Hace justo un año, en los días previos a la segunda toma de posesión de Donald Trump, un frente gélido que obligó a celebrar la ceremonia bajo techo sumió a Washington en un ánimo sombrío. Una pregunta corría por una ciudad abrumadoramente demócrata tomada por grupos de simpatizantes MAGA (Make America Great Again, el lema del trumpismo), por los nuevos vecinos llegados con el cambio de Administración y por los milmillonarios ansiosos por hacer negocios con ella. ¿Dónde estaría esta vez la resistencia al presidente de Estados Unidos?

Después de todo, una envalentonada movilización ciudadana había recibido a Trump al principio de su primer mandato (2017-2021). En el amanecer del segundo, y tras 10 años en los que activistas, famosos de Hollywood, políticos demócratas, medios tradicionales y el propio sistema trataron sin éxito de pararle los pies, parecía que esa mitad de Estados Unidos había decidido bajar los brazos en vista de la victoria sin peros que había cosechado en las urnas.

Doce meses después de aquella toma de posesión, la resistencia a Trump está algo más despierta. Y se enfrenta a un año clave, en el que las elecciones legislativas del próximo noviembre partirán su presidencia en dos: perder el Congreso, que ahora domina, complicaría enormemente la segunda parte de su mandato. Entre tanto, jueces federales de todo el país siguen rechazando y en ocasiones frenando su agenda en los tribunales, un puñado de congresistas republicanos le llevan la contraria con efectos más irritantes que determinantes, y los demócratas recobran cierta esperanza con destellos como el del nuevo alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani.

También arrecia la contestación en las calles. Esta semana, las televisiones en Estados Unidos han emitido incansablemente las imágenes de las protestas en Minneapolis por el despliegue de los agentes migratorios del ICE, uno de los cuales mató a tiros a Renée Good, una ciudadana estadounidense. En una secuencia que ha ido in crescendo, las hubo antes en Los Ángeles, Chicago o Portland. Todas ellas son ciudades demócratas a las que el Gobierno ha mandado a la Guardia Nacional, como la ha enviado a la propia Washington, cuyas calles aún patrullan.

Jueces federales de todos esos lugares se han opuesto a las decisiones del Gobierno de desplegar miles de agentes, en otra demostración de que la resistencia a Trump, como se advirtió desde el principio, está esta vez también (o sobre todo) en los tribunales. En estos 12 meses, Trump ha firmado 228 decretos y decisiones ejecutivas sin contar con el Congreso, tres más que en sus cuatro años anteriores, y muchos de ellos han acabado ante la justicia. Esta semana había 253 demandas en activo contra medidas del Gobierno en instancias locales, estatales y federales, según cálculos de la organización independiente Lawfare. Y nada indica que el toma y daca vaya a aflojar.

La barrera judicial a los intentos de Trump de ampliar el poder ejecutivo tiene, con todo, una grieta en su parte más alta. El Tribunal Supremo, formado por una mayoría conservadora de seis magistrados —tres de los cuales nombró el republicano durante su primer mandato—, mostró en el curso judicial pasado una robusta fidelidad al presidente de Estados Unidos. Le dieron la razón en 19 ocasiones, con fallos tramitados de urgencia.

¿Y el poder legislativo? Este primer año de Trump de vuelta en la Casa Blanca fue, sobre todo en su primera mitad, el de la parálisis del Congreso. En su primer mandato, el Partido Republicano sí se revolvió contra algunas de las decisiones. En este segundo, y tras una década de infiltración MAGA en sus filas, la formación se ha plegado una y otra vez a los deseos de la Casa Blanca.

Es cierto que los demócratas, que no controlan ninguna de las cámaras, gozan de escaso poder de maniobra. También que, bajo los efectos de la derrota electoral, desnortados y sin líder, tardaron meses en entrar en acción entre los llamamientos del influyente estratega James Carville a poner en práctica la maniobra política “más audaz en la historia del partido”. Que se resumía en esto: “Dar marcha atrás y hacernos los muertos, permitir que los republicanos caigan por su propio peso”.

En otoño, los demócratas del Senado forzaron el cierre de la Administración (la suspensión de servicios y sueldos públicos por la ausencia de financiación) más largo de la historia, que duró 43 días y retrasó la aprobación de una ley para obligar al Departamento de Justicia a publicar los papeles del millonario pederasta Jeffrey Epstein que obran en su poder.

