“Todo esto se resume en una frase brutal de Milei [presidente de Argentina]: la justicia social es aberrante”. La reflexión, referida a la reforma madrileña de los criterios para dar becas de Educación Infantil en centros privados, que elimina el que favorecía a bebés en situación vulnerable, es de un político que lo ha sido todo en el PP, y que pide el anonimato. Su lamento fotografía una herida que lleva supurando ya tres años. Afecta al PP de Madrid. Y mide la distancia entre la vieja guardia, ya desaparecida, y la nueva y dominante, dirigida por Isabel Díaz Ayuso. Porque la decisión de la presidenta de abrir a familias con ingresos de más de 100.000 euros las becas para cursar en centros privados Infantil, Bachillerato o Formación Profesional, resume como pocas cosas lo que separa a los gobiernos de Cristina Cifuentes (2015-2018) y Ángel Garrido (2018-2019) de los ejecutivos de Ayuso (desde 2019). Y no solo eso. También sirve para explicitar que en este asunto el PP está solo.

“Vox siempre estará en contra de cualquier reducción o desaparición de becas que puedan ayudar a las familias golpeadas por la crisis o que sufran un grave quebranto por cualquier motivo, no solo económico”, explica Isabel Pérez Moñino, portavoz de la extrema derecha en la Asamblea. Su opinión en este asunto es clave, pues fue su partido, a través del entonces diputado Jaime de Berenguer, quien inspiro la apertura de las becas a las rentas altas. Cosa distinta a restar ahora posibilidades de acceso a las bajas. “Incluso aunque haya pocos beneficiarios potenciales de una beca, incluso aunque solo hubiera una familia beneficiada, la posibilidad de acceder a una beca, a cualquier beca a la que tengan derecho, debe permanecer para la tranquilidad de los madrileños”, añade.

Tras revelar EL PAÍS la modificación, el Gobierno regional ha defendido que en realidad no cambia nada, porque nunca ha aplicado el criterio ahora eliminado, que valoraba con dos puntos extra situaciones justificadas por los Servicios Sociales “y que supongan dificultades específicas para atender adecuadamente al niño y que hagan especialmente necesaria su escolarización”. Es decir, el ejecutivo considera irrelevante la modificación, deslizando la idea de que jamás se ha beneficiado alguien de esos puntos.

“Nunca se ha utilizado como criterio para otorgar puntos”, dice un portavoz gubernamental, pese a que la opción aparece todavía en la web de las ayudas (referente al curso actual) y se ha venido recogiendo en los últimos años en los formularios de solicitud de las becas.

La realidad, sostienen en la oposición, es que llueve sobre mojado. Aunque una segunda fuente popular con pasado en el gobierno y conocimiento de la norma reclama un debate mesurado —”Quizás estén intentando tener criterios de mayor precisión y consistencia, ya que la redacción de ese punto está claro desde un punto de vista conceptual, pero habría que objetivarlo para realmente tenerlo en cuenta”, dice este interlocutor, que tuvo altas responsabilidades educativas—, lo cierto es que pocos temas alimentan más el choque entre partidos que el del sistema de becas.

¿La razón? Que en 2022 el ejecutivo de Ayuso flexibilizó los criterios de renta para permitir que familias que ingresan más de 100.000 euros opten a becas en centros privados de Infantil, Bachillerato, y Formación Profesional de grado medio y superior (tres etapas educativas no obligatorias). El mecanismo utilizado fue elevar hasta los 35.913 euros el listón de la renta per cápita máxima que podían tener los solicitantes.

Como resultado, desde entonces pueden optar a recibir la ayuda aquellas parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros, cuando antes el límite era de 30.000 euros para los que optaban a una ayuda para Bachillerato, de 60.000 para los de Formación Profesional, o de 75.000 para los de Educación Infantil.

Del mismo modo, las parejas con dos niños que tengan unos ingresos globales de 143.652 euros también pueden pedir estas becas; o las que tengan tres hijos y unos ingresos en el hogar de 179.565 euros. Es decir, se facilitó radicalmente el acceso a las ayudas a familias sin problemas económicos.

Darwinismo social

“Esta es la definición de toda esta nueva derecha: hay que practicar el darwinismo social, y si no tiras para arriba, pues te mueres”, lamenta un antiguo cargo del PP, que observa espantado el devenir del Gobierno regional. “Es lo que pide Milei. Fin”, añade. “Esto es libertarismo, el siguiente escalón al liberalismo. Y lo promulga gente que jamás ha tenido que competir en nada, porque el liberalismo en España es un club de niños de ricos, procedentes de las familias más acomodadas: a los demás nos echan a los leones y, si te comen, mala suerte”.

El lamento de este antiguo dirigente, que no reconoce al que fuera su partido, ni entiende sus explicaciones con respecto al cambio en la beca, coinciden con los del resto de formaciones.

“Ayuso sigue trabajando sin descanso para aumentar la desigualdad en Madrid”, se queja María Pastor, diputada de Equo integrada en el grupo parlamentario de Más Madrid, tras conocer la nueva modificación. “Con una mano financia a las familias que ganan 100.000 euros para que estudien en centros privados con las becas cayetanas, y con la otra dificulta el acceso a las ayudas públicas a las familias más vulnerables, como sucede con las becas de comedor o ahora con la eliminación de un requisito que favorecía a los niños en una situación social difícil”.

Una línea argumental crítica que también sostiene Silvia Monterrubio, del PSOE. “Ya sabemos para quién gobierna la señora Ayuso”, ironiza. “Tiene abandonada la escuela pública, donde hay un importante déficit de plazas. Solo en Madrid capital, 11.400 familias se quedaron sin plaza en las escuelas infantiles públicas para el curso 2024-2025″, ejemplifica. “De hecho, en la Comunidad de Madrid se han creado tantas plazas públicas como el Gobierno de España ha financiado, ni una más, a pesar de ser su competencia”, analiza. “Y esta carencia de plazas públicas hace que muchas familias tengan que recurrir a escuelas privadas”, sigue. “Ayuso da becas a familias que ganan más de 100.000 euros y abandona a las vulnerables”.