Un hombre yace sobre una superficie metálica, demacrado, muerto. Aparece fotografiado desde múltiples ángulos: de cerca, con los dientes amarillos en primer plano; de lado, con los ojos nublados; desde lejos, con los genitales a la vista. Está etiquetado como el número 3.659.

Otro hombre, el número 4.038, está tumbado en la parte trasera de una furgoneta, desnudo, con la piel arrugada y el cuerpo salpicado de sangre y cubierto de moscas. El conocido activista opositor Mazen al Hamada es el número 1.174 y yace con su uniforme de prisión sobre un suelo de mármol, con marcas de ataduras en las muñecas. Sus pies, descalzos, están magullados, signo de las palizas recibidas. El número 2.389 es un bebé recién nacido.

Otras imágenes muestran cadáveres apilados como leña. Con brazos y piernas delgadísimos; la boca abierta, los ojos entrecerrados y claras marcas de tortura. Listos para hacerlos desaparecer.

Estos restos esqueléticos son el grotesco resultado de la máquina de matar que mantuvo durante años el expresidente sirio Bachar el Asad, que fue derrocado el 8 de diciembre de hace un año. Esa noche, mientras el dictador huía a Rusia y su régimen de terror se derrumbaba como un castillo de naipes, el coronel Muhammad, un alto cargo de la policía militar, abrió una caja fuerte de su oficina, extrajo un disco duro y huyó de Damasco. A través de varios contactos, logró sacarlo del país con su delicado contenido: decenas de miles de archivos internos del régimen y fotografías de altísima calidad de personas, casi todas hombres, que murieron en las cárceles del régimen mayormente entre 2015 y 2024. “Hay cosas que la gente tiene que saber. Hay gente cuyas familias necesitan saber dónde están o qué les pasó”, explica el coronel Muhammad, cuyo nombre ha sido modificado por razones de seguridad.

Las imágenes las tomaron fotógrafos militares sirios y llegaron a la televisión pública alemana NDR, que compartió el material con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y 25 medios en 20 países, entre ellos EL PAÍS en España. Hoy se dan a conocer en todo el mundo como parte de una investigación llamada Damascus Dossier, que incluye más de 64.000 documentos internos del Gobierno sirio y sus servicios secretos y más de 33.000 fotografías de detenidos. Las fotografías también llegaron a la Fiscalía General de Alemania, que lleva años liderando las investigaciones de los crímenes de El Asad, y a una ONG siria con sede en ese país.

Hay al menos 10.212 personas distintas retratadas en las fotografías y todas ellas pasaron por las prisiones sirias después de 2011. Hay días en los que se tomaron hasta 177 fotografías. Se trata de la mayor base de datos de imágenes de prisioneros sirios asesinados jamás hecha pública.

A continuación reproducimos 14 de las fotografías que los medios del Consorcio han decidido publicar, como muestra del horror de los archivos y de la política estatal de destrucción del más mínimo conato de oposición.

Bachar el Asad heredó el poder de su padre, Hafez, en el año 2000, acompañado de una tímida esperanza aperturista. Sin embargo, en cuanto comenzaron las protestas a favor de reformas democráticas en 2011, desató todo el poder del aparato represivo. Miles de opositores políticos fueron secuestrados y muchos fueron asesinados en prisión; las localidades donde hubo conatos de rebelión fueron arrasadas hasta los cimientos.

Diversas ONG han documentado la muerte de al menos 157.000 civiles a manos de las fuerzas progubernamentales durante la guerra y la Red Siria para los Derechos Humanos ha registrado la desaparición de 177.000 personas durante el Gobierno de Bachar el Asad, lo que convierte al sirio en uno de los regímenes más mortíferos del siglo XXI.

Las fotografías del Damascus Dossier son una secuela de las imágenes clandestinas extraídas de Siria en 2013 por el desertor conocido como César (Farid al Madhan, como se revelaría años después), quien trabajaba en la misma unidad que el coronel Muhammad. Esas imágenes, que probaban la tortura sistemática en las cárceles sirias, desencadenaron procesos judiciales, sanciones internacionales y el primer juicio por tortura contra el régimen de El Asad, que llevó en 2020 a la cadena perpetua para el ex coronel Anwar Raslan y a cuatro años y medio de prisión para el exoficial Eyad al Gharib por complicidad en crímenes contra la humanidad. El régimen negó la autenticidad de esas fotos, que según declaró César a fiscales internacionales, debían tomar los funcionarios sirios a los cadáveres para demostrar la muerte de los opositores y para expedir certificados de defunción, a menudo con causas de muerte falsas o genéricas.

