“Lunes y viernes no hay baja laboral, hay bajaciones“, dijo recientemente el vicepresidente de CEOE y líder de ATA, Lorenzo Amor. El jefe de CC OO, Unai Sordo, se ha referido a ese concepto, bajaciones, en la presentación de la campaña No ejerzas tus derechos, un lema irónico de su sindicato para denunciar el uso “malintencionado y perverso que las patronales hacen del término absentismo”, según ha explicado este jueves en rueda de prensa.

La premisa de CC OO es que distintas voces empresariales están “manipulando” el debate sobre las ausencias al trabajo, que “interesadamente” mezclan las bajas médicas con las faltas por permisos, y a la vez las dos anteriores con las ausencias fraudulentas. “Hay una jugarreta, una trampa semántica. Cuando las patronales hablan de absentismo se hace de forma tendenciosa, mezclando situaciones que nada tienen que ver entre sí”, ha dicho Sordo.

Sordo habla de los análisis de algunas patronales y distintos equipos de estudios, a partir de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Desagrega el tiempo de trabajo en horas pactadas, horas efectivas, horas extra, horas no trabajadas, no trabajadas por vacaciones y fiestas y no trabajadas por incapacidad temporal. CC OO se queja de que algunos análisis mezclen esas ausencias, y de que después los empresarios “siembren dudas” sobre la legitimidad de las mismas.

“Cuando hablan de absentismo se refieren a permisos por matrimonio, por cuidados de familiares, por fallecimientos, por mudanzas, por todo tipo de permisos reconocidos en la negociación colectiva, fruto del acuerdo entre sindicatos y empresas”, ha insistido Sordo. “Las organizaciones patronales no están en una posición tan gamberra como para cuestionar esos derechos, en un país con la natalidad por los suelos, pero sí para cuestionar esos derechos por la puerta de atrás”.

El jefe de CC OO ha animado a que se persigan las ausencias injustificadas, que ha catalogado como “un fraude”, “pero no vamos a entrar en el marco mental en que se cuestiona todo”. Mariano Sanz, secretario confederal de Salud Laboral de CC OO, ha precisado que el término absentismo debería llevar un apellido, “justificado o injustificado”.

“Es verdad que tenemos un problema, las bajas están subiendo y la sociedad está perdiendo salud”, ha agregado Sanz. Las estadísticas recogen ese escenario, con un aumento año a año de la incapacidad temporal. Sordo y Sanz han relacionado ese aumento con el envejecimiento de la población, con la hiperconectividad de las nuevas formas de trabajo y, sobre todo, con los peores tiempos de respuesta de la sanidad pública.

Las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad certifican esa degradación: en diciembre de 2023 (último dato disponible) España registró un récord de 849.535 personas en listas de espera quirúrgicas. Es casi el doble que hace 20 años, cuando había 9,78 personas en esta situación por cada 1.000 habitantes. Hoy son 18,11, también el máximo notificado. Además, es altísima la proporción de aquellos que llevan más de seis meses esperando, un 24%, un dato solo superado por el anómalo 27% de 2020 y que triplica el de principios de siglos (8,%). “Si CEOE está tan preocupada por las bajas, que se apunte a la pancarta en defensa de la sanidad pública”, ha dicho Sordo.

Otra razón que algunos expertos apuntan para explicar el aumento de la incapacidad temporal es la buena marcha del mercado laboral: a más paro, menos bajas porque muchos trabajadores temen ser despedidos; y ahora España registra la menor cantidad de desempleados desde 2008. Algunos empresarios creen que esto hace que se alarguen bajas que en otras condiciones ni empezarían, mientras que los sindicatos hacen la lectura contraria: gracias a la buena marcha del mercado laboral, menos trabajadores acuden a sus puestos enfermos.

El sistema de despido español no cumple con la Carta Social Europea, pese a que el país ratificó ese tratado de normas sociales y laborales en 2021. Esa es la principal conclusión que se extrae de la resolución que acaba de publicar el Consejo de Europa ante la reclamación al respecto del sindicato CC OO. Este periódico adelantó el sentido del dictamen en marzo, pero hasta ahora no se había hecho público su contenido. El texto va mucho más allá de esa primera idea: constituye una enmienda general al sistema de despido español. Insiste en los argumentos que ya esgrimió ante la reclamación en la que dio la razón a UGT el año pasado y advierte de otras fallas.

La resolución lleva la firma del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), el organismo del Consejo de Europea encargado de interpretar la Carta Social Europea. En sus conclusiones establece por unanimidad que España viola el artículo 24.b del tratado en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente; a la readmisión tras un cese injusto; y también a la indemnización por despido improcedente de los trabajadores temporales contratados en fraude de ley. CC OO había cuestionado todos estos asuntos en su reclamación.

