Elon Musk se convirtió en un lastre para Tesla en el primer trimestre del año. El protagonismo político del jefe de la compañía como asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahuyentó a los potenciales clientes de la marca. Las manifestaciones ante los concesionarios de la marca, los llamamientos al boicot e incluido algunos incidentes violentos aislados han sido la respuesta a su papel al frente del llamado Departamento de Eficacia Gubernamental (DOGE), la agencia del Gobierno federal que ha impulsado recortes de gasto y del despido masivos de funcionarios. Todo eso ha pasado factura a la empresa, cuyas ventas de coches cayeron un 13% en el primer trimestre. Tesla facturó 19.335 millones de dólares en el primer trimestre, un 9% menos, y su beneficio se hundió un 71%, hasta los 409 millones de dólares (unos 358 millones de euros al tipo de cambio actual).

Parte de la caída del beneficio se debe a pérdidas con criptoactivos, pero incluso el resultado ajustado, en el que Tesla ha decidido desde ahora excluir ese efecto, se desplomó también un 39%, hasta 834 millones de dólares. Tanto las cifras de ingresos como las de beneficios se quedan por debajo de las previsiones de los analistas. El desplome de los ingresos es especialmente acusado en la venta de automóviles, del 20%, hasta 13.967 millones de dólares, ya que Tesla no solo vendió menos coches, sino que los vendió más baratos, para tratar de animar la demanda. La mejora de los servicios y del negocio de almacenamiento de energía amortiguan el golpe en la facturación. El resultado bruto de explotación (Ebitda) cae un 17%, a 2.814 millones, con un fuerte deterioro de los márgenes.

A la politización de la marca se suma el aumento de la competencia, los parones de fabricación, la tardanza en la actualización de sus modelos y el retraso en el lanzamiento de un modelo más económico que lleva anunciando desde hace años y que en abril de 2024 aseguró que aceleraría para lanzar a finales del año pasado o comienzos de este. “Los planes para nuevos vehículos, incluidos modelos más asequibles, siguen en marcha para comenzar la producción en la primera mitad de 2025″, asegura ahora.

El malestar contra el jefe de Tesla también se ha sentido en Europa, donde el hombre más rico del mundo ha apoyado a candidatos de ultraderecha en varios países. Musk, que difunde forma constante bulos a través de su red social X, ha reconocido públicamente que su papel político está perjudicando a la marca. Los inversores han dejado claro que preferirían que se apartase de sus tareas extraoficiales en el Gobierno. Las acciones subieron con fuerza hace unas semanas al difundirse informaciones en las que se sostenía que iba a pasar a tener un papel menos activo junto a Trump.

El informe de resultados no menciona a Musk, pero admite implícitamente ese daño a la marca al advertir sobre “el cambio en el sentimiento político”, que “podría tener un impacto significativo en la demanda de [sus] productos a corto plazo”. Por ese motivo, y por los cambios en la política comercial y las distorsiones en la cadena de suministro ―provocadas por la guerra comercial de Trump― la compañía deja en suspenso sus previsiones de ventas y las actualizará tras el segundo trimestre.

Aunque Musk dejase la política, sus problemas no acaban ahí. La competencia se ha endurecido y la china BYD se ha convertido en el nuevo líder mundial por número de coches eléctricos vendidos. BYD, además, ha desarrollado un sistema de carga de baterías eléctricas que puede cargar completamente un vehículo en minutos. Y los rivales europeos han comenzado a ofrecer nuevos modelos con tecnología avanzada que los convierte en alternativas reales, justo cuando la opinión popular en Europa se ha vuelto en contra de Musk.

Lo que sí va viento en popa es su negocio de almacenamiento de energía, con las ventas creciendo a toda velocidad. Facturó 2.730 millones de dólares en el primer trimestre, un 37% más. Tesla también obtiene importantes ingresos por la venta de derechos de emisión de CO₂ a otros fabricantes de automóviles. Logró 595 millones de dólares por esa vía, un 35% más que en el primer trimestre del año pasado. Esos capítulos han salvado a Tesla de entrar en pérdidas en el trimestre.

