la Operación Galaxia, conspiración de 1978 por la que fue detenido y encarcelado Tejero.

Elena Reina

Fragmento de la conversación entre el secretario general del Rey, Sabino Fernández Campo, y Tejero, que se encuentra en el Congreso de los Diputados.
20.20 horas del 23-F. La Zarzuela a Tejero: “Depón tu actitud inmediatamente”
En un relato de los hechos conocidos en Zarzuela, elaborado por el Ministerio de Defensa, la noche de los hechos se reproduce un fragmento de la conversación entre el secretario general del Rey, Sabino Fernández Campo, y Tejero, que se encuentra en el Congreso de los Diputados. Son las 20.20 horas. El secretario le pregunta: “¿Qué pretendes? Depón tu actitud inmediatamente”. Y Tejero responde que no recibe más órdenes que de Milans del Bosch. El secretario insiste y “repite varias veces”: “Pero tú has invocado el nombre de S.M el Rey, ¿por qué?, ¿por qué?”. Tejero cuelga.

J. J. GálvezPeriodista

23F. Conversaciones telefónicas de la Unidad Militar de El Pardo.
Las órdenes a los soldados que tomaron la televisión: “Tirar a matar”
La documentación desclasificada este miércoles incluye conversaciones telefónicas de soldados que participaron supuestamente en la entrada en Televisión Española. Entre las grabaciones destaca la de un militar que cuenta a su interlocutor cómo su “capitán” le movilizó el 23-F. Durante la charla, el soldado detalla las ordenes que recibió y cómo le llegaron a indicar que, si se daba el caso, “disparara a matar”. “Pues tocaron alarma y preparar todo, petates, la virgen, como para marcharse […] Venga a Televisión y órdenes de no hablar con nadie; el primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada”.
—O sea, que vosotros fuisteis los que tomasteis la televisión, ¿no? —le pregunta en un momento al soldado su interlocutor.
—Sí, sí, sí. Nosotros fuimos. —responde el militar.
—La gente, ¿qué decía? Con los soldados, ¿qué decían? El capitán estaría frenético, ¿no?
—Fíjate. Pues tirar a matar. Con eso ya te lo he dicho todo.

Jordi Amat
Juan Carlos en una reunión con el Presidente del Gobierno, 10 meses después del 23-F: “Las Fuerzas Armadas no obtuvieron beneficios destacados después de su victoria en una triste guerra civil”
El sábado 12 de diciembre de 1981 el Rey se reunió con el Presidente del Gobierno y el Ministro de Defensa. El guion de la conversación lo envío Sabino Fernández Campo a Emilio Alonso Manglano -director del CESID- dos días después. El interés principal de Juan Carlos era conocer “con la máxima claridad y franqueza” cuáles eran los sentimientos de las fuerzas armadas en aquel momento.
En esa reunión realizó este juicio histórico sobre el ejército: “Unas Fuerzas Armadas vencedoras en una triste guerra civil, que no obtuvieron beneficios destacados después de su victoria y que durante cuarenta años sirvieron a España con espíritu de sacrificio, estaban acostumbradas -esos~- al mayor respeto, a la más destacada consideración, a la protección de su dignidad por parte de los distintos sectores de la Nación.” Consideraba que la prensa está desestabilizando el Ejército antes de la celebración del Consejo de Guerra. “La situación militar es hoy delicada”. La vista oral comenzó el 19 de febrero de 1982.

Pierre Lomba

Documento planificación del 23F desclasificado.
El “ruido de sables”: las operaciones en marcha que recogen las notas manuscritas previas al golpe
Dentro de uno de los documentos desclasificados este miércoles, datado de 1980, se recoge un croquis titulado “operaciones en marcha”, donde aparecen hasta tres posibles operaciones militares: de los tenientes generales, de los coroneles y de “expontaneos” (sic). Sobre el primero, el documento manuscrito afirma que su probabilidad es alta si se produce un “deterioro rápido de la situación”: “La intervención vendrá de forma institucional, mediante EL PRONUNCIAMIENTO”.

El País
El Gobierno publica los documentos desclasificados del 23-F
El Gobierno acaba de publicar en la página web de La Moncloa los documentos desclasificados del golpe de Estado fallido del 23-F. Como anunció el martes la portavoz del Gobierno, Elma saiz, se trata de 153 unidades documentales, “todo lo que se ha encontrado” sobre la intentona, procedentes de los archivos de los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores.

