La Abogacía del Estado considera que las conclusiones a las que ha llegado el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado para proponer sentar en el banquillo a Álvaro García Ortiz son “patentemente erróneas” e incluyen imputaciones “infundadas o voluntaristas” que carecen “de toda base o fundamento”. Así lo expresa la defensa del fiscal general en el recurso que ha presentado contra la decisión del juez de dar por cerrada la instrucción de la causa abierta a García Ortiz por la supuesta filtración de un correo electrónico vinculado a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal.

García Ortiz, al igual que la Fiscalía y fiscal jefa provincial de Madrid, ha recurrido directamente ante la Sala de Apelación, formada por tres magistrados, y ha descartado impugnar el auto ante el propio Hurtado (en reforma), al considerar que no había ninguna posibilidad de éxito. En un escrito de 72 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Abogacía alega que los hechos que se atribuyen al jefe del ministerio público no son delito y que ya que cuando este recibió el correo electrónico que centra la investigación -enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de la pareja de Ayuso al ministerio público- la información que recogía ya era conocida por varios periodistas, según han declarado ante el juez los redactores citados como testigo. Además, según la Abogacía, en el caso de que la difusión de ese correo fuera delictiva, no hay indicios suficientes para considerar que el autor de la filtración fue el fiscal general.

La defensa de García Ortiz recalca que, tras ocho meses de instrucción, y a pesar de que se han hecho actuaciones “de carácter invasivo” como el registro del despacho de los dos fiscales imputados, el juez “no se ha acopiado apenas ninguna novedad” que corrobore su tesis de que el fiscal general filtró el correo en el que el abogado de González Amador admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía a la Fiscalía un pacto que le librara de entrar en la cárcel. Si no se han recabado indicios, advierte la Abogacía, “no se debe a que no se haya hecho lo posible para llegar a otro resultado. Se debe a que no hay otro resultado posible para el inocente que el de constatar su inocencia”.

Según la Abogacía, lejos de lograr indicios de culpabilidad del fiscal general, se ha obtenido “un conjunto de material probatorio de descargo ante el que palidece irremisiblemente el escaso acopio incriminatorio obtenido, dado el esfuerzo realizado”. Entre estas pruebas, la defensa de García Ortiz cita el testimonio de muchos periodistas, de distintos medios de comunicación, “en actividad que no puede ser concertada” y que, en algunos casos, viene reforzada por mensajes de WhatsApp que constatan que los redactores conocieron los detalles del pacto que proponía González Amador antes de que el correo que los recogía llegara al fiscal general. La Abogacía señala también la publicación de varias noticias sobre las negociaciones de conformidad que la Guardia Civil no ha incluido en sus informes ni el juez en sus autos; y “ciertas inexactitudes cuando no falsedades” de la pareja de Ayuso o su abogado en la querella con la que se inició la causa.

Según la Abogacía, todos estos elementos solo pueden llevar a una conclusión: a lo largo del 12 de marzo de 2024, el día que elDiario.es publicó que la Fiscalía había denunciado por fraude a Hacienda a González Amador, se desveló, también por fuentes del entorno de la defensa y en respuesta a esa publicación, que había negociaciones de conformidad entre el la pareja de la presidenta madrileña y la Fiscalía. Y la instrucción ha acreditado, recuerda la defensa de García Ortiz, que el fiscal general no recibió el correo que detallaba ese pacto hasta el día siguiente (a las 21.59 del 13 de marzo).

La defensa del jefe del ministerio público advierte también en su escrito de que, incluso “en el hipotético caso” de que la información sobre González Amador siguiera siendo secreta cuando García Ortiz la recibió, no existen “indicios racionales de criminalidad” contra el fiscal general. La Abogacía asegura que el juez insiste en que hay “múltiples indicios incriminatorios —se mencionan en casi todos los fundamentos—, pero en ningún momento se concretan hechos, datos objetivos o elementos fácticos que justifiquen la imputación” de García Ortiz. “Habría bastado con enumerarlos por puntos —aunque fuera de forma sucinta—, lo que habría evidenciado, por su escasez, la parquedad de las fuentes incriminatorias efectivamente disponibles”, asegura el abogado del Estado.

El escrito pone también el foco sobre afirmaciones incluidas por el juez en el auto por el que dio por terminada la instrucción que, en su opinión, carecen “de sustento fáctico”. Entre ellas, destaca que Hurtado sostenga que García Ortiz filtró el correo de la pareja de Ayuso “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”. “Las diligencias de instrucción practicadas no permiten realizar tal inferencia”, apunta la Abogacía que, entre otros argumentos, recuerda que el escrito supuestamente recibido por el fiscal general tiene distinta tipografía y formato que el que supuestamente le envió la ex alto cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera al entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato.