Caída de las ventas

La compañía ya adelantó a principios de mes que las ventas de coches de la compañía habían caído un 13% en el primer trimestre, según los datos divulgados este miércoles por la empresa. Tesla fabricó 362.615 coches y entregó 336.681, cuando en el primer trimestre de 2024, que ya fue un periodo muy malo para la compañía, había fabricado 433.371 unidades y entregado 386.810.

Las acciones de Tesla han caído un 37% en lo que va de año hasta el cierre de la sesión de este martes y más de un 50% desde sus máximos de diciembre. La compañía tiene una capitalización bursátil de unos 750.000 millones de dólares. Tras la publicación de resultados, y a la espera de la conferencia de Musk con analistas, la cotización apenas se movía.

Tesla fía el futuro de la compañía a los robotaxis y los humanoides. La producción a gran escala de Cybercab, su taxi sin conductor, está prevista para 2026, según reitera la empresa. Musk anunció en enero que espera empezar a probar como servicio de pago sus coches autónomos sin supervisión en Austin (Texas) en junio, en muchas regiones del país a finales de año y en todo el país en 2026, según el multimillonario. Al tiempo, el empresario ve un gran mercado para sus robots Optimus.

En 2024, los ingresos de la compañía solo aumentaron un 1%, hasta los 97.690 millones de dólares, con una caída del 6% en la facturación del negocio de automoción. Con ese parón en el crecimiento, los beneficios cayeron un 53%, hasta los 7.091 millones de dólares.

Los más de 250 migrantes venezolanos deportados de forma irregular a El Salvador desde Estados Unidos bajo el argumento de pertenecer a la organización criminal del Tren de Aragua se han vuelto una suerte de moneda de cambio para el Gobierno de Nayib Bukele. El presidente salvadoreño propuso el domingo a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, un intercambio de “presos políticos”, esto es, los que permanecen en la megacárcel creada en 2023 y conocida oficialmente como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), a cambio de presos que se encuentran en Venezuela, entre ellos muchos cercanos a la oposición. Caracas ha rechazado este lunes la propuesta calificándola de “cínica”.

En un comunicado publicado por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, el ministerio público ha solicitado la “inmediata liberación” de los migrantes que El Salvador mantiene detenidos. Saab ha asegurado que el Cecot es “un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana (…) a quienes, como experto en traficar con seres humanos, [Bukele] utiliza para recibir a cambio sumas millonarias de dinero”. Por recibir a los deportados por el Gobierno estadounidense, El Salvador recibe una compensación de seis millones de dólares (algo más de cinco millones de euros).

Saab, que no hizo referencia alguna al estatus legal, las circunstancias en las que se encuentran encarcelados ni al paradero de algunos de los presos políticos venezolanos, asegura que le comunicó su preocupación por la situación de los migrantes a Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas, quien a su vez en repetidas ocasiones ha hecho peticiones a Caracas para que libere a los presos políticos detenidos arbitrariamente.

“A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones, y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito”, afirmó el presidente de El Salvador en su mensaje del domingo. A su vez, Bukele solicitó a su homólogo venezolano “la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos”, entre los cuales, aseguró, se encuentran Rafael Tudares, yerno del candidato opositor Edmundo González y a quien las autoridades venezolanas acusan de estar vinculado con redes de narcotráfico; el periodista y dirigente del partido Voluntad Popular, Roland Carreño, y la abogada Rocío San Miguel, acusada de participar de un intento de magnicidio en contra de Maduro.

El número de presos políticos en Venezuela se multiplicó por cuatro después de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, en las que la oposición asegura que venció y que el triunfo de Maduro no es más que una victoria fraudulenta. Entre agosto y septiembre del año pasado, Venezuela llegó a tener 1.500 presos políticos. Hacia el mes de diciembre, las autoridades chavistas comenzaron a revisar casos judiciales y se produjo una excarcelación de varias decenas de personas.