El artículo citado, el 24.b, fija el derecho “de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. La reflexión en torno a la que orbita el texto es que el sistema tasado en días de España no siempre es adecuado o reparador, que los 33 días por año trabajado (con un máximo de 24 mensualidades) de la normativa española no siempre alivian el daño causado en despidos injustos.

“Cualquier límite a la indemnización que pueda impedir que los daños sean proporcionales a la pérdida sufrida y suficientemente disuasorios es, en principio, contrario al artículo 24.b de la Carta”, establece el dictamen. El CEDS va más allá en su rechazo al sistema tasado: “Si bien el Gobierno [español, en sus alegaciones] afirma que uno de los objetivos del sistema que introduce límites máximos de indemnización era proporcionar una mayor seguridad jurídica, no puede excluirse que la indemnización predeterminada pueda más bien servir de incentivo para que el empleador despida a los trabajadores de manera improcedente”. En la misma línea, considera que esos límites máximos “podrían incitar a los empresarios a hacer una estimación pragmática de la carga financiera de un despido improcedente sobre la base de un análisis de costes y beneficios”.

“El límite superior del baremo de indemnizaciones no permite conceder indemnizaciones superiores en función de la situación personal e individual del trabajador, ya que los tribunales solo pueden ordenar indemnizaciones por despido improcedente dentro de los límites del baremo”, critica el CEDS, que hace referencia a las recientes sentencias de varios tribunales españoles que sí conceden esas indemnizaciones adicionales aludiendo a la Carta. El Supremo dio un primer golpe a esta posibilidad en diciembre, al posicionarse contra esas compensaciones adicionales en función de las circunstancias del empleado, pero dejó una puerta abierta al subrayar que no tomaba en cuenta la ratificación de la Carta. El 16 de julio terminará de fijar posición, ya que entonces sí contemplará la aceptación española del texto.

“El Comité”, indica el CEDS, “considera que los límites máximos fijados por la legislación no son suficientemente elevados para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasorios para el empresario”. El dictamen considera que “el perjuicio real sufrido por el trabajador afectado vinculado a las características específicas del caso puede no tenerse debidamente en cuenta, entre otras cosas porque la posibilidad de obtener una indemnización adicional es muy limitada”.

El CEDS incluso se posiciona ante la solución que muchos laboralistas han planteado para solucionar la falta de adecuación del sistema español a la Carta: ya que las indemnizaciones más bajas, dado el sistema tasado en días, se dan en relaciones laborales cortas, distintas voces vienen defendiendo que una indemnización mínima podría solucionar el problema. “Contrariamente a lo que afirma CC OO, el establecimiento de dicha indemnización mínima no sería suficientemente disuasoria para el empresario y no permitiría necesariamente que dicha indemnización fuera proporcional a la pérdida sufrida”, estima el Comité.

Más reincorporaciones

El CEDS se pronuncia sobre otro asunto clave y sobre el que preguntó CC OO: la readmisión tras un despido improcedente. El Comité considera que una reparación adecuada “debe incluir la readmisión como uno de los recursos disponibles para los tribunales nacionales en casos de despido sin causa justificada”. El Comité indica que “aunque la readmisión es posible en el derecho español en casos limitados, los tribunales nacionales no pueden valorar si es la opción más adecuada en un caso determinado”. Por ello, considera que los tribunales nacionales “deberían poder evaluar la idoneidad de la readmisión en consulta con las partes del proceso” y que “la falta de oportunidades” para que los jueces hagan ese diagnóstico constituye una violación de la Carta.

El CEDS también se pronuncia sobre la adecuación de la normativa española a la Carta en lo que respecta al despido improcedente o nulo de un trabajador temporal: subraya que las disposiciones aplicables son idénticas a las de los trabajadores indefinidos y que replica la interpretación anterior. Es decir, “los topes establecidos por la legislación no son lo suficientemente elevados como para resarcir el daño sufrido por la víctima en todos los casos ni para disuadir al empleador”.

CC OO reclama la apertura de un proceso de diálogo

Fuentes de CC OO subrayan que esta resolución insta a reconsiderar varias políticas, más allá del sistema puramente indemnizatorio: considerar la readmisión obligatoria, recuperar los salarios de tramitación, plantear la nulidad en los contratos temporales declarados fraudulentos, mejorar la protección ante la extinción de los contratos del personal indefinido no fijo de las administraciones públicas y, además, revisar las cuantías de indemnización.

“Emplazaremos al Gobierno a abrir con carácter urgente una mesa de diálogo social para abordar la adecuación del marco normativo español en materia de despido, con el objetivo de dar cumplimiento a los requerimientos del Comité Europeo en respuesta a la denuncia de CC OO”, añade el sindicato dirigido por Unai Sordo.

