El proceso para elegir al clérigo chií que sucederá a Alí Jameneí ya ha comenzado en Irán, lo que confirma que la República Islámica, el acorralado sistema político que ha regido el país en los últimos 47 años, había previsto este momento la posibilidad de que Israel y Estados Unidos asesinaran a su líder supremo, de 86 años. Con su muerte ya confirmada por Teherán, así lo indica la rapidez con la que se ha completado ya a primeras horas de esta jornada el poder tripartito de transición que ha asumido las amplísimas funciones del jefe de Estado fallecido hasta que se designe a su sucesor. Al menos de manera formal, dado el complicado entramado de poder en Irán y el díficil equilibrio entre el estamento clerical, la camarilla del líder supremo, los cuerpos de seguridad y las instituciones electas del país como la presidencia.

Los tres miembros de ese triunvirato que conforman el llamado Consejo de Liderazgo son el presidente del país, Masud Pezeshkián; el ultraconservador de línea dura jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, y el jurisconsulto islámico Alireza Arifi, el último en ser designado, cuyo nombramiento ha difundido en esta jornada la agencia de noticias semioficial ISNA.

El perfil de los tres miembros de este consejo casi permiten de entrada augurar cambios de calado en un régimen en estado de guerra en el que el poderoso ejército paralelo iraní, la Guardia Revolucionaria, podría aumentar su ya importante cuota de poder político, o al menos seguramente mantenerlo.

De esos tres nombres, el menos radical es el de Pezeshkián, un cirujano cardiaco sin carisma devenido en político a quien se suele presentar como un moderado en Occidente pero que, en ningún caso, ha osado oponerse, al menos públicamente, a las órdenes de Jameneí.

Al jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, se le considera, por su parte, un halcón del ala más radical y ultraconservadora de la República Islámica, la más leal a Jameneí. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos lo sancionaron por su papel en el aplastamiento de las manifestaciones por el fraude electoral en 2009 y se cree que ha tenido un rol también clave en la represión de las últimas manifestaciones contra el régimen en las que murieron en enero al menos 7.000 personas; 3.117, según la cifra oficial. Su pésimo historial de derechos humanos incluye, según Amnistía Internacional, el haber participado en los asesinatos de miles de opositores presos en Irán en 1988. En enero, amenazó a los manifestantes con que no “habría clemencia” para ellos.

Menos conocido en Occidente que los dos anteriores, Arafí, de 67 años, es un clérigo de quien se cree que fue un confidente cercano de Jameneí. Su lealtad al fallecido líder se considera también férrea.

De ello da fe su cargo de vicepresidente de la Asamblea de Expertos, el organismo que reúne a 88 religiosos y que elegirá al sucesor del líder supremo. Arafí ha sido miembro también del poderoso Consejo de Guardianes, que tiene poder de veto sobre los candidatos electorales y las leyes aprobadas por el Parlamento. Acumula además el cargo de director de la red de seminarios islámicos de Irán.

Al completar en unas pocas horas este poder tripartito, la República Islámica trata de llenar el vacío de poder que deja Jameneí, el líder que gobernó con mano de hierro Irán durante 36 años y que no tiene un sucesor elegido oficialmente, aunque se cree que designó a varios posibles candidatos, ya durante los 12 días de bombardeos israelíes de junio, a los que se sumó Estados Unidos. Sin confirmación alguna de sus identidades hasta ahora, lo que se sabe son meras cábalas.

En manos del líder

El organismo que deberá elegir al nuevo líder supremo, la Asamblea de Expertos, está formada por 88 clérigos que deben demostrar amplios conocimientos de la ley islámica. La Constitución iraní prevé que el nuevo líder debe ser por fuerza un hombre, dado que debe tratarse de un clérigo —las mujeres tienen vetado, no solo ese cargo, sino también la presidencia y la judicatura—. Ese religioso debe demostrar competencia política, autoridad moral y, lo que es más importante, lealtad a la República Islámica.

El proceso que se abre ahora, quién sabe por cuánto tiempo, solo se ha llevado a cabo una vez desde 1979, cuando se instauró la República Islámica. Fue diez años después, cuando su fundador, Ruhollah Jomeini, falleció y Jameneí, que no contaba en principio con las altas credenciales como religioso que debe tener el líder supremo, fue elegido apresuradamente.

Los bombardeos israelíes y estadounidenses, que este domingo han proseguido con fuerza, complican además la elección de ese sucesor. Cualquier reunión, sea de la Asamblea de Expertos, o del Consejo de Liderazgo encargado ahora de pilotar el país puede ser una ocasión para Israel y Estados Unidos para bombardear y matar a prebostes del régimen, dado el alto grado de infiltración de la inteligencia israelí en Irán que quedó patente el sábado con la muerte de Jameneí.