Por su parte, los familiares de los ciudadanos venezolanos detenidos en el Cecot apenas han tenido noticias de ellos desde su deportación por parte del Gobierno estadounidense. Varios de los migrantes les avisaron antes de subir al avión de que serían expulsados a Venezuela, tras lo cual aparecieron en El Salvador. Familiares de los deportados han rechazado las acusaciones que vinculan a los migrantes deportados con El Tren de Aragua ―una organización criminal nacida en Venezuela con presencia en varios países de la región― y el palacio de Miraflores ha organizado actos públicos y manifestaciones para exigir su liberación.

La deportación de ciudadanos venezolanos al Cecot de El Salvador desde Estados Unidos ha producido reacciones encontradas entre muchas figuras públicas de Venezuela. Los sectores de la oposición más críticos con María Corina Machado -que siga siendo la líder con más fuerza entre los críticos del chavismo- le recriminan su postura neutral en este tema, calificándola de subordinada a Donald Trump. Machado ha respondido que hace todas las gestiones posibles para salvar el destino de los prisioneros inocentes, pero ha dicho que no es un tema que se deba dirimir públicamente para que el esfuerzo pueda tener eficacia.

El presidente Bukele ha sido uno de los más férreos aliados del presidente Donald Trump en la región. El 14 de abril, visitó a su homólogo en la Casa Blanca, donde reafirmó su compromiso de recibir en El Salvador más migrantes deportados y rechazó la posibilidad de devolver a Estados Unidos a Kilmar Armando Abrego García, un trabajador de la construcción salvadoreño que llevaba 14 años en el país y que fue deportado por error a su país de origen. “¿Cómo voy a meter de contrabando a un terrorista en Estados Unidos? Por supuesto, no voy a hacerlo”, manifestó Bukele en el Despacho Oval, pese a que las autoridades judiciales no han dado por probados los presuntos vínculos de Abrego con la Mara Salvatrucha, una de las pandillas a las que Bukele ha declarado la guerra.

Diversas organizaciones han denunciado las repetidas violaciones de los derechos humanos que se producen en las cárceles salvadoreñas desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Cristosal, la principal organización en defensa de los derechos humanos de la sociedad civil en El Salvador, ha documentado la muerte de decenas de presos por torturas, golpes o asfixia mecánica por estrangulación. En el Cecot―prisión que han visitado la secretaria de Seguridad de Trump, Kristi Noem, y la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich― cientos de personas permanecen detenidas por una cuestión tan difusa como la “asociación ilícita” o por el hecho de tener tatuajes.

Last weekend, immigration attorney Liudmila Armas Marcelo spent her time not just listening to — but above all, calming — many of her desperate clients who had received orders to leave the United States within seven days. Her phone rang nonstop. On the other end were people on the brink of a breakdown. One client’s blood pressure skyrocketed. Another’s son, who suffers from health issues, was severely affected. “People panicked,” Marcelo recalls.

What she never expected was that she, a U.S. citizen, would also be notified by the Department of Homeland Security (DHS) to leave the country “immediately.”

On April 11, she received the same email that had been landing in the inboxes of over 936,500 people who entered the U.S. since January 2023 via the CBP One appointment system — a tool introduced by the Biden administration to help manage the migration crisis at the southern border. It’s a message that could rattle anyone — citizen or not — with a tone Marcelo describes as “very aggressive and very frightening.”

The DHS email, obtained by EL PAÍS, begins with a blunt message: “It is time for you to leave the United States.” It goes on to say that the department is exercising its discretion to terminate the parole previously granted — along with any associated government benefits, such as a work permit. The letter warns that failing to comply could lead to “potential law enforcement actions that will result in your removal.” In another line, the threat is even more explicit: “Do not attempt to remain in the United States — the federal government will find you.”

The email began arriving in inboxes in early April — often in the middle of the night, at 2 a.m., 3 a.m. and 4 a.m. Some recipients saw it immediately; others found it when they woke up.

Marcelo says she wasn’t alarmed when she received the email because she is a naturalized Cuban, and immediately thought it could be “a mistake.” She later learned that the message had reached not only other citizens like her, it had also been sent to permanent residents, individuals in the process of regularizing their immigration status, and even to people who had never entered the U.S. through the CBP One system — individuals who remained in Mexico after the Trump administration disabled the app on its very first day in office.