Laura Llach
Bolaños sobre la desclasificación de documentos del 23-F: “Saldamos una deuda con la democracia”
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha sostenido a su salida del Congreso este miércoles que “es un día muy importante porque [con la desclasificación de los documentos del 23-F] se salda una deuda con la democracia, con la memoria y con la transparencia”. “Con la ley vigente todavía hoy en España, que es de 1968, preconstitucional, los gobiernos pueden no desclasificar nunca y los secretos pueden ser para siempre” ha dicho el ministro y ha añadido: “Creo que es muy bueno que esté ya en tramitación parlamentaria una nueva ley de información clasificada que lo que hace es que establece estándares europeos para nuestro país para que los secretos clasificados se puedan conocer por la ciudadanía pasado un tiempo y siempre que no afecte a la seguridad nacional”.

José Nicolás
Felipe González, sobre el papel del Rey el 23-F: “Juan Carlos fue absolutamente determinante en el restablecimiento sin interrupción del régimen de libertades”
El expresidente del Gobierno Felipe González ha participado este miércoles en el Senado en la presentación del libro El Rey (Tecnos), donde ha defendido el papel de Juan Carlos I en el intento de golpe de Estado del 23-F, del que hoy se desvelan un centenar de documentos. González ha asegurado que “el papel del rey Juan Carlos fue absolutamente determinante en el restablecimiento sin interrupción del régimen de las libertades básicas de todos los ciudadanos”. “Su papel no fue ejemplar, fue algo más: en ningún momento de ese intento de golpe de Estado España se quedó sin las libertades garantizadas en la Constitución”, ha defendido el expresidente socialista.
Felipe González ha aprovechado la ocasión de la desclasificación de los documentos del 23-F para pedir que se desclasifique “todo de verdad y que haya una ley que lo garantice todo”. González se ha referido en este punto a “una ley que de verdad se parezca a las de los países democráticos para que haya de verdad un límite a esta extraña situación en la que vivimos en que hay supuestos secretos de Estado que se encuentran en otras cancillerías pero no se encuentran en España”, pues ha explicado que conoce libros de investigadores que hallan más información sobre el 23-F en Londres, en París o Moscú que en España.
“Esa anomalía la tenemos que superar, de verdad”, ha apuntado antes de añadir que le gustaría que “se conociera todo el proceso, sobre todo para comprender el papel del rey Juan Carlos”. “¿Tardó mucho en reaccionar? ¿Pero quiénes son los bobos que de verdad no saben lo que es la política? ¿Los que son incapaces de comprender que tenía que pulsar cuál era la pulsión de todos? ¿Había alguna tentación de otra naturaleza? No. Pudo haber trampas y engaños, pero tentación de otra naturaleza no. Lo tenía absolutamente claro el rey Juan Carlos”, ha indicado el expresidente que ha pedido “hacer justicia a los comportamientos de los seres humanos incluso cuando son reyes”.

El País
Los “voluminosos” archivos del 23-F serán públicos a partir de las 12.30, según Bolaños
El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha avanzado este miércoles que los archivos clasificados del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 serán públicos a partir de las 12.30 y ha advertido de que se trata de una documentación “muy voluminosa”.
En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Bolaños ha recordado que todos los archivos que obran en poder de los ministerios en relación con el 23F podrán ser consultados en la página web de Moncloa.
El Gobierno ha explicado que los documentos que se van a desclasificar son los que hasta ahora estaban custodiados en los departamentos de Defensa, Exteriores e Interior. “Hoy es un día muy importante para la democracia porque saldamos una deuda con la democracia, con la memoria y con la transparencia”, ha destacado el titular de Presidencia.
Ha reiterado la intención del Gobierno de aprobar además la nueva ley de información clasificada que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria al considerar que “es tratar a los ciudadanos como lo que son: mayores de edad”. “Nuestros ciudadanos son mayores de edad, tienen derecho a conocer esa información”, ha insistido el ministro, para quien la nueva ley es una “prioridad”. (EFE)

