El Ministerio de Hacienda ha planteado una reforma de la financiación autonómica, pendiente desde 2014, que incrementaría los recursos y la cesión de impuestos a las comunidades. El anuncio ha reavivado la polémica por su contexto político y por la estimación de ERC de que Cataluña recibiría 4.700 millones más.

El esquema general se mantiene: una caja común que se reparte con la “población ajustada” como criterio principal, aunque con ajustes y con la eliminación de fondos del modelo actual. Se incorpora una cláusula de statu quo para que ninguna comunidad pierda en el arranque y se añaden mecanismos como un fondo climático de 1.000 millones y opciones ligadas al IVA para financiar competencias específicas.​

La ordinalidad es el punto más controvertido: María Jesús Montero admite que no puede garantizarse para todos los territorios. Violeta Ruiz Almendral, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, sostiene que una ordinalidad estricta choca con la solidaridad y que un sistema con mayor corresponsabilidad fiscal favorece más a las comunidades con mayor renta y recaudación.​

En este episodio, Ana Fuentes presenta el análisis y la información de Laura Delle Femmine, periodista de Economía de EL PAÍS, y la catedrática Violeta Ruiz Almendral.

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Manuela Marimon murió el 16 de julio de 2019. Tenía 98 años y era la propietaria de la fábrica de canelones Fabricación de Alimentos, SA, sociedad unipersonal (FADAIC) en Ripollet (Barcelona). Marimon murió sin descendencia y la última voluntad de la empresaria fue que la fábrica de canelones y lasañas que lleva más de 60 años en funcionamiento la heredara el Hospital Sant Joan de Déu. El centro sanitario rechazó la herencia y, en 2023, la Generalitat fue declarada heredera universal de los bienes de Marimon. A las 10.00 horas del próximo 25 de febrero saldrá a subasta la fábrica de canelones y lasañas de Ripollet. Mientras, en FADAIC —ahora gestionada por la administración catalana— siguen cocinando pasta una docena de trabajadores. El precio de salida de la empresa es de 228.306 euros y el futuro comprador debe comprometerse a mantener los empleos, como mínimo, un año. Es la segunda vez que la herencia de Marimon sale a subasta (en julio, el único licitador no cumplía con los requisitos del pliego de condiciones). El objetivo de la Generalitat es conseguir, el máximo líquido posible, por la venta de los bienes que dejó la empresaria de Ripollet. El caso de la FADAIC es peculiar pero no único. La Generalitat busca en la actualidad a los herederos de 771 difuntos catalanes que murieron sin dejar testamento. Si no aparecen los herederos, los bienes de estas personas muertas acabarán en las arcas de la administración catalana.

¿Por qué algunas herencias acaban en manos de la Generalitat? EL PAÍS ha contactado con los principales responsables de la administración catalana que se encargan de buscar, investigar y heredar estas propiedades. Jonatan Ferreras es director general de Patrimonio de la Generalitat. “Hay veces que alguien fallece y deja un patrimonio a la Generalitat, a veces condicionándolo a un destino. Estas son las llamadas herencias testadas”, introduce Ferreras.

Un ejemplo de este tipo de herencias fue la que dejó el empresario de Santa Coloma de Farners (Girona) Joan Riera i Gubau. Este gerundense fundó una industria de calcetines y expandió el negocio a mercados internacionales, compró terrenos en Venezuela y amasó una fortuna hasta que murió en 1997 con 91 años. No tuvo descendientes, pero dejó todo su dinero, 42 millones de dólares, a la Generalitat con la condición de que financiara estudios de inglés a jóvenes estudiantes de la comarca de la Selva. Desde 2006, la fundación que lleva su nombre ha abonado 1.585 becas a jóvenes para aprender el idioma que tanto le costó hablar a Riera i Gubau.