Cuando finalmente se votó la moción, la decisión fue casi unánime; solo un congresista conservador votó en contra. El asunto de Epstein, que fue amigo de Trump durante años, fue también el motivo para la ruptura del presidente con un grupo de congresistas díscolos, sumados en los últimos meses a la resistencia contra él en asuntos como las operaciones militares extrajudiciales contra supuestas narcolanchas en el Caribe. Trump los insulta reiteradamente en su red social, y llegó a forzar la renuncia de una de ellas, la ya exrepresentante MAGA Marjorie Taylor Greene, convertida en insospechado rostro de la oposición.

Antes de eso, la del cierre del Gobierno fue una maniobra arriesgada para los demócratas; el cerrojazo de la financiación pública afecta a servicios importantes para los ciudadanos, y deja a centenares de miles de funcionarios sin sueldo. Pero dio sus frutos para el partido, que se presentó ante sus simpatizantes, por primera vez desde la hecatombe electoral de Kamala Harris, como una organización dispuesta a dar la batalla. El cierre terminó cuando ocho senadores de la minoría cedieron a las condiciones para reabrir el grifo. No por mucho tiempo: la próxima prueba llega a finales de enero, y no se descarta una nueva falta de acuerdo como medida de presión para salvar ciertos subsidios médicos.

En esos meses de inacción demócrata, sus estrategas rogaban paciencia con la vista puesta en las midterms, las elecciones de medio mandato en las que se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Pues bien, ese momento está ahora más cerca. Se celebran el 3 de noviembre, la fecha más importante del calendario de 2026, junto a la del 4 de julio, 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Se da por descontado que Trump, que dijo esta semana que mejor sería si no se celebraran (aunque luego la Casa Blanca matizó que estaba “bromeando”), hará lo posible por influir en sus resultados a base de redibujar distritos, colocar negacionistas electorales entre los funcionarios encargados del escrutinio y poner en duda la legitimidad del voto por correo. Aun así, muchos analistas ven posible, a 10 meses de la cita con las urnas, que los demócratas recuperen la mayoría en la Cámara de Representantes, donde se ponen en juego 435 escaños pero solo unas 60 pueden considerarse contiendas disputadas.

Cuatro puntos de ventaja

Los índices de popularidad de Trump son malos desde hace más de 300 días. Y según un sondeo de The Wall Street Journal de este sábado, que da cuatro puntos de ventaja en intención de voto a los demócratas, una mayoría de los estadounidenses no está contenta con la marcha de la economía, ve al Gobierno incapaz de moderar el coste de la vida y considera que la Casa Blanca está demasiado distraída con la política internacional.

El análisis lo completa el hecho de que la de las midterms será una cita con un inusual número de congresistas de retirada, más entre las filas republicanas (25) que entre las demócratas (21), lo que añade incertidumbre para la bancada conservadora, que tiene una magra mayoría (218-213).

Las legislativas de medio mandato suelen ser malas noticias para el partido en el poder, aunque, de nuevo según el sondeo del Journal, las perspectivas a estas alturas del año eran mejores en 2018 para los demócratas que las de ahora. Entonces, Trump se enfrentó a su primer test electoral y fracasó con estrépito.

Si la Cámara de Representantes se diera la vuelta, los demócratas tendrían más capacidad para bloquear su agenda, salvo en la parte que saque adelante a golpe de poder ejecutivo. También podrían plantear el simulacro de un impeachment (juicio político) para destituirlo, pero eso puede ser arriesgado. Sería el tercero, y los dos anteriores, lejos de acabar con Trump, solo lo hicieron más fuerte.

Decidir si ir con todo o no es un dilema, pero no es el único dilema de la izquierda estadounidense, que en noviembre pasado recibió una inyección de optimismo, tras una temporada sombría, con las victorias electorales contundentes en Nueva Jersey, Virginia y, sobre todo, en la alcaldía de Nueva York. En esa ciudad ha nacido una estrella: el socialista Zohran Mamdani. Los demócratas estarán muy pendientes de su éxito o fracaso, mientras siguen sin tener un líder claro para 2028, y la emergencia de Mamdani ha puesto en evidencia el enfrentamiento entre dos facciones del partido: moderados y progresistas.

