Fue otra prueba a la vista de todo el mundo del desdén del presidente de Estados Unidos por la separación de poderes. Y fue, de nuevo, en su red social, Truth, con un mensaje publicado este viernes en el que anunció que pedirá a la fiscal general, Pam Bondi, y al Departamento de Justicia −“junto con los grandes patriotas del FBI”− que investiguen la relación del millonario pederasta Jeffrey Epstein con “[elexpresidente] Bill Clinton, Larry Summers [exrector de Harvard y miembro del Gabinete de Clinton], [el cofundador de LinkedIn] Reid Hoffman, [el banco] JP Morgan Chase y muchas otras personas e instituciones”.

Trump justificó esa orden −que rompe las reglas del decoro institucional estadounidense dado que a la figura de la fiscal general se le supone independencia de la Casa Blanca− alegando que los demócratas han resucitado el caso Epstein −“el bulo Epstein“, según el presidente− para ”tapar el desastroso CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN y otros fallos”.

La maniobra parece más bien perseguir un fin diferente: tratar de desviar hacia otro lado la atención del escándalo por su negativa a difundir los archivos que obran en poder de Bondi sobre el caso del pederasta. Este murió en 2019 en una celda de máxima seguridad de Manhattan en lo que fue un suicidio, según el forense, aunque los creyentes en las teorías de la conspiración piensen que lo mataron para que no tirara de la manta.

Bondi aceptó el encargo con un “gracias, señor presidente”. No es su primera vez. Ya lo hizo en otros ejemplos de persecución política de los enemigos de Trump; de la fiscal Letitia James al exdirector del FBI James Comey o el antiguo consejero de Seguridad Nacional James Bolton. En X, Bondi designó a Jay Clayton, el principal fiscal del Distrito del Sur de Nueva York, y le pidió que se pusiera con el caso.

Mucho menos aún, si logrará su objetivo de sofocar un escándalo que no cesa para Trump: la publicación esta semana más de 20.000 documentos obtenidos por el Congreso de la familia del financiero pederasta ha vuelto a resucitar un fantasma que persigue al presidente desde hace años por su larga amistad con Epstein. También ha encendido las sospechas de que el empeño de Trump por no difundir esos materiales −pese a que los suyos prometieron durante años que lo harían− solo puede significar que oculta algo.

El presidente de Estados Unidos niega que supiera nada de los delitos del que fue su amigo durante 15 años, hasta la ruptura entre ambos de 2004. Trump, cuyo nombre aparece centenares de veces en los nuevos papeles, sostiene que se separaron cuando echó a Epstein de su club, Mar-a-Lago, por su conducta de “bicho raro” con algunas empleadas. En los mensajes conocidos esta semana, el millonario pederasta niega que ese fuera el motivo. También hay un correo electrónico en el que este parece situar a Trump en una fiesta de Acción de Gracias compartida en 2017. Era la primera del nuevo presidente, pero no hay certezas de que fuera como Epstein dice.

Tampoco las hay de que Trump estuviera al tanto de las fechorías de Epstein, ni que participara en ellas, aunque en el lote de los mails liberados estos días, este dice que Trump “pasó horas con una de las víctimas” y que “sabía lo de las chicas”, en referencia a las menores de las que el financiero abusó impunemente durante años. Fue con la complicidad y la participación de su conseguidora, Ghislaine Maxwell, que cumple 20 años de prisión en una cárcel de mínima seguridad.

¿Lavado de capitales?

En su mensaje de este viernes, Trump cita en Truth a JP Morgan, que fue el principal banco de Epstein durante 15 años, un tiempo en el que el financiero hizo movimientos de dinero que encendieron las alarmas de los centinelas de lavado de capitales del gigante financiero, que nunca quiso intervenir en los manejos de uno de sus clientes preferentes. La relación con la entidad fue más allá del primer juicio. Una investigación de The New York Times concluyó el pasado mes de septiembre que el primer banco de Estados Unidos facilitó los delitos del depredador sexual, que movió ingentes cantidades de dinero para poder mantener su red de tráfico de menores.

