El Gobierno de Israel ha aprobado este domingo una propuesta para registrar partes de Cisjordania como “propiedad del Estado”, un movimiento inédito desde la ocupación que el ejército mantiene sobre ese territorio palestino desde 1967. La emisora estatal israelí Kan ha informado sobre la decisión, que en la práctica tiene como objetivo ampliar el control israelí en el área en detrimento de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y avanzar en la anexión de Cisjordania.

El ministro de Finanzas, el ultranacionalista Bezalel Smotrich, el titular de Defensa, Israel Katz, y el de Justicia, Yariv Lavin -estos dos últimos, compañeros de formación conservadora del primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien busca salir reelegido en las elecciones de octubre- han impulsado la medida. En un comunicado conjunto al que ha tenido acceso el diario Jerusalem Post, los tres han defendido una decisión “que registra áreas extensas de Cisjordania que pertenecen al Estado en nombre del Estado”.

Antes de anunciarse esta medida, el ejército israelí había lanzado varios ataques sobre Gaza que causaron 11 víctimas mortales, según las autoridades gazatíes, en una respuesta a la supuesta violación del alto el fuego que las tropas israelíes denunciaron el sábado, cuando alertaron de la incursión de “terroristas armados” en la parte de la Franja controlada por Israel.

Según Katz, declarar la propiedad permanente sobre tierras cisjordanas -que sería el resultado de incorporarlas en el registro israelí- garantiza “el control y la plena libertad de acción del Estado de Israel en la zona”. Smotrich ha celebrado la medida: “Continúa la revolución de los asentamientos y el fortalecimiento de nuestro control sobre cada parte de nuestra tierra [en referencia a todo el territorio entre el río Jordán (frontera este de Cisjordania) y el Mediterráneo]”.

Grupos de colonos israelíes como Regavim aseguran que esta decisión “deja claro” quién es el “dueño” del territorio. Es una medida que amenaza con extender los asentamientos sobre una de las tres zonas -junto con Jerusalén Este y la Franja de Gaza- donde el derecho internacional prevé la creación de un futuro Estado palestino.

Los Acuerdos de Oslo de 1993, que dividieron Cisjordania en tres áreas, contemplaron la gestión limitada de la ANP sobre las zonas A y B y otorgaron a Israel -de manera teóricamente temporal- el control civil y militar del área C, que comprende el 60% de la zona. Según el medio catarí Al Jazeera, la medida aprobada este domingo ordena al ejército israelí registrar el 15% del área C para 2030, donde el ministerio de Asuntos Exteriores de Israel acusó a la ANP de “impulsar procedimientos ilegales de registro de tierras”, en un comunicado este domingo en respuesta a lo que calificó de “desinformación” difundida por “partes incitadoras”.

La maniobra contravendría el derecho internacional -que prohíbe la confiscación de tierras ocupadas- y profundizaría en la “violación de la jurisdicción global” que el Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas denunció en 2024, cuando aseguró que la ocupación militar en Cisjordania “equivale a una anexión permanente”.

El pasado domingo, en otra medida que impulsa el dominio israelí sobre Cisjordania, el gabinete de seguridad del país aprobó una iniciativa para facilitar la compra de tierras palestinas para la construcción de asentamientos, extendiendo así la jurisdicción israelí sobre las zonas que Oslo adjudicó a la ANP. Ocho países de mayoría musulmana -entre ellos Arabia Saudí, Qatar, Pakistán y Egipto- recriminaron conjuntamente lo que describieron como una imposición de “soberanía israelí de manera ilegal”.

Como en aquella ocasión, la oficina del presidente de la ANP, el impopular nonagenario Mahmoud Abbas, ha calificado las decisiones israelíes como una “anexión de facto” de Cisjordania, según la agencia de noticias Wafa. Abbas ha reclamado al Consejo de Seguridad de la ONU frenar el incumplimiento israelí de resoluciones internacionales que prohíben la propagación de los asentamientos. Hamás, por su parte, ha señalado mediante un comunicado un movimiento que pretende “robar y judaizar” tierras por parte de “un poder ocupante ilegítimo”.

