La Coordinadora en defensa de la Universidad Pública ―que aúna a la mayoría de sindicatos y muchas asociaciones de estudiantes― ha convocado este jueves una nueva huelga en contra de los recortes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en los seis campus de Madrid. Los trabajadores (docentes investigadores y de administración y servicios) y los estudiantes están llamados a parar el 4 y el 5 de noviembre contra “la infrafinanciación de la Universidad Pública, que propicia la privatización y la mercantilización de nuestra formación universitaria, y la reivindicación de los derechos políticos de trabajadoras y estudiantes”.
En la capital hay ya 14 universidades privadas ―sin contar con las sedes de centros extranjeros o españoles― abiertas frente a seis públicas y la opción de que lleguen a ser 17, porque el Ejecutivo regional tiene encima de la mesa otros tres proyectos que cuentan con un informe negativo de los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
El apagón del 28 de abril de 2025, que dejó a oscuras España, provocó que la primera huelga convocada pasase desapercibida. Tuvo entonces un gran seguimiento en la Universidad Complutense, la más asfixiada, y poco en la Autónoma, Alcalá, Politécnica, Carlos III y Rey Juan Carlos. Pero la tensión de los rectores con la Comunidad de Madrid fue escalando y la siguiente convocatoria, los días 26 y 27 de noviembre, sí que tuvo un éxito incontestable en los campus, salvo en la Politécnica y Alcalá (recibe fondos de Castilla-La Mancha).
Al final del curso pasado, la Coordinadora en Defensa de la Universidad Pública comenzó a trabajar en esta huelga de noviembre que casualmente coincide ahora con la precampaña por el adelanto electoral. No es una consecuencia de la huelga educativa, también concebida hace meses, ni la convocada por la vivienda.
El paro es casi idéntico al del año pasado, cuando miles de estudiantes y profesores recorrieron el centro de la capital, tras vaciar las aulas, para exigir el aumento del presupuesto. El impacto mediático fue tal que en la Puerta del Sol decidieron tomar medidas para frenar el descontento universitario en las calles a año y medio de las elecciones autonómicas. Cambiaron al consejero –provocando un cataclismo de dimisiones-, escucharon a los rectores que se sentían ninguneados y cerraron en marzo de 2026 un acuerdo que calificaron como “histórico” y un “hito” el nuevo plan de financiación.
El pacto selló una inversión en los campus públicos de 14.800 millones de euros desde este año hasta 2031. Pero las cifras están hinchadas, pues se incluye la partida que pagan las familias y parte del aumento está condicionado a que las universidades cumplan objetivos.
“El presupuesto destinado a nuestra Universidad sigue siendo insuficiente, manteniéndose en el 0,4 % del PIB, muy por debajo del 1% que establece la LOSU [Ley Orgánica del Sistema Universitario] y, por tanto, por debajo de la media nacional, de 0,75%, como de la europea, 0,92%”, se afirma en el comunicado leído en una rueda de prensa celebrada este jueves en la Universidad Autónoma. “Dicho acuerdo, que vendieron como ‘histórico’, es una estafa y desde entonces consideramos que tanto el Gobierno del Partido Popular como la CRUMA [los rectores madrileños] son responsables de la crisis de la Universidad Pública”, prosigue.
La Consejería de Educación, por su parte, no entiende la huelga. “Los convocantes alegan una supuesta falta de financiación que, simplemente, no se sostiene. El acuerdo sobre el modelo de financiación plurianual firmado con los rectores, que han sido elegidos como representantes de las universidades públicas, pone en manos de estos seis centros 14.800 millones de euros hasta 2031 para que puedan seguir creciendo y liderando la consolidación de Madrid como el mayor hub universitario del sur de Europa”, señala a preguntas de este diario.
Hasta ahora, Madrid, pese a ser la comunidad más rica, ha sido la que menos financiación aporta por alumno universitario de toda España, según un informe publicado anualmente por la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que mide la contribución de los campus a la sociedad. Habrá que esperar una nueva edición del análisis para ver dónde se posiciona Madrid tras la inyección económica, pero no subirá mucho porque el aumento de fondos es pequeño para repartir entre 220.000 universitarios matriculados en la red pública de Madrid.
Para calentar la huelga, el 28 de octubre habrá una concentración ante la Consejería de Educación para “reivindicar una universidad de calidad y libre de represión”. Y en la semana de los paros se celebrarán jornadas de la Uni en la calle, donde docentes impartirán algunos de los contenidos de sus clases fuera del aula. Esta forma de protesta se inauguró en 2012 para hacer frente a la subida de tasas y bajada de becas impulsada por el ministro José Ignacio Wert en plena crisis económica. El escenario, sin embargo, ahora es otro.