Del alcalde de Nueva York todos parecen al menos haber aprendido algo: parte de su éxito se debió a que se centró en el coste de la vida, esa “asequibilidad” que impuso hasta en el discurso de Trump. Más difícil será tomar nota de su extraordinario talento en el uso de las redes sociales. Para conectar con ese electorado joven, fundamentalmente masculino, que en las últimas elecciones se arrojó en los brazos MAGA, figuras prominentes como el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, han adoptado la táctica de bajar al barro y responder a Trump en redes sociales con su misma medicina, entre bromas de dudoso gusto, memes y ataques personales. También está por ver si esa estrategia servirá de algo más que para canalizar la frustración de tener enfrente a un presidente que a menudo parece imposible de parar.

Newsom es seguramente el mejor posicionado para ser candidato de los suyos en las próximas presidenciales. Pero su cambio de estilo, o las victorias de otoño pasado, no son suficientes para dar por superada la crisis del partido, según David Plouffe, veterano estratega demócrata que se ha erigido en una de las voces más críticas con el establishment que permitió que Joe Biden volviera a presentarse y fue uno de los líderes de la breve campaña de Harris.

“Es mucho más fácil confiar en que la tormenta ha pasado, que la profunda impopularidad de Trump y del movimiento MAGA, y el caos que están generando, serán suficientes para enderezar el rumbo”, escribe Plouffe en The New York Times. “Ojalá fuera así. Pero para ganar elecciones en un territorio políticamente implacable, incluso hostil, el partido deberá renovar su imagen deteriorada y su programa obsoleto, impulsando nuevas figuras y nuevos líderes que prometan trazar un camino en el que confíen suficientes votantes”.

Esa es la teoría. La práctica será a buen seguro mucho más difícil.

Las imágenes son de terror.

Una mujer es arrastrada sobre la nieve por un agente federal de Estados Unidos mientras uno de los testigos grita que está embarazada. Ocho agentes —los conté— rodean a un inmigrante y luego varios de ellos se tiran sobre él a pesar de que ya tiene las manos tras su espalda y la cabeza contra el piso. Un niño camina, sin rumbo fijo, y cuando le preguntan dónde está su mamá apenas puede decir que se la llevó la migra (así se le conoce a ICE, la policía migratoria de Estados Unidos). Un agente le pone la rodilla en el cuello a un hombre que ya no se mueve. Conductores son detenidos sin motivo alguno, solo por la manera en que se ven, y les rompen con un martillo la ventana del auto para sacarlos por la fuerza. Padres y madres son separados a jalones de sus hijos en los pasillos de un edificio gubernamental luego de acudir a una cita para regularizar su situación migratoria.

Eso le pasó a Dylan López Contreras, un estudiante venezolano que fue arrestado en mayo del 2025 luego de una cita migratoria de rutina. Hoy sigue encarcelado en Pennsylvania. Su madre Raisa me contó que no les “dieron ninguna explicación” tras su arresto. Mientras, Dylan se pregunta desde la prisión: “¿Por qué haciendo las cosas bien tiene que pasarnos esto a nosotros?”.

Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, uno de los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, también tiene una pregunta: “¿Qué le hicimos a Trump?”. Muchos venezolanos, me dijo Adelys hace unos meses, se sienten “traicionados, desilusionados, decepcionados y aterrorizados”. “Yo creo que los venezolanos somos la punta del iceberg de una campaña antiinmigrante que está haciendo lo imposible por sacar del país a la mayor cantidad de latinos”, afirma.

Las cifras gubernamentales le dan la razón.

Desde que Trump llegó a la presidencia, en enero del 2025, han deportado a más de 600.000 personas y casi dos millones más se han autodeportado. Esto significa que, por primera vez en al menos medio siglo, más inmigrantes han salido de Estados Unidos que los que han entrado, según confirmaron la institución Brookings y el centro Pew. Esto convertirá rápidamente a Trump en el “deportador en jefe”, un título extraoficial que por mucho tiempo tuvo el exmandatario Barack Obama, quien deportó a tres millones de indocumentados durante sus ocho años en la presidencia.

Y supongo que, en este caso, Trump llevará con orgullo ese título. Hace poco, en un discurso, Trump se preguntó: “¿Por qué solo traemos gente de países de mierda (shithole countries, dijo en inglés)? ¿Por qué no podemos traer gente de Suecia y Noruega, solo algunos pocos? O de Dinamarca. Envíennos alguna gente buena. En cambio, siempre estamos trayendo gente de Somalia, o de lugares que son un desastre”.

En las familias donde uno o todos sus miembros son indocumentados suele haber un plan. Todos saben que tienen el derecho de no responder a las preguntas de los agentes si los detienen y no abrir la puerta a menos que les presenten una orden firmada por un juez. Aunque, en el caos de una detención, los agentes de ICE suelen hacer lo que quieran. Por eso, los adultos saben que, si los arrestan, la primera llamada debe ir a un familiar, no a un abogado (ya que no siempre están disponibles).