La Abogacía reprocha también en su escrito que Hurtado elaboró el auto por el que propone juzgar a García Ortiz antes de leer el escrito presentado por su defensa en el que pedía el archivo del caso. Según expone en el recurso el abogado del Estado, su petición de sobreseimiento, de 42 páginas, se le notificó al juez a las 10.04 del lunes 9 de junio. Y apenas 90 minutos después, a las 11.35, el instructor notificó su auto. “La conclusión se impone: el auto de 9 de junio de 2025 estaba ya redactado antes de recibir formalmente el escrito de esta parte, incorporándose con posterioridad únicamente fórmulas genéricas de desestimación para aparentar —al menos en lo formal— una valoración judicial de nuestro escrito de sobreseimiento […] que en realidad nunca existió“, señala la Abogacía, para quien esta forma de actuar vulnera de manera directa el derecho constitucional a una resolución motivada y a un proceso con todas las garantías.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un recurso en el que, escudada por las publicaciones de la prensa, la declaraciones de los testigos y un informe de la UCO, pide el archivo de la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El documento, firmado este viernes, señala que, antes de que García Ortiz tuviera acceso a los correos donde la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso admitía dos delitos fiscales y proponía a la fiscalía un acuerdo de conformidad, “una pluralidad de personas” conocieron su contenido y, en algunos casos, tuvieron acceso a dichos mails. Por ello, si García Ortiz tuvo en su poder los correos después de que otras personas lo conocieran, entre ellos varios periodistas, no puede ser investigado por un delito de revelación de secretos, si se tiene en cuenta la jurisprudencia sentada por el alto tribunal en la sentencia 866/2008: “Cuando se revela un secreto, y más aún si el destinatario de lo revelado es un profesional de la información, el secreto o la información reservada ha dejado ya de serlo”. Del mismo modo, la Fiscalía del Supremo carga contra el juez instructor, Ángel Hurtado, por concluir en su auto “sin ningún sustrato probatorio” que Presidencia ordenó al fiscal general filtrar a los medios la información de la pareja de Díaz Ayuso.

El escrito adjunta una conversación del grupo WhatsApp de los periodistas de tribunales del medio de comunicación La Sexta que evidencia que el canal de televisión tuvo en su poder la información sobre la pareja de Díaz ayuso a las 21.54 horas del 13 de marzo de 2024, cinco minutos antes de que los mails de Alberto González Amador llegasen a manos del fiscal general. “Esta divulgación es omitida por el Instructor en el auto de 9 de junio de 2025, que ahora se recurre, señalándose como primera filtración la publicada por la cadena Ser a las 23:24 horas y a la 23:51 horas”, según consta en el recurso.

Hurtado se ha aferrado hasta ahora a que García Ortiz filtró los correos al periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos, a pesar de que en la declaración del reportero como testigo en la causa lo negó tajantemente. El instructor también ha pasado por alto las declaraciones de los cuatro periodistas de EL PAÍS de que, 31 horas antes de que lo conociera García Ortiz, tuvieron noticia de que Alberto González Amador negociaba con la Fiscalía un pacto de conformidad en el que reconocía sus delitos fiscales. Los argumentos de Hurtado para no considerar estos testimonios son que no aportan suficientes pruebas.

La fiscalía argumenta en su recurso que los correos habían sido remitidos también a la Abogacía del Estado ese día, según admitió ante Hurtado el abogado de González Amador, y a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastrara de Inés. Lo que, según la Fiscalía del Supremo, rechaza el argumento de que la filtración a los periodistas solo podría haber llegado por dos canales: el fiscal general y el abogado de la pareja de Díaz Ayuso.

En esta línea, el recurso apunta del informe de la UCO, que constata que “el contenido de dicho correo era conocido bastante antes de que se divulgase por la Cadena SER, por otras personas y que la investigación por ellos llevada a cabo no había posibilitado obtener ninguna prueba sobre que la filtración hubiese partido del fiscal general del Estado”.

Del mismo modo, el documento señala que García Ortiz y María Pilar Rodríguez, acordasen conjuntamente filtrar dicha información a los medios. En cuanto a la nota de prensa que la fiscalía publicó el día siguiente de conocerse los correos —que el Tribunal Supremo descartó investigar, pero a la que alude extensamente Hurtado en el auto de este lunes— afirma que asunto era de “indudable relevancia”, ya que trataba de desmentir “informaciones demostradas como falsas que imputaban a la institución una actuación anómala por motivos políticos” de la Fiscalía.

El recurso también advierte que la acusación sostenida por Hurtado de que García Ortiz y Pilar Rodríguez siguieron “indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno” no aparece “en ninguna de las múltiples resoluciones y actos procesales existentes en la causa”, “que ninguna prueba se ha propuesto para acreditar o desvirtuar tal extremo”, ni tampoco se ha preguntado “a los investigados ni se les haya informado de tal imputación que se introduce ex novo en el auto que se recurre”. El texto arremete contra Hurtado señalando que “los hechos objeto de imputación varían de un día para otro en las resoluciones del instructor” y concluye que “la instrucción de la causa no se ha acomodado a las garantías procesales ni constitucionales que deben presidirla”.

La causa contra el fiscal general se remonta a algo más de un año, cuando eldiario.es publicó el 12 de marzo un primer reportaje en el que revelaba que Alberto González Amador, novio de Díaz Ayuso, había defraudado 350.951 euros. La publicación desató una tormenta mediática desde primera hora de la mañana, y por la tarde la información de que González Amador había confesado los delitos a cambio de una rebaja de la condena llegó a algunas redacciones. El Mundo difundió a las 21.29 un artículo que sostenía que la fiscalía ofrecía un acuerdo a González Amador ―resultó ser justo al contrario— a cambio de la admisión de dos delitos para reducir la pena de cárcel.

Entre las 21.43 y las 21.59 el fiscal general reclamó a sus subordinados y consiguió los correos del abogado al fiscal. A partir de las 22.10, los medios empezaron a desmentir la información de El Mundo y los bulos del Gobierno de Díaz Ayuso. Pero su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, difunde otro: que “la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio”. Esto es lo que lleva al día siguiente a la Fiscalía a publicar una nota de prensa para desmentirlo, lo que días después desemboca en la causa contra el fiscal general y la fiscal jefe provincial de Madrid.