Trump también señala a Clinton, uno de los personajes influyentes que con más frecuencia se ha vinculado tanto a Epstein (de nuevo, sin pruebas de que este delinquiera) como a la lista de ricos y famosos que el multimillonario supuestamente llevaba. Esa nómina también ha dado origen a numerosas teorías de la conspiración.

Está probado que el expresidente demócrata conoció a Epstein a través de su hija Chelsea y de Maxwell, y que se montó en sus aviones privados “al menos en 26 ocasiones” entre 2002 y 2003, según los registros de vuelo, como parte de las tareas de la Fundación Clinton. Es decir, antes del primer juicio contra el pederasta.

En el libro La araña: viaje al interior de la trama criminal de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, el periodista de investigación Barry Levine escribe que dos testigos lo situaron dos veces en 2002 en la isla privada en la que el financiero cometía muchos de sus abusos, aunque no hay constancia documental de ello y ninguna víctima que ha acusado a Clinton de delito alguno. Este ha negado tajantemente que viajara a la isla o que tuviera una relación cercana con Epstein y ha asegurado que no sabía nada de sus crímenes.

Larry Summers, por su parte, ha sido esta semana uno de los protagonistas más destacados de la última desclasificación de documentos (en dos tandas: una primera, de tres mails, corrió a cargo de los demócratas; la segunda, de más de 20.000, fue cosa de los republicanos).

Ya se sabía que Summers había tenido una relación con el financiero (relación que después lamentó públicamente), pero no que había seguido manteniendo tan habituales contactos con él entre 2017 y 2019, años después de la primera (suave) condena a Epstein por un delito relacionado con la prostitución, e incluso también después de que el Miami Herald resucitara el caso contra él con una serie de reportajes de investigación.

En esos intercambios, hablan mucho de una relación de Summers con una mujer londinense sobre la que Epstein le da consejos. También tratan sobre Trump, una verdadera obsesión del financiero en los años en los que lo vio pasar de magnate de inmobiliario y estrella la telerrealidad a inquilino de la Casa Blanca. De esas decenas de correos intercambiados entre ambos, tampoco es posible concluir que Summers supiera nada sobre los delitos de Epstein.

En cuanto a Hoffman, el cofundador de LinkedIn y megadonante demócrata, estuvo en tratos con el millonario pederasta cuando le pidió dinero para el Massachussets Institute of Technology (MIT). En ese contexto, viajó en una ocasión a la isla para un evento de recaudación de fondos.

La Cámara de Representantes tiene prevista una votación la semana próxima para pedir la liberación de todos los archivos del caso. Se espera que decenas de republicanos voten a favor, pese a las presiones de Trump. Después, aún quedaría que el Senado estuviera de acuerdo. Al presidente aún le quedaría un último recurso: tiene el poder para vetar la iniciativa del Capitolio.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha anunciado este jueves el comienzo de una operación militar estadounidense para “expulsar a los narcoterroristas” del Hemisferio Occidental.

En un mensaje en X, la antigua Twitter, el jefe del Pentágono explica: “El presidente Trump nos ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur”.

Hegseth no especifica a qué se refiere exactamente, aunque se deduce que da nombre y formaliza la campaña de ataques militares extrajudiciales de las fuerzas de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, como parte de las medidas de presión contra el régimen venezolano.

“Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, ha asegurado, sin dar más detalles.

En enero, el Pentágono ya había anunciado la creación de la fuerza de tarea conjunta Lanza del Sur, para el despliegue de “embarcaciones de superficie y drones” para, entre otros cometidos, “llevar a cabo operaciones antinarcóticos”.

El anuncio de Hegseth se produce apenas tres días después de la llegada del portaaviones Gerald Ford, el mayor del mundo y el más moderno de la flota estadounidense, a la zona de responsabilidad del Mando Sur de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. El buque y su grupo de escolta se suma a la flotilla que ya se encuentra desplegada en aguas internacionales en el límite de las aguas territoriales de Venezuela.

Su llegada había precipitado las conjeturas de que Trump podría ordenar el comienzo de una nueva fase en la campaña militar, y que podría incluir ataques directos contra objetivos en territorio de Venezuela.

