La imagen es contundente: la periodista australiana Lauren Tomasi se lleva las manos a las piernas tras recibir el impacto de una bala de goma en plena cobertura de las protestas migratorias en Los Ángeles. El video, difundido por 9News, se viralizó en redes sociales, generando preocupación internacional por el uso de armas “menos letales” por parte de la policía estadounidense para dispersar manifestaciones.

Tomasi y su camarógrafo cubrían el tercer día consecutivo de protestas contra las nuevas medidas migratorias del presidente Donald Trump cuando fueron alcanzados por un proyectil lanzado por un agente antidisturbios. Aunque la reportera confirmó en su cuenta de X que ambos se encuentran fuera de peligro, el incidente ha reabierto una discusión sobre estas armas “menos letales”.

Luis Pablo Beauregard, corresponsal de EL PAÍS en Los Ángeles, estuvo en el lugar. Recolectó evidencias e identificó restos de los proyectiles utilizados por la policía. Uno de ellos era una cápsula de espuma de 37 milímetros, conocida como Multiple Foam Baton Round. Un cilindro de espuma dura de 20 centímetros de largo que viaja a alta velocidad y que no discrimina entre las personas que se encuentran en el lugar donde esta arma es lanzada.

“Estas armas no deberían estar presentes en contextos de protesta. Su uso contradice los estándares internacionales que rigen la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales”, señala Daira Arana Aguilar, directora de Global Thought. Lo dice desde Ciudad de México, donde en las protestas feministas, activistas denuncian el uso constante de gases lacrimógenos, extintores y otros elementos que no están contemplados en la ley mexicana de uso de la fuerza.

Pero este no es un fenómeno nuevo. El 9 de noviembre de 2023, 23 organizaciones de derechos humanos llevaron el tema ante una audiencia especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Este armamento puede causar lesiones graves, discapacidades permanentes e incluso la muerte”, advirtió entonces Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina.

Las organizaciones de la sociedad civil han insistido en la necesidad de una regulación clara y estricta. Pero el vacío persiste. No existen protocolos internacionales uniformes, ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas. “La protesta social no debe tratarse como un problema de orden público, sino como el ejercicio de un derecho fundamental”, afirmó Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la ONU-DH en México.

Tanto la Relatoría Especial de la ONU sobre la Tortura como Amnistía Internacional han pedido la prohibición del uso de proyectiles múltiples, por su efecto indiscriminado. “La posibilidad de lograr una prohibición a nivel nacional en Estados Unidos es prácticamente nula en este momento. Pero no se empieza desde ahí”, señala John Lindsay-Poland, codirector del programa California Healing Justice del American Friends Service Committee (AFSC). En California, episodios de represión violenta como los ocurridos tras el asesinato de George Floyd han motivado reformas locales para regular el uso de estos dispositivos.

El periodismo ha seguido de cerca este fenómeno. Una investigación transfronteriza coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) reveló que, a medida que crecen las protestas, también lo hace el negocio de la represión con armas “menos letales”. “En manos de las distintas fuerzas policiales, este armamento ha dejado una estela de dolor: miles de lesiones, decenas de traumas graves, impactos psicológicos y también muertes. Todo lo que, en teoría, debía evitarse”, dice María Teresa Ronderos, directora del CLIP.

La agresión a Lauren Tomasi se suma a una preocupante lista de ataques a la prensa durante protestas. Solo durante las manifestaciones iniciadas el 6 de junio en Los Ángeles, la International Women’s Media Foundation ha documentado más de 20 agresiones contra reporteros, incluidas al menos cuatro provocadas por armas “no letales”.

En cualquier democracia, los periodistas deberían poder ejercer su labor sin temor a ser agredidos. Aunque ya se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido durante las protestas del 8 de junio, José Zamora, director del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), advierte: “Cuando un periodista es atacado por hacer su trabajo durante las protestas, toda la sociedad pierde. La violencia contra los periodistas no es solo un ataque individual; es un atentado directo contra el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad.”

El cerco policial se ensancha sobre Los Ángeles. Karen Bass, alcaldesa demócrata de la ciudad, ha decretado este martes el toque de queda para frenar la violencia en las que han derivado algunas de las manifestaciones contra los operativos migratorios de Donald Trump. Bass ha apostado por la medida después de que 23 comercios fueran vandalizados el lunes en el cuarto día de protestas. La prohibición estará en vigor entre las ocho la noche de este martes y las seis de la mañana del miércoles. “La policía va a detener y presentar cargos contra aquellos que violen el toque de queda. Si no vives ni trabajas en el centro de Los Ángeles, no vayas”, ha dicho Bass esta tarde.