La rapidez con la que Trump está persiguiendo y deportando a inmigrantes, sobre todo latinoamericanos, no tiene precedente. Y lo nuevo es el fenómeno de la autodeportación. Muchos indocumentados —y hay cerca de 14 millones en Estados Unidos, según el centro Pew— han tomado la difícil decisión de regresar a sus países de origen en lugar de enfrentarse diariamente a la incertidumbre de ser detenidos y separados de sus familias.

Como Yocari Villagómez, de 23 años, nacida en México y quien llegó a California cuando tenía 11. “Yo tomé la decisión de autodeportarme porque asistí a mi entrevista de residencia (ya que está casada con un estadounidense) y fui detenida”, me dijo. Pasó tres meses en un centro de detención de migrantes y, como no encontró un proceso legal para quedarse, se autodeportó a Tijuana. “Llegar de vuelta a mi país, ya siendo una persona adulta, fue muy difícil porque no tenía un plan”.

Estados Unidos fue, por muchas décadas, el país de las segundas oportunidades. Ya no lo es. Hoy es el país de los perseguidos. El color de tu piel o tu acento al hablar inglés pueden culminar en una detención injustificada o peor, si no tienes los documentos para quedarte en el país.

Trece de cada 100 latinos que dieron su voto a Trump en las elecciones presidenciales del 2024 ya no lo harían, de acuerdo con una encuesta de la organización UnidosUS. Pero ya es demasiado tarde para arrepentirse. Cuando Trump hablaba en campaña de que quería perseguir y deportar a millones, en realidad estaba hablando de gente como ellos.

El 2026 viene mal. Trump está desatado y nadie, ni el Congreso o la Corte Suprema, se atreve a ponerle límites. Lo peor aún está por venir.

Posdata. Las entrevistas que aquí aparecen salieron originalmente en mi podcast Así Veo Las Cosas (YouTube).

Jorge Ramos, periodista mexicano afincado en Estados Unidos, presentó hasta diciembre de 2024, y durante casi cuatro décadas, el Noticiero Univisión. En 2025 fue galardonado con el premio Ortega y Gasset a la trayectoria profesional.

Ventanas de autos destrozadas y personas sacadas a la fuerza de sus vehículos. Individuos derribados e inmovilizados contra el suelo. Pistolas apuntadas contra civiles desarmados. Ciudadanos y migrantes por igual, baleados y asesinados en sus coches. Manifestantes rociados directamente en el rostro con gas pimienta o asfixiados con gases lacrimógenos. Cualquiera que se atreva a hablar inglés con acento o que tenga la piel morena es obligado a demostrar su ciudadanía al azar. Son escenas que se han vuelto cotidianas en los Estados Unidos de Donald Trump, un país cuyas ciudades, sobre todo aquellas gobernadas por los demócratas, han sido sitiadas por agentes de inmigración que patrullan barrios de mayoría latina y acechan en los tribunales en busca de migrantes que apresar y deportar.

En el primer año de la segunda presidencia del republicano, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE son sus temidas y ya mundialmente reconocibles siglas en inglés) se ha convertido en el principal brazo ejecutor de su ofensiva antiinmigrante, que suma más de medio millón de deportaciones en 12 meses. La agencia ha sido descrita como una fuerza paramilitar y que, según el propio Gobierno, opera con “inmunidad absoluta”.

En Minneapolis, último blanco de la Administración Trump, ha salido a la luz el rostro más violento de la agencia. A la ciudad más poblada del Estado de Minnesota han llegado desde la primera semana de enero unos 3.000 agentes federales en poco más de una semana, para lo que el director interino del ICE, Todd Lyons, ha denominado “la mayor operación de inmigración jamás realizada”. ¿El resultado? Una ciudad aterrorizada, con negocios cerrados, clases presenciales canceladas y familias refugiadas en sus hogares.

Como la de Saúl, que prefiere no dar su apellido porque su madre recibió recientemente una orden de deportación y se encuentra escondida en su casa en la vecina ciudad de St. Paul. “Los agentes están chinga y chinga todos los días. Todos estamos espantados, mis padres no quieren salir. Estamos viviendo bajo ese miedo de que lleguen a la casa y tumben la puerta para llevarse a mi mamá”, asegura mientras protesta a las afueras del edificio federal donde el ICE mantiene la base central de su operativo migratorio en Minneapolis.

