La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este martes que Wells Fargo ya no está sujeto a la restricción de crecimiento de activos impuesta por el supervisor en 2018 contra el banco. La Reserva Federal determinó que Wells Fargo ha cumplido todas las condiciones exigidas por la medida coercitiva de 2018 para la eliminación de ese corsé que durante siete años le ha impedido aumentar el tamaño de su balance y ha condicionado su gestión.

La Reserva Federal le impuso esa restricción en respuesta a los generalizados abusos sobre los consumidores, incluida la apertura de cuentas sin consentimiento, y otras infracciones normativas cometidas por la entidad. El supervisor exigió al banco que mejorara su programa de gobernanza y gestión de riesgos y que sometiera dichas mejoras a una revisión externa para que se levantara ese veto al crecimiento.

La sucesión de escándalos llevó a la Reserva Federal a limitar sus activos a 1,95 billones de dólares, el tamaño de su balance en 2017, hasta que pudiera demostrar que protege a sus clientes frente a los abusos. La imposibilidad de crecer ha privado a la entidad de miles de millones de dólares de beneficios. El banco ha celebrado la decisión, que se venía esperando desde hace meses.

“La decisión de la Reserva Federal de levantar el límite de activos marca un hito fundamental en nuestro camino hacia la transformación de Wells Fargo. Hoy somos una entidad diferente y mucho más fuerte gracias al trabajo que hemos realizado”, afirmó Charlie Scharf, consejero delegado de Wells Fargo, a través de un comunicado. “Además, hemos cambiado y simplificado nuestra combinación de negocios, y hemos transformado el equipo directivo y la forma en que gestionamos la entidad. Hemos invertido metódicamente en el futuro de la entidad, al tiempo que hemos mejorado nuestros resultados financieros y nuestro perfil. Estamos muy ilusionados por seguir adelante con nuestros planes para aumentar aún más la rentabilidad y el crecimiento de forma deliberada, con el respaldo de los procesos y los cambios culturales que hemos llevado a cabo”, añadió.

Los escándalos en las operaciones de consumo de Wells Fargo estallaron en 2016 con la revelación de que los empleados podrían haber abierto millones de cuentas falsas para cumplir los objetivos de ventas. Los problemas de la entidad crecieron a medida que ssalían a la luz nuevas irregularidades en líneas de negocio como las hipotecas y los préstamos para automóviles. Las irregularidades se extendieron como mínimo desde 2002 a 2016 e incluían crear registros falsos o apropiarse indebidamente de identidades. La dirección sabía del problema de las cuentas ficticias desde años antes de que estallara un escándalo que generó un gran revuelo político.

Scharf celebró este martes el paso como un gran hito para los 215.000 empleados de la entidad. “Como muestra de nuestro agradecimiento por lo que hemos logrado juntos, todos los empleados a tiempo completo de Wells Fargo recibirán una gratificación especial de 2000 dólares. Para la mayoría, será en forma de concesión de acciones restringidas. Un premio de 2000 dólares significa cosas diferentes para cada persona, pero queríamos que todos, incluidos los cajeros, los representantes del centro de atención al cliente, los asistentes administrativos, el personal de operaciones, los banqueros, los asesores financieros y el personal corporativo, tuvieran la oportunidad de ser propietarios de una parte de Wells Fargo y, con suerte, beneficiarse de nuestro éxito futuro”, explica.

Las acciones del banco subieron con fuerza este martes tras el anuncio, fuera del horario habitual de contratación. Algunas otras restricciones impuestas por la Reserva Federal siguen en vigor. La eliminación de la restricción de crecimiento refleja los importantes avances que ha realizado el banco para subsanar sus deficiencias y que ha cumplido las condiciones necesarias para la eliminación de dicha restricción, dice el supervisor. Las demás disposiciones de la medida coercitiva de 2018 seguirán vigentes hasta que el banco cumpla los requisitos para su derogación.

Wells Fargo acordó pagar 3.000 millones de dólares para zanjar las investigaciones estadounidenses sobre más de una década de abusos generalizados contra sus clientes. Luego, el banco aceptó en 2024 pagar 3.700 millones de dólares para zanjar demandas por irregularidades en la gestión de hipotecas, préstamos para la compra de automóviles y cobro abusivo de comisiones. También llegó en 2023 a un acuerdo pagar 1.000 millones de dólares (algo más de 900 millones de euros) a los accionistas en su intento de resolver una demanda colectiva relacionada con el escándalo de las cuentas no autorizadas de la entidad en 2016.

El BBVA se defiende y pone el acento en el intrincado proceso de aprobaciones regulatorias que ya ha cumplido su opa hostil sobre el Sabadell semanas antes de que el Gobierno se pronuncie. El responsable de su negocio en España, Peio Belausteguigoitia, ha ponderado, como ejemplo final, que los compromisos asumidos con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para desbloquear la transacción también asumen el interés general, que es lo que esgrime a su vez el Ejecutivo para estudiar a fondo la operación en la mesa del Consejo de Ministros.