Este jueves, funcionarios del Pentágono informaron de un nuevo ataque en el Caribe contra una supuesta narcolancha. Se trata del vigésimo desde el inicio de la campaña de operaciones extrajudiciales en septiembre. En ellas, el Ejército estadounidense ha asesinado a 80 civiles.

El miércoles, Hegseth y el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, habían encabezado la sesión de inteligencia semanal que recibe el presidente estadounidense cada miércoles. En ella habían expuesto a Trump las diferentes opciones en la campaña militar.

El Gobierno de Estados Unidos insiste en que el objetivo de la campaña es la lucha contra un narcotráfico que mata cada año a decenas de miles de personas en su territorio. Pero numerosos expertos, y el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, consideran que el verdadero objetivo de la operación es forzar un cambio de régimen en el país caribeño.

En declaraciones a la CNN durante una intervención en la calle, el presidente venezolano había lanzado un mensaje al pueblo estadounidense: “unámonos por la paz del continente. No más guerras sin fin. No más guerras injustas. No más Libia, no más Afganistán”. Preguntado por el periodista si tenía algún mensaje directo que enviarle a Trump, Maduro ha contestado: “sí, paz”.

La pasada madrugada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartaba por su parte que su Gobierno vaya a enviar fuerzas militares a México o emprender “acciones unilaterales” en el marco de la guerra contra el narcotráfico.

En el final a cámara lenta del cierre de la Administración más largo de la historia de Estados Unidos, este miércoles era el turno del visto bueno de la Cámara de Representantes. Sus miembros se reunieron en pleno por primera vez desde el 19 de septiembre para votar la propuesta de reapertura del grifo de financiación del Gobierno aprobada el lunes en el Senado tras la deserción el día anterior de siete demócratas y un independiente rumbo a las filas republicanas.

Hubo 222 síes (216 republicanos y seis demócratas) por 209 noes (202 demócratas y 7 republicanos). Ya solo queda pendiente la firma de Donald Trump −prevista durante una ceremonia anunciada a las 21:45 (hora de Washington)− para poder dar por terminado el shutdown, que es como en Washington se llama al cerrojazo parcial del dinero público que es una amenaza recurrente que se materializa cuando ambos partidos no se ponen de acuerdo en materia presupuestaria. Esta vez ha durado 43 días y ha batido todos los récords de falta de acuerdo en el Capitolio.

Con la firma presidencial regresará la normalidad poco a poco a decenas de agencias federales clausuradas y a monumentos y parques nacionales cerrados o desatendidos, así como a los principales aeropuertos de Estados Unidos, que suman miles de vuelos cancelados y decenas de miles de retrasos por los efectos del shutdown en los controladores aéreos y empleados de seguridad, funcionarios considerados “esenciales” y, por tanto, obligados a trabajar sin cobrar. El resto, unos 750.000, han quedado durante estas más de seis semanas suspendidos de empleo y sueldo.

No está claro cuándo se podrán dar por desatascados todos esos problemas; especialmente, el de los aeropuertos, aunque la autoridad federal de aviación (FAA), que la semana pasada ordenó un plan para evitar la saturación del tráfico aéreo, lo puso en suspenso este miércoles. Tampoco, hasta qué punto se verán afectados finalmente finalmente los 42 millones de beneficiarios del sistema de cupones de alimentos (SNAP son sus siglas en inglés). La Administración de Trump ha tratado por todos los medios de no pagar las sumas correspondientes a noviembre, y el viernes pasado intervino el Tribunal Supremo para dar la razón a la Casa Blanca en ese empeño.

El acuerdo que reabre el grifo del dinero público incluye la previsión de la financiación de la Administración federal hasta finales de enero, cuando puede haber una nueva crisis; la financiación de SNAP durante el curso fiscal de 2026 y el compromiso de que la Administración de Trump readmitirá a los funcionarios despedidos durante estos 43 días. También, de que pagará retroactivamente los sueldos no percibidos por los que mantuvieron sus trabajos y de que no echará a más empleados federales en los próximos dos meses y medio.

