Alberto González Amador planea esgrimir la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, durante su juicio por fraude a Hacienda, con el fin de anular el procedimiento. La pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anticipado esa estrategia en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso este jueves EL PAÍS. En ese documento argumenta que sufrió una vulneración de sus derechos de defensa y presunción de inocencia por la filtración del famoso correo en el que confesaba su culpa para buscar una rebaja de su pena. Sin embargo, la opción de anular la causa contra él ya había sido descartada en diciembre por el Tribunal Supremo, que abordó esa hipótesis en la sentencia que condenó a García Ortiz por revelación de secretos.

Amador ha hecho esta solicitud en su escrito de defensa, que presentó el miércoles al Juzgado de Instrucción 19 de Madrid. Este es un documento preparatorio del juicio en el que los acusados suelen pedir la absolución y proponer pruebas. En este caso, el novio de Ayuso también ha planteado que se aborde como cuestión previa a la entrada en el fondo del asunto la “acumulación de vulneraciones de derechos fundamentales” causados tanto por el ministerio fiscal como por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“El máximo defensor y garante sobre el papel (de nuestro Estado constitucional y de Derecho) de la legalidad sustantiva y procesal y de la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se transformó y transformó esa posición de garante, en la atalaya desde la que lesionar, con una intensidad delincuencial, los derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia de D. Alberto González Amador en este procedimiento”, dice el escrito de defensa, de 33 páginas.

A lo largo de 15 páginas, el escrito detalla cómo se produjo esa supuesta lesión. Se enumera cronológicamente cómo se produjo la filtración del correo y la nota informativa donde la Fiscalía citaba ese email, y que difundió en respuesta a las informaciones que apuntaban a que, por un motivo espurio, el fiscal había propuesto a Amador que se declarase culpable. También se citan declaraciones del presidente Pedro Sánchez y varios ministros que se refirieron a él como “delincuente confeso” o que dijeron que “cometió un delito”.

“El procedimiento que nos ocupa constituye, desde antes de existir y durante todo su desarrollo, la antítesis del procedimiento penal justo en un Estado Constitucional, democrático y de Derecho”, dice el escrito de los dos abogados de Amador, Carlos Neira y Gabriel Rodríguez-Ramos.

Aún no se conoce qué juez de lo penal de Madrid juzgará a Amador ni en qué fecha. Fuentes judiciales advierten de que el juicio podría demorarse más de un año debido al atasco que sufren estos órganos situados en el polígono de Julián Camarillo, en el este de la capital. Amador se enfrenta a una solicitud de tres años y nueve meses de cárcel por parte de la Fiscalía y otra petición idéntica de la Abogacía del Estado.

La investigación contra Amador comenzó en Hacienda en mayo de 2022 y fue continuada por una jueza de instrucción de Plaza de Castilla en marzo de 2024. Fue enviado al banquillo en septiembre del año pasado, acusado de usar 15 facturas falsas para simular gastos y así rebajar su cuota tributaria en el impuesto de sociedades de su consultora de sellos de calidad, Maxwell Cremona SL. Se le acusa de defraudar 350.910 euros.

La petición que ha hecho la defensa de Amador obvia lo manifestado por el alto tribunal en la sentencia condenatoria a García Ortiz. Los magistrados del Supremo se refirieron entonces a la posibilidad de que Amador pudiese buscar en ese proceso contra el entonces fiscal general “algún rendimiento defensivo de cara al que se sigue contra él” y agregaron que un juez profesional sabe que no se debe valorar como prueba unas conversaciones confidenciales encaminadas a una conformidad (en referencia al correo filtrado). Al respecto, añadieron que esa vía “la consideramos totalmente cerrada, es inacogible”.

Los magistrados remataron diciendo que solo podría reclamar en el caso de que el juez no actúe debidamente (presumiendo indebidamente que el correo es una prueba de la culpa de Amador). “Si el proceso no se ajusta a las reglas de un juicio justo, allí deberá denunciarlo”, agregaron los magistrados del Supremo.

El escrito de defensa también aborda el fondo del asunto. Así, los dos abogados de Amador sostienen que dos de las 15 facturas (las de mayor cuantía) no eran falsas y que las empresas que las emitieron realmente prestaron esos servicios. Se trata de una factura de 620.000 euros emitida en 2020 por la empresa mexicana MKE, a la que Amador supuestamente pagó para que le buscara oportunidades de negocio en México, y otra de 922.585 euros emitida por la empresa costamarfileña Gayani, que supuestamente hizo tareas de intermediación para que otra compañía española compitiera por una licitación de compraventa de vacunas en ese país africano.

