El Ministerio del Interior va a dar este martes el primer paso para reforzar la seguridad de las denominadas entidades críticas ante cualquier tipo de amenaza “de origen natural o humano”, desde sabotajes y ataques terroristas a las provocadas por catástrofes naturales y incidentes técnicos graves, como el gran apagón del 28 de abril que afectó a toda la península Ibérica. Para ello, su titular, Fernando Grande-Marlaska, presentará en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, con la que busca incrementar la actual protección que ya tienen estas infraestructuras imprescindibles para el normal funcionamiento de la actividad ciudadana ―entre las que se encuentran, por ejemplo, centrales energéticas, aeropuertos, hospitales y sistemas de suministro de agua―, así como su capacidad para superar cualquier incidente que ponga en riesgo su funcionamiento.

Entre las medidas que contempla, incluye la posibilidad de que, “en casos debidamente motivados”, una entidad crítica de carácter privado pueda pedir a Interior la comprobación de los antecedentes de sus trabajadores que “desempeñen tareas sensibles” o tengan “acceso directo o remoto a sus instalaciones, información o sistemas de control”. Esta consulta deberá ser aprobada por la Secretaría de Estado de Seguridad y “será proporcionada y se limitará estrictamente a lo necesario, con el único fin de evaluar un posible riesgo para la seguridad de la entidad crítica de que se trate”.

El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que la consulta incluirá “corroborar la identidad de la persona objeto de la comprobación”, “comprobar en el registro nacional o en el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales la eventual constancia de delitos directamente relacionados con las funciones del puesto concreto” y revisar “la información de inteligencia y de cualquier otro tipo de la que dispongan las autoridades nacionales competentes”. El documento detalla que estas medidas de “acreditaciones o informes de idoneidad” vienen recogidas en la directiva de la Unión Europea de 2022 que Interior traspone con esta ley.

El anteproyecto recoge en su exposición de motivos que el objetivo de la nueva norma es modernizar el marco legal existente en la actualidad para poder responder a amenazas cada vez más complejas, incluidas las llamadas híbridas (actuaciones que buscan desequilibrar las condiciones de seguridad de un Estado sin superar el umbral de la agresión armada convencional). Para ello, la propuesta de Interior plantea la necesidad de que las propias entidades críticas evalúen los riesgos a los que se enfrentan y, en los seis meses siguientes, elaboren un plan de resiliencia que incluya medidas de prevención, respuesta y recuperación ante ellos con el objeto de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios esenciales para la sociedad y la economía.

Ese plan de resiliencia ―que las entidades deberán remitir a la Secretaría de Estado de Seguridad para su validación― tendrá que detallar “las medidas técnicas, organizativas y de seguridad” para, por ejemplo, “evitar que se produzcan incidentes, valorando especialmente medidas de reducción del riesgo de catástrofes y de adaptación al cambio climático”. También deberá “garantizar una protección física adecuada de sus instalaciones y de la infraestructura crítica” con especial atención a “las vallas, las barreras, las herramientas y rutinas de vigilancia perimetral, los equipos de detección y los controles de acceso, entre otros”. Las Fuerzas de Seguridad elaborarán también “planes de apoyo operativo” de cada una de las infraestructuras críticas que contemplen “medidas de vigilancia, prevención o reacción complementarias a las previstas por la entidad crítica”.

Interior quiere también que en estos planes de resiliencia las entidades públicas y privadas consideradas como críticas recojan las medidas para ser capaces de “responder y resistir a las consecuencias de los incidentes y mitigarlas” y, además, “recuperarse de incidentes, atendiendo en especial a medidas de continuidad de las actividades y la identificación de cadenas de suministro alternativas, a fin de retomar la prestación del servicio esencial”. Las entidades críticas deberán designar a “una persona, unidad u órgano como responsable de seguridad y resiliencia”, que además de ser el responsable del cumplimiento de los planes de respuesta, será el punto de contacto con las autoridades. Esta persona deberá contar con una habilitación como director de seguridad expedida por Interior.

El texto plantea que la Secretaría de Estado de Seguridad siga siendo el órgano competente de coordinar a todos los actores, tanto públicos como privados. Lo hará, como hasta ahora, a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), que será rebautizado una vez se apruebe la ley con el nombre de Centro Nacional para la Protección y Resiliencia de Entidades Críticas (CNPREC). Este organismo será el encargado de elaborar el plan que “permitirá dirigir y coordinar las actuaciones precisas para fortalecer la seguridad de las entidades críticas y de sus infraestructuras, con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios esenciales”.

El proyecto es, en realidad, la trasposición de una directiva europea aprobada en diciembre de 2022 que buscaba precisamente implicar a entidades públicas y privadas relacionadas con las infraestructuras críticas de toda la Unión Europea (UE) para que realizasen evaluaciones de riesgos, adoptasen medidas y se comprometieran a notificar a los gobiernos cualquier incidente significativo que pudiera poner en peligro los servicios que prestan.

La directiva ya ponía el foco en el riesgo derivado de catástrofes naturales y el cambio climático, del que destacaba que había intensificado la frecuencia y la magnitud de los fenómenos meteorológicos extremos que amenazan “la capacidad, la eficiencia y la vida útil de determinados tipos de entidades e infraestructuras si no existen medidas de adaptación a dicho fenómeno”, según recuerda ahora Interior.