Aquellas fotos solo cubrían los dos primeros años de guerra civil, pero las torturas y asesinatos en las prisiones sirias siguieron hasta el final de los días de la dictadura, como demuestra ahora el Damascus Dossier.

Detrás de cada imagen hay método y burocracia. A medida que cada prisionero fallecía, era trasladado, fotografiado y catalogado. Los cuerpos llegaban en furgonetas y eran descargados en las áreas refrigeradas o simplemente en el suelo del Hospital Militar de Harasta, o en menor medida del de Tishreen, ambos en Damasco. Un fotógrafo militar, que solía llevar botas de goma o cubiertas quirúrgicas en los pies (visibles en algunas imágenes), tomaba las fotos del cuerpo desde múltiples ángulos en apenas unos segundos —según muestran los metadatos de las fotografías— antes de pasar al siguiente cadáver.

En casi todos los casos, el número del detenido estaba escrito en una tarjeta blanca colocada sobre su cuerpo, escrito con rotulador en su brazo, pierna, torso o frente, o superpuesto en la foto. Las fotografías eran archivadas en carpetas digitales meticulosamente organizadas. Para cada foto hay un número del preso, el nombre del fotógrafo, la fecha de toma de la imagen, el sector del ejército sirio bajo cuya custodia se encontraba y, en la mayoría, el certificado de defunción. Una copia impresa de cada fotografía se adjuntaba al archivo del preso destinado a la justicia militar, algo que, según el coronel Muhammad, tenía como objetivo “dar legitimidad” a las muertes.

Un equipo de los reporteros involucrados en la investigación del material filtrado, que empezó a trabajar hace más de ocho meses, ha analizado en profundidad 540 fotografías donde se ven al menos 565 cuerpos. En el 75% de los casos las víctimas tienen evidentes signos de inanición y en el 65%, lesiones físicas. Más de la mitad presenta heridas en la cabeza, la cara o el cuello. Muchas están desnudas. Y, sin embargo, “paro cardiorrespiratorio” es la causa de muerte oficial en casi todos los certificados de defunción firmados por los médicos del Hospital Harasta, lo que en palabras del fiscal general alemán Jens Rommel sirve “para ocultar las circunstancias exactas” de la muerte de los presos. Esta cooperación de muchos doctores en el aparato represivo sirio ya fue denunciada por la ONU en un informe de junio del año pasado.

“Se trata de crímenes sistemáticos que requieren un nivel considerable de organización”, comenta el fiscal Rommel, preguntado por las torturas y asesinatos cometidos durante el régimen de El Asad. “Pero, en última instancia, siempre son personas quienes cometen estos crímenes, aunque estén integradas en una jerarquía, aunque su contribución individual parezca pequeña. Sin la contribución de todos estos individuos, los crímenes no podrían cometerse a esta escala”.

Eichmann en Damasco

A pesar del claro esfuerzo de los funcionarios sirios de reducir las víctimas a números y ocultar la causa de su muerte, hay algunos nombres asociados a las fotografías. El ICIJ y NDR han conseguido encontrar al menos 1.200 nombres y apellidos de fallecidos y detenidos entre las imágenes y los archivos filtrados de los servicios secretos. Ese listado ha sido compartido con la Red Siria de Derechos Humanos; Ta’afi, una iniciativa que ayuda a las víctimas de las torturas del régimen sirio, y con el Centro Sirio de Investigación y Estudios Legales. También ha servido para contactar con algunos familiares de personas que se daban por desaparecidas.

Thaer al Najjar, de 57 años y residente en Damasco, es uno de ellos. Llevaba 13 años buscando a su hermano mayor, Imad. Juntos se unieron a la rebelión armada contra El Asad a finales de 2011, cuando las fuerzas del régimen empezaron a disparar contra los manifestantes. Un día, los agentes de seguridad irrumpieron en su casa y se llevaron a dos hermanos de Thaer a la cárcel. Uno de ellos fue liberado a la semana, con el cuerpo lleno de moratones, y, según relata al Najjar, murió pocos días después.

