El anuncio realizado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado miércoles en el Congreso de una próxima revisión “extraordinaria” de los protocolos de actuación ante el acoso sexual en la Policía Nacional y la Guardia Civil no solo está respaldado por las acusaciones de violación contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario José Ángel González, sino también por las estadísticas. Desde que este último cuerpo policial puso en marcha, en diciembre de 2022, este mecanismo interno para prevenir y erradicar este tipo de hechos en su seno, se han presentado 51 denuncias, pero solo 26 han sido estimadas, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Las cifras reflejan, además, que el número de denuncias se ha ido reduciendo de manera significativa en estos tres años. Así, en 2023, primero en el que el protocolo estuvo en vigor, se presentaron 20 denuncias. Al año siguiente, la cifra bajó a 18 para quedar en 13 en 2025, periodo en el que supuestamente se produjo la agresión sexual del exjefe de la Policía a su subordinada y que esta no denunció a través del cauce fijado en el protocolo, sino en un juzgado. Sobre este último año, la estadística recoge un segundo dato llamativo: de todas las presentadas, solo dos fueron estimadas. Las 11 restantes fueron rechazadas. Los dos años anteriores el número de las estimadas había sido más elevado: 11 en 2023 y 13 al año siguiente.

Miembros de la Plataforma para la Visibilización de las Mujeres Policías y Militares ―de la que forman parte agentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) entre otras organizaciones― incidían la pasada semana a este diario en la desconfianza de las agentes hacia estos protocolos al considerar que con ellos no se garantiza la protección que prometen. “Le digo [a la posible víctima] que hable con el abogado, porque ir a la vía interna es un mes de espera, un mes de desgaste, en el que te ves señalada, y te desgasta tanto, que al final no vas a la vía penal”, señalaba Alicia Sánchez, secretaria de Igualdad de la AUGC y miembro de la plataforma.

En su comparecencia en el Congreso, Grande-Marlaska admitió que el protocolo para detectar y erradicar el acoso sexual en la Policía Nacional había fracasado en el caso del DAO. “Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera”, dijo en referencia a que la mujer recurriera a los cauces internos. No obstante, el ministro sí destacó que había ”servido para encarar situaciones similares”, aunque entonces no facilitó cifras. En este sentido, recordó que las directrices para evitar y combatir este tipo de actuación eran revisadas y actualizadas periódicamente. En el caso de las de la Policía Nacional, el primer protocolo de actuación ante acoso sexual y acoso por razón de género, orientación e identidad sexual fue aprobado en diciembre de 2022 y se actualizó en junio de 2025.

Según detalla esta última versión, que incide en que se rige por el principio de “tolerancia cero” ante este tipo de hechos, el protocolo se activa “única y exclusivamente con la presentación por escrito de la denuncia firmada por la persona que se sienta objeto de conductas discriminatorias”. No obstante, también contempla que, en caso de que la Asesoría Confidencial ―un órgano creado precisamente para el acompañamiento y asesoramiento del agente que se sienta afectado por una situación de acoso― tuviera conocimiento por parte de una tercera persona de un caso, se podrá “en contacto con la posible víctima para ratificar los hechos y para informarla de la posibilidad de activar este procedimiento y de los derechos que le asisten”.

Una vez presentada la denuncia, la Asesoría Confidencial tiene 24 horas para poner los hechos en conocimiento del Área de Derechos Humanos e Igualdad (ADHI) y del responsable policial al mando de la plantilla donde se haya producido la situación irregular, “salvo que esta sea la persona denunciada por acoso”. Solo entonces se dirige al presunto autor para informarle de “la existencia de una denuncia sobre su conducta y las responsabilidades disciplinarias y penales en que, de ser ciertas y de reiterarse las conductas objeto de la denuncia podría incurrir”. La Asesoría también debe proponer “las medidas de protección que considere necesarias” y realiza “las actuaciones oportunas para recabar toda la información necesaria que le permita realizar un estudio objetivo de los hechos”.