Un mosaico de fuerzas seguridad pueden verse dentro del perímetro que las autoridades han cerrado a la población. Un breve paseo por un puñado de calles es suficiente para ver la robusta y variopinta presencia oficial. Está luce uniformes azules, negros, caqui o de camuflaje. Cada uno representa a una corporación distinta. Sus mandos pueden ser diferentes, pero todos tienen el mismo objetivo: extinguir las protestas que, desde el viernes, están tomando las calles para exigir fin al terror que Trump ha desatado en las comunidades migrantes.

El presidente de Estados Unidos recurrió la tarde del martes a su habitual retórica incendiaria para pintar un panorama catastrófico en Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos. El presidente llamó “animales” a quienes han salido a protestar y llamó a la urbe multicultural un “basurero desastroso” lleno de criminales. “No vamos a permitir que una ciudad estadounidense sea invadida por un enemigo extranjero. Eso es lo que son”, dijo el mandatario en un evento donde justificó el envío de 4.000 guardias nacionales y 700 soldados de infantería en un despliegue de fuerza que ha provocado un tenso pulso con las autoridades federales.

A pesar de su discurso, Los Ángeles no es una ciudad en llamas. Es lo que llevan argumentando las autoridades locales desde hace días. “El malestar social se limita a unas cuantas cuadras del centro, no es ni en todo el centro ni en toda la ciudad. Pero las imágenes hacen parecer que nuestra ciudad está ardiendo”, aseguró Bass esta mañana, horas antes de que decretara el estado de emergencia por el vandalismo. “El centro es menos de 2,5 kilómetros cuadrados frente a los 1.302 kilómetros cuadrados de la ciudad”, añadió la regidora.

Las protestas se han registrado en cinco calles del centro de Los Ángeles. El epicentro de estas es el Centro metropolitano de detenciones, un edificio federal que lleva días recibiendo a los indocumentados detenidos en los operativos conducidos por ICE, la policía migratoria.

La cárcel se encuentra en la esquina más caliente, la de la calle Alameda y la carretera 101. Es ahí donde se han llevado a cabo la mayoría de choques entre la gente que protesta y los cuerpos de seguridad, conformados por el federal Departamento de Seguridad Interior, la California Highway Patrol (policía estatal), la oficina del Sheriff del condado y la policía de Los Ángeles. Ahí llegaron los primeros militares de la Guardia Nacional enviados por Trump durante el fin de semana.

Esta autopista, que corre de norte a sur, es una de las vías de comunicación principales de Los Ángeles. Por ella pasan a diario unos 320.000 vehículos. Su relevancia la hace atractiva para los manifestantes, quienes la tomaron por varios minutos el domingo para hacer escuchar su mensaje contra el presidente. Los manifestantes volvieron a cortar su circulación este martes, pero fueron sacados rápidamente por los policías antidisturbios.

“Desde el sábado hemos presenciado una preocupante escalada en el comportamiento ilícito de los manifestantes”, aseguró Jim McDonnell, el jefe de policía de Los Ángeles. El número de detenciones hechas en los últimos días subraya el argumento del policía. El sábado fueron 26 personas arrestadas, el domingo fueron 40, el lunes 114 y este martes la cifra llegó a 197. De las detenciones de esta tarde, 160 fueron realizadas en la contra esquina del centro de detención. Y 67 fueron aprehendidos en la autopista 101. “El toque de queda es necesario para proteger vidas y salvaguardar la propiedad privada”, añadió McDonnell.

Las manifestaciones se han limitado a unas cuantas calles del llamado Centro Cívico, una docena de cuadras al norte del Downtown, en la que se encuentran edificios públicos como el Ayuntamiento de Los Ángeles, los tribunales estatales y federales, además de oficinas municipales y la biblioteca pública central.

Las autoridades han decretado esta tarde el toque de queda en una zona algo más amplia. Incluyen en el perímetro barrios completos fuera del área de conflicto como el Distrito del Arte, el Distrito de la Moda, Skid Row y South Park, donde se encuentra el estadio Crypto, la casa de los Lakers. El perímetro está delineado por las principales autopistas, la 10, que va de este a oeste, la 110, de sur a norte y la 101, en la misma dirección.

