Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio desató una ola de indignación social por la crisis de la vivienda en España, ha muerto este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, según ha confirmado el Sindicato de Inquilinas en un comunicado. Las personas acampadas en la Puerta del Sol desde el 26 de septiembre han conocido la noticia en mitad de una asamblea. Tras un silencio estremecedor, cientos de personas han guardado un minuto de silencio y le han dedicado un aplauso, antes de corear “No son muertes, son asesinatos”. “No es justo que haya pasado los últimos días de su vida en esta situación”, ha lamentado la joven que dirigía la asamblea. “Tu lucha despertó conciencias en toda España y encendió una mecha que ya no se va a apagar”, ha escrito en X la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García. El desahucio de Maricarmen ha marcado la agenda política de las últimas semanas. Empujados por la indignación que provocó, los sindicatos han convocado una huelga general por la vivienda para el 11 de noviembre, y la acampada de Sol tiene réplica en ciudades como Valencia. Este miércoles, el BOE ha publicado los nuevos decretos de vivienda del Gobierno, que refuerzan la protección de los inquilinos vulnerables frente a los desahucios, después de que PP, Vox y Junts tumbaran los anteriores en el Congreso el viernes.

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Maricarmen Abascal, la mujer que encendió la lucha contra los desahucios en España, ha fallecido este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón a los 87 años, según ha confirmado el Sindicato de Inquilinas en un comunicado. El 23 de septiembre fue desahuciada de su casa de Retiro, en la que vivió durante siete décadas. Seis años antes, una empresa compró su piso por un precio irrisorio para la zona precisamente porque ella vivía en él. Con una pensión de 1.400 euros, la mujer nunca dejó de pagar el alquiler, de renta antigua, y las facturas: unos 500 euros al mes en total. En 2020 los propietarios le dijeron que debía dejar el apartamento, porque el contrato ya había sido subrogado dos veces, primero a su madre ―que no constaba como inquilina, por una ley franquista― y luego a ella. Y desde entonces la intentaron desalojar cuatro veces y no aceptaron ninguna de las propuestas que recibieron para o bien pagar la diferencia del alquiler (le pedían 1.600 euros) o comprar el apartamento.

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