Una vez terminadas las pesquisas, este órgano elabora “un informe de valoración” con sus conclusiones y propuestas que elevará al ADHI, que es el que finalmente resuelve. El protocolo contempla que “en caso de existir evidencias suficientes probadas de acoso sexual […] se remitirá todo lo actuado a la Unidad de Régimen Disciplinario, al objeto de depurar la responsabilidad disciplinaria que procesa”. Si concluyera que no las hay, “se procederá al archivo del procedimiento”. En ambos casos, tanto la víctima como el denunciado y el mando policial responsable de la plantilla donde ocurrieron los hechos recibirán una copia de la resolución.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de casi 50 años de cárcel a un joven que retuvo durante 35 días a su pareja, que entonces tenía 16, y la sometió a toda clase de agresiones sexuales, físicas y psíquicas. El acusado, de 19 años entonces, alegó drogodependencia y abuso del alcohol para recurrir la pena, pero el alto tribunal descarta ambas circunstancias y confirma la condena por siete delitos: asesinato en grado de tentativa, detención ilegal, agresión sexual continuada, malos tratos físicos y psíquicos habituales, delito contra la integridad moral, lesiones en el ámbito de la violencia de género con instrumento peligroso y amenazas continuadas.

Los hechos sobre los que se ha pronunciado la Sala Penal ocurrieron en Fuenlabrada (Madrid), entre el 18 de octubre y el 23 de noviembre de 2021. E. H. y A. M. llevaban saliendo desde julio y él le propuso que se fueran a pasar unos días a la casa en la que el chico vivía con su padre y la pareja de este. Convenció a la adolescente, según han dado por probado los jueces, con la promesa de que iba a vivir “un cuento de hadas” y la trataría “como a una reina”.

Ella aceptó y no se lo dijo a sus padres pensando que estaría fuera poco tiempo. Sin embargo, vivió un infierno de 35 días en los que E. H. la tuvo permanentemente bajo control para asegurarse de que no contactaba con su entorno ni saliera de su habitación ni de su casa si no era acompañada por él. En el cuarto que compartían, además de insultos y humillaciones, le dio continuas palizas y la violó de forma salvaje. La sentencia recalca que la “virulencia, vileza y crueldad” de las agresiones hicieron que la joven viviera en “un ambiente de absoluto terror”.

Las agresiones que empezaron en la casa del padre del joven continuaron en otra a la que E. H. decidió mudarse con la adolescente el 5 de noviembre. El agresor alquiló una habitación de un piso compartido en el que residían dos hombres que eran hermanos y la pareja de uno de ellos.

“Una vez en el nuevo domicilio, E. aumentó progresivamente su vil propósito”, señalan los jueces, que dan por probado que la menor podía haber muerto si no hubiera recibido asistencia sanitaria el 23 de noviembre. Ese día, la chica “tenía tan amoratado, hinchado y ensangrentado todo su cuerpo por las numerosas y brutales palizas recibidas, que se hallaba al límite de perder su vida debido a su deterioro físico y anímico”, advierten los magistrados. Pese a ello, E. H. volvió a agredirle, pero, esta vez, los gritos de la chica alertaron a los compañeros de piso, que entraron en la habitación y socorrieron a la joven.

