Una costumbre de nuestra era del simulacro es lamentarnos de que sucedan cosas que hemos contribuido a provocar. Así, por ejemplo, es habitual hablar de la judicialización de la política, que es inseparable de la politización de la justicia. Unos sabios se reúnen cada año en los Monegros para dirimir si fue primero el huevo o la gallina. Como las civilizaciones evolucionan de la agricultura a la paradoja, el destino de la generación del 15-M, con su furor Savonarola, es mantener que nadie debe dimitir porque no hay que entregar más “cabezas políticas”: las instituciones solo representan a quien esté en el Gobierno y a sus votantes; no son de todos los ciudadanos. No existe la responsabilidad política más allá de un enunciado vacío: uno dice “asumo mi responsabilidad” y ya no hace nada. Todo se traslada a la responsabilidad penal. Se enfatiza que es inocente mientras no se demuestre lo contrario (si el que está en apuros es de los nuestros); se siembran dudas (legítimas o no) sobre el procedimiento; si la sentencia es favorable se acaba la discusión y si no, se denuncia la injusticia. Perversamente, sabemos que un problema es político si se traslada por completo a lo judicial, y lo judicial es un aplazamiento a veces sine die. Se celebran las decisiones que perjudican al contrario y se condenan las opuestas, como con un árbitro, pero sin atender al reglamento y esperando que el público no lo conozca bien. Tanto los aplausos como los abucheos son perjudiciales para el sistema.
Seguir leyendo