No cabe esperar tampoco que, al menos a priori, el perfil del nuevo líder sea rompedor y ni siquiera especialmente moderado o progresista. La Constitución de la República Islámica está concebida de tal manera que el líder supremo en vida tiene una influencia decisiva en la selección de su sucesor.

Esa influencia se blinda a través del mecanismo de elección de los 88 clérigos de la Asamblea de Expertos, que deben pasar la criba previa del Consejo de Guardianes, compuesto por 12 juristas. De ellos, seis son nombrados directamente por el líder, mientas que la otra mitad son elegidos por el Parlamento, pero entre una lista de candidatos seleccionados previamente por el jefe del poder judicial. Ese cargo también es designado directamente por el líder supremo, que controla así directa o indirectamente a todos los miembros del Consejo. Además, solo los seis juristas chiíes de ese Consejo de Guardianes, nombrados en este caso por el fallecido Jameneí, pueden aprobar a los clérigos candidatos para la Asamblea de Expertos.

Esta estructura circular blinda casi completamente la continuidad ideológica del sistema pues se antoja inverosímil que esos jurisconsultos elegidos por Jameneí por su lealtad y afinidad ideológica puedan designar a un sucesor que se aparte de la visión de la República Islámica del mandatario asesinado este sábado.

Por tercera vez desde que los cadaveres de sus padres fueron hallados en su casa de Los Ángeles, y desde que se le considerara el principal sospechoso de su asesinato, Nick Reiner, ha comparecido ante la corte. Y esta vez sí que se le ha podido ver y, además, se ha pronunciado: se ha declarado no culpable de los cargos por asesinato de Michelle y Rob Reiner. El hombre, de 32 años, ha aparecido junto a su actual abogada, Kimberly Greene, que ha pedido que pueda salir de la cárcel donde está a la espera de juicio previo pago de una fianza. La jueza, Theresa McGonigle, le ha denegado ese privilegio.

El hijo del cineasta, de 78 años, y la fotógrafa, de 68, ha decidido renunciar a un juicio rápido. Por tanto, su próxima cita ante la corte tendrá lugar a finales de abril, el día 29; ahí se sabrá cuándo tendrá lugar su primera declaración formal. Los fiscales han leído los cargos durante la vista: son dos, ambos de asesinato en primer grado bajo especiales circunstancias, entre ellos el uso de un cuchillo. Además, durante su comparecencia, los fiscales también han explicado que aún están a la espera del resultado final de las autopsias de Rob y Michelle, brutalmente asesinados en su casa de Brentwood (Los Ángeles, California) el pasado 14 de diciembre.

Reiner permanece bajo custodia policial desde entonces; la policía le detuvo el día siguiente de las muertes y desde el principio el fiscal le vinculó con los asesinatos. Nick pasó por la corte el pasado 17 de diciembre, muy brevemente, para fijar otra vista para el 7 de enero; donde no se declaró ni culpable ni inocente. En ninguna de las dos fue fotografiado, sino únicamente retratado en bocetos. Esta vez sí, y es la primera vez que se le ve públicamente desde la muerte de sus padres. Sus otros dos hermanos, Jake y Romy (que fue quien descubrió los cadáveres) sí han sido visto en público por las calles de Los Ángeles, pero no han dado declaraciones más allá de su comunicado inicial lamentando la terrible pérdida de sus padres.

Fue después de esa vista del 7 de enero cuando Alan Jackson, que era el abogado de Nick Reiner (y lo fue de Harvey Weinstein o Kevin Spacey), decidió retirarse del caso por “circunstancias más allá del caso” y asegurando que “Nick Reiner no es culpable de asesinato”. Kimberly Greene, abogada de oficio, tomó las riendas del mismo. No le espera una tarea fácil, por la enorme repercusión mediática que ha tenido el asesinato de los Reiner y por la pena que puede llegar a afrontar Nick Reiner, que puede ser de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o incluso de pena de muerte. El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, ha explicado este lunes que están revisando el caso a fondo, también por petición de la propia familia, y que más adelante harán pública cuál será su petición de condena.