Va envuelto con una bandera mexicana y con su pasaporte estadounidense en su bolsillo por si le toca tener que mostrarlo. Saúl, de 26 años, nació en Minnesota de padres que emigraron de México hace más de dos décadas. “Nunca pensé que me pasaría esto, que alguien me juzgue por mi color de piel. Pensé que era algo que se había quedado en el pasado, pero ahora me ha tocado vivirlo en carne propia”, dice, en referencia al perfilamiento racial que los agentes usan para detener a personas sin órdenes judiciales.

Los agentes, enmascarados y armados, se mueven en autos sin distintivos y descienden en cualquier lugar sin previo aviso. Aun así, los locales han aprendido a reconocer sus vehículos y a intentar advertir de su presencia siempre que pueden: saben que las camionetas con vidrios polarizados que no respetan las leyes de tránsito suelen ser de ellos y empiezan a sonar sus silbatos o las bocinas de sus propios carros. Pero poco les disuade de su misión: agarran al migrante que buscaban y cargan con quien se les ponga delante, da igual si la persona les suplica y grita que tiene permiso legal para estar en el país o que es ciudadano estadounidense.

Las protestas en contra de la presencia de los agentes en Minneapolis han sido diarias y la agitación en las calles solo han crecido con cada día que el Gobierno de Trump se niega a poner fin a lo que los funcionarios locales y estatales denuncian como un “invasión federal”. Ahora, la tensión ha alcanzado un punto de ebullición del cual será difícil retornar: tras dos tiroteos por parte de los agentes, con uno de ellos acabando con la vida de una mujer de 37 años, el presidente ha amenazado con aplicar la Ley de Insurrección, que le permitirá enviar al ejército estadounidense a la ciudad para aplacar las manifestaciones.

“Pondré fin rápidamente a la farsa que está teniendo lugar en ese Estado que en su día fue grande”, aseguró el republicano el pasado jueves. A su juicio, los agentes del ICE desplegados en la ciudad, incluido el que mató a tiros a Renee Good el 7 de enero, son todos unos “patriotas” que “solo intentan hacer su trabajo”.

Inmunidad o impunidad

Es algo que funcionarios de la Administración republicana han repetido incesantemente durante los últimos 12 meses. Con cada nuevo incidente en que los agentes son señalados por uso excesivo de la fuerza o violencia, Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, del cual el ICE es dependiente, defiende sus acciones. “Cada una de las acciones que llevan a cabo nuestros agentes del ICE se ajusta a la ley y sigue los protocolos que hemos utilizado durante años”, dijo la alta funcionaria el jueves. Noem insistió en que las verdaderas víctimas son los oficiales.

“La retórica de odio y la resistencia contra los hombres y mujeres que simplemente están tratando de hacer su trabajo deben terminar. Los agentes federales del orden público se enfrentan a un aumento de más del 1.300% en las agresiones en su contra mientras ponen sus vidas en riesgo para arrestar a criminales e infractores de la ley”, señalaba el departamento en un comunicado esta semana después de que un migrante fuera herido de bala en un segundo tiroteo en Minneapolis.

El Gobierno de Trump no solo defiende las tácticas violentas empleadas por los funcionarios de inmigración, sino que las justifica. Desde dentro de la propia agencia, se sabe que los agentes han sido ordenados a tomar “medidas decisivas” si son amenazados. Es lo que la Casa Blanca sostiene que hizo el agente Jonathan Ross cuando disparó a Good: según el relato oficial, la mujer, ciudadana estadounidense y madre de tres, intentó atropellar a Ross, aunque los vídeos del momento muestran lo contrario, que ella intentó girar su vehículo para alejarse de él.

Mientras el FBI investiga el tiroteo por su cuenta, después de que el Departamento de Justicia se negara a permitir que las autoridades de Minneapolis participaran en la pesquisa, desde Washington señalan que Ross “está protegido por la inmunidad absoluta”. Así lo dijo el vicepresidente del país, J. D. Vance, un día después de la muerte de Good.

Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional reiteró esa afirmación al republicar un vídeo de una entrevista que Stephen Miller, jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca y autor intelectual de la ofensiva antiinmigrante del Gobierno de Trump, dio a la cadena Fox en octubre. En la grabación, Miller se refiere a los agentes y asegura: “Tienen inmunidad para desempeñar sus funciones, y nadie —ni ningún funcionario municipal, ni ningún funcionario estatal, ni ningún extranjero ilegal, ni ningún agitador izquierdista o insurrecto nacional— puede impedir que cumplan con sus obligaciones y deberes legales”.

