El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles conceder amparo a la magistrada Aurora María Angulo, especializada en violencia contra la mujer y que intervino en el caso Juana Rivas. El Poder Judicial ha salido en defensa de la jueza por una nota de prensa publicada por el entonces abogado de Rivas, Carlos Aránguez, publicada en enero de 2025 y en la que señalaba a la magistrada y la acusaba de haber “archivado en un cajón” una denuncia de su clienta. “Es un hecho gravísimo que una magistrada especializada en violencia de género no comprenda lo que es la violencia vicaria, que consiste en dañar o controlar a los hijos para hacer sufrir a la madre”, afirmaba el letrado en su comunicado, que empezaba así: “Quédense con este nombre: Aurora Angulo”.
La magistrada pidió amparo al CGPJ, que se lo concede ahora en un procedimiento que tiene poca trascendencia jurídica. El acuerdo dispone ,“como medida de restauración de la independencia judicial perturbada”, la difusión institucional del acuerdo, “con expresa constancia de que la crítica a las resoluciones judiciales no ampara campañas nominativas de descrédito profesional o de presión extraprocesal sobre la jueza competente”.
El origen de las críticas del abogado está en una denuncia por violencia de género contra su expareja Francesco Arcuri, presentada por Rivas en la Navidad de 2025 y acompañada de la petición de que se paralizase la repatriación del hijo menor de ambos. La magistrada entendió, sin embargo, que no hubo violencia de género en la actitud de Arcuri durante la Navidad, cuando, según denunció Juana Rivas, este le envió decenas de mensajes intimidatorios y trató de coaccionar al hijo pequeño de ambos para que declare a su favor en el juicio que se sigue contra él en Italia por maltratar a Daniel.
La magistrada se inhibió de tomar esta decisión porque entendió que, al no haber violencia de género, no era competente. Por ello recibió, además de los reproches del abogado, las críticas de las ministras de Igualdad y de Infancia, Ana Redondo y Sira Rego. El Pleno del CPGJ matiza, sin embargo, que han excluido las referencias a las declaraciones que hicieron sobre este asunto las ministras “por considerar que se formularon en un tono respetuoso con la función judicial y que entran dentro del ámbito de su actuación política”.
En febrero de este año comenzó un juicio en Italia contra el padre de los hijos de Rivas. Ocho años después de las primeras denuncias de la mujer en Italia a partir de 2017, archivadas sistemáticamente, mientras, por el contrario, el proceso contra ella en España por llevarse a sus hijos acabó con su condena en 2018. En Italia, este juicio penal solo ha llegado a celebrarse ahora por el empeño de la abogada de Rivas en aquel momento, que logró reabrir el caso, cuando el jefe de la Fiscalía lo asumió directamente. El propio Fiscal General del tribunal de Cagliari llegó a pedir disculpas a la letrada por el “inadmisible retraso” del caso. En el juicio, el hijo mayor de Rivas afirmó que su padre intentó “muchas veces” “quitarle la vida”. Otros testigos han presentado versiones contradictorias.
