Durante la primera semana del juicio para esclarecer la muerte de Ana Buza —la joven sevillana de 19 años que perdió la vida en la madrugada del 7 de septiembre de 2019 cuando iba con Rafael V., su entonces novio y ahora acusado, en un coche a 117 kilómetros por hora—, peritos de la Guardia Civil de Tráfico, ingenieros, físicos y médicos forenses han tratado de convencer al jurado de una de las dos teorías sobre su muerte: o bien que ella se tiró del vehículo en marcha porque quiso quitarse la vida debido a la depresión que sufría por la mala relación con su padre —la tesis que avala la defensa—; o bien que fue atropellada por su expareja, que tenía un carácter controlador y celoso —la hipótesis que esgrime la acusación particular y que refuta la Fiscalía, que acusa a Rafael de homicidio imprudente, por circular con exceso de velocidad, pero desecha la posibilidad del atropello—. Con el debate de sus argumentos y pruebas aún recientes en la mente de los jurados, porque ninguno ha sido absolutamente convincente, este lunes era el turno del análisis de los teléfonos móviles de Ana y Rafael, cuya ubicación y contenido puede ser determinante para esclarecer qué sucedió esa madrugada o, en todo caso, lo que no pasó. Eso, al menos, es lo que han tratado de plasmar los peritos de la acusación: “El dispositivo de la fallecida lo tuvo una persona que lo alteró y modificó para crear un escenario que pareciera que fue un suicidio”, ha afirmado Jorge Coronado, perito informático y coautor junto con otros tres expertos del informe en el que se detalla esa supuesta manipulación.

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