Casi más importante es lo que no incluye ese pacto. Sobre todo, en el caso de los demócratas, que vuelven a enfrentarse a una crisis interna solo una semana después de las contundentes victorias electorales en Nueva York, Virginia y Nueva Jersey que les habían permitido superar la anterior. Los republicanos no se comprometen a prorrogar una parte de las coberturas sanitarias incluidas en el programa Obamacare (ley así bautizada por el presidente que la inspiró). Son subsidios aprobados durante la pandemia, y su previsible final disparará el precio de los seguros médicos de 24 millones de estadounidenses. La bancada conservadora sí ha aceptado votar sobre esos subsidios próximamente, aunque todo indica que la iniciativa está condenada en el Capitolio.

El presidente de la Cámara Baja, el speaker Mike Johnson, la ha mantenido en receso durante 54 días para, con ese gesto sin precedentes, tratar de culpar a los demócratas de los efectos del cierre de la Administración. Lo último que hicieron los representantes antes de recibir vacaciones indefinidas fue aprobar el plan presupuestario que luego no consiguió en el Senado los apoyos necesarios, una mayoría cualificada de 60 que no llegó hasta el domingo, tras 14 votaciones fallidas. Entonces, los demócratas de la Cámara alta no quisieron apoyar el plan que habría permitido mantener abierta la Administración, cerrada desde el 1 de octubre.

Durante ese tiempo, Johnson también se ha negado −todo indica que por un cálculo político basado en su inquebrantable lealtad a Trump− a permitir que la congresista electa Adelita Grijalva (Arizona) jurase su cargo tras ganar una elección especial el pasado 22 de septiembre para suceder a su padre, Raúl Grijalva, fallecido en enero.

El voto de Grijalva

Lo logró finalmente este miércoles por la tarde. Lo primero que ella hizo fue firmar con los suyos una petición para forzar una votación en el Congreso. Si sale adelante, cosa también poco probable, obligaría a la Casa Blanca a la publicación de todos los archivos que tiene el Departamento de Justicia relativos al caso de Jeffrey Epstein, el millonario pederasta que murió en 2019 en una celda de máxima seguridad cuando esperaba juicio. Johnson ha fijado esa votación para la semana próxima.

Los demócratas y un puñado de republicanos que les permiten sumar los 218 votos necesarios (son cuatro: Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert y Nancy Mace) quieren conocer el contenido de esos papeles que el Departamento de Justicia prometió durante meses que verían la luz hasta que en julio pasado la fiscal general Pam Bondi emitió un comunicado, firmado junto al director del FBI, Kash Patel, en el que cambiaban de opinión y anunciaban que ya no los difundirían.

Este miércoles se conocieron nuevos correos de Epstein, publicados por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara, en los que este nombra en repetidas ocasiones a Trump. Ambos fueron amigos durante 15 años, hasta su separación en 2004. Es decir, antes del primer juicio contra el financiero y antes también de que el magnate inmobiliario y estrella de la telerrealidad se convirtiera por primera vez en presidente.

La súbita negativa de la Casa Blanca a arrojar luz sobre esos archivos ha encendido las sospechas de que contienen algo que Trump no quiere que se conozca. Esas maniobras le provocaron al principio del verano la crisis más seria hasta la fecha entre sus fieles del mundo MAGA (siglas del lema trumpista Make America Great Again). Los militantes en las teorías de la conspiración sospechan desde hace años que esos archivos traen una lista de ricos y famosos implicados en los delitos de Epstein y que no se hace pública para protegerlos. También que el financiero no se suicidó, como concluyó el forense.

Hasta ver si logran que la Administración de Trump suelte todo ese material, el Congreso está obteniendo papeles de la familia de Epstein por oleadas desde agosto. Los correos difundidos este martes corresponden al último envío, de la semana pasada. Bondi tiene el dosier completo, según ha declarado, “sobre la mesa” de su despacho.

Trump mantiene que no sabía nada de los crímenes de su viejo amigo. Este miércoles desdeñó las nuevas revelaciones como otra manifestación de lo que viene definiendo como un “bulo de los demócratas” para desviar la atención del fin del cierre de la Administración que llegó después de todo, tras un final a cámara lenta.