El proyecto de ley para la reducción de la jornada máxima legal, la reforma del registro horario y el desarrollo del derecho a la desconexión está atascado en el Congreso de los Diputados a la espera de que el Gobierno se garantice los apoyos necesarios para aprobarlo. Si bien, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que la primera votación del texto se producirá antes de que termine el verano.

“Va a haber debate antes del periodo de sesiones, ya nos conocen ustedes, este debate se va a dar”, ha garantizado Díaz durante la presentación de la campaña de medidas de la Inspección de Trabajo ante las olas de calor. Con esta referencia temporal se refería a la intención de su departamento de que el texto con las enmiendas a la totalidad, si estas existieran, que es el primer debate que debe producirse, se llevará a uno de los plenos que podrían celebrarse antes de agosto.

Así, aunque oficialmente el actual periodo de sesiones terminará a finales de junio, el Gobierno prevé celebrar un pleno extraordinario en julio y sería en esa convocatoria donde podría abordarse el texto para la reducción de la jornada, según han informado fuentes sindicales. De momento, el plazo de presentación de enmiendas a esta norma se ha prorrogado ya cuatro veces (este martes pasado se volvió a ampliar), en una práctica parlamentaria utilizada habitualmente para dilatar la tramitación de las leyes.

Pero para que se produzca este desbloqueo, Trabajo debe garantizarse antes que el proyecto de ley cuenta con los suficientes apoyos parlamentarios para que sea aprobado. Con este fin, Díaz está protagonizando esta semana una nueva ronda de reuniones con todas las fuerzas presentes en el Parlamento. Aunque no ha dado detalles, la ministra de Trabajo sí ha dicho que estos encuentros están siendo “muy fructíferos” y que continuarán la próxima semana con los partidos que aún faltan, entre ellos el PP y Junts. Esta última formación está siendo la más combativa en contra de la aprobación del proyecto de ley para fijar la jornada máxima legal en 37,5 horas.

Precisamente, a este respecto, Díaz se ha mostrado optimista, pese a que los independentistas catalanes mantienen su intención de presentar una enmienda a la totalidad de la ley y “siguen en el no”, según fuentes de la negociación. Es más, la vicepresidenta ha aprovechado su intervención de este miércoles para alabar la postura de Junts en esta cuestión, a pesar de liderar la lucha contra el proyecto estrella de Trabajo, y ha asegurado que la formación catalana defiende más a las pequeñas y medianas empresas que la propia patronal.

Junts está demostrando una “participación y compresión muy legítimas” en la defensa de los intereses de las pequeñas y medianas empresas a la hora de rebajar la jornada, frente a una patronal española (CEOE-Cepyme) que “no ha hecho sus tareas” y, durante los once meses que han durado las negociaciones en la mesa de diálogo social, “no ha presentado ni un papel y ha declinado su responsabilidad”. Por ello, pese al rechazo de Junts al recorte del tiempo de trabajo, Díaz ha insistido hablando de esta formación independentista “es lo que nos gusta a nosotros, negociar con gente que defiende los intereses colectivos”.

En este punto de las negociaciones, Díaz se ha referido tangencialmente a la intención del Ejecutivo de recuperar, vía enmiendas parciales, las ayudas económicas para las pymes tanto directas como en forma de bonificaciones a la contratación, por valor de unos 400 millones que ofrecieron a las patronales en el diálogo social y que estas rechazaron de plano. “Sabemos muy bien que hay que acompañar a las pequeñas empresas, por eso hemos desplegado en la mesa de diálogo social un montón de medidas para acompañarles. Sabemos muy bien lo que tenemos que hacer”, ha concluido.

El Gobierno ha corregido el fallo técnico que provocaba que los perceptores del nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), situado desde 2025 en los 16.576 euros anuales, tuvieran que tributar una parte de la subida en el IRPF. La fórmula escogida por el Ejecutivo ha sido la creación de una deducción de 340 euros que se aplica, sin distinguir entre el tramo estatal y el autonómico, a todos los contribuyentes con rendimientos del trabajo iguales o inferiores al nuevo suelo retributivo. Ello les permite recuperar al año siguiente, cuando se presenta la declaración de la renta, el mismo importe que previamente habían tributado en forma de retenciones. Pero hay más. El Ministerio de Hacienda también ha aprovechado para suavizar el IRPF en los tramos de renta inmediatamente superiores para limitar el golpe que provoca la anomalía del diseño del impuesto, que hacía que aquellos contribuyentes que se sitúan algo por encima del SMI tributaran a un tipo marginal superior al 90%. Con la reforma, el gravamen aplicado cae al entorno del 65%.

