El caso por la extradición de un bolsonarista, que se instaló en España en 2023 para eludir al Tribunal Supremo de Brasil, ha empañado la fluida relación entre ambos países. La decisión de la Audiencia Nacional española de rechazar, el lunes pasado, la entrega de Oswaldo Eustaquio Filho, reclamado por participar en la conspiración golpista, fue respondida a las pocas horas por el juez que instruye el caso en Brasil, Alexandre de Moraes, con dos decisiones en represalia: dejó en suspenso un proceso de extradición solicitado por España y pidió públicamente explicaciones a la embajadora en Brasilia en un plazo de cinco días. Mientras, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva prepara el recurso que presentará ante la Audiencia Nacional en Madrid y el Ejecutivo español mantiene silencio.

Oswaldo Eustaquio Filho, un periodista de 46 años, es un activista bolsonarista al que el Supremo de Brasil procesó por golpismo y por difundir noticias falsas. Brasil lo reclama por incitar a los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro a perpetrar actos antidemocráticos contra el Tribunal Supremo y por exponer públicamente a comisarios de la policía que han investigado casos de golpismo para intimidarlos. En 2023, llegó a Madrid y presentó una petición de asilo porque se considera víctima de una persecución política.

Para el juez de Moraes, el rechazo de la Audiencia Nacional a la petición de entrega supone “una falta de respeto a la reciprocidad” contemplada en el tratado de extradición bilateral vigente hace más de tres décadas. Por eso, en cuanto tuvo noticia del fallo de los magistrados españoles, difundió una nota pública en la que pedía explicaciones a la embajadora española en Brasilia, Mar Fernandez-Palacios, en un plazo de cinco días y anunciaba que dejaba en suspenso la entrega de un búlgaro al que España busca por tráfico de drogas llamado Vasil Georgiev Vasilev. El juez ordenó además su excarcelación para mantenerlo en prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Moraes es el juez más poderoso de Brasil, el encargado de instruir el caso contra el expresidente Jair Bolsonaro y sus supuestos cómplices en la conspiración golpista y la mayoría de los expedientes contra el bolsonarismo.

Mientras, el Ministerio de Justicia del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva prepara un recurso contra el rechazo de la entrega. Considera el ministerio que los delitos imputados a Eustáquio por el Supremo brasileño (“obstrucción a una investigación, incitación al crimen, asociación para delinquir, corrupción de menores y divulgación de datos confidenciales”) “son punibles tanto por la legislación brasileña como por el Código Penal español, con penas de prisión superiores a un año, por lo que son objeto de extradición”, según una nota difundida por el departamento brasileño de Justicia y citada por Efe.

La Audiencia Nacional española rechazó extraditar a Eustaquio Filho a Brasil con el argumento de que las acciones que se le imputan tienen “una evidente conexión y motivación política” y, por tanto, quedan excluidas del tratado bilateral de extradición que sí la contempla en casos excepcionales, como atentados contra los jefes de Estado y de Gobierno, actos de terrorismo o crímenes de guerra, contra la paz o la seguridad de la humanidad.

En una resolución de 11 páginas, los magistrados españoles de la Audiencia Nacional sostienen que autorizar la extradición se traduciría en “un riesgo elevado de que la situación del reclamado pueda verse agravada por causa de sus opiniones políticas y su adscripción a determinada ideología”. De todos modos, añaden que las publicaciones en redes sociales contra el comisario que encabeza las investigaciones sobre los casos de golpismo rebasan “el ámbito de los derechos de libertad de expresión e información”, en contra de la tesis defendida por los abogados del activista bolsonarista.

Un tiroteo ocurrido el jueves en el campus de la Universidad Estatal de Florida ha dejado por lo menos dos muertos y varios heridos. Las autoridades han detenido al tirador, el hijo de 20 años de un agente de alguacil, cuya arma de servicio fue la utilizada en el ataque. Cinco personas y el atacante han sido trasladadas al hospital Tallahassee Memorial Healthcare y están recibiendo tratamiento, de acuerdo a una portavoz del centro médico.

Ambulancias, camiones de bomberos y vehículos patrulla de múltiples agencias policiales se dirigieron rápidamente hacia el campus, situado al oeste de la capital del estado de Florida, después de que la universidad emitiera una alerta de tirador activo el jueves al mediodía, indicando que la policía estaba respondiendo cerca del centro de estudiantes.

“Nuestras oraciones están con nuestra familia de la FSU y las fuerzas del orden estatales están respondiendo activamente”, escribió el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en la red social X.