En los archivos del Damascus Dossier se encuentra el certificado de defunción del otro hermano, Imad, del que hasta ahora no había tenido noticias: murió en cautiverio diez días después de la redada en su casa, según consta en el certificado de defunción. Este documento es la primera evidencia que la familia ha recibido de la muerte de Imad. “Las desapariciones forzosas no son solo una violación de derechos individuales, sino que provoca un daño colectivo a las familias y las comunidades, con consecuencias psicológicas, sociales, económicas y legales”, denuncia la Red Siria de Derechos Humanos.

Las familias contactadas por el Consorcio coinciden en que certificar el fallecimiento de su ser querido suele ser el comienzo de un proceso, no el final, ya que en muchos casos no saben dónde está su cuerpo. Algunos creen que sus familiares pueden yacer en las fosas comunes alrededor de Damasco.

El régimen de Asad llevó a cabo un esfuerzo sistemático para ocultar al mundo la tortura y el asesinato de sus propios ciudadanos. Periodistas implicados en esta investigación han analizado imágenes de satélite y hablado con fuentes que prueban que en el Hospital de Harasta, una vez fotografiados, los cadáveres eran metidos en bolsas negras y cargados en camiones frigoríficos. Una fuente militar, que asegura haber presenciado el proceso, explica que los camiones partían de noche hacia la cercana autovía M5. Y los cuerpos se depositaban en fosas comunes del extrarradio de Damasco, como la hallada en Qutayfah. Con todo, una reciente investigación de Reuters descubrió que, periódicamente, esta fosa común era abierta y los restos extraídos y llevados a otra fosa mayor en pleno desierto.

Pero, ¿cómo casa esta voluntad de hacer desaparecer todo rastro físico de los presos muertos con la práctica sistemática de fotografiarlos? ¿Por qué el régimen sirio documentaba burocráticamente sus violaciones de derechos humanos?

“El régimen nazi actuaba de manera muy similar, documentando a todo el que asesinaba”, afirma a este periódico el escritor e investigador Elia Ayoub. “Por un lado, tiene que ver con que estos regímenes se ven como intocables y eternos, nunca van a caer ni a rendir cuentas.

Por otro lado, está el argumento de Hannah Arendt, que también han sostenido otros, como el intelectual sirio Yassin al Haj Saleh, de que no puede existir un régimen totalitario o fascista sin burocracia”. Esta burocracia es necesaria para coordinar todos los engranajes de la maquinaria de exterminio, y la multiplicación de engranajes es necesaria para separar lo máximo a los verdugos de sus víctimas. “Tú, como funcionario, solo te concentras en tu pequeño rol. Vas a trabajar, tomas un café, hablas con tus colegas de oficina. La mayoría de los funcionarios que engrasan esta maquinaria, que ha hecho desaparecer y ha asesinado a cientos de personas, no necesitan pensar más allá de su rol inmediato”, sostiene Ayoub. De esta manera, los fotógrafos, los médicos, los conductores de camión, los carceleros, pueden alegar, como hizo el nazi Adolf Eichmann en su juicio, que son “pequeños engranajes de la maquinaria” y que se limitan a “cumplir órdenes”.

El daño emocional

Lo primero que hicieron cientos de sirios tras la caída del régimen hace un año fue acudir a las cárceles recién abiertas. Las imágenes de los sirios buscando a sus familiares en Saidnaya, la prisión de los horrores, dieron la vuelta al mundo. Pero la mayoría de ellos volvieron con las manos vacías.

Entre ellos estaba también Thaer al Najjar, el residente en Damasco con el que contactó el ICIJ tras encontrar el certificado de fallecimiento de su hermano en la filtración. “Entramos en las celdas. Imad era pintor, así que mirábamos en los muros, a ver si descubríamos alguna de sus pinturas”, relata en una entrevista con los reporteros del ICIJ. Al no hallar noticias de él, perdió la esperanza. Ahora, con el certificado de defunción hallado en el Damascus Dossier, al menos sabe lo que ocurrió. Sin embargo, no tiene intención de contárselo a su madre, de 90 años. Ella aún sueña con que su hijo mayor regresará a casa algún día, y Thaer no puede soportar arrebatarle esa ilusión.