Adriana and Luis, two 29-year-old Cuban residents of Odessa, Texas, arrived in the United States through CBP One in November 2023. Like many others, they received the same message that landed in attorney Marcelo’s inbox. Adriana saw it in the early hours of April 11; Luis, the night before. Both were frightened, but something about it felt off. Adriana is currently awaiting her green card after applying under the Cuban Adjustment Act, which grants legal status to Cubans living in the U.S., while Luis has been a permanent resident for several months.

“I was worried that it could have been a system error,” says Luis. Amid the uncertainty, they immediately contacted their lawyer. “I emailed her, and she cleared up my doubts,” adds Adriana. “Seeing that it has reached people who are even citizens has put my mind at ease.”

But Marcelo believes that arbitrarily sending the email to so many people has already caused serious harm and is “unforgivable.” “They didn’t bother to determine who the person was, whether they actually entered the United States, whether they are in the country illegally or are already residents,” she says. “I’m waiting for an explanation from the [government], but so far nothing has come. I don’t know if they’re waiting for some people to panic and leave.”

The ‘mistakes’ that the Trump administration won’t fix

The Donald Trump administration is making alleged “mistakes” that are already taking their toll on the country’s migrant community. Throughout his campaign, Trump promised to purge the country of “criminals,” yet many of those detained or deported under his policies had no criminal records.

Perhaps the most well-known case is that of Kilmar Abrego García, a 29-year-old Salvadoran deported to El Salvador’s notorious Cecot mega-prison. He was deported with more than 230 other men allegedly tied to the Venezuelan gang Tren de Aragua and the Salvadoran group MS-13 — but his family say he has no connection to the gangs.

Now, the email instructing thousands of migrants who entered the U.S. via the CBP One app to leave the country represents yet another “failure” of the system — another action by the administration that violates “due process.” Attorney Marcelo is certain that, as the months go by, “we’ll begin to see more and more cases where due process may have been violated. That’s what happens when there’s this lack of responsibility and negligence,” she says.

The lawyer argues that it’s clear the government is operating in a highly disorganized manner in its push to deport millions of undocumented immigrants. Or worse, that it hopes migrants will take the initiative to self-deport using CBP One’s counterpart, the CBP Home app, which allows individuals to voluntarily report their departure from the country — though the supposed benefits of using it remain unclear to both migrants and their attorneys.

Other lawyers like Marcelo received notices to leave the United States simply because they had registered accounts with U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) to monitor their clients’ cases. “They didn’t even bother to check who had actually entered through CBP One or which emails were professional, belonging to a lawyer. That’s why I see a lack of seriousness in how this was handled,” she says.

As if that weren’t enough, Marcelo insists the government also failed to properly identify the recipients in the messages. “How can anyone be sure the email was really meant for them and not just a system error?” she asks. “They’re not concerned about people’s peace of mind; on the contrary, they’re contributing to a level of fear and panic that many have no reason to feel.”

Self-deport or stay?

A week after the DHS emails were sent, the government began revoking I-94 entry permits for those who arrived through CBP One, stripping them of their legal status in the U.S. and invalidating the work permits they had been granted. The fear has left many wondering what to do next: self-deport, as the email urges, or stay put and wait.

Marcelo strongly advises against leaving the country, especially for those with pending immigration court cases. “If people start leaving, that doesn’t count as voluntary departure, and when the court arrives and the judge asks for the person, he or she will immediately issue a deportation order in absentia,” she explains.

The attorney believes that what’s happening with CBP One beneficiaries could foreshadow similar outcomes for other programs like Temporary Protected Status (TPS) or humanitarian parole, which the government attempted to suspend, a move that was blocked by the courts.

“The same thing is going to happen, because these are programs that, in their context, were created to regulate entry into the country. You can’t say now that the program is illegal and all the existing ones are illegal, because you’re retroactively punishing the person,” says Marcelo.

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