El Ministerio de Trabajo viene manifestando su intención de abrir esta mesa de diálogo. Ya lo hizo hace una año, tras el dictamen que daba la razón a UGT en una reclamación parecida, pero aún no ha convocado a sindicatos y patronales para abordar este asunto. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo el pasado fin de semana que pronto abrirá esta negociación. “Preparaos. Veréis la lucha que viene con el despido, pero lo vamos a hacer. Tenemos a todo el mundo en contra”, dijo en el Congreso de CC OO.

Entre esos opositores mencionó a “un ministerio próximo al mío”, en referencia al rechazo socialista al cambio, pese a que PSOE y Sumar se comprometieron a reformar el sistema en su acuerdo de Gobierno. Prometieron “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea”, sin más concreción.

“Es un compromiso que está en el pacto de Gobierno que el despido cumpla el régimen jurídico de la Carta Social Europea”, insiste el Ministerio de Trabajo. “Estudiaremos en detalle la resolución que va más allá que en dictámenes anteriores en cuanto a que no hay un efecto disuasorio del despido en España y que, por tanto, abordaremos en el marco del diálogo social”, agrega el departamento de Díaz.

La patronal también rechaza un cambio en el sistema normativo de indemnización por despido, un proyecto con muy pocas opciones de prosperar en el Congreso por la mayoría de derechas. Sordo auguró recientemente que PNV y Junts no apoyarían de ninguna forma un cambio que endureciese o encareciese los ceses improcedentes.

“Es lo común lo que nos salva, lo que nos pone en pie. Viva la lucha de la clase trabajadora y vivan las Comisiones Obreras”. Con estas palabras ha terminado el 13º Congreso de CC OO este domingo en Madrid. Las ha pronunciado Unai Sordo (Barakaldo, 52 años) minutos después de ser proclamado como secretario general del sindicato para otros cuatro años. De cumplir ese periodo, permanecerá al timón del hasta 2029, en el que será su tercer y último mandato por la limitación de tres por secretario general. Su candidatura era la única que concurría a este Congreso y se ha impuesto con un 96% de los apoyos, con 692 a favor, 28 en blanco y ninguno en contra.

Sordo ha iniciado su discurso aludiendo a la presunta corrupción en el PSOE: “Exigimos claridad y transparencia en los casos que se están investigando ahora y en los que llevan años investigándose”. Ha subrayado que este fenómeno no solo se compone de políticos, “forma parte del paisaje económico español desde hace muchos años”. “Hay que combatir a los poderes económicos que creen que están en disposición de secuestrar la democracia”, ha agregado, antes de reiterar la oposición de su sindicato “a todas las formas de violencia contra las mujeres, particularmente contra la prostitución”.

El recién reelegido secretario general también ha hecho referencia a la principal política laboral en discusión, la reducción de jornada. Ha anunciado que va a plantear a UGT un calendario de movilizaciones para presionar a los grupos políticos en las próximas semanas, antes de la votación de enmiendas —PP, Vox y Junts ha presentado enmiendas a la totalidad—. “Se trata de mostrar la diferencia entre la mayoría social [dos de cada tres personas apoyan la medida] y la posición política de los grupos. Que los que rechazan la reducción de jornada sepan que eso tiene un coste político y reputacional”, ha dicho.

Entre los partidos en contra de esta medida está el PP, a quien Sordo ha pedido “claridad” ante varios puntos de la ponencia política de su próximo congreso. Le escama el titulado “250 son los nuevos 50″, en referencia al umbral regulatorio que se suele dar a partir del medio centenar de trabajadores, con más obligaciones para las empresas. Es a partir del empleado 50 en que los trabajadores pueden componer un comité. “¿La derecha que se da por civilizada quiere eliminar los comités de empresa en este país? ¿Esta es la libertad que viene? Los que hablan de la España que madruga quieren reducir los sueldos de la España que madruga“, ha añadido.

Otro tema central en el discurso de Sordo ha sido la crisis de acceso a la vivienda. “Muchos puestos de trabajo no se van a cubrir porque la gente no se va a desplazar 1.000 kilómetros para dejarse la mitad de su salario en una hipoteca o un alquiler, perdiendo además su red familiar de cuidados”, ha reflexionado Sordo. Según estimaciones de su sindicato, si los precios de la vivienda bajasen un 30% se crearían 500.000 puestos de trabajo adicionales en los próximos cincos años. “Seis millones de hogares tienen secuestrada su nómina. Estamos en un punto de inflexión, entre el progreso y el rentismo”, ha lamentado. Defiende la construcción de un gran parque público de vivienda, que se construya más con precios asequibles y movilizar viviendas vacías. “Es un problema económica de primera índole”.