El colapso del régimen de El Asad provocó “un enorme terremoto psicológico y emocional” para las familias de los fallecidos o detenidos, explica ahora Habib Nassar, alto funcionario de derechos humanos de la Institución Independiente de las Naciones Unidas sobre las Personas Desaparecidas en Siria. La apertura de las prisiones, dijo, fue “también el momento en que decenas de miles de familias se dieron cuenta de que sus seres queridos podrían no volver nunca”.

Un año después, las familias en duelo siguen luchando contra la falta de información sobre las personas que desaparecieron en la vasta red de prisiones del régimen. Muchos dicen que se sienten abandonados por el nuevo Gobierno del país y exigen medidas inmediatas, pero los funcionarios y los investigadores afirman que podría llevar más de una década encontrar respuestas.

El hombre acusado de disparar contra dos soldados de la Guardia Nacional en Washington y matar a una de ellos la semana pasada ha quedado imputado formalmente de asesinato y otros delitos, en una vista preliminar celebrada por videoconferencia y en la que él ha participado desde su cama de hospital. La jueza Renee Raymond, encargada del caso, ha ordenado que el acusado, Rahmanullah Lakanwal, de nacionalidad afgana y 29 años, permanezca bajo custodia sin fianza, a causa del “puro terror” desatado con sus supuestos actos. El antiguo colaborador de la CIA se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan.

Lakanwal está acusado de haber abierto fuego contra la soldado Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento Andrew Wolfe, de 24, mientras patrullaban en una estación de metro en las cercanías de la Casa Blanca. Beckstrom falleció de sus heridas al día siguiente, y Wolfe continúa en estado grave. Los dos militares, de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, formaban parte del contingente que Donald Trump ha ordenado desplegar en la capital estadounidense con el argumento de luchar contra la delincuencia.

El ciudadano afgano también está acusado de agresión con intención de matar mientras estaba armado; posesión de un arma de fuego, y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.

Residente en el Estado de Washington, Lakanwal había cruzado todo el país para llegar a la capital, donde supuestamente perpetró el delito por motivos que se desconocen, en la víspera del Día de Acción de Gracias, el festejo más familiar del calendario estadounidense. El ciudadano afgano resultó herido en el tiroteo y permanece hospitalizado desde entonces.

La jueza Raymond ha calificado las pruebas de la fiscalía contra el acusado como “excepcionalmente sólidas”. “Hay vídeos de él que le muestran esperando armado en plena luz del día, y cuando ve un grupo de fuerzas, incluidos los individuos de la Guardia Nacional, herido y asesinada, va en su dirección y empieza a dispararles”, ha especificado la magistrada.

Los documentos aportados por la fiscalía también precisan que Lakanwal empezó a gritar “Allahu Akbar” (“Dios es el más grande”, en árabe) mientras disparaba a la cabeza de los dos soldados y antes de quedar reducido mientras recargaba.

En Afganistán, Lakanwal había formado parte de una fuerza colaboradora de Estados Unidos en la ciudad de Kandahar, baluarte del movimiento talibán hasta su caída —y tras el regreso del grupo radical—, según ha confirmado la CIA. Tras la retirada estadounidense del país centroasiático llegó a EE UU en septiembre de 2021, donde se instaló en el Estado de Washington junto a su esposa y cinco hijos.

Tras el ataque, Trump ha ordenado el despliegue de 500 soldados más en las calles de Washington, donde ya patrullaban 2.700 militares por orden del presidente estadounidense desde agosto. Las tropas tienen previsto permanecer en la capital al menos hasta el próximo febrero.

A raíz del suceso, el presidente estadounidense ha anunciado que cancelará la inmigración desde “países del Tercer Mundo” cuyos ciudadanos, según él, mantengan culturas incompatibles con la occidental. No ha enumerado qué naciones ni culturas tenga en mente.

