En su comparecencia, el presidente criticó la naturaleza del acto y respondió a preguntas sobre la financiación del PSOE; su relación con Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, y sobre su familia
Durante cinco horas, Pedro Sánchez compareció este jueves en el Senado, en el marco de la comisión del caso Koldo. Le preguntaron todos los grupos salvo el PNV, y el clima fue bronco desde el primer minuto: choques con el presidente de la comisión, Eloy Suárez; acusaciones de parcialidad y reproches por el uso del tiempo. El presidente negó sobresueldos en el PSOE y reconoció que recibió pagos en metálico de menos de 1.000 euros.
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Edición: Ana Ribera
Diseño de sonido: Nacho Taboada y Nicolás Tsabertidis
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El tribunal toma la iniciativa después de que la defensa haya presentado informes médicos para que se decida si el expresidente debe someterse a la larga vista oral
La Audiencia Nacional ha ordenado que se efectúe un reconocimiento médico a Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña, que se debe sentar en el banquillo de los acusados a partir del próximo 24 de noviembre para afrontar el juicio que tiene pendiente por corrupción. Según explican fuentes jurídicas, el tribunal ha tomado esta iniciativa después de que la defensa del exdirigente político, de 95 años, haya presentado tres informes médicos que describen su estado de salud (incluidas sus capacidades cognitivas) para que los magistrados decidan si lo ven apto para afrontar la larga vista oral.
El expresident se ha negado a que su abogado solicitase su expulsión del proceso por “demencia sobrevenida” —fue la circunstancia alegada con éxito por su esposa Marta Ferrosula para evitar ser juzgada, aunque falleció finalmente en julio de 2024— y ha transmitido que quiere prestar declaración en la vista. Por ello, su defensa ha explorado esta nueva vía: presentar informes que se limitan a “describir” su estado físico e intelectual y que inciden en el posible deterioro cognitivo que padece; con el objetivo de que la Audiencia Nacional tome motu proprio la decisión que considere más oportuna. Por ejemplo, una opción que baraja el entorno del exlíder de Convergència es que se le exima de viajar hasta Madrid para el juicio y que pueda seguirlo (e incluso declarar como acusado) por videoconferencia.
El juicio al político catalán más influyente de la segunda mitad del siglo XX, que cumplió 95 años el pasado junio, llega tras años de retrasos (provocados, en gran medida, por los recursos y maniobras de la familia para prolongar el tiempo dedicado a retirar la documentación sensible que constaba en el sumario). La expectación es máxima. Se prevé que la vista no acabe hasta mediados de 2026 y se han programado declaraciones de más de 250 testigos.
El juez José de la Mata, encargado de la investigación, concluyó que el clan Pujol se había “aprovechado de su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana durante decenios para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. El propio Pujol confesó públicamente en 2014 que su familia mantuvo durante décadas una fortuna oculta a Hacienda en Andorra; pero sostiene que esta procede de un “legado” que su padre Florenci dejó en el extranjero a su nuera y a sus nietos antes de morir —una tesis que rechaza la Fiscalía Anticorrupción—.
El ministerio público pide nueve años de cárcel para el expresidente catalán, además de otras diversas penas de prisión para sus siete hijos, que también se deberán sentar en el banquillo junto a otras 16 personas. Anticorrupción reclama 29 años de reclusión para el primogénito Jordi Pujol Ferrusola; 14 años para otro de los hijos (Josep); y ocho años para el resto (Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta). Todo ello, mientras Junts y parte del independentismo se encuentran inmersos en una intensa campaña de recuperación de la imagen del expresident. Hasta el socialista Salvador Illa, actual inquilino del Palau de la Generalitat, ha contribuido a ella: “¿Tiene que ir una persona de 95 años a juicio? A mí me parece que debe tomarse en consideración su situación de edad y de salud. Y creo que la justicia tiene mecanismos para tomar en consideración esta cuestión”, se preguntaba el dirigente del PSC esta semana en una entrevista.
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Sobre la firma
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
No tardó ni un minuto. La comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldose convirtió desde el primer momento en una batalla campal en la que los senadores de la oposición intentaban acorralar al presidente con los pagos en efectivo en el PSOE, con el caso Ábalos, con su cercanía con sus dos ex secretarios de Organización implicados en el caso, mientras Sánchez se indignaba cada vez más. Hasta que, pasada la primera media hora, Sánchez, visiblemente molesto, se hartó: “Esto es una comisión de la difamación”. “¡Esto es un circo!”.