La plena anexión de Cisjordania es un objetivo declarado de múltiples miembros de la coalición de gobierno surgida en Israel en 2022. Entonces, la unión con partidos de extrema derecha -liderados y votados por colonos- permitió a Netanyahu perpetuarse en el poder. Aunque la Casa Blanca se ha manifestado en contra, Washington ha evitado tomar medidas contra la propagación de asentamientos.

Según el grupo israelí contrario a la ocupación Peace Now, el actual Ejecutivo ha multiplicado la proyección de colonias a una velocidad nunca vista. La decisión de este domingo, que anula el fallo de un tribunal militar que congeló el registro de tierras tras la ocupación de Cisjordania en 1967, ahonda en el mismo fin. “Es una medida histórica”, lamentó Peace Now en un comunicado. “Y equivale de manera efectiva a tomar el control de aproximadamente el 83% del área C, [lo que representa] el 50% de Cisjordania”. Cualquier tierra sobre la que los palestinos no puedan demostrar la propiedad “de acuerdo con los estrictos requisitos requeridos por Israel”, anticipa la organización, “será declarada como ‘estatal’”.

Más de 600 muertos durante el cese

De forma paralela, uno de los principales bombardeos del domingo en Gaza ha tenido lugar en la zona norteña de Yabalia, cuando un misil contra una zona de tiendas de campaña para población desplazada ha matado al menos a cuatro personas, según fuentes hospitalarias. La Media Luna Roja Palestina eleva las víctimas en ese incidente a seis. En paralelo, un disparo en Jan Yunis, al sur de la Franja, ha provocado cinco muertes más.

Testigos sobre el terreno afirman que los drones israelíes han impedido que los equipos médicos acudan en socorro de las víctimas, que las autoridades gazatíes cifraban el domingo en 601 desde el inicio del teórico cese de las hostilidades en octubre. Israel afirma que cuatro de sus soldados han muerto en Gaza durante el mismo periodo.

Según una nota difundida el sábado por el ejército israelí, un grupo de hombres armados se infiltró más allá de la Línea Amarilla -que delimita la mitad del enclave en manos israelíes- y “se escondió entre los escombros” en una posición cercana al ejército de Israel. Las tropas afirman que abrieron fuego y mataron al menos a dos de los sospechosos, “que seguramente habían surgido de una infraestructura subterránea”.

Este domingo, fuentes militares citadas por Reuters y el medio israelí Haaretz justificaron la ofensiva como una “respuesta” a la “flagrante agresión” del día anterior, que adjudican a Hamás, y aseguraron que las hostilidades han sido “precisas” y en línea con el derecho internacional.

La Administración del estadounidense Donald Trump diseñó en octubre un alto el fuego que terminó con los bombardeos israelíes a gran escala y que otorgó a los soldados israelíes el control de la mitad del enclave, de donde se prevé que se replieguen a medida que se avance en el desarme de Hamás. A pesar del acuerdo, las autoridades israelíes no han dejado de aplicar presión militar sobre Gaza casi a diario en medio de acusaciones cruzadas con las milicias palestinas sobre la aplicación del alto el fuego. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad de la Franja, al menos 72.061 gazatíes han muerto en el enclave a causa de la ofensiva israelí desde el 7 de octubre de 2023, el día que Israel sufrió el mayor ataque en su historia reciente a manos de Hamás.

El mayor portaviones de la flota estadounidense, el Gerald Ford, se marcha del Caribe. El buque, el más moderno de su tipo, se dirigirá a Oriente Próximo, después de haber representado durante cinco meses el símbolo más visible de la operación Lanza del Sur en esas aguas, según ha confirmado un alto cargo del Pentágono. Con el argumento de la lucha contra el narcotráfico – y ataques contra supuestas narcolanchas que aún continúan- esa operación acumuló el mayor despliegue de músculo militar en América Latina en décadas frente a las aguas territoriales de Venezuela para presionar al régimen de Nicolás Maduro antes de la intervención estadounidense que lo capturó el 3 de enero.

