La Fiscalía de Brasil pide cárcel para el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de haber liderado una conspiración para mantenerse en el poder tras las elecciones de 2022, cuando fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. El fiscal general, Paulo Gonet, apuró este lunes por la noche hasta el último minuto del plazo para presentar su parecer y no movió una coma respecto a la denuncia presentada en febrero. Después de los interrogatorios y la recopilación de pruebas de los últimos meses, considera que no hay dudas de que el exmandatario ultraderechista lideró la trama para aferrarse al poder.

Pide que sea condenado por cinco delitos: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, daño al patrimonio y deterioro de patrimonio protegido. Juntas, las penas máximas por estos crímenes suman más de 43 años de cárcel. Para el fiscal, Bolsonaro generó “de forma consciente un ambiente propicio a la violencia y al golpe” y usó las estructuras y recursos del Estado “para fomentar la radicalización y la ruptura democrática”.

La Fiscalía también pide que se condene a los otros siete integrantes del “núcleo crucial” de la trama, los exministros y altos mandos militares de confianza de Bolsonaro que movieron los hilos de la estrategia golpista. Los que salen peor parados y podrían enfrentarse a la misma condena que Bolsonaro son el excomandante de la Marina Almir Garnier, que fue el único de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas en ponerse al servicio del golpe; el exministro de Justicia Anderson Torres; el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y el general Walter Braga Netto, que fue jefe de Gabinete, ministro de Defensa y aspiraba a ser vicepresidente. Está preso desde diciembre del año pasado por intentar interferir en la investigación.

El fiscal también arroja un jarro de agua fría sobre la pieza clave en el proceso: el ex secretario personal de Bolsonaro Mauro Cid, cuyas confesiones ayudaron a que los investigadores fueran tirando del hilo. A pesar de que firmó un acuerdo que contemplaba beneficios penales a cambio de información, el fiscal considera que hubo omisiones importantes, por lo que pide que se le aplique un tercio de la condena.

La investigación concluyó que el golpe no prosperó porque los militares resistieron a las presiones de Bolsonaro y su círculo más cercano. El plan incluía asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez que instruye el caso, Alexandre de Moraes, enemigo número uno de la extrema derecha brasileña. Aun así, el 8 de enero de 2023, tras una primera semana de Lula en el Gobierno, miles de radicales invadieron los principales edificios institucionales de Brasilia. Muchos de ellos ya cargan con duras condenas de cárcel.

La Fiscalía señala que lo que pasó aquella jornada fatídica puede que no fuera el objetivo principal del grupo, “pero pasó a ser deseado e incentivado cuando se volvió la última opción disponible”. El fiscal también remarca que todos los movimientos están probados por los propios protagonistas, que dejaron un nutrido rastro de grabaciones, manuscritos, archivos digitales e intercambios de mensajes.

Tras el posicionamiento de la Fiscalía se abre el plazo para que los imputados presenten sus alegaciones finales. Si los tiempos judiciales se cumplen, se espera que el juicio quede visto para sentencia en el mes de septiembre.

La petición de la Fiscalía llega pocos días después de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de subir los aranceles a las exportaciones brasileñas hasta el 50% como represalia por la “caza de brujas” que, en su opinión, está sufriendo Bolsonaro. Uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, que se instaló en EE UU para hacer lobby en favor de su padre, ha repetido en varias ocasiones en los últimos días que la solución para el problema tarifario es una amnistía para Bolsonaro y los otros acusados de golpismo. También confía en que en breve EE UU anuncie sanciones específicas contra el juez Moraes. A pesar de las presiones, de momento el curso judicial avanza con normalidad.

Bolsonaro sabe que lo tendrá muy difícil para esquivar la condena, que le dejaría definitivamente fuera del tablero político. En realidad, ya tiene medio cuerpo fuera: la Justicia Electoral ya le condenó por otra causa, por haber abusado del poder que le daba la presidencia para beneficiarse en la última campaña electoral. Está inhabilitado hasta 2030, así que a día de hoy no puede presentarse a las elecciones presidenciales de 2026. Aun así, públicamente Bolsonaro actúa como único y legítimo candidato de la derecha, lo que empieza a poner nerviosos a sus aliados.

El que tiene más papeletas para funcionar como recambio es el gobernador del Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ahora hace malabarismos verbales para defender a la potente industria paulista ante el golpe que pueden causar los aranceles de Trump, pero sin condenar abiertamente el tarifazo, para no enfadar al clan Bolsonaro. La ecuación es difícil: cuando Eduardo Bolsonaro se enteró de que Freitas estaba intentando dialogar con representantes de la embajada de EE UU en Brasilia para buscar alternativas a las barreras arancelarias, le tachó de ingenuo y aseguró que se trataba de una falta de respeto hacia su trabajo. También criticó que haya borrado de sus redes sociales una foto suya con la gorra de MAGA (Make America Great Again, el lema trumpista), que en los últimos días corrió como la pólvora en las redes sociales.

