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La Pobreza En Argentina Cae Al Menor Nivel De Los últimos Siete Años

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En el segundo semestre de 2025, la pobreza descendió en Argentina hasta el 28,2%, un registro que es el más bajo de los últimos siete años y que representa una reducción de 3,4 puntos porcentuales respecto del semestre anterior y de casi diez puntos respecto de un año atrás. Si bien la gran mejora del indicador se advierte en comparación con el pico generado por la brusca devaluación que el propio Javier Milei decretó al inicio de su mandato, el Gobierno celebró el dato oficial publicado este martes como un gran triunfo, en un momento en que se encuentra acechado por escándalos que involucran a Manuel Adorni, un miembro clave del gabinete.

“La fuerte baja en la pobreza y la indigencia se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.

El informe, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), muestra que dentro del universo de población considerada pobre —que alcanza a alrededor de 13,3 millones de personas— el 6,3% está en situación de indigencia, es decir que no puede garantizar ni siquiera los alimentos en sus hogares. El panorama es especialmente crítico en la infancia: en los menores de hasta 14 años la pobreza alcanza el 41,3%, lo que quiere decir que cuatro de cada diez niños crecen en ese contexto. La desigualdad social también se refleja a nivel geográfico. En la región noreste del país la cifra sube al 32,7%, mientras que en otras como la Patagonia ronda el 25,4%.

En los últimos dos años el índice de pobreza ha variado violentamente. Se disparó 11 puntos en los primeros seis meses posteriores a la llegada de Milei a la Casa Rosada, alcanzando a casi el 53% de la población, la cifra más alta en dos décadas, equiparable solo al momento en que el país salía de la peor crisis de su historia reciente. Este salto estuvo vinculado a la devaluación que el ultra aplicó sobre el peso, lo que disparó los precios un 25,5% en diciembre de 2023 y un 20,6% más en enero siguiente y generó una pérdida enorme de capacidad de compra.

Tras ese shock inicial, la inflación comenzó a moderarse y se vivió una recuperación parcial de ingresos de trabajadores privados, jubilados y receptores de subsidios estatales que mejoraron un poco el escenario. En el segundo semestre de 2024, la pobreza mostró una caída de casi 15 puntos respecto de la medición previa y se ubicó en 38,1%. “Tomen nota, mandriles”, se envalentonaba entonces Javier Milei. El dato siguiente, que abarcaba a la primera mitad de 2025, mantenía la tendencia a la reducción de la pobreza, aunque de manera más sutil, marcando un 31,6% de población en esa condición. El registro publicado este martes muestra que la tendencia a la baja de la pobreza se mantuvo, aunque más suave, y que el nivel hoy es casi 25 puntos porcentuales menor al pico con el que inauguró su gobierno Milei.

“La pobreza bajó, como era esperado, pero la magnitud de la baja estuvo por encima de las expectativas. El estancamiento en la lucha contra la inflación en el segundo semestre no parece haber afectado la medición de la pobreza del Indec”, apuntó el economista Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

La pobreza no se mide del mismo modo en todos lados. En Argentina, se calcula el valor de una canasta de consumos básicos y se compara con el nivel de ingresos de la población. Quienes no tienen los ingresos suficientes para adquirir esa canasta son considerados pobres. Quienes no tienen los ingresos suficientes incluso para comprar una canasta más pequeña, solo compuesta de alimentos, son considerados indigentes.

Esa canasta se diseña en base a una encuesta de consumos que tiene más de 20 años y genera distorsiones. Al tiempo que sobrestima consumos que se han reducido a lo largo del tiempo —como la cantidad de kilos de carne consumida por habitante—, subestima otros que han sumado peso en la vida de las familias —como los servicios o la vivienda—, lo que termina por sobrestimar la mejora del indicador en alrededor de cinco puntos porcentuales, estima Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).

En el país, la pobreza es un problema estructural, que se mantiene por encima del 25% desde hace décadas, y cuya responsabilidad excede a un gobierno puntual. Según apunta Donza, esto se debe a que el Estado tiene un sistema de ayuda a las familias más necesitadas relativamente eficiente —que incluye herramientas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Tarjeta Alimentar— que amortigua la pobreza y, sobre todo, la indigencia, que sin estas ayudas casi se duplicaría. “Estas transferencias son muy necesarias, y el Gobierno lo entiende así porque las mantuvo e incluso las aumentó, pero los argentinos sabemos bien que para poder salir de la pobreza tiene que mejorar el mercado de trabajo, algo que no está sucediendo”, precisa Donza. De hecho, estima que en los próximos meses se comenzará a registrar el impacto del cierre de empresas y la caída de actividad en los sectores de la economía que más empleo generan.