El País
Bildu pide que se levante el secreto de “sucesos y crímenes de suma importancia para la ciudadanía vasca”
La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha pedido al Gobierno que levante el secreto de “sucesos y crímenes de suma importancia para la ciudadanía vasca”, a raiz de la publicación de los archivos del 23-F. “Frente a lo que llevan años sosteniendo, estos secretos se pueden desclasificar con voluntad y decisión política. acaban de probarlo y consideramos positiva esta decisión, pero no basta. No basta porque aún hoy siguen bajo secreto sucesos y crímenes de suma importancia para la ciudadanía vasca y nuestra historia. Muchos de ellos más antiguos que el 23-F”, ha pedido Aizpurua.
Sánchez en respuesta ha recordado que está en tramitación parlamentaria la ley de Información que supone la derogación de la ley preconstituional de secretos oficiales. “Es una ley que establecería, en caso de ser aprobada por estas Cortes Generales, un marco claro con criterios claros, con plazos, con procedimientos de revisión y que, además, haría algo muy importante, y es situar a España a nivel de las democracias más avanzadas en el ámbito de la transparencia y de la gestión de Secretos Oficiales”.

El País
Feijóo, a Sánchez: “Si sigue así, nos intentará hacer creer que el 23-F lo paró usted”
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que el 23-F “había un presidente que luchaba contra el terror”, mientras que ha acusado a Pedro Sánchez de “pactar con los terroristas, llevarlos a Moncloa y excarcelarlos para seguir siendo presidente”. Ha acusado al presidente de “arrasar con todo” y de mentir. “Si sigue así, nos intentará hacer creer que el 23-F lo paró usted”, le ha dicho.

El País
Urtasun, sobre la desclasificación del 23-F: “Aunque tarde, el Gobierno está haciendo su trabajo”
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido que, “aunque tarde, el Gobierno está haciendo su trabajo” con la desclasificación de los documentos del 23-F aprobada el martes por el Consejo de Ministros. Además, ha expresado su esperanza de que España supere el “marco legislativo” relativo a la información clasificada definida por la ley de secretos oficiales de 1968. “En materia de memoria, tenemos muchísimas cosas por hacer, nos queda abrir información pública sobre episodios clave de nuestro país a la investigación”, ha dicho.
“Lo que deseo, es que la documentación que tiene la administración esté a disposición de historiadores y periodistas para investigar”, ha afirmado Urtasun en una entrevista en TVE, en la que ha admitido que “en España no hemos hecho esto bien, tenemos capítulos importantes de nuestra historia con información clasificada y una ley de secretos oficiales de 1968, levemente retocada en los 70”. Ha dicho que muchos investigadores refieren al Gobierno que el “marco legislativo [relativo a secretos oficiales] no es adecuado”, por lo que aboga por adaptarnos a los “estándares del siglo XXI”. En este sentido, ha dicho que “el Gobierno ya ha traído al Congreso una nueva ley [de información clasificada]” y ha confiado en que “en pocos meses los grupos le den su visto bueno”.

El País
El Gobierno difundirá este miércoles “todos” los documentos hasta ahora clasificados que ha “encontrado” sobre el 23-F. Se trata de 153 “unidades documentales” procedentes de archivos de Interior, Defensa y Exteriores y en las que no hay grabaciones de audio, pero sí transcripciones, según han aclarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En España, 24,7 millones de personas, la mitad de la población, nació después del intento de golpe de Estado. Esta es una guía de los personajes y momentos clave del 23-F.

El País

El BOE publica la desclasificación de documentos del 23-F
El Boletín Oficial del Estado de hoy publica el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se acuerda la desclasificación de los documentos relativos al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, llevado a cabo por el teniente coronel Antonio Tejero, por entender que ya no suponen un “riesgo para la seguridad y defensa del Estado”. La publicación del BOE es tan solo del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de ayer, pero el acceso a los documentos está previsto a partir de las 12:00 horas del mediodía en la página web de La Moncloa.
El acuerdo es para “desclasificar cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado” del 23-F. Y se hace, según el BOE, a propuesta de los ministros de: Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de la ministra de Defensa, y del ministro del Interior. En el texto, de tres páginas, se alega que los años pasados desde el intento de golpe de Estado –cuyos autores fueron definitivamente condenados por un delito de rebelión militar por el Tribunal Supremo en la sentencia del 22 de abril de 1983– permiten que la información referente a estos hechos se desclasifique “sin generar ningún riesgo real y presente”. (EP)
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