La tensión ya se había visto desde el primer momento incluso con el presidente de la comisión, Eloy Suárez, del PP, al que Sánchez acusó de parcial. El combate fue especialmente duro con él, que acusaba al presidente de utilizar la estratagema de contestar de forma extensa para agotar el tiempo. Suárez se enfrentó abiertamente a Sánchez varias veces por decir “comisión de difamación” y, también muy enfadado, se plantó: “se retirarán del diario de sesiones esas palabras por la falta de respeto que suponen a esta Cámara”.
La sesión discurrió entre una tensión máxima entre Sánchez y los senadores de la oposición y momentos hilarantes, porque el líder del PSOE decidió tomarse a broma algunas intervenciones y tirar de sarcasmo. “Váyase, señor Sánchez”, le espetó ya en la primera intervención la senadora de UPN María Caballero, pidiéndole la dimisión. “Tengo que responder a varios grupos aquí en el Senado antes de irme, señora Caballero, pero no tengo ningún problema [en irme]”, le contestó Sánchez con una sonrisa.
—¿Quién iba en el Peugeot?— le llegó a preguntar ella para que aclarara su relación estrecha con Ábalos, Cerdán y Koldo García, que le acompañaban en sus viajes en la campaña de las primarias del PSOE de 2017.
—¿En serio me está preguntando esto? Pues depende del día— se reía Sánchez.
—¿Le parece una broma?— se indignaba ella.
—Me parece una pérdida de tiempo. Si ustedes solo tienen esto para preguntar…
La comisión discurría así, sin que nadie lograra lanzar un dardo definitivo a Sánchez, que empezó muy molesto, intentando alargar sus respuestas para ganar tiempo mientras los senadores le interrumpían para forzarle a contestar, pero poco a poco se fue relajando al darse cuenta de que nadie estaba en condiciones de obligarle a ir a algún terreno que él no controlara.
Sánchez solo pareció realmente incómodo cuando habló de los pagos en efectivo del PSOE y los que le afectan a él directamente. Le preguntaron varias veces y admitió que recibió pagos en efectivo en el pasado, aunque en ningún momento superaron los 1.000 euros, la cantidad máxima permitida por la ley para esos pagos. No quiso dar muchos detalles, dijo que eran “cantidades anecdóticas” y en cualquier caso todas ellas con justificante de cada gasto y salidas de las cuentas oficiales del partido.
El presidente trataba de utilizar todos sus turnos para cargar contra el PP, aunque los senadores le cortaban para que no lo hiciera. El presidente, claramente a la ofensiva desde el primer momento, defendió las cuentas del PSOE y su proceder con los salarios y los gastos. “En el PSOE no hay sobresueldos, al contrario que en otros partidos. Es más, los cargos aportamos a la organización, son otros los que tienen dinero negro”, dijo en una ocasión. “Aquí ha habido senadores que tenían un millón de euros en una bolsa en su casa”, dijo por Francisco Granados, exvicepresidente de la Comunidad de Madrid con el PP y exsenador.
Los momentos más difíciles, en los que Sánchez cambiaba el tono y se ponía serio, llegaban cuando alguna senadora o senador le planteaba los escándalos de prostitución de Ábalos y Koldo, con conversaciones en las que tratan a las mujeres como ganado. Ahí tenía difícil salida, y Sánchez admitió el golpe, aunque insistió en que nunca, durante los años en los que trabajaron codo a codo y viajaron por todo el país, vio ningún comportamiento sospechoso de Ábalos. Una parte que los senadores de la oposición consideraron imposible de creer: “Ábalos fue una persona de mi máxima confianza, es verdad. Las cualidades políticas que tiene son claras, políticamente era una persona sólida, pero yo desconocía sus hábitos y su cotidianeidad. Este es un Gobierno absolutamente comprometido con el feminismo, con las mujeres”, señaló Sánchez ante los rumores y algunas risas de los senadores. “Estas grabaciones que hemos conocido me repugnan, lo rechazo absolutamente. Hemos cambiado el código de conducta del PSOE para expulsar a cualquiera que use la prostitución”, intentó defenderse.