Luigi Mangione, el joven de 27 años acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, la principal aseguradora sanitaria de Estados Unidos, compareció ante el tribunal de Nueva York este lunes para solicitar que algunas pruebas sean excluidas de su juicio. Su defensa sostiene que la policía violó sus derechos constitucionales durante su detención y que, por lo tanto, las pruebas obtenidas de su mochila deberían ser desestimadas, incluida la pistola que, según las autoridades, coincide con la usada en el ataque perpetrado en la ciudad de Nueva York hace casi un año y que desató un debate nacional sobre el lucrativo negocio de los seguros de salud en EE UU.

Mangione fue detenido el 9 de diciembre de 2024, cinco días después de que el ejecutivo Brian Thompson, de 50 años, fuera tiroteado mientras entraba en un hotel en pleno centro de Manhattan. Thompson estaba en Nueva York para la conferencia anual de inversores de UnitedHealthcare cuando la mañana del 4 de diciembre, un hombre enmascarado se le acercó por detrás y le disparó. En el lugar del crimen se encontraron casquillos de balas con las palabras “denegar, defender y deponer”, una frase que se suele usar cuando las aseguradoras evitan pagar reclamaciones.

Después de una búsqueda de varios días, Mangione fue detenido en el Estado de Pensilvania y extraditado a Nueva York. El joven se ha declarado inocente de los cargos de asesinato y otros delitos, y se espera que sea juzgado el año que viene. En septiembre, el juez que supervisa su caso en Nueva York desestimó los cargos de terrorismo en su contra al considerar “jurídicamente insuficientes” las pruebas aportadas por la fiscalía. Mangione también confronta acusaciones en un tribunal federal, incluyendo una por la cual el Gobierno de EE UU ha solicitado la pena de muerte.

Las circunstancias que rodean su detención están en el centro de las audiencias previas al juicio que comenzaron este lunes y que se espera duren al menos una semana. Los abogados de Mangione argumentan que cuando fue arrestado en un McDonald’s en la localidad de Altoona (Pensilvania), la policía registró ilegalmente su mochila sin una orden judicial. Vídeos de ese momento —nunca antes vistos por la prensa ni por el público— fueron reproducidos hoy en la sala del tribunal de Manhattan.

Dentro de la bolsa, los agentes encontraron, entre otras cosas, una pistola de 9 mm y un cuaderno en el que, según los fiscales, él describía su intención de “liquidar” a un ejecutivo de seguros de salud. Su defensa sostiene que los artículos recuperados no deberían ser admisibles porque la policía no tenía una orden para realizar el registro y no había una amenaza inmediata que justificara una búsqueda sin ella.

Además, los letrados han solicitado suprimir algunas de las declaraciones de Mangione a la policía bajo el argumento de que los agentes comenzaron a cuestionarlo antes de indicarle que tenía derecho a permanecer en silencio. En el restaurante de comida rápida, Mangione presuntamente dio a la policía un nombre falso junto con una identificación a nombre de “Mark Rosario”. La misma licencia de conducir fue utilizada para reservar una habitación en un hostal de Nueva York días antes del asesinato de Thompson. Imágenes de ese hostal se utilizaron para localizar a Mangione.

El resultado de las audiencias de esta semana será significativo. Eliminar la pistola y el cuaderno sería una victoria crucial para la defensa de Mangione y un gran revés para la fiscalía al privarlos de un posible arma homicida y de pruebas que, según ellos, apuntan al motivo. En la audiencia del lunes, los fiscales mostraron el vídeo completo de vigilancia en el que se ve a Thompson siendo baleado el pasado 4 de diciembre, tambaleándose hacia un lado antes de caer al suelo. Mangione vio esta y las otras grabaciones en el tribunal, mientras tomaba notas y conversaba con sus abogados.

En Nueva York, Mangione enfrenta nueve cargos graves, incluido uno por asesinato en segundo grado, que en el Estado conlleva una posible condena de 15 años a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional después de 25 años, si resulta declarado culpable. El asesinato en diciembre pasado fue uno de los crímenes más mediáticos del los últimos años en Estados Unidos, donde la violencia política se ha vuelto cada vez más común.

Mangione ha desarrollado una especie de culto de seguidores desde que fue acusado por el homicidio. Parte de la sociedad estadounidense ha justificado el crimen, o al menos ha llegado a comprender que alguien como Mangione, quien padecía de problemas de dolor de espalda crónicos, se sintiera agravado por el sistema de salud.