Para probarlo, solicitan la comparecencia de dos testigos que supuestamente podrían acreditar la realidad de los servicios en Costa de Marfil y que no fueron citados por Hacienda o por la jueza instructora. Además, se aportan una serie de billetes de avión y fotos de reuniones ya incorporados previamente a la causa.

Además, piden cuatro ajustes en la liquidación que usó Hacienda para calcular la cuantía defraudada, según los cuales no se superaría la cantidad de 120.000 euros por ejercicio fiscal, la mínima para que los hechos sean considerados delictivos.

Este jueves también se conocieron los argumentos de otros tres acusados, los vecinos del pueblo sevillano de Arahal que emitieron para Amador 13 facturas consideradas falsas, David Herrera y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo. Su abogado solicita también la anulación del procedimiento “ya que la información es obtenida de forma delictiva”. Además, han presentado como circunstancia atenuante un informe de un centro de desintoxicación.

Herrera ha sido condenado por la Audiencia Nacional a tres años de cárcel en un caso separado de estafa con documentos falsos, según una sentencia conocida el lunes.

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La Policía Nacional ha desmantelado 13 cultivos indoor de marihuana explotados por un mismo clan familiar en un bloque de viviendas del distrito de Villaverde y que funcionaba como un auténtico centro de producción y manufacturación de este tipo de droga. Los narcopisos se encontraban en el barrio de San Cristóbal, concretamente en los número 28, 30 y 32 de la calle Beniferri.

La red criminal presentaba una estructura con una alta especialización al tener diversificados esos cultivos en diferentes inmuebles del bloque de viviendas al que los investigados denominaban La Oficina, dado el fin al que dedicaban dichos inmuebles, todos ellos ocupados y destinados en exclusiva para albergar este tipo de instalaciones.

“Se trataba de un centro de producción y manufacturación de marihuana sin ser cultivos aislados”, han explicado el jefe de sección de la Policía Judicial del distrito de Usera-Villaverde y el jefe de sección de la investigación de Cannábicos de la UDYCO de la Policía Nacional. “Era un bloque entero de viviendas donde personas normales residían bajo la amenaza o bajo el temor de quienes ejercían estas actividades en pisos totalmente habilitados ad hoc para este tipo de actividades, con distintas estancias”, han detallado.

En el operativo han sido practicadas 16 entradas y registros en las que se han incautado 4.300 plantas de marihuana, 30 kilogramos de cogollos, un arma de fuego, armas blancas, 5.000 euros y material para el cultivo.

En la intervención policial han sido detenidas cinco personas, tres mujeres y dos hombres, como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas, otro de tenencia ilícita de armas, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico, siendo decretado su inmediato ingreso en prisión por la autoridad judicial.

La investigación

La investigación se inició el cuatro de noviembre de 2024 al tener conocimiento de un clan familiar que conformaba una red criminal dedicada a la producción y venta de sustancias estupefacientes, en concreto marihuana.

Los detenidos tenían un claro reparto de funciones y utilizaban viviendas ubicadas en tres edificios contiguos del distrito madrileño de Villaverde. Estos bloques de viviendas se encontraban habitados por otras personas que nada tenían que ver con este grupo, encontrándose constantemente atemorizadas, al igual que el entorno vecinal.

La diversificación de los cultivos permitía a los ahora detenidos mantener una producción constante durante todo el año, solapando los ciclos de crecimiento de las plantas de cannabis en aéreas de cultivo más reducidas que les facilitaba controlar de manera más eficaz las condiciones de dichos cultivos, llegando alguna de ellas a presentar visos de estar bunkerizadas, con grandes medidas de seguridad en los accesos a las mismas.

Las instalaciones desmanteladas contaban con un elevado nivel de tecnificación, con aparataje de última generación para mejorar el rendimiento de los cultivos y obtener cosechas más productivas y de una marihuana de mayor calidad.

Los investigadores pudieron constatar que el costo de la infraestructura rondaría los 300.000 euros entre halógenos, cableados o instalación eléctrica entre otros, estimándose unos beneficios económicos superiores al millón de euros anuales, en caso de que la compraventa de sustancia estupefaciente se realizase al por menor.

Fue el pasado 4 de febrero cuando finalmente se explotó la operación. En total fueron desmantelados 13 cultivos indoor de marihuana y fueron incautados 4.300 plantas de marihuana, 30 kilogramos de cogollos de marihuana, 5.000 euros en efectivo, munición, armas blancas y diverso material destinado al cultivo.

La actuación específica de la UDEF, ha permitido el embargo de las cuentas bancarias de todos los implicados, que superaban la treintena, de dos vehículos, así como el embargo preventivo y bloqueo de ocho inmuebles relacionados con las ilícitas actividades investigadas.