Sánchez se mantiene en su versión oficial, esto es, que no echó a Ábalos por su comportamiento personal, sino porque el Ejecutivo necesitaba una renovación tras la pandemia. En el PSOE, sin embargo, se ha instalado la idea de que sí lo echó porque le contaron cosas de su vida desordenada, pero no por sospechas de corrupción, porque de lo contrario nunca le habría permitido repetir en las listas al Congreso.
Otro momento tenso fue cuando llegó otro asunto muy delicado, las acusaciones de la oposición de que Sánchez “se benefició de la prostitución” por las saunas gais que poseía su suegro. El presidente nunca ha entrado en este asunto, y esta vez lo hizo de manera muy colateral para negar la acusación principal. El senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, le preguntó si pagó su campaña de las primarias de 2017 con el dinero de los “negocios de prostitución” de su suegro. Sánchez se indignó, pero apenas entró en el asunto: “dejando a un lado los calificativos vertidos contra mi suegro, ya fallecido, le voy a contestar: por supuesto que no”.
La comisión avanzaba con un presidente cada vez más cómodo, a ratos con tono burlón divirtiendo a sus senadores, que respiró aún más cuando llegaron los grupos que apoyan al Gobierno. Y solo se puso serio otra vez al hablar de su mujer, Begoña Gómez. Primero por los bulos que tratan de decir que es transexual, algo que le recordó Carla Antonelli (Más Madrid), que sí lo es, y se indignó porque lo digan como si fuera algo negativo. “La acusación de transexualidad de mi mujer está judicializada”, recordó Sánchez. “A la mujer de Macron también se le acusa de transexual como si fuera peyorativo. También se acusó a la mujer de Obama. La ultraderecha hace esto en todo el mundo. Se trata de atacar en lo personal, y qué casualidad, siempre a las mujeres”, remató.
Sánchez defendió una y otra vez a su familia, y se quejó de que Villarejo llegó a investigar incluso a sus hijas. “Por supuesto que mi mujer nada que tiene que ver con el rescate de Air Europa, esto también lo dijeron los informes de la UCO, pero algunos cuando no dicen lo que les gusta no los mencionan, cuando otras veces les parecen la Biblia”, planteó. Sánchez también aprovechó para lanzarse contra Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en su afán de comparar la reacción del PP y del PSOE ante la corrupción. “¿Qué dirían algunos sobre mí si mi administración hubiera dado un millón y medio de euros en un contrato y mi hermano hubiera cobrado 280.000 euros como comisión? ¿Qué dirían si el presidente de mi partido hubiera denunciado esto y le hubieran destituido por hacerlo? Consejos vendo y para mí no tengo, este es el tema”, remató.
A medida que avanzaba la comisión, Sánchez iba cada vez más claramente al ataque. “Telemadrid forma parte de la máquina del fango que ha puesto en marcha el PP”, planteó mientras los senadores populares se indignaban. “Cuando Casado denunció la corrupción, lo echaron para poner al amigo del narco, Alberto Núñez Feijóo”, lanzó en otro momento.
La larga sesión sirvió también para comprobar que los socios mantienen su apoyo a Sánchez después de los escándalos de corrupción de sus dos ex secretarios de Organización. La gran excepción fue Junts, que ha roto con el PSOE y tenía que mostrarlo. Su senador, Eduard Pujol, tuvo un tono duro al que Sánchez evitaba entrar. “Más allá de la decisión [de romper] que yo respeto, vamos a seguir intentando acuerdos con ustedes”, ponía Sánchez la otra mejilla. Incluso le recordó que aunque Puigdemont aún no tenga la amnistía, muchos otros cargos “de segundo y tercer nivel” de Junts sí se han visto ya beneficiados.
La comisión, que estaba planteada para arrinconar a Sánchez, se fue convirtiendo poco a poco en un escenario dominado por el propio presidente para contratacar al PP, lanzarse contra grupos ultraderechistas que le persiguen como Manos Limpias, y quejarse del acoso a su familia: “La Guardia Civil hizo un informe sobre mi mujer y ahí se la exculpa de cualquier responsabilidad. Se han traspasado muchas líneas rojas en el ataque personal”, llegó a decir. Cuando se llegaba a asuntos delicados, como señaló después el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente se refugiaba en “no lo sé”, “no que yo sepa”, “no me consta”, pero los senadores tampoco eran capaces de ir más allá.