Belausteguigoitia ha destacado —en su intervención en un foro organizado este martes por IESE y FTI Consulting— que estos compromisos abarcan el acceso al crédito de pymes y autónomos, la cohesión territorial o la inclusión financiera, todas ellas cuestiones que preocupan al Gobierno. El directivo del BBVA ha puesto como ejemplos las medidas anunciadas y pactadas con la CNMC como no cerrar oficinas sin competencia a una distancia superior a 300 metros, en municipios con una renta per cápita inferior a 10.000 euros y de menos de 5.000 habitantes, en cuanto a la cohesión territorial y la inclusión financiera.

Por el lado de la protección a clientes vulnerables, ha resaltado la oferta de una cuenta sin comisiones. Y, con respecto al crédito, ha recordado que se han comprometido a mantener las líneas de circulante por tres años, ampliable a dos más; también en el crédito a medio y largo plazo para las que tengan una cuota agregada de los dos bancos del 85% y del 50% en Cataluña y Baleares, lo que en su opinión cubre la mayoría de las pymes.

Una vez que la CNMC dio el visto bueno a la transacción y se impusieron una serie de condiciones (remedies, en la jerga), le toca el turno de pronunciarse al Gobierno, que se ha situado en contra de la operación desde su mismo anuncio, hace ya un año. El Ministerio de Economía, tras haber lanzado una consulta pública para recabar opiniones de la ciudadanía al respecto, decidió la semana pasada elevar al Consejo de Ministros la decisión, en lo que supone la última piedra de un largo proceso de revisiones. El conjunto del equipo de Gobierno puede ahora imponer nuevos remedies por cuestiones de interés general y tiene para ello hasta el 27 de junio.

“Son compromisos muy robustos respaldados por la CNMC por unanimidad, que responden a cuestiones de competencia, a la inclusión financiera, la cohesión territorial y la protección de los clientes vulnerables”, ha mencionado el representante del banco que lanzó la opa. En este contexto, ha numerado hasta 27 las autorizaciones que ya ha obtenido, destacando la de la CNMC y del Banco Central Europeo.

Después de todo ello, y tras el análisis final del Gobierno, será el turno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), quien deberá avalar el folleto de la operación. Y finalmente, una vez fuera de los organismos e instituciones, la operación volverá a los verdaderos protagonistas: los accionistas del Sabadell, que dirimirán si acuden o no a la oferta de canje del BBVA, en un plazo de entre 15 y 70 días a elegir por el BBVA.

Belausteguigoitia ha defendido que el sentido estratégico de la transacción es el crecimiento, “sumar las fortalezas de ambas entidades financieras y conseguir que la entidad resultante sea mejor que la individual”. Con respecto a ese interés general por el que debe velar el Gobierno, ha destacado la unión del BBVA y del Sabadell. “Es positiva para clientes, empleados y para el conjunto de la sociedad y el país“, ha defendido, así como que los accionistas del Sabadell puedan decidir ”pronto”.

Entre otras cuestiones, el directivo del banco de origen vasco también ha abogado por la necesidad de que Europa trate las reformas necesarias que permitan consolidar la unión bancaria y propicien a las entidades ganar tamaño, de forma que sean más solventes y rentables y puedan canalizar las inversiones que Europa requiere. Y ha recordado que de los 20 mayores bancos del mundo, ninguno es europeo.

No será hasta mañana cuando el Sabadell le dará la réplica en este mismo foro. Pero justo después de la intervención de Belausteguigoitia, el papel de las entidades medianas lo han defendido el presidente de Ibercaja, José Serrano, y el de Unicaja, José Sevilla. Este último ha definido la fusión que protagonizó con Liberbank como muy compleja: “Ahora están de moda las fusiones. Puede haber fusiones complejas, menos complejas, más complejas”, ha afirmado. Por el lado de Ibercaja, Serrano ha afirmado que podría analizar una operación corporativa y ver si es beneficiosa estratégicamente para la entidad y, sobre todo, si el socio mayoritario pudiera seguir siéndolo. Sin embargo, ha señalado que no hay ninguna operación encima de la mesa.

Finalmente, también ha intervenido el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, quien ha urgido a las autoridades europeas a dar los pasos necesarios para completar la unión bancaria, con una mutualización de los sistemas de garantía de depósitos, así como ha defendido la fortaleza de los bancos del sur de Europa en este marco. “Cuando se lleva a los supervisores, en los Gobiernos sigue habiendo una reticencia enorme a ceder parcelas de pequeña soberanía por el bien de tener una unión de capitales de verdad”, ha sostenido.

Con respecto al proceso de simplificación regulatoria que desarrolla Europa, Gortázar ha propuesto la existencia de unas normas claras y dejar más margen a los bancos en los detalles. También ha reclamado una simplificación y reducción del número de supervisores.