Las manifestaciones no solo han dejado robotaxis quemados o comercios vandalizados. También han extendido una manta de grafiti por todo el centro de Los Ángeles. “Muerte a la policía”, “Fuck Donald Trump” o “Death to AmeriKKKa” son solo algunos entre los cientos de mensajes que han dejado los manifestantes en las fachadas de los edificios públicos.

Bass ha recordado que Los Ángeles está a un año de albergar el Mundial de 2026. Los últimos días han puesto a los organizadores cuesta arriba el camino a embellecer la ciudad. Los trabajadores del Ayuntamiento ya han comenzado a reparar estos edificios, pero tomará tiempo. La alcaldesa asegura que el toque de queda auxiliará a remozar el rostro del centro con ayuda de los empresarios de la zona.

“Solo como hipótesis, pero con indicios muy fuertes que han llegado a dirigentes muy altos de la oposición y a nosotros, es que el autor del atentado sería la mafia con asiento internacional”, ha dicho este martes Gustavo Petro, el presidente de Colombia, sobre el ataque contra el precandidato opositor Miguel Uribe Turbay. “Los asesinos buscan que nos matemos entre nosotros, debilitar el estado y avanzar sobre sus controles a la economía ilícita. Dentro de la junta del narcotráfico con asiento en Dubái y Colombia, están las personas que yo mostré con nombre propio al país”. En los últimos meses, el mandatario ha denunciado un plan para asesinarlo, y siempre apunta hacia un mismo y desconocido actor: la “nueva junta del narcotráfico”. Se trata, en palabras del presidente colombiano, de una red criminal que dirige desde Emiratos Árabes Unidos los principales negocios ilegales de la cocaína en América Latina. Sin confirmaciones oficiales sobre su existencia, el presidente ha insistido en que se trata de capos que controlan el crimen en Colombia bajo las órdenes de Julio Lozano Pirateque, alias Patricia, un esmeraldero que reside en el país árabe y es rival del fallecido zar Víctor Carranza.

La junta fue protagonista de la alocución presidencial del pasado 2 de junio, en la que reapareció Petro tras haberse eclipsado durante 48 horas, incluyendo una notoria ausencia de una cumbre de Jefes de Estado de la que era anfitrión. Tras argumentar vía X que se había ocultado para cuidar su vida, volvió sobre la que ha descrito como una estructura multinacional integrada por españoles, albaneses, mexicanos, italianos, colombianos y un paraguayo, con redes en la política, la Fiscalía y la Policía en Colombia. Además, ha dicho que tiene tentáculos en otros países. “Asesinaron más de 185 candidatos electorales, en México, en el Ecuador, incluyendo un candidato presidencial estamos ante una ofensiva por la toma del Estado en buena parte de Latinoamérica por la mafia”, escribió este martes.

En la reunión del Consejo de Ministros del pasado 4 de febrero, Petro aseguró que han intentado asesinarlo cuatro veces desde que llegó a la presidencia, el 7 de agosto de 2022. Ha hablado de la compra de misiles para derribar su avión, de un plan para explotar un camión cargado de dinamita y de la instalación de francotiradores cerca a la Casa de Nariño, el palacio presidencial de Bogotá. También ha señalado a la junta de estar detrás del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena de Indias, en 2022, y de los homicidios calcados en Bogotá de dos esmeralderos, Juan Sebastián Aguilar Pedro Pechuga, y Hernando Sánchez.

En mayo, el diario El Tiempo aseguró que dos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, por orden presidencial, estaban coordinando un viaje a Emiratos Árabes para hablar con exnarcotraficantes y empresarios colombianos que residen allá, y así indagar sobre esa junta. La Fiscalía ha dicho que no identifica a esa junta. “En los procesos investigativos que se adelantan en la Dirección Especializada contra el Narcotráfico no se ha obtenido ni recibido evidencia sobre la existencia de una autodenominada ‘Junta del Narcotráfico’ con sede en Oriente Medio, de sus integrantes o de una eventual injerencia en Colombia. En consecuencia, no hay investigaciones abiertas en ese contexto”, ha dicho en respuesta a una consulta de este diario.

Petro, sin embargo, insiste en que dispone de información de inteligencia que señala lo contrario. Una fuente cercana al Gobierno explica que esa información apunta a que en la junta se encuentran narcos de alto nivel como el uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la justicia y señalado de consolidar el Primer Cartel Uruguayo (PCU), una organización transnacional con incidencia en ese país, Paraguay, Bolivia y Brasil. Según el medio especializado Insight Crime, Marset encarna una nueva generación de narcos sudamericanos que operan con métodos sofisticados y redes transcontinentales, y es señalado de estar detrás del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. En 2021, fue detenido en Dubái por tener un pasaporte falso, pero quedó en libertad.