Sánchez estaba ya muy relajado cuando llegó el momento decisivo, el del senador del PP, Alejo Miranda de Larra. Era la última oportunidad para que el presidente no se fuera vivo de la comisión, y Miranda echó el resto. Fue a cuchillo desde el primer segundo, exigiendo a Sánchez que contestara con sí o no, interrumpiéndole, pidiéndole: “Diga alguna verdad”. Pero se atropellaba. Tiraba dos o tres preguntas seguidas, no dejaba a Sánchez contestar, retiraba las preguntas anteriores… La bronca fue descomunal, con una tensión enorme, pero Sánchez, muy preparado y con el antecedente de su error en el debate en 2023 con Alberto Núñez Feijóo, donde perdió los nervios, mantuvo en todo momento un tono tranquilo, y sacó todos los casos de corrupción del PP e incluso la pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Alberto Quirón [por Alberto González Amador, que trabajó en Quirón] logró una comisión de dos millones de euros con dos llamadas y un email”, llegó a lanzar. “Esto es una comisión inquisitorial, de Torquemada”, se quejaba el presidente. “Hoy viene aquí de ofendidito, tiene la piel muy fina”, le espetó Miranda. “Usted se avergüenza de su hermano porque tributaba en Portugal”, le lanzó también. Sánchez se tomaba cada vez más a broma el interrogatorio. “¿Pero qué me está contando?“, le llegó a plantar, en una comisión que a veces se iba completamente de las manos y tenía momentos casi tabernarios, pero sobre todo mucho caos.
Pese a la tensión evidente y al intento del PP por descolocarlo, después de casi cinco horas de comisión, Sánchez parecía muy tranquilo, a ratos sobrado. “A tenor de cómo va esta comisión, estoy encantado de estar aquí”, se llegó a burlar. “Si usted tiene todas las técnicas para no decir la verdad, se las sabe todas”, se quejó Miranda, cada vez más desesperado porque se le acababa el tiempo y Sánchez mantenía intacto el muro que había preparado en su estrategia. El senador intentaba que el presidente de la comisión le ayudara cortando a Sánchez, pero este último le pedía constantemente a su compañero que dejara terminar al presidente. Miranda lo intentó todo. “Retiro la pregunta”, decía constantemente para ir a la siguiente. “Venga, venga, responda”, le espetaba al presidente. Pero era inútil. Sánchez mantenía el tono y se burlaba de él. “Ya entiendo que tenga que hacer méritos, pero todo esto a quien le retrata es a usted”.
La comisión, que se veía en los días previos en el Gobierno como un gran riesgo, salía así mucho mejor de lo esperado por los estrategas de La Moncloa que la prepararon a conciencia, como se veía en la cantidad de papeles que manejaba a cada momento el presidente, que los leía poniéndose y quitándose unas gafas que no suele usar en público.
El PP retrasó durante más de un año este momento de llamar a Sánchez, precisamente porque pensaba que existía el riesgo de que saliera vivo de ella. Ahora los populares tendrán la posibilidad de volver a llamar a Sánchez al Senado cuando quieran. Pero después del resultado, es probable que se lo vuelvan a pensar mucho.
Koldo García ha salido esta mañana del despacho de su abogada en dirección al Tribunal Supremo cargado con una gran mochila roja y negra. Cuando varios periodistas que lo esperaban en la puerta le han preguntado si en la bolsa llevaba enseres personales por si el juez le mandaba a prisión, el antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos ha contestado: “Hombre precavido vale por dos”. Casi cuatro horas más tarde, García ha abandonado el Supremo por la misma puerta que entró y con la mochila al hombro, después de que el magistrado Leopoldo Puente haya acordado mantenerle en libertad. Aunque el instructor considera que el riesgo de fuga “no puede nunca descartarse” teniendo en cuenta la “gravedad” de los delitos que se le atribuyen a García, ese riesgo no se da “con la indispensable intensidad” como para que esté justificada la prisión preventiva.
Esta era la cuarta cita de Koldo García ante el magistrado Puente, y el antiguo asesor ministerial, como ya hizo en la anterior, en junio pasado, se ha acogido a su derecho a no declarar y no ha contestado a las preguntas del juez, las defensas y las acusaciones. Tanto él como su abogada, Leticia de la Hoz, han alegado que no han tenido acceso a los dispositivos electrónicos que intervino la Guardia Civil durante el registro de su domicilio, cuya devolución ha reclamado su defensa tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo, pero los jueces lo han rechazado porque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los sigue analizando. La letrada ha explicado que consideraba que García no debía declarar porque la imposibilidad de acceder a esos dispositivos le situaba en situación de “desigualdad” para preparar la declaración respecto a la Fiscalía o la Guardia Civil.