En el departamento de Economía, 15 funcionarios trabajan a diario en la búsqueda de otro tipo de herencias, las intestadas. Las que se dan cuando el difunto muere sin haber redactado testamento y sin nadie que reciba su patrimonio. “La Generalitat heredará los bienes de estas personas siempre y cuando no aparezcan familiares de hasta el cuarto grado de consanguineidad, es decir, hasta tíos o primos hermanos”, advierte Ferreras. La subdirectora general de Herencias de la Generalitat, Natalia Muixí, destaca que la administración, en este tipo de procedimientos, “nunca actúa de oficio y siempre lo hace a instancia de parte”. Muixí aclara: “Nos enteramos de que un difunto puede no tener herederos porque nos los comunica la ciudadanía, los administradores de fincas, los ayuntamientos, juzgados… porque dejan de pagarse los Ibis, los recibos de la comunidad…”. A partir de tener conocimiento de la defunción de una persona y las sospechas de que no existan herederos (“suelen pasan años hasta que esta información llega a la Generalitat”), la administración inicia las actuaciones preliminares recopilando información como son el certificado de defunción, últimas voluntades…

“Verificamos si hay alguien que tiene más derecho que nosotros a heredar. La Generalitat no se quiere quedar nada que tenga dueño”, destaca la subdirectora. La administración busca, a veces con ayuda de los Mossos u otras policías, si existen herederos prioritarios y una vez que no se han encontrado se realizan las publicaciones en el BOE y el DOGC para descartar del todo a beneficiarios. “El plazo desde que empezamos a tramitar hasta que la Generalitat descarta herederos y acepta la herencia suele sobrepasar los dos años. Antes de 2015 era obligatoria una resolución judicial, pero se aprobó un decreto para que la Generalitat, con todas las garantías procesales, pueda incorporar los bienes sin pasar por el juzgado”, advierte el director general de Patrimonio destacando que, siempre, toda decisión puede impugnarse judicialmente.

La subdirección general de Herencias tramita, en la actualidad, 1.037 expedientes, de los que 897 se encuentran en fase de investigación. De estos, la Generalitat tiene muchas sospechas de que puede ser heredera de 771 difuntos, cuya identidad ha publicado en la web del departamento de Economía. Este diciembre, el parque inmobiliario de la administración catalana proveniente de herencias intestadas era de 259 bienes inmuebles, de los que 163 son fincas urbanas y 96 fincas rústicas.

¿A qué se destinan los bienes heredados? El director general de Patrimonio es claro: “La Generalitat no se queda ningún bien. O se destinan a pisos de protección a través de un convenio que tenemos firmado con la Agencia de l’Habitatge de Catalunya o, si no se pueden destinar a vivienda, se subastan y el líquido neto obtenido se destina a finalidades asistenciales, sociales o culturales tal y como marca la ley”. Para que el dinero llegue a ese fin, la supervisa la Junta de Herencias (dependiente de la consejería de Economía) que es la encargada de gestionar los bienes. En esta junta están representados los departamentos de Economía, Cultura, Derechos Sociales, Salud, Justicia y la Agencia de l’Habitatge. También hay miembros de la Asociación y de la Federación de Municipios de Cataluña. Estas entidades municipales velan porque la distribución de las ayudas procedentes de las subastas recaiga, prioritariamente, a favor de entidades o proyectos de la última localidad donde haya residido el difunto.

Desde 2017 hasta hoy se han obtenido, procedentes de herencias intestadas, 78 pisos transformados en viviendas sociales. “Desde 1984, hasta hoy, hemos conseguido 44 millones de euros procedentes de los bienes subastados por las herencias. 17,8 millones de euros desde 2027 hasta hoy”, aclara Ferreras.

La Generalitat ha heredado desde naves industriales, aparcamientos, molinos de harina, pisos hasta fábricas como la de canelones de Ripollet o la Vapor Ros en Terrassa. Uno de los casos más peculiares que recuerdan Ferrera y Muixí es el de los misteriosos hermanos Joan y Francisco Anlló que fallecieron en 2002 (con nueve meses de diferencia) sin dejar en herencia sus ocho hoteles y multitud de pisos, garajes y locales en Sant Feliu de Guixols (Baix Empordà). El próximo 2026 se prevé subastar los últimos bienes de los Anlló que todavía se encuentran en manos de la Generalitat.