La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado finalmente este jueves una ley de amnistía con la que cientos de presos políticos podrían salir de las cárceles y los perseguidos que están en la clandestinidad o en el exilio quedarían libres de causas judiciales. La norma se ha aprobado por unanimidad, luego de dos semanas de consultas con varios sectores políticos y de la sociedad civil. “Ojalá que esa actitud y esa disposición que hemos demostrado sea auspicio de un nuevo tiempo político que debe transitar el país”, celebró el presidente de la la Asamblea y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez. La ley ha recogido gran parte de las precisiones jurídicas que han negociado los diputados opositores para garantizar un mayor alcance, pero taxativamente han sido excluidos los militares —174 de unos 600 presos políticos aún encarcelados— que están señalados por delitos de rebelión.

El documento ha sido inmediatamente enviado al Palacio de Miraflores para que Delcy Rodríguez lo firme y entre en vigor cuando salga en la gaceta oficial. “Hay que saber pedir perdón, hay que saber recibir perdón”, dijo al promulgar la norma. Una comisión parlamentaria de 23 diputados será la encargada de hacer el seguimiento de la aplicación de la amnistía y, en el caso de la oposición, pelear por la revisión de los casos que acaben excluidos.

El texto aprobado limita la medida a 13 momentos de convulsión política y social ocurridos entre 1999 y 2026, tres más de los planteados inicialmente. En esa lista de hitos conflictivos se incluye, por ejemplo, todo el período de actuación de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2021, cuando estuvo controlada por la oposición y el chavismo bloqueó su funcionamiento y abrió investigaciones contra decenas de opositores. Se han incluido también los hechos ocurridos en el marco de la convocatoria y elección de candidatos en las primarias opositoras de 2023. Se contemplan las manifestaciones y los hechos violentos en el marco de las elecciones celebradas en julio del año 2024, cuando el chavismo desplegó una dura represión. Serán excluidos, sin embargo, quienes han sido señalados por rebeliones militares.

Los juzgados por los llamados “delitos de odio” como, por ejemplo, escribir un mensaje crítico con el Gobierno en un estado de WhatsApp, no han quedado amnistiados expresamente. Las ONG y las familias habían presionado por la derogación de leyes como esta que han servido a la represión, pero esto no ha sido considerado. El jefe del Parlamento aseguró que esa ley era “muy útil”, y que se someterá a reformas porque, reconoció que, en algunos casos, no había sido usada “de forma adecuada”.

Los diputados de la comisión designada para la redacción de la ley estuvieron reunidos desde las 11 de la mañana para terminar de afinar los ajustes antes de la plenaria prevista para las 16.00 (hora local) y que empezó casi tres horas más tarde por la intensidad del debate a puerta cerrada. La vicepresidenta del grupo, la diputada opositora Nora Bracho, declaró más temprano que el objetivo era aprobar por consenso, que se ha logrado, pero que “la ley todavía debía superar algunos escollos”.

La previsión era que la ley saliera adelante el pasado jueves, pero la discusión parlamentaria se atascó tras aprobarse los seis primeros artículos de los 16 que componen el texto. El desacuerdo se concentró en la redacción del artículo 7, clave para definir el espíritu de la norma: el chavismo sostiene que los beneficiados por la medida de gracia deben someterse primero ante la justicia —la misma que los encarceló injustamente—, una exigencia que no figuraba en la versión inicial y que despertó preocupación entre las ONG.

La controversia evidenció las aproximaciones opuestas sobre el alcance de la ley: para el chavismo se trata de perdonar delitos, mientras que defensores y familiares de los presos políticos insisten en que el objetivo es despojar de carácter delictivo a hechos que nunca debieron considerarse como tales. Por eso reclaman que el proceso incluya medidas de reparación para las víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y persecución, así como garantías de no repetición, aún pendientes.

En una nueva modificación de ese artículo aprobada este jueves, se ha incorporado que quienes, de forma excepcional, no puedan presentarse ante los tribunales por estar fuera del país, tengan la representación de un abogado de su confianza. También establece que nadie puede ser detenido después de haber solicitado la medida. “Esta ley no es perfecta, pero nuestro interés es que cese la persecución política”, dijo Nora Bracho. “Luego de arduo debate, este artículo tiene grandes logros”, afirmó.

Entre los cambios negociados en las últimas semanas en favor de los presos se incluyó la posibilidad de que los amnistiados se incorporen a la vida pública, lo que de alguna manera puede restituir los derechos políticos de una buena parte de opositores perseguidos o que están en el exilio. También se acordó incorporar explícitamente el principio jurídico de favorecer al acusado ante cualquier duda en la aplicación de la ley. Este aspecto es visto como una “rendija” de esperanza entre los defensores, porque aquí podrían entrar todos los casos que han quedado por fuera de los periodos especificados.

Otras modificaciones incorporaron un plazo de solo 15 días para que los tribunales revisen y otorguen las medidas de amnistía.

Las negociaciones han ocurrido mientras decenas de familiares de presos han mantenido sus vigilias de protesta frente a prisiones de todo el país. Tras la excarcelación de 444 personas en el último mes y medio, se calcula que todavía hay al menos 600 prisioneros encerrados por motivos políticos pendientes de liberación.

La ley de amnistía fue anunciada por Delcy Rodríguez el pasado 29 de enero, en medio del proceso de excarcelaciones. El asunto adquirió rápidamente carácter de urgencia, aunque su aprobación no ha sido tan exprés como se esperaba. El motivo es que en esta nueva etapa sin Maduro, el chavismo ha buscado un respaldo unánime a la iniciativa, pese a no necesitarlo gracias a su arrolladora mayoría. Tras la ley de hidrocarburos, que abrió la industria petrolera al sector privado, la amnistía es la segunda norma aprobada con el apoyo de una minoría de opositores moderados que conviven con el chavismo en la Asamblea, un espacio en el que no está representada la líder con mayor respaldo popular, María Corina Machado.

La presión para la liberación de los presos políticos la han liderado esta semana las familias que se concentran en la sede policial conocida como Zona 7, en Caracas. En esa cárcel todavía hay detenidas al menos 40 personas, cuyos familiares iniciaron la semana pasada una huelga de hambre en la que este jueves aún se mantenía una mujer. La protesta trasciende lo simbólico, pues fue este el lugar elegido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, luego de la primera discusión de la ley. Prometió una aprobación exprés que se ha retrasado por falta de consensos y también dijo que todos saldrían en libertad. Contra él han estado dirigidas las demandas de los familiares los últimos días que exigen que cumpla su palabra.

El contenido de la ley de amnistía excluirá varios casos no contemplados en los hechos a los que se restringe el perdón. Ante la frustración que puede provocar el texto, Gonzalo Himiob, ​​vicepresidente de la ONG Foro Penal, ha escrito en su perfil de X: “A todos nos gustaría que las cosas fuesen distintas y que los escenarios fuesen más auspiciosos, todos ansiamos un cambio inmediato, pero una de las lecciones que tenemos que aprender es que a veces se construye con lo que se tiene, no con lo que se quiere”. La amnistía, aseguró, es solo una fórmula legal para lograr la libertad. “Es un paso importantísimo, pero no el último”. La libertad total, afirmó, “vendrá cuando se desmonten el aparato y la cultura de la represión política”.