En la información que ha llegado a oídos del presidente también aparece Dritan Gjika, un albanés que consolidó una red de tráfico de cocaína desde Ecuador y fue capturado el pasado 25 de mayo en Abu Dabi. El país vecino lo ha pedido en extradición para que responda por tráfico de drogas, lavado de activos y delincuencia organizada. Es considerado uno de los principales articuladores de la expansión de las mafias albanesas en América Latina y de ser clave para convertir al puerto de Guayaquil en parte de la ruta de exportación de cocaína a Europa, en una operación que involucraba a socios colombianos, ecuatorianos y europeos.

Otro de los nombres que ha rondado por el despacho presidencial cuando se menciona a la nueva junta es el de Alejandro Salgado Vega, El Tigre. Se trata del presunto narcotraficante más buscado en España, de quien se dice que permanece escondido en Dubái. Según la Fiscalía Antidroga del país europeo, forma parte de una red que traficó grandes cantidades de cocaína ocultas en piñas entre 2020 y 2021.

El principal foco del Gobierno colombiano está puesto en Lozano, el esmeraldero que cumplió una condena de seis años en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos, ha sido informante de la DEA y reside en Dubái. “Julio Lozano Pirateque, ciudadano de Dubái, colombiano, está matando a los esmeralderos porque se quiere quedar con las esmeraldas. Por alguna razón cree que el presidente es su enemigo”, dijo Petro en el polémico Consejo de Ministros del 4 de febrero.

Lozano fue protagonista del caso de infiltración de dineros ilícitos en el Independiente Santa Fe, un tradicional equipo de fútbol bogotano, hace tres décadas. Una fiscal estadounidense determinó que Lozano, con varios socios, utilizó al club para lavar cerca de 1.500 millones de dólares. En Colombia ha sido vinculado a la financiación de un narcolaboratorio en una finca de la familia del exembajador Fernando Sanclemente, cerca a Bogotá. Otoniel, el máximo comandante del Clan del Golfo, lo señala en un audio interceptado por las autoridades de enviar cargamentos de cocaína y estar involucrado en el asesinato de su exsocio Luis Caicedo. En la única entrevista que ha concedido, Lozano negó a El Tiempo cualquier vínculo con el mundo criminal.

Más allá de esos datos de inteligencia, la información es escasa. En México no existen, al menos públicamente, indicios de una junta con capos de ese país, aunque Lozano Pirateque ha sido mencionado como posible testigo en el proceso contra Joaquín El Chapo Guzmán.

La presencia de narcos de distintas nacionalidades en los Emiratos Árabes Unidos es un hecho. Lo que no se ha podido demostrar aún es que estos operen de manera coordinada, como una gran organización criminal global. Elizabeth Dickinson, analista de Crisis Group, explica que esa presencia de narcos es relativamente reciente, de los últimos cinco años, o menos. “Allá hay un mundo del crimen organizado de cuello blanco. Muchos financieros, inversionistas o personas tienen influencia y pueden organizar cargamentos, pero que no necesariamente hacen parte de una estructura única que les permita trabajar en conjunto”, señala.

Con ella coincide Petrit Baquero, historiador experto en narcotráfico y economía esmeraldera, quien asegura que las dinámicas propias de las economías ilegales hacen difícil pensar que los capos actúen en bloque. “El narcotráfico está en permanente cambio y transformación. Muchas de esas redes se establecen para concretar un solo negocio. Luego desaparecen. Un día un narco puede hacer negocios con el ELN, otro día con las disidencias de las FARC, otro día con el Clan del Golfo, otro con un narco independiente”.

Según Baquero, “Colombia está lleno de narcos extranjeros, que no necesitan a colombianos para que entreguen las rutas, pues tienen las suyas propias”. A su juicio, la referencia de Petro evoca a la “junta directiva del narcotráfico”, un término acuñado hacia 2010 por agencias antidrogas internacionales y la Fiscalía colombiana para describir la reconfiguración de los carteles tras la caída de los grandes capos de los años noventa. En ese momento, figuras de segundo nivel como Lozano Pirateque ocuparon el vacío. “Como vuelve a estar en el radar, le ponen la etiqueta de ‘nueva junta’, en referencia a un fenómeno que el país ya vivió”, explica. Sin embargo, nunca se comprobó que se tratara de una organización unificada. Hasta el momento, tampoco.