En el recurso presentado en el Supremo, el acusado intentó desacreditar el relato de la víctima y puso en duda la coincidencia entre lo que contó la menor y lo que declararon los jóvenes con los que compartían piso. La sentencia de la Sala Penal, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Palomo, rechaza ese argumento y advierte: “Es el propio cuerpo de la víctima, lacerado y lesionado en toda en su extensión, de gravísimo modo y en múltiples formas, corroboración fidedigna de su testimonio”. Los médicos que la atendieron en el hospital al que fue trasladada confirmaron en el juicio las múltiples lesiones y subrayaron que la chica presentaba sangrado interno y externo, “que de no haber sido tratado rápidamente en el hospital la hubiera conducido a la muerte”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este miércoles que desconocía la querella por una supuesta agresión sexual presentada contra el ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González, que a última hora del martes presentó su dimisión tras la citación de un juzgado. Marlaska ha hablado por primera vez en los pasillos del Congreso y ha dicho sentirse “decepcionado” con el que fuera su cargo de confianza. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido desde su viaje oficial a la India que se ha actuado con “coherencia” y con “empatía” hacia la víctima. Desde el PP han reclamado la dimisión de Marlaska y han acusado al Ejecutivo de “proteger” al ex jefe de la Policía y de “tapar” la agresión sexual. El ministro ha amenazado con denunciar a quien insinúe que encubrió el caso —“No voy a asumir calumnias de este tipo”— y ha contestado a los populares que solo dimitirá si la denunciante no se ha sentido protegida: “Si la víctima cree que le he fallado, dimitiré”.

Tras las declaraciones de Marlaska en el Congreso, el abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, ha aseverado en una entrevista en Telecinco que la víctima, “de primeras”, se ha sentido “decepcionada”. Según ha dicho, ella “esperaba que el ministro cesara a esta persona [González], no que le dejara dimitir o que le invitara a dimitir”.

Desde Nueva Delhi (India), Sánchez ha asegurado que en el Ejecutivo no se conoció hasta ayer martes la querella por agresión sexual presentada contra González. Según ha manifestado en una rueda de prensa, se actuó de inmediato y se exigió la renuncia del mando policial. Así, ha defendido que se han dado pasos “con contundencia, coherencia y empatía con la víctima”.

El presidente del Gobierno, que ha calificado de “muy graves” las acusaciones, ha aprovechado para pedir a los populares que han pedido la dimisión de Marlaska que, en caso de que “sí den veracidad” al relato de la denunciante, “hagan lo propio” con otras víctimas de otros casos que “afectan a su organización”.

A su llegada al hemiciclo, Marlaska, al igual que Sánchez, ha manifestado que “evidentemente” no sabía “nada” de la agresión sexual presuntamente cometida en abril de 2025 por González que ha golpeado de lleno al Cuerpo. “Si lo hubiéramos sabido, hubiéramos pedido la renuncia como se hizo ayer”, ha explicado. Según ha detallado el ministro, Interior ha abierto una investigación interna para conocer si la mano derecha de González, el comisario Óscar San Juan —que ya ha sido relevado de sus funciones—, conocía el supuesto caso de violación.

La dimisión de José Ángel González, conocido dentro del cuerpo como “Jota”, se precipitó a última hora de este martes después de que se conociera una investigación en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid por la que el comisario ha sido llamado a declarar el próximo 17 de marzo. La presunta víctima es una inspectora de la Policía Nacional que ha presentado una denuncia por delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. Según el relato de los hechos que expone su abogado, la agente —que había mantenido una relación afectiva con el DAO— fue conducida a su “vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior”, donde el querellado la agredió sexualmente.

La denunciante asegura que a partir del 23 de abril del pasado año, el día de los hechos, comenzó una “campaña de acoso” y de “presión” para que no denunciara en la que participó supuestamente el comisario San Juan —entonces asesor de González— para “ofrecerle” el destino laboral que quisiera “a cambio de su silencio”.

En declaraciones a la prensa antes de que empezara la sesión de control en el Congreso, Marlaska ha explicado que desde el Ministerio están verificando este extremo y que han abierto investigación interna para esclarecer si hubo conocimiento y presiones internas dentro de la Policía. Y ha incidido en que ya ha acordado que “se releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales” a San Juan.

El responsable de Interior ha reiterado que en su equipo desconocían estos hechos y ha subrayado que prueba de ello es que el letrado de la inspectora ha asegurado que han llevado la denuncia con total sigilo. “La prueba más concreta es que hay declaraciones de su abogado que dicen que mantuvieron en secreto la denuncia”, ha apuntado.

