El proyecto de ley para la reducción de la jornada máxima legal, la reforma del registro horario y el desarrollo del derecho a la desconexión está atascado en el Congreso de los Diputados a la espera de que el Gobierno se garantice los apoyos necesarios para aprobarlo. Si bien, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que la primera votación del texto se producirá antes de que termine el verano.
“Va a haber debate antes del periodo de sesiones, ya nos conocen ustedes, este debate se va a dar”, ha garantizado Díaz durante la presentación de la campaña de medidas de la Inspección de Trabajo ante las olas de calor. Con esta referencia temporal se refería a la intención de su departamento de que el texto con las enmiendas a la totalidad, si estas existieran, que es el primer debate que debe producirse, se llevará a uno de los plenos que podrían celebrarse antes de agosto.
Así, aunque oficialmente el actual periodo de sesiones terminará a finales de junio, el Gobierno prevé celebrar un pleno extraordinario en julio y sería en esa convocatoria donde podría abordarse el texto para la reducción de la jornada, según han informado fuentes sindicales. De momento, el plazo de presentación de enmiendas a esta norma se ha prorrogado ya cuatro veces (este martes pasado se volvió a ampliar), en una práctica parlamentaria utilizada habitualmente para dilatar la tramitación de las leyes.
Pero para que se produzca este desbloqueo, Trabajo debe garantizarse antes que el proyecto de ley cuenta con los suficientes apoyos parlamentarios para que sea aprobado. Con este fin, Díaz está protagonizando esta semana una nueva ronda de reuniones con todas las fuerzas presentes en el Parlamento. Aunque no ha dado detalles, la ministra de Trabajo sí ha dicho que estos encuentros están siendo “muy fructíferos” y que continuarán la próxima semana con los partidos que aún faltan, entre ellos el PP y Junts. Esta última formación está siendo la más combativa en contra de la aprobación del proyecto de ley para fijar la jornada máxima legal en 37,5 horas.
Precisamente, a este respecto, Díaz se ha mostrado optimista, pese a que los independentistas catalanes mantienen su intención de presentar una enmienda a la totalidad de la ley y “siguen en el no”, según fuentes de la negociación. Es más, la vicepresidenta ha aprovechado su intervención de este miércoles para alabar la postura de Junts en esta cuestión, a pesar de liderar la lucha contra el proyecto estrella de Trabajo, y ha asegurado que la formación catalana defiende más a las pequeñas y medianas empresas que la propia patronal.
Junts está demostrando una “participación y compresión muy legítimas” en la defensa de los intereses de las pequeñas y medianas empresas a la hora de rebajar la jornada, frente a una patronal española (CEOE-Cepyme) que “no ha hecho sus tareas” y, durante los once meses que han durado las negociaciones en la mesa de diálogo social, “no ha presentado ni un papel y ha declinado su responsabilidad”. Por ello, pese al rechazo de Junts al recorte del tiempo de trabajo, Díaz ha insistido hablando de esta formación independentista “es lo que nos gusta a nosotros, negociar con gente que defiende los intereses colectivos”.
En este punto de las negociaciones, Díaz se ha referido tangencialmente a la intención del Ejecutivo de recuperar, vía enmiendas parciales, las ayudas económicas para las pymes tanto directas como en forma de bonificaciones a la contratación, por valor de unos 400 millones que ofrecieron a las patronales en el diálogo social y que estas rechazaron de plano. “Sabemos muy bien que hay que acompañar a las pequeñas empresas, por eso hemos desplegado en la mesa de diálogo social un montón de medidas para acompañarles. Sabemos muy bien lo que tenemos que hacer”, ha concluido.