Contra el “genocidio” en Gaza

La resolución general del sindicato, el documento que recoge los principios del mismo emanados del Congreso, también ha sido aprobada por una mayoría aplastante, de 626 votos a favor, frente a un voto en contra y diez abstenciones. El primer punto que aborda el texto es la denuncia del “genocidio en Gaza”, un asunto que ha protagonizado la clausura del Congreso: delegados y dirigente han vestido un pañuelo palestino con las siglas del sindicato. “Exigimos el fin de la ocupación israelí y de su proyecto genocida sobre población civil indefensa en todos los territorios palestinos”, expresa la resolución, que también denuncia “la ocupación del Sáhara”.

El sindicato también denuncia en la resolución “el auge de opciones reaccionarias” —Sordo ha dicho en su discurso “sabemos lo que la extrema derecha haría con nosotros si pudieran; mientras hagan campañas de Twitter dejan en paz las cunetas”—, “las noticias sobre presuntos casos de corrupción” o la “represión sindical contra las 6 de La Suiza”.

En el cargo desde 2017

Sordo accedió al cargo en 2017 y tomó el relevo de Ignacio Fernández Toxo. Entonces aún gobernaba el PP de Mariano Rajoy, pero se encontraba en su recta final. Solo un año después Pedro Sánchez ganó la moción de censura y devolvió al PSOE al Ejecutivo.

A lo largo de esos años, CC OO —junto a UGT como los dos sindicatos más representativos de España— ha participado en los acuerdos para subir el salario mínimo un 61% desde entonces, de a 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas. CEOE y Cepyme han rechazado casi todos esos incrementos, con la excepción del que se firmó en 2020, a las puertas de la pandemia.

Aquel fue el primer incremento acordado con Yolanda Díaz como ministra de Trabajo, entonces en Unidas Podemos. Un año después, en 2021, CC OO también participó en el acuerdo de la reforma laboral, que también firmaron el Ejecutivo, las patronales y UGT. La base del cambio normativo era poner fin a la temporalidad estructural de los contratos españoles: antes de esta reforma el 25% de los empleados tenían una relación temporal, frente al 12% actual.

Una vez pasada la pandemia CC OO ha seguido alcanzando acuerdos con el ministerio y UGT para impulsar reformas normativas, pero ha sido mucho menos habitual que también participe la patronal. Los empresarios no entraron en el acuerdo para reforzar los ingresos del sistema de pensiones, ni en el estatuto del becario (norma que ni siquiera ha llegado al Consejo de Ministros), ni en la reducción de jornada.

Sordo se ha caracterizado por una defensa férrea de la contracción del tiempo de trabajo, con un tono muy crítico contra sus detractores. “Tiene que ser difícil gestionar que eres más inútil que la última tostada del pan Bimbo”, llegó a decir sobre Junts, ante el rechazo del grupo catalán a la medida.

Solo con la patronal y UGT, sin el ministerio, CC OO alcanzó otro pacto clave en 2023: el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, la respuesta a la crisis inflacionaria desatada tras la invasión rusa de Ucrania. Sindicatos y patronales recomendaban a las mesas negociadas que incrementasen los sueldos al menos un 4% en 2023, un 3% en 2024 y otro 3% en 2025. Sordo viene reclamando pactar un nuevo AENC tras el verano.

Más allá de los acuerdos en el diálogo social, Sordo ha intentado dar un impulso ideológico a su sindicato. Ha fomentado el trabajo académico de la Fundación Primero de Mayo, que elabora informes económicos con los que quiere “contrarrestar” el discurso neoliberal.

Una ejecutiva continuista

CC OO ha nombrado una nueva comisión ejecutiva de corte continuista, pero con algunas novedades. La principal es que Mari Cruz Vicente, que se jubila y ha presidido el 13º Congreso, es relevada por Javier Pacheco en la secretaría de Acción Sindical. Es uno de los cargos más importante del sindicato, desde el que Vicente viene pilotando la posición de CC OO en las mesas de diálogo con Gobierno y empresarios.

Se mantienen en sus puestos María Cardeñosa (Finanzas y Administración), Carlos Bravo (Políticas Públicas y Protección Social), Carlos Gutiérrez (Estudios y Discurso), Agustín Martín (Organización y Extensión Sindical), Carmen Vidal (Participación Institucional y Movimientos Sociales), Mariano Sanz (Salud Laboral y Medio Ambiente) y Carolina Vidal (Mujeres e Igualdad). Cristina Faciaben también se mantiene con Internacional y Cooperación, pero dejará de ocuparse de Migraciones, responsabilidad que recae en Sofía Castillo. Las caras nuevas, además de Pacheco y Castillo, son las de Loli García (Formación y Empleo), Marcelo Ortega (Comunicación) y Pau García (Juventud). La anterior ejecutiva se componía de 12 miembros, frente a los 14 actuales.