Una vez empezada la sesión en el hemiciclo, el PP ha instado al ministro a dimitir. Desde su escaño, Marlaska ha advertido de que irá a los tribunales si se le acusa de encubrir el asunto. “Digan fuera de este hemiciclo que el ministro del Interior conocía los hechos y que no actuó, porque entonces nos veremos en otras instancias”, ha expuesto para luego añadir: “No voy a asumir calumnias de este tipo”.

En el marco de su intervención, el ministro ha indicado que solo renunciará “si la propia víctima no se ha sentido protegida”. “Los hechos son gravísimos, pero ustedes no generen una cortina que pueda poner en tela de juicio el compromiso de la seguridad”, ha agregado.

Marlaska ha asegurado que ha leído la querella y, aludiendo a su pasado de juez, ha deslizado que da credibilidad al relato. “He leído muchas querellas en mi vida. Una vez leída no había otra decisión [que la del cese del DAO] por la gravedad de los hechos y por salvaguardar el prestigio de la Policía”. Según su versión, no habló ayer martes con el mando policial, sino que se comunicó con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y con el director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. “Para mí es una decepción manifiesta”, ha sentenciado.

El PP acusa al Gobierno de “proteger” al exjefe de la Policía y “tapar” el caso

El caso del exjefe de la Policía ha generado reacciones en la oposición desde primeras horas de la mañana. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado en su cuenta de X que si el Gobierno ha tenido “a un presunto violador” como director adjunto operativo de la Policía Nacional, “como mínimo desde hace un mes” es que “no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público”. “Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron”, ha señalado, en referencia a la dimisión de González. Y ha insistido en que “hay que liberar al país de personas como estas, y eso empieza por sacar a quien las nombra: Pedro Sánchez”, ha agregado.

En un segundo mensaje publicado en la misma red social, Feijóo ha asegurado que no hay quien se “crea” el argumento del Gobierno. “¿De verdad pretende que aceptemos que todo un ministro de Interior no tiene ni idea de que su cúpula policial comete y encubre delitos?“, ha preguntado para luego señalar que fue Marlaska ”quien prorrogó” la jubilación de González alegando un perfil “incuestionable”. “Por respeto a las mujeres y a toda la Policía que sí nos protege, Marlaska debe dimitir esta misma mañana o Sánchez cesarle esta tarde”, ha añadido.

En la misma línea se ha pronunciado este miércoles en los pasillos del Congreso la secretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra. Ha calificado de “insuficiente” la dimisión de González y ha reclamado el cese de Marlaska. Al ser preguntada por la prensa antes de empezar la sesión de control al Gobierno sobre si le consta que el ministro conociera los hechos, ha insistido en que por las fechas de la querella y el auto judicial “el ministro lo conocía”.

La querella contra el hasta hora jefe de la Policía también ha estado este miércoles presente durante la sesión en el hemiciclo. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que Marlaska no debería estar esta mañana “sentado en su escaño”. “Son ustedes encubridores de presuntos delincuentes. Da náuseas verle sentado en su banco azul, tapando una violación”, ha manifestado.

Desde la bancada del Gobierno, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la gestión del titular de Interior: “El señor Marlaska hizo lo que tenía que hacer”. Además, ha aprovechado para recordar al PP que “hay miembros de su partido que permanecen en las instituciones y que, después de las denuncias presentadas, no hacen absolutamente nada, como el caso del alcalde de Móstoles o el alcalde de Algeciras”.

En la misma línea, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado en una entrevista en La Sexta que Marlaska ya “ha comparecido” y “dado explicaciones”, al tiempo que ha insistido en que González “ya no está en su cargo”. Además, le ha pedido al PP que “deje de jugar” con este caso y de dar “golpes” al adversario político a través de la violencia machista, informa Paula Chouza.