El goteo no cesa y este martes Barcelona conoció un nuevo edificio de inquilinos amenazados con ser expulsados de sus pisos: como en su día la Casa Orsola, los vecinos del número 83 de la calle de Sepúlveda, en el barrio de Sant Antoni (Eixample), se presentaron como “bloque en lucha”. De la mano del Sindicato Socialista de Vivienda del distrito, explicaron que, en junio pasado, los herederos de la propiedad de la finca la vendieron a una empresa y algunos vecinos han comenzado a recibir comunicaciones avisando de que no se les renovarán los contratos a medida que acaben. La nueva propiedad es Vandor, “una firma de inversión, promoción y gestión inmobiliaria con sede en Barcelona, centrada en el segmento de vivienda no permanente”, según figura en su página de internet.

Como otros tantos en el Eixample y en otros barrios de la ciudad, como Gràcia o Poble-sec, se trata de un edificio donde viven vecinos desde que nacieron, familias con hijos menores, y algunas monoparentales. De los 28 pisos de la finca, ya hay nueve vacíos. El resto, vive con la espada de Damocles ante el fin de sus contratos. Los que terminarán más pronto son uno en diciembre y otro a comienzos de 2026. Erika, una de las vecinas, reportó en rueda de prensa que en la finca hay personas en situación de vulnerabilidad y relató: “Poco a poco han ido marchándose vecinos, que querían evitar el conflicto, o porque pensaban que no tenían nada que hacer ante esta situación”. En el caso del nuevo edificio que sus vecinos han dado a conocer, las viviendas vacías todavía no están en obras y permanecen cerradas.

“Sepúlveda 83 es un ejemplo más de como el negocio inmobiliario obliga a las personas a abandonar su casa: grandes tenedores y fondos de inversión compran edificios enteros y se lucran a través de las prácticas de fragmentación de los pisos en habitaciones, de alquileres de temporada y co-livings, en detrimento de la vivienda como derecho básico”, insistieron los integrantes del Sindicato, citando el caso de Bloc Papallona en la calle de Llançà, a escasos centenares de metros de Sepúlveda, 83.

El Sindicato y los vecinos organizados aseguraron que han intentado contactar con Vandor, “pero no ha habido respuesta”. Dando a conocer sus casos buscan presionar para iniciar “una negociación” con su nuevo casero y “frenar el vaciado del edificio”. Entre los afectados figura también Boris Oleart, que contó a Betevé que en unos meses se le acaba el contrato y expresó su temor al futuro: “Mis hijos están escolarizados en el barrio, aquí tenemos nuestra red de apoyo y no podríamos quedarnos ni en Sant Antoni ni al barrio de al lado, por el alto precio de los alquileres”.

En febrero de este año, las asociaciones de vecinos del Eixample actualizaron datos de un estudio de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAVB), las cinco asociaciones del distrito (Dreta, Esquerra, Nova Esquerra, Sagrada Familia y Fort Pienc) y el Sindicato de Inquilinas. En el distrito, alertaron, hay 232 fincas que han sido compradas o son gestionadas por empresas, un 70% de alquileres son de temporada (si se busca en los portales de internet), un 21% de las camas del distrito son de oferta turística, y desde 2016 ha habido 4.000 desahucios invisibles(en los que los vecinos no se han marchado por voluntad propia, sino porque no podían afrontar las condiciones que les imponían nuevos caseros). Las asociaciones hablan de 10.000 vecinos expulsados por estos desahucios invisibles (multiplicando los edificios por una media de 17 pisos por finca y 2,5 personas por piso, y en un escenario en el que el 100% de los vecinos se hubiera marchado).