Fuentes presentes en la sala señalan que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha reprochado al exasesor de Ábalos que sea “locuaz” ante los medios de comunicación, pero guarde silencio en el Supremo. Su abogada ha replicado que él habla en los medios por la “desesperación” que le producen los ataques que sufre de la opinión pública, donde se le ha acusado “incluso” de violencia de género. El juez ha intervenido en ese momento para decir que eso no forma parte del procedimiento y ha cortado el debate.
Cuando ha quedado claro que García no iba a declarar, el instructor ha dado inicio a la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la llamada vistilla, para revisar las medidas cautelares que le puso en diciembre de 2024 (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias en el Supremo cada 15 días). Anticorrupción ha rechazado pedir al juez que encarcele de forma preventiva al exasesor ministerial. Luzón, que ya en la anterior complacencia de García consideró que no había razones para adoptar esa medida, ha mantenido la misma posición después de que el último informe de la UCO le sitúe como el “custodio” de las finanzas del exministro de Transportes.
Para el jefe de Anticorrupción, aunque ese documento agrava los indicios de criminalidad sobre García y existe un riesgo de fuga “creciente”, como ya apreció en el caso de Ábalos, ese peligro se puede seguir eludiendo con las medidas cautelares actuales. El magistrado ha asumido este criterio y, en un auto de ocho páginas, ha señalado que el riesgo de fuga “se ha robustecido” debido a que los delitos que se imputan a García podrían acarrearle en el futuro una pena de prisión “de importante extensión”, pero no hay razón suficiente para adoptar una medida tan restrictiva como la prisión provisional.
Para tomar esa decisión, el juez ha tenido en cuenta que el antiguo asesor ministerial lleva imputado desde febrero de 2024 y, hasta ahora, ha cumplido con las medidas cautelares y ha comparecido en la Audiencia Nacional (que investiga la parte del caso que no afecta a Ábalos) y el Supremo cada vez que ha sido citado. Puente tampoco considera que se dan los otros dos requisitos en los que se puede apoyar el encarcelamiento preventivo: el riesgo de reiteración delictiva y de destrucción o alteración de pruebas.
El instructor, con todo, advierte de que los indicios de delito contra el antiguo asistente de Ábalos no solo “persisten” sino que parecen “seriamente consolidados” tras los últimos hallazgos de la Guardia Civil. Según los agentes, García y su mujer, Patricia Úriz, pagaron todo tipo de gastos (viajes y regalos para sus parejas o gastos cotidianos de sus hijos) sin que haya rastro de que el entonces ministro se los reembolsara. Puente considera que, de lo investigado hasta ahora, se derivan “sólidos indicios” de que García pudo cometer delitos de integración en organización criminal (artículo 570 bis del Código Penal), tráfico de influencias (artículo 428); cohecho (artículo 419) y, “tal vez”, malversación de fondos públicos.
Entre esos indicios, el magistrado cita las “muy expresivas y elocuentes grabaciones, aparentemente efectuadas por el propio” Koldo García, que apuntan a un supuesto amaño de adjudicaciones de obras públicas, “en connivencia” con Ábalos, “a cambio de diversos premios económicos”. Del último informe de la Guardia Civil se deduce también, según el magistrado, que el exasesor ha ingresado”importantes cantidades de dinero en metálico”, supuestamente, procedentes de su actividad delictiva y se hizo cargo “regularmente” de pagos de Ábalos (como pensiones alimenticias de uno de sus hijos; ingresos injustificados en las cuentas corrientes del exministro; o cantidades destinadas a regalos a personas que integraban el círculo personal o familiar de Ábalos). Estos abonos, recuerda el instructor, suman 94.883,63 euros, además de otros posibles pagos efectuados en beneficio del exministro, como el “disfrute familiar” de un chalet en Marbella (9.800 euros), o el alquiler de vivienda de una vivienda de Ábalos en Madrid entre 2019 y 2021 (26.600 euros). “En este contexto llama particularmente la atención un ingreso en metálico, efectuado por doña Patricia, esposa de don Koldo García, en la cuenta del señor Ábalos Meco, por importe de 5.700 euros, efectuada en junio de 2020, apareciendo como concepto el de pago anticipado de las rentas correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2020″, afirma el juez.