Todos los cambios se incluyen en una disposición adicional a una ley sin relación directa con el asunto, la de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, cuyo articulado fue publicado este martes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Con el texto, la coalición resuelve definitivamente la crisis interna que se desencadenó tras el fuerte choque entre el PSOE y Sumar por la tributación del salario mínimo. Los primeros defendían que, tras los fuertes aumentos de los últimos años, el SMI debía empezar a pagar impuestos. Los segundos, sin embargo, pedían una nueva actualización de los mínimos exentos, como se había hecho en anteriores revalorizaciones. Finalmente, Hacienda ha optado por una solución salomónica y, además, ha ampliado gradualmente la ventaja para las rentas que se sitúan levemente por encima.

La enmienda del Gobierno, pactada a finales de mayo con el BNG en el Congreso, fija que los contribuyentes que se sitúen entre los 16.576 euros (el SMI) y los 18.276 euros anuales podrán aplicar una deducción de 340 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre su sueldo y el nuevo salario mínimo. De esta manera, explica Raquel Jurado, técnica del servicio de estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un contribuyente que gane 17.000 euros por ejercicio pagará en forma de retenciones entre 227 y 305 euros al año, en función de la comunidad autónoma de residencia.

Es un alivio relevante, ya que con el esquema que el Ejecutivo había ideado por primera vez, y que no se llegó a aprobar porque no pasó de ser un borrador de enmienda, la cuantía de la retención para el mismo perfil de contribuyente oscilaba entre los 354 y los 433 euros anuales, de nuevo en función de la región. Por regla general, debido al diseño autonómico de parte del impuesto, las cuantías más bajas se pagan en territorios como Madrid o Comunidad Valenciana, mientras que las más elevadas se dan en Asturias, Cataluña o Castilla-La Mancha.

Con el boceto inicial, recuerdan desde el REAF, los tipos marginales (que son los gravámenes más altos que soporta un contribuyente sobre parte de sus ingresos) se movían entre el 83,6% y el 102% en función del territorio, mientras que con la corrección se han reducido y oscilan entre el 53,6% y el 72%. “Lo han suavizado, pero siguen siendo marginales muy altos para esos tramos de renta”, sostiene Jurado.

La filosofía de la rebaja para las rentas algo por encima de los 16.576 euros del SMI funciona de tal manera que, por cada euro extra por encima del SMI, se va perdiendo poco a poco de la deducción, de 20 en 20 céntimos. Eso hace que la ayuda se vaya reduciendo progresivamente hasta desaparecer cuando se llega al umbral de los 18.276 euros al año. Con la idea inicial que había previsto el Gobierno, la ventaja se iba quitando más rápido, a razón de 50 céntimos por cada euro extra, lo que hacía que la rebaja se perdiera a partir de los 17.256 euros de sueldo. Al bajar ese ritmo de reducción hasta los 20 céntimos, la deducción se extiende y más gente puede aprovecharla.

El IRPF es un impuesto progresivo que sufre de un comportamiento anómalo en ciertos tramos de renta. Por un lado, existe un mínimo exento que marca el límite a partir del cual hay que rendir cuentas con Hacienda, situado en los 15.876 euros. Por otro, se contemplan varias reducciones a aplicar sobre los rendimientos del trabajo: una general, de 2.000 euros, y otras adicionales y variables que provocan que el beneficio vaya cayendo a medida que se tienen más ingresos, hasta el entorno de los 20.000 euros. Eso hace que los contribuyentes con rentas bajas sufran una retención excesiva.

Una redacción confusa

En abril, con el objetivo de poner punto y final a las discrepancias entre el PSOE y Sumar, Hacienda diseñó una devolución dirigida a los perceptores del SMI. La idea es que por primera vez empezaran a sufrir retenciones en sus nóminas durante 2025, a cambio de recibir el próximo año, al hacer la declaración de la renta, una devolución por valor de lo pagado. El problema, explicó entonces el REAF, es que el reintegro previsto se incluyó en un grupo de rebajas que cuentan con dos cuotas: la estatal y la autonómica, ambas con un peso del 50%. Y, según los asesores fiscales, solo la devolución de la estatal estaba asegurada, mientras que la autonómica quedaba en el limbo.

En Hacienda explicaron que la conclusión del REAF era totalmente interpretativa. Sin embargo, para evitar cualquier posible duda, han dado una vuelta a la solución elegida y han asegurado la totalidad de la devolución para los asalariados que perciben el SMI. La única excepción se da en Asturias, recuerda Jurado. Como el tipo mínimo que se aplica en esta autonomía es del 9,5% (el más alto de todo el territorio) el reintegro no es total y los contribuyentes pagarán en retenciones unos nueve euros al año.