This story was co-published with Puente News Collaborative, KTEP public radio in partnership with the Craig Newmark Graduate School of Journalism at the City University of New York (CUNY). Puente News Collaborative is a bilingual nonprofit newsroom, convener, and funder dedicated to high-quality, fact-based news and information from the U.S.-Mexico border.

Six months into President Donald Trump’s second term, sweeping changes to federal immigration policy have escalated deportations, cut millions of dollars in federal funding to nonprofits providing legal aid for immigrants, and revoked protections for sensitive spaces, including churches.

In El Paso, Texas, faith leaders and organizations that have long provided resources for migrants are raising alarms over new policies they say are instilling fear and undermining humanitarian efforts. “People are afraid to go out for groceries. They’re afraid to go to church,” said El Paso’s Catholic Bishop Mark Seitz. “I really don’t believe fear adequately describes it. It’s terror.”

The polarizing issue of immigration has morphed into mass protests in Los Angeles and multiple cities across the country against sweeping ICE raids that include work sites and other locations. At least one person was on church property when they were picked up by agents, according to reports. Pope Leo XIV, a Chicago native and a descendant of Sicilian immigrants, has called for the protection of immigrants, the poor, and the most vulnerable, following the legacy of his predecessor, Pope Francis.

“No one is exempt from ensuring the dignity of every person,” the pontiff said. “From the unborn to the elderly, from the sick to the unemployed, citizens and immigrants alike.”

In rescinding the sensitive locations policy, a spokesperson for the U.S. The Department of Homeland Security said, “The Trump Administration will not tie the hands of our brave law enforcement, and instead trusts them to use common sense.”

Sensitive locations

For Bishop Seitz, the diocese’s mission to protect the vulnerable has never been clearer as the Trump Administration carries out what critics, including Seitz, have called mass deportations based on racial profiling. “It was the intention of the administration so that people would leave — to appeal to those who don’t want anybody in this country except people that look like them,” Seitz said. “You have to be constantly worried. Constantly on guard.”

In October 2021, the Biden Administration expanded the definition of sensitive locations to “protected areas” that imposed greater restrictions for ICE to enter spaces such as, schools, healthcare facilities, social services establishments, disaster relief centers, and places of worship. Now, no space is off-limits.

On his first day in office, President Trump rolled back the nonpartisan “sensitive locations” policy, dating back to the Clinton Administration, which encouraged immigration and customs agents to use “good judgment” to engage in enforcement in sensitive areas.

The policy reversal has sparked multiple lawsuits from faith groups across the country, including the Quakers in Maryland and in Oregon, arguing that the new policies violate the Religious Freedom Restoration Act and the First Amendment.

In January, a federal judge in Maryland blocked parts of Trump’s executive order. U.S. District Judge Theodore D. Chuang ruled that the policy imposed a “real and substantial burden” on religious organizations that historically aid migrants. “The burden imposed by the policy is far from speculative,” Chuang wrote in his opinion. “It is already happening.”

In the border city El Paso, one of the largest binational communities in the country, the immigration crackdown has sowed fear among many people of color, generating multiple protests. More than 80 percent of El Paso’s population is Hispanic.

“A moment of hopeful resistance”

This spring, Bishop Seitz led a candlelight vigil through downtown El Paso to Sacred Heart Church, which served as a shelter for migrant families during a large influx of migrants seeking asylum in 2022. He was joined by faith leaders from across the U.S., Mexico, Central America, and the Vatican.

“It was a moment of creative, hopeful resistance,” said Dylan Corbett, executive director of the Hope Border Institute. “The testimony of people affected by these policies has to be at the center of our response.”

That resistance comes with growing risks, as faith-based nonprofits fear they could be swept up in a crackdown. Operation Lone Star, Texas Gov. Greg Abbot’s border enforcement initiative which included deployment of 10,000 National Guard troops and Texas state troopers along the U.S.-Mexico border. Faith-based nonprofit organizations fear they could face consequences for providing humanitarian aid to undocumented migrants.

“We’ve got a target on our back now,” Corbett said. “They may go after us for smuggling or trafficking charges.”

That threat became real last June when Texas Attorney General Ken Paxton attempted to shut down Annunciation House, which provides temporary shelter to migrants in El Paso. Paxton called the Catholic organization a “stash house” and requested records detailing those who received services. Annunciation House pushed back, arguing that disclosing those records, which include medical files and sensitive personal information would violate clients’ privacy rights and the organization’s religious freedom.

In late May, the Texas Supreme Court ruled unanimously that Paxton has the authority to demand records needed to proceed with his lawsuit targeting the migrant shelter. The court, however, did not weigh in on the merits of the case.

Meanwhile, advocates say that some immigrants, including asylum seekers with pending cases, are increasingly choosing to go back to their home countries rather than risk arrest.

“What they are returning to may be worse in terms of the actual danger to their lives, but somehow to be in a place like the United States today, feels more dangerous,” said Seitz.

As the threat of mass deportation looms, Corbett’s Hope Border Institute has pivoted to help migrants plan voluntary returns to their home countries.