El asesinato del matrimonio Reiner fue un duro golpe para el mundo del cine y de la cultura, y especialmente para la sociedad angelina, donde eran especialmente queridos por su calidez y cercanía. El sábado 13 de diciembre el director de Cuando Harry encontró a Sally o La princesa prometida y su esposa, fotógrafa y camarógrafa, acudió, junto a Nick, a una fiesta de Navidad ofrecida por el cómico Conan O’Brien, donde padre e hijo discutieron acaloradamente. Después, se marcharon. El domingo a primera hora de la tarde, y tras horas sin dar con ellos, su hija Romy acudió a su vivienda de Brentwood —que compartían con Nick— y descubrió los cadáveres. La policía y la investigación determinó que habían sido asesinados con un cuchillo. No había signos de violencia en puertas y ventanas. Después, se supo que esa noche Nick se había registrado en un hotel en Santa Mónica, cercana a Brentwood, donde había pasado unas horas muy alterado y dejando un rastro de sangre. Finalmente, fue detenido unas cinco horas después de la aparición de los cadáveres en la zona de Exposition Park, a unos 30 kilómetros de la casa familiar.

Nick Reiner arrastra un largo historial de problemas de salud mental y de adicciones, desde la adolescencia. Con apenas 15 años entró en un programa de rehabilitación; de hecho, pasó por ella hasta en 17 ocasiones. Siendo muy joven se marchó de su casa y llegó a vivir en la calle en Nueva Jersey o Texas. Con el tiempo, logró ir recuperándose y escribió un libro sobre sus problemas, que su padre transformó en una película semiautobiográfica llamada Being Charlie en 2015. Cuando fue detenido, las autoridades le impusieron una fianza de cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros), pero horas después decidieron retirarla. Durante semanas estuvo en un programa especial de vigilancia antisuicidios y separado del resto de presos.

Juan Ramón Carasatorre, uno de los condenados por asesinar al concejal del PP de San Sebastián Gregorio Ordóñez en 1995 y que cumplirá condena efectiva en 2034, se encuentra en régimen de semilibertad desde el pasado 2 de enero gracias al permiso concedido por el Gobierno vasco en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Este es el mismo precepto que se le aplicó a principios de este mes al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, y que permite a los reclusos salir a la calle de lunes a viernes con la obligación de regresar esos días a dormir en la cárcel.

Carasatorre, alias Jon y Zapata, fue condenado a 30 años de prisión por el crimen de Gregorio Ordóñez, que cometió junto a Javier García Gaztelu, Txapote, y Valentín Lasarte. También se le condenó por participar en los asesinatos del brigada del Ejército Mariano de Juan Santamaría y del inspector de Policía Enrique Nieto. En la actualidad, el etarra cumple condena en el penal de Zaballa (Álava). Recientemente, Consuelo Ordóñez, hermana del asesinado y presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), aseguró que había pedido, tanto al Gobierno vasco como a la dirección de la cárcel, mantener un encuentro restaurativo con Carasatorre. Consuelo Ordóñez ya se reunió en 2012 con Lasarte.

La aplicación del 100.2, una figura intermedia entre el segundo y tercer grados a los que se están acogiendo condenados de la banda terrorista ETA, es una modalidad pensada para que los reclusos puedan preparar su incorporación a la sociedad a través de un trabajo en una empresa o de actividades de voluntariado. Para recibir la autorización del Gobierno vasco, siempre con el visto bueno de la junta de tratamiento de la cárcel, el recluso tiene que presentar un “plan de ejecución” en el que se establece cuál va a ser su ocupación durante las horas en las que va a permanecer fuera de prisión.

La concesión de este régimen de semilibertad, al que se han acogido Carasatorre y Txeroki, entre otros exetarras, está siendo criticado por colectivos de víctimas del terrorismo, que lo han calificado de “terceros grados fraudulentos” que están “desnaturalizando el requisito del arrepentimiento” que se les exige a los condenados para acogerse a beneficios penitenciarios.

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha reconocido que los permisos concedidos por el Ejecutivo vasco a condenados por asesinatos de ETA son dolorosos para las víctimas, aunque también ha querido precisar que se ha cumplido escrupulosamente con lo que establece la normativa penitenciaria: “Somos conscientes de que las decisiones en cumplimiento de la normativa penitenciaria generan mucho dolor en las víctimas, lo que siento profundamente”, señaló tras la polémica suscitada con la salida de la cárcel de Txeroki. Pero al mismo tiempo expresó que la actuación de su departamento es “completamente respetuosa con el Estado de derecho y riguroso en la aplicación y cumplimiento del ordenamiento jurídico del que nos hemos dotado”.

Covite ha denunciado la concesión de permisos “fraudulentos” por parte del Gobierno vasco (gestiona la competencia de las tres cárceles vascas desde octubre de 2021) que suponen una “amnistía encubierta” a presos de ETA. La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, salió este martes en defensa de estas decisiones y, ante la tormenta generada, afirmó que en todos los casos se ha respetado “escrupulosamente” la legalidad en la concesión de la progresión de grado de los reclusos de las cárceles de Euskadi, “sean presos de ETA o no”.