Los datos estadísticos, que muchas veces son muy afectados por variables puntuales, se pueden complementar con otros que permiten una aproximación más compleja a la situación general de los argentinos. Los datos oficiales revelan, por ejemplo, que en los últimos dos años, la población sin hogar creció un 57% en Buenos Aires y diversos informes exponen el aumento vertiginoso de la morosidad de las familias, que se endeudan cada vez más para cubrir los gastos corrientes.

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La Justicia Argentina Inicia Un Nuevo Juicio Por La Muerte De Diego Maradona

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Después del escándalo que el año pasado frustró el juicio por la muerte de Diego Maradona (1960-2020), este martes se iniciará un nuevo proceso oral para determinar si siete profesionales de la salud que atendían al exfutbolista argentino son responsables de homicidio con dolo eventual. En 2025 llegaron a realizarse más de 20 audiencias en las que declararon 44 testigos, pero todo fue considerado nulo cuando se descubrió que una de las juezas de la causa, Julieta Makintach, estaba siendo filmada para protagonizar una serie documental sin el consentimiento de las partes.

Cuatro médicos, dos enfermeros y un psicólogo son acusados de haber descuidado y propiciado el deceso de Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020 cuando cumplía internación domiciliaria tras una cirugía. Afrontan posibles penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Según la acusación formulada por la fiscalía, el equipo de salud tuvo un desempeño “inadecuado, deficiente y temerario” que dejó al entonces entrenador “en una situación de desamparo”, “abandonándolo a su suerte”. La muerte de Maradona se produjo por insuficiencia respiratoria y paro cardíaco, en el marco de un crítico cuadro general que incluía enfermedad renal crónica, cirrosis, insuficiencia cardíaca, deterioro neurológico y adicciones, entre otras dolencias.

El nuevo juicio oral se desarrollará los martes y jueves en los tribunales de San Isidro, en el extrarradio de la ciudad de Buenos Aires. A su cargo estará el Tribunal Oral en lo Criminal 7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Sobre los más de 200 testigos inicialmente considerados, se acordó que dará testimonio alrededor de un centenar, desde familiares y amigos del Pelusa hasta médicos y policías.

La anulación de todo lo actuado el año pasado supone que, tanto las declaraciones testimoniales como las pruebas y alegatos de la fiscalía y demás partes, deberán presentarse como si el proceso nunca hubiera comenzado.

De los siete acusados, la mayor responsabilidad recae sobre el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Luque (44 años) se había convertido en uno de los médicos personales de Maradona en sus últimos años. En aquel noviembre de 2020, le había realizado una cirugía craneal por un hematoma subdural y luego había recomendado su internación domiciliaria para que se rehabilitara. La internación se cumplió en una casa que no habría contado con las mínimas condiciones necesarias para el cuidado del paciente. Según la imputación, el médico incumplió sus obligaciones de atender a Maradona y desestimó los síntomas de las dolencias que provocaron su muerte.

La psiquiatra Cosachov (40) había comenzado a tratar a Maradona cinco meses antes de su deceso. De acuerdo con la fiscalía, le administró al exentrenador de la selección argentina medicación contraindicada por sus dolencias y no lo controló en forma directa. Además, omitió “encargarse personalmente de la reanimación del paciente” pese a que era “la única médica presente en el lugar” cuando fue hallado inconsciente.

También está acusado el psicoanalista Carlos Díaz (33), virtual responsable de no haber requerido la internación de Maradona en una institución adecuada y de haberle ocultado a la familia del exfutbolista cuál era su real estado. Al enfermero Ricardo Almirón (41) se le imputa desatender los protocolos al asentar la información sobre la salud del paciente. Entre los acusados están también tres encargados de supervisar y coordinar la atención de Maradona: los médicos Pedro Di Spagna (49) y Nancy Forlini (56) y el enfermero Mariano Perroni (44). Una octava acusada, la enfermera Gisella Madrid (41) será juzgada en un proceso aparte, en un juicio por jurados que aún no tiene fecha de inicio.

“Bochorno mundial”, “inaudito”, “vergonzoso”. Así definieron los abogados de los acusados, en mayo último, a la revelación de que se estaba grabando una película en secreto durante las audiencias. “Ofició de actriz, no de jueza”, sentenció entonces la fiscalía sobre Makintach. Todas las partes intervinientes en el proceso la recusaron y Makintach fue sometida a un juicio político. Por unanimidad, fue destituida e inhabilitada de por vida para ejercer cargos judiciales.

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Alberto Fernández

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