El Ford, acompañado de su grupo de escolta, llegará a las aguas de Oriente Próximo en momentos en los que Estados Unidos repite el mismo patrón de presión militar, esta vez hacia Irán, con el que la Administración de Donald Trump mantiene negociaciones indirectas para tratar sobre el programa nuclear de ese país.

“Vamos a necesitarlo en caso de no llegar a un acuerdo (con Irán). Si llegamos a un acuerdo, acortaremos su misión y se marchará”, ha declarado este viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, antes de emprender viaje a Fort Bragg, en Carolina del Norte, precisamente para saludar a los militares que participaron en la intervención en Venezuela. “Ya hay otro portaviones allí. Si nos llega a hacer falta, tendremos una fuerza grande, muy grande”, ha reiterado. También ha renovado su advertencia a Teherán: “Creo que las negociaciones tendrán éxito. Si no, será un muy mal día para Irán, un día pésimo”.

La tripulación del Ford recibió el aviso de su nuevo destino el pasado jueves, según han indicado altos cargos militares que hablaron bajo la condición del anonimato. El buque se sumará a un despliegue que ya incluye otro portaviones, el Abraham Lincoln, que llegó hace dos semanas a las aguas que supervisa el Comando Central, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Próximo.

Trump había indicado a comienzos de esta semana que iba a enviar un segundo portaviones a la zona, como medida de presión hacia Irán, aunque no había precisado cuál tenía en mente. “Tenemos una Armada que se dirige hacia allá, y es posible que vaya otra más”, había declarado el presidente estadounidense el martes, en una entrevista concedida al digital Axios.

Con la partida del Ford, la flotilla estadounidense en el Caribe vuelve a los niveles previos a septiembre del año pasado. Pero el Comando Sur, responsable de las operaciones militares estadounidenses en América Latina, sostiene que su capacidad de respuesta en la zona se mantiene -Trump ha advertido a la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, de un destino “peor” que el de Maduro si no sigue las instrucciones de Washington- y continuarán las operaciones contra las supuestas narcolanchas.

“Aunque nuestra postura de fuerza evoluciona, nuestra capacidad operativa permanece igual. Las fuerzas del Comando Sur siguen completamente listas para proyectar poderío, defenderse y proteger los intereses de Estados Unidos en la región”, ha declarado su portavoz. “A las órdenes del presidente y del secretario (de Defensa, Pete Hegseth) mantendremos nuestras operaciones para contrarrestar actividades ilícitas y agentes malignos en el hemisferio occidental”, sostiene.

El Ford lleva movilizado desde el pasado 24 de junio, cuando zarpó de la base naval de Norfolk (Virginia) para lo que iba a ser una misión en Europa, pero en septiembre recibió órdenes de cambiar su ruta para dirigirse al Caribe. Tras las nuevas órdenes, su tripulación no regresará a su puerto de origen al menos hasta finales de abril o mayo, casi un año después de su partida. Su nueva misión retrasa de nuevo los planes pendientes desde el año pasado para someterlo a una puesta a punto y una serie de reparaciones en Norfolk, la mayor base naval del mundo.

Una delegación estadounidense mantuvo una ronda de negociaciones indirectas en Mascate (Omán) con representantes iraníes y acordaron volver a mantener contactos próximamente, aunque hasta el momento no se ha fijado una fecha concreta y ambas partes mantienen enormes distancias en sus posiciones.

Washington exige que Teherán entregue su uranio enriquecido, limite el alcance de sus misiles para que no puedan alcanzar a Israel y retire su patrocinio a grupos radicales islamistas en la región. Por su parte, la República Islámica se niega rotundamente a incluir su programa de misiles balísticos en las negociaciones, al considerar que esos proyectiles constituyen su último elemento disuasorio contra Israel, tras los ataques israelíes y estadounidenses durante 12 días el pasado junio que dejaron muy dañadas las instalaciones de su programa nuclear.