La realidad es que los agentes del ICE no están totalmente protegidos contra el enjuiciamiento. Sin embargo, expertos señalan que la aseveración del Gobierno de que sí tienen inmunidad solo los envalentonará y reforzará la percepción de que actúan con impunidad.

“Kristi Noem ha intentado claramente indicar al ICE que pueden actuar con impunidad, provocar y agravar enfrentamientos e incluso ejecutar a quien les plazca”, afirmó el miércoles el representante por Misisipi Bennie Thompson, el principal demócrata del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. “Ha desatado al ICE y a otros agentes federales sobre las comunidades estadounidenses, no para protegerlas, sino para atacarlas y sembrar el miedo, la violencia y el caos”, añadió y pidió la destitución de la secretaria, algo que ha cobrado apoyo entre las filas demócratas en el Capitolio.

Abolición del ICE

Desde el verano pasado, el Gobierno ha enviado a miles de agentes de inmigración a varias ciudades demócratas: Los Ángeles, Washington D. C., Charlotte (Carolina del Norte), Portland (Oregón), Chicago, Nueva Orleans… hasta llegar a las Ciudades Gemelas, como se le conoce al área de Minneapolis y St. Paul. Los enormes operativos han sido posibles debido a que el ICE cuenta hoy con el mayor presupuesto para una agencia en la historia de Estados Unidos, por encima del dinero destinado al FBI, la DEA y otras entidades federales. Aprobada en julio pasado como parte de la reforma fiscal de Trump, la partida de fondos supera los 100.000 millones de dólares hasta 2029.

De ese presupuesto, 30.000 millones están destinados a contratar y entrenar a miles de agentes para localizar, detener y deportar a migrantes. Para ello, el Departamento de Seguridad Nacional lanzó una histórica campaña de reclutamiento que le ha permitido ampliar rápidamente sus filas: hasta principios de enero, unos 12.000 nuevos agentes habían sido contratados, un incremento del 120% en su plantilla en unos cuatro meses. En total, el ICE cuenta ya con 22.000 oficiales, según sus propios datos.

Otra gran parte del presupuesto —45.000 millones de dólares en cuatro años, dos tercios del total— se utilizará para retener a migrantes en la red de centros de detención operada por el ICE, lugares en los que abundan las denuncias por los abusos de los derechos humanos de los detenidos y las pésimas condiciones en las que son mantenidos. El año 2025 cerró con la mayor cantidad de muertes en dos décadas en estos centros: 32, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional. En lo que va de 2026, al menos cuatro migrantes han fallecido bajo custodia del ICE.

Con la expansión sin precedentes de la policía migratoria también han aumentado los llamamientos para abolirla o, como mínimo, reformarla. De hecho, por primera vez, ahora hay más adultos estadounidenses que apoyan el desmantelamiento del ICE que los que se oponen a ella, según una reciente encuesta de The Economist y la empresa de análisis de datos YouGov.

El apoyo a esta idea surge después de que durante meses varios sondeos mostraran que el respaldo a las políticas migratorias de la Administración Trump ha estado cayendo. Una encuesta de la CNN publicada el miércoles reveló que el 51% de los estadounidenses cree que la agencia migratoria está haciendo que las ciudades sean menos seguras.

Algunos políticos del ala más progresista del Partido Demócrata se han unido a los llamamientos para abolir el ICE: Shri Thanedar, representante por Michigan, tiene previsto presentar un proyecto de ley que desmantelaría la agencia federal. Sin embargo, mientras ambos partidos negocian la financiación del Departamento de Seguridad Nacional para el año fiscal 2026 ante la posibilidad de un nuevo cierre del Gobierno federal el 30 de enero, el establishment demócrata ha optado por exigir que el ICE rinde cuentas y sea supervisado.

Mientras, a 1.500 kilómetros del Capitolio, en las calles de Minneapolis, el reclamo es claro: “Fuera ICE”. Caída la noche, y en medio del gélido frío ártico, Genesis Kark y su esposo se suman a la protesta que lleva todo el día frente al edificio federal de Minneapolis Bishop Henry Whipple. Cargan con cajas de pizza y galletas para repartir entre los manifestantes. “Se han cometido atrocidades en la última semana”, señala Kark, de 26 años y nativa de Minnesota. Y advierte: “No queremos al ICE en nuestra ciudad y continuaremos haciéndoles saber”.