El Fondo de Recuperación se ha convertido en el gran paraguas de inversión pública para muchos países de la UE, especialmente para los dos que acaparan más de la mitad, Italia y España, que recibirán 193.000 y 163.000 millones respectivamente entre subsidios y préstamos. Pero ese estímulo económico cruza fronteras con facilidad en el mercado único y llega a otros Estados a través de cadenas de valor y compras. Son los denominados efectos indirectos (spillover) de las ayudas públicas. Y ahí los nombres de los más beneficiados cambian: Alemania destaca sobre el resto con mucha diferencia. Hasta el punto de que el impacto indirecto de las ayudas, más de 43.000 millones durante 10 años, casi duplica el tamaño de su plan de recuperación, por unos 23.000 millones en subvenciones directas (Berlín no pidió créditos), según un estudio reciente del Centro Común de Investigaciones y de economistas de la dirección general de Economía y Finanzas, dependientes ambos de la Comisión Europea.

Cuando se observa ese estudio al detalle, se ve que los países de Europa central son los que más dividendos recogen de estos retornos. Alemania es, desde luego, el Estado miembros más beneficiado si se toma el volumen total: esos 43.000 millones a lo largo de 10 años, periodo utilizado por los investigadores y bajo el supuesto de que el plan se despliega completamente. Pero si se mide en relación con el tamaño de la economía, entonces los que más frutos recogen son países más pequeños con Eslovaquia y Eslovenia a la cabeza. En total, la suma de todos los países asciende a 345.000 millones de efectos secundarios, retorno o spillover, palabra inglesa que se utiliza en la jerga económica.

A la hora de explicar esto, la propia Comisión Europea, haciéndose eco del documento, explicaba en una comunicación presentada la semana pasada sobre el Fondo de Recuperación que “los países de la UE más integrados en el mercado único son los que más se benefician de los efectos indirectos”. “Los mayores beneficios indirectos en relación con el PIB se observan en Eslovaquia, Eslovenia y Chequia, debido a su profunda integración en las cadenas de valor de la UE”, continúa el Ejecutivo de la Unión.

Ninguno de estos países figura entre los principales beneficiarios directos del que es el programa de inversión más ambiciosos de la historia de la UE, que se aprobó en 2020 y tiene el potencial de repartir 650.000 millones de euros a los Estados miembros entre subvenciones y créditos. La asignación de esos fondos se realizó teniendo en cuenta tanto el tamaño del país como, sobre todo, la gravedad de la crisis que provocó la pandemia. Eso explica que Italia, con 194.300 millones, y España, con 163.000, ambos entre subvenciones y créditos, sean los más beneficiados. También Grecia, Portugal o Croacia aparecen como los más beneficiados si se mide la cantidad potencial que pueden recibir respecto de su PIB, en torno al 10% e, incluso, el 16% en Grecia.

Pero no es en esta parte en el que se centran los investigadores, ellos ponen la lupa sobre cómo esta gran inyección fiscal se extiendo después por el mercado único a través de importaciones y exportaciones de servicios y productos y, concretamente, se centran Alemania. “Lo significativo de estos impactos subraya la importancia del mercado único como un amplificador de los efectos económicos”, subrayan los autores del estudio, en un momento en que los informes de Mario Draghi y de Enrico Letta, ambos ex primeros ministro italianos, marcan muchas de las políticas económicas planteadas por la Comisión Europea.

“La gran mayoría del Fondo de Recuperación estimula la actividad económica y los bienes producidos dentro del mercado único”, abundan los investigadores, quien, no obstante, apuntan que también hay impactos fuera de la UE: China, Estados Unidos, Reino Unido o Japón.

Al centrarse principalmente en Alemania, una vez hecha la radiografía inicial, la investigación revela que es la industria germana la que más aprovecha esos dividendos secundarios del fondo de recuperación, pues son las exportaciones de vehículos, de maquinaria, de material eléctrico y electrónico y de equipamientos lo que provoca los ingresos más abundantes. Y estos retornos llegan principalmente de España, desde donde proceden el 25,7% de los ingresos; le sigue Italia, con el 24,6%; y ya a mucha distancia Polonia, con el 12,2%.

La conclusión, opina el economista Carlos Martínez Mongay, ex alto cargo del departamento de Economía y Finanzas de la Comisión, incide en la línea que apuntan otros estudios sobre fondos europeos: “Cuanto más integrado está el mercado único, este tipo de estímulos fiscales simultáneos tienen más efectos”.

Partiendo de este principio, Mongay apunta que este estudio, como otros precedentes de este tipo, apuntan a una cuestión clave en estos momentos en los que se está elaborando y debatiendo el próximo presupuesto plurianual de la UE. “Esto demuestra que hay argumentos para aumentar el presupuesto, ya que se observa que cuando hay un estímulo fiscal simultáneo hay spillover en el mercado único, y más para aquellos que están más integrados. Y, además, en el caso del presupuesto es un esfuerzo coordinado”, explica. No obstante, pone un matiz, no se trata tanto de replicar el modelo del Fondo de Recuperación que financia casi exclusivamente inversiones nacionales sino de apostar por un incremento del gasto público comunitario para inversiones europeas.