Cientos de estudiantes huyeron en dirección contraria al centro de estudiantes. Los estudiantes estaban pegados a sus teléfonos, algunos visiblemente emocionados, mientras otros se abrazaban. Decenas de personas se reunieron cerca de la escuela de música a la espera de noticias.

Joshua Sirmans, de 20 años, estaba en la biblioteca principal de la universidad cuando, según dijo, comenzaron a sonar las alarmas que advertían de un tirador activo. Los agentes de las fuerzas del orden lo escoltaron a él y a otros estudiantes fuera de la biblioteca con las manos sobre la cabeza, según contó.

La fiscal general Pam Bondi dijo en una publicación en las redes sociales que el Departamento de Justicia está en contacto con los agentes del FBI que se encuentran en el lugar. “El FBI está en el lugar de los hechos en Florida State y estamos en comunicación con los agentes sobre el terreno. Nuestra prioridad es la seguridad de todos los involucrados. Seguiremos informando a medida que sepamos más. Rezamos por todos”, escribió.

Se ordenó a los estudiantes y al personal docente que buscaran refugio y esperaran nuevas instrucciones. “Cierren y manténganse alejados de todas las puertas y ventanas y estén preparados para tomar medidas de protección adicionales”, decía la alerta.

In recent weeks, the Trump administration has abruptly revoked visas for hundreds of international students from across the United States, triggering a wave of confusion, legal challenges and growing fear on college campuses. While U.S. officials have cited national security concerns and violations of immigration laws, many students and advocacy groups say the revocations are being carried out without due process and appear to disproportionately target those involved in political activism, especially pro-Palestine protests.

According to the State Department, at least 300 visas have been revoked, a number that may be even higher as more reports emerge. Universities such as Harvard, Columbia, Stanford, the University of California or Ohio State University have reported that students and recent graduates have lost their legal residency without notice. In several cases, students have been detained by Immigration and Customs Enforcement (ICE), sometimes by agents in civilian clothes near their homes or campuses.

Why are student visas being revoked?

Students and immigration attorneys claim that the visa revocations have largely occurred without advance notice, interviews or clear justification. Some revocations appear to be related to minor infractions, such as speeding tickets or the dropping of criminal charges, while others appear to be based solely on students’ participation in protests or political speeches, particularly those who have shown support for Palestine, and who are against Israel’s war actions in Gaza.

Legal experts point out that international students on F-1 visas enjoy First Amendment protection, just like U.S. citizens. However, because their visas are temporary, any perceived violation — even vague or unfounded — can lead to their removal from the country.

In many cases, revocations have been termed “prudential,” meaning they are based on suspicion rather than proven violations. Under immigration law, a visa can be revoked if the holder is deemed inadmissible on security, medical, financial or criminal grounds; if he or she is ineligible for the visa category; or if any information emerges that may present a future risk.

However, critics argue that the Trump administration is using this authority to effectively carry out mass removals of students who have not been charged with any crime. The American Civil Liberties Union (ACLU) has called it an unconstitutional ideological test.

Legal challenges

Students from states such as New Hampshire, California and Georgia have filed lawsuits against the Department of Homeland Security, alleging that their legal rights have been violated. One case that has attracted national attention is that of Xiaotian Liu, a Chinese doctoral student at Dartmouth College. Liu’s visa was cancelled without explanation, and he has not been charged with any crime or misconduct.

Similarly, Mahmoud Khalil, a legal permanent resident and recent graduate of Columbia University, was arrested at his home in March. His lawyers allege that the arrest was politically motivated and related to his activism on Palestinian issues. Rumeysa Ozturk, a student at Tufts University, was detained by six ICE agents on her way to a Ramadan event, despite having no criminal record.

Revocation process and precedents

Revoking a visa usually requires an interview at a U.S. consulate and an explanation of the reasons for the action. In practice, however, the process is often opaque. The State Department may notify the visa holder of the revocation by email or, as is increasingly common, not notify the visa holder at all, merely entering the revocation into government systems. If a student is already in the United States, his or her status may technically remain valid unless an immigration judge rules otherwise. However, their ability to travel, change status, or remain in the country becomes uncertain.

Historically, student visa revocations have been infrequent and linked to specific, verifiable reasons. The scale and apparent political targeting of the current wave has drawn comparisons to the Trump-era “Muslim Ban,” which led to more than 60,000 visa cancellations.

The uncertainty could severely impact the U.S. higher education system, as it could lose a generation of global talent if foreign students no longer feel safe traveling to the United States.

Responses from institutions

Universities are rushing to provide legal assistance and reassurance to their international students. Many urge students to carry immigration documents at all times and seek clarification from federal agencies.

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