“We helped a family get back to Venezuela safely,” said Corbett, the group’s executive director. “That’s where we are now, not just defending people’s right to stay, but helping them leave with dignity when they no longer feel safe here.”

Legal aid in crisis

Estrella del Paso, the legal aid ministry of the Catholic Diocese, holds “know-your-rights” workshops that are now treated with caution since many migrants are afraid to attend in person. “If people need a ‘know your rights’ presentation remotely, or they need to do a consultation remotely because they’re scared, we can make those accommodations,” said Melissa Lopez, Executive Director of Estrella del Paso.

At a time when their services are in high demand, the nonprofit organization lost $5 million in federal funding and had to furlough nearly half its staff. “We were a team of 78,” Lopez said. “Now, 30 of those positions are on furlough.”

In early May, the organization received a $25,000 emergency grant from the Border Refugee Assistance Fund, a joint initiative of Bishop Seitz and the Hope Border Institute, to help sustain workshops and pay for legal representation for asylum seekers. “This grant is a lifeline — not just for our organization, but for the thousands of vulnerable people we serve,” said Lopez in announcing the funding.

Calling this an urgent time of unprecedented demand for legal representation, Seitz said the gospel challenges the faithful to “stand with the vulnerable and ensure that hope and justice remain alive at our border.”

“I don’t think I’m speaking about politics. I’m speaking about faith. Politicians are messing with my faith,” the Bishop said.

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Adelina Romero is a bilingual multimedia journalist based in Brooklyn, NY. She covers immigration, labor, health, and faith communities. @aderomero

Rebecca Raghunath is a New York City–based journalism student at the Craig Newmark Graduate School of Journalism, with a focus on immigration and faith-related reporting. @rebecca_raghunath_reporter

Angela Kocherga is the news director and reports for KTEP public radio in El Paso. She’s a contributor for NPR, cohosts Texas Standard, a weekday, statewide news program. She served as Mexico bureau chief and correspondent for a group of leading television stations. Her award-winning multimedia career, includes the Maria Moors Cabot prize awarded by Columbia University for courageous reporting in Latin America. @AngelaKBorder

Alfredo Corchado is the executive editor for Puente News Collaborative and the former Mexico/Border Correspondent for The Dallas Morning News. He’s the author of “Midnight in Mexico” and “Homelands.” He is a 2009 Nieman Fellow at Harvard and Maria Moors Cabot winner. @ajcorchado

La Comisión Europea mantiene su fe en la negociación y la salida pactada a la guerra comercial que ha iniciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al menos, aparentemente. Y pese a que desde Washington llegan amenazas y desplantes, Bruselas quiere apurar todas las opciones para llegar a un acuerdo. Con ese fin, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este domingo su intención de prorrogar la suspensión de la primera réplica que la Unión Europea aprobó contra Estados Unidos en abril, suspendida posteriormente para negociar hasta, al menos, que concluya el nuevo plazo que fijó el presidente Donad Trump: el 1 de agosto.

Este domingo, Von der Leyen tenía una cita en Bruselas con el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto. El sábado, Von der Leyen había recibido una carta de Trump anunciando aranceles del 30% si no hay solución a la guerra que él mismo ha abierto antes del 1 de agosto. La cita con el mandatario indonesio puede ser vista como una escenificación de una parte de la estrategia que la Comisión quiere seguir para hacer frente al proteccionismo trumpista. Ambos dirigentes han presentado un acuerdo de asociación económica, que han llamado CEPA (por sus siglas en inglés) y que básicamente es un paso más para lograr un acuerdo de libre comercio con este pobladísimo país del sudeste asiático. Es decir, Bruselas amplía las alianzas comerciales para diversificar sus exportaciones.

Hay otras dos patas en la estrategia de la UE. Una de ellas es la réplica directa a EE UU. Es ahí donde hay que incluir ese paquete suspendido en abril y que seguirá así hasta final de mes. Consiste en imponer aranceles a un listado de productos importados desde el otro lado del Atlántico por unos 20.000 millones de euros como respuesta a la subida de los derechos aduaneros del 25% que Trump decretó en marzo sobre el acero y el aluminio, que están ya vigentes. En la misma pata, hay que incluir un listado adicional -que en principio era de 90.000 millones de euros, aunque tras la consulta pública se ha reducido- y que todavía no ha recibido la bendición de los Veintisiete.

Dudas en el horizonte

Ambos pasos -más los que se puedan añadir: el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió el sábado que empiece a contemplarse la idea de recurrir al mecanismo anticoerción− se activarían, en teoría, si las conversaciones fracasan. La duda si se alcanza ese escenario es hasta dónde llegarían las hostilidades. Trump advierte en su carta que cualquier aumento arancelario como castigo por su decisión unilateral supondrá una subida paralela añadida al 30% que él ha anunciado. Es decir, si la UE decide que eleva de forma proporcionada sus aranceles a Estados Unidos un 30%, Washington, por su parte, los volverá a subir hasta el 60%.

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