El envío del Ford a Oriente Próximo se ha producido casi al mismo tiempo que Trump se reunió en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, este miércoles. El israelí había viajado a Washington de urgencia para presionar al estadounidense para que obligara a Irán a aceptar sus términos o lanzar un ataque. Finalmente, y tras dos horas y media de conversaciones, el republicano reveló que de momento mantendría la apuesta por la vía diplomática y las negociaciones con Teherán continuarán.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha firmado este martes un decreto para revocar la ciudadanía y deportar a dos palestinos israelíes acusados de actos violentos. La medida, que el mandatario ha confirmado mediante un comunicado, supone la primera aplicación de una ley aprobada en 2023 para castigar a los palestinos con pasaporte israelí, o con permiso de residencia permanente en Jerusalén Este, sentenciados por actos terroristas.

En una nota publicada mientras el primer ministro vuela hacia Estados Unidos, donde el miércoles se encontrará con Donald Trump para defender sus intereses en el pulso con Irán, Netanyahu ha asegurado que el decreto despojará de la ciudadanía a dos “terroristas” que perpetraron ataques “con cuchilladas y con disparos contra civiles israelíes”. Aunque no hay anuncio oficial al respecto, el diario israelí Walla, considerado cercano a Netanyahu, indica que los deportados serán enviados a la franja de Gaza.

Uno de los primeros afectados por la legislación, que grupos de derechos humanos señalan como contraria al derecho internacional, es Mahmoud Ahmed. Según el medio israelí Yedioth Ahronot, el hombre fue liberado en 2024 tras recibir una sentencia de 23 años de cárcel por “varios tiroteos contra soldados y civiles israelíes”. El otro es Muhammad Ahmad Hussein al-Halasi, condenado a 18 de cárcel tras apuñalar, en 2016, a dos mujeres en Jerusalén. En este caso, se espera que lo deporten tras cumplir condena, tal y como prevé una legislación que prohíbe a los desterrados su regreso a Israel.

Netanyahu ha anticipado en su comunicado que “muchos más casos como estos están en camino”. Su compañero de formación y uno de los impulsores de la ley, Ofir Katz, ha ahondado este martes en la misma idea ―la deportación de “muchos más terroristas está en proceso”― que ya profirió meses atrás, cuando anunció que se habían iniciado los procedimientos para aplicar la ley sobre centenares de ciudadanos.

La legislación, una enmienda a la Ley de la Ciudadanía Israelí de 1952 que el Parlamento israelí aprobó con el apoyo de 94 de 120 diputados, pesa sobre quienes cumplan tres requisitos. Los afectados deben estar sentenciados por actos violentos y haber sido condenados a tiempo en prisión. También debe demostrarse que han recibido estipendios de la Autoridad Nacional de Palestina (ANP), algo que las autoridades israelíes presentan como una forma de “premiar los actos atroces”, como ha escrito Netanyahu este lunes.

Esta institución, que gobierna de forma limitada algunas partes de Cisjordania, entrega ayudas económicas a los presos retenidos en las cárceles israelíes, en ocasiones con delitos de sangre tras cometer ataques con trasfondo político. A menudo, los estupendios son transferidos a familiares u otros representantes, así como a los parientes de los atacantes fallecidos. Cisjordania, uno de los tres territorios palestinos ocupados por Israel junto a la Franja y a Jerusalén Este, es uno de los lugares con unas ratios de encarcelamiento más altas del planeta.

La medida era una exigencia de la derecha más radical que finalmente tiró adelante el actual gobierno israelí, el más derechista en las siete décadas de historia de Israel, formado en 2022 cuando Netanyahu se alió con la extrema derecha para seguir en el poder. Tras la aprobación, en febrero de 2023, el grupo de derechos humanos israelí Adalah denunció que la enmienda “socava todavía más el precario estatus de los palestinos bajo el régimen israelí”, y señaló a los dirigentes del Estado judío por impulsar una medida “exclusivamente dirigida hacia los palestinos” que “establece dos sistemas legales distintos basados en la supremacía judía”. Se calcula que una quinta parte de los diez millones de israelíes son árabes.

Además de Gaza, el otro lugar que la ley contempla para deportar a los afectados son los territorios de Cisjordania bajo dominio de la ANP, aunque el gabinete de Seguridad de Israel aprobó el domingo una serie de medidas que extienden la jurisdicción israelí sobre esa zona, avanzando su anexión de facto.