Varios senadores abandonaron sorprendidos el Senado en la tarde de este miércoles ante la noticia que acababa de saltar. La Mesa de la Cámara alta había despedido minutos antes a dos trabajadores eventuales de la casa, informáticos, por haber accedido sin autorización a perfiles digitales y correos electrónicos de varios senadores. Así lo confirmaron los servicios del Senado en un primer comunicado emitido ayer: dos miembros del departamento de informática habían realizado accesos indebidos —por razones ajenas a sus cometidos profesionales—, a “los portafirmas de miembros de la Mesa del Senado, senadores, y diversos cargos e integrantes del personal de la Cámara, así como la descarga de documentos contenidos en los mismos, inclusive de carácter personal”, indicaba la nota de prensa.
Este jueves, un día después, tanto el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, como los servicios de la institución, de mayoría absoluta del PP, han afirmado que el motivo del hackeo se debe a que buscaban información para “un proceso de promoción para poder optar a una plaza de funcionario”. Y que por eso habían “accedido a carpetas de interés personal de la promoción”. Pero, por otra parte, la Cámara alta ha asegurado, en otro comunicado remitido en la tarde de este jueves, que los informáticos no habían intervenido cuentas de senadores. La carta de despido de uno de los trabajadores, a la que ha accedido EL PAÍS, incorpora como motivo del cese laboral el siguiente hecho probado.
“Se constatan como hechos probados los siguientes: Accesos indebidos (…) de J. A. R., desde la dirección IP de su ordenador y a través de los usuarios admindeleg y adminpf —de que disponía por razón de su puesto de trabajo— a los portafirmas de determinados trabajadores, funcionarios y cargos de la Secretaría General del Senado —entre ellos, miembros de la Mesa, diversos senadores y la Letrada Mayor—; accesos que se produjeron desde el mes de marzo de 2024 y a través de los cuales se realizaron numerosas descargas de documentos, incluyendo algunos de carácter personal”.
El despido se abordó en una reunión extraordinaria de la Mesa del Senado en la tarde de este miércoles tras el pleno. La cita estaba prevista desde el viernes para tratar el problema de un expediente disciplinario abierto hace meses a dos trabajadores, J. A. R. y a N. M. G. Una vez conocido el caso, el órgano de Gobierno de la Cámara alta aprobó por unanimidad, con cuatro votos a favor del PP y tres del PSOE (que conforman la Mesa) despedir al matrimonio “por falta disciplinaria muy grave”, como así expusieron los servicios de la Cámara alta en su primer comunicado.
Junto al hemiciclo, el presidente del Senado ha trasladado este jueves más datos. “Estos dos trabajadores, en el momento en el que tuvieron conocimiento de una primera propuesta que consistía en una rescisión del contrato de tres meses de empleo y sueldo, presentaron una alegación. En la que compartían que había más trabajadores del departamento de informática que podrían haber accedido a expedientes de sus señorías. En ningún caso eso es así, se ha podido verificar. Pero por celo y prudencia se ha puesto en conocimiento de la fiscalía para que tome las decisiones que considere oportunas”, ha añadido. Rollán ha concluido sus declaraciones a los medios remitiéndose a una nota de prensa que posteriormente han difundido los servicios de la Cámara alta, pasadas las 15.30 de la tarde.
La relación que hacen de los hechos más destacados es la siguiente: “En octubre de 2024, los sistemas de control de la Cámara alta tienen conocimiento del acceso de dos personas de la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, a información específica sobre los procesos de promoción interna y selectivos de personal laboral a través del portafirmas electrónico de altos cargos de la Secretaría General, en ningún caso de senadores. Todos los accesos son de carácter administrativo en beneficio de su posible promoción interna, sin apreciarse ningún interés político. Accedieron, además, a ficheros de trazabilidad de firma, donde la única información que se obtiene es quién accede y la hora, pero no el contenido”.
Pero esta versión no cuadra con el primer comunicado enviado el miércoles, en el que aseguraban que las cuenta digitales de los senadores sí se habían visto afectadas. De hecho, durante la reunión de la Mesa se distribuyó a los miembros un listado de nombres afectados, como el del socialista Guillermo Fernández Vara. Tampoco con el contenido de la carta de despido. Los servicios del Senado se justifican en la nota de hoy, así: “El listado de senadores que aparecen en el expediente ‘afectados’ a los que se ha hecho referencia en algunas informaciones, fue aportado por uno de los afectados como alegación en su defensa, para justificar que el acceso de funcionarios a aplicaciones y portafirmas es habitual, si bien todos los accesos que constan en ese listado son lícitos y en desarrollo de las funciones del personal de la dirección para solucionar las incidencias habituales”.
El PSOE desconfía
En la cúpula del grupo socialista dudan de que el proceso de selección sea el motivo del acceso no autorizado, pues algunos de los senadores afectados no disponían de datos relacionados con el mismo, destacan. ”No se lo cree ni él. ¡Tendrá que explicar muchas cosas!“, indican fuentes socialistas sobre las explicaciones dadas este jueves por Rollán. Y siguen sembrando sospechas sobre un posible ”espionaje”. Tampoco entienden por qué la Cámara alta, presidida por el PP con mayoría absoluta, no ha desvelado los motivos del expediente disciplinario hasta ahora. “Hasta el día de ayer, 21 de mayo, el expediente tenía carácter reservado”, responde el Senado en su comunicado.
El PSOE ha presentado un escrito en el que solicita más información y el contenido detallado del expediente disciplinario. El portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, ha criticado en una entrevista en TVE que los hechos se hayan “ocultado durante meses” y destaca que “se quería pasar de puntillas” por parte de la presidencia de la Cámara alta “sobre esta cuestión”. A los socialistas se ha sumado Esquerra, que también han mandado otra solicitud de más información a la presidencia del Senado.
“Lo próximo serán las Malvinas”: los euroescépticos británicos entran en cólera por el acuerdo de Gibraltar
Antes de que se hiciera público el acuerdo ente España, el Reino Unido y la UE sobre Gibraltar, el diario Daily Telegraph, portavoz oficioso del euroescepticismo conservador británico, ya desataba la alarma con un titular incendiario: “Gibraltar y Gran Bretaña acuerdan ceder el control de su frontera a Europa”. Si la derecha británica ha sido siempre especialmente susceptible ante cualquier cambio en el Peñón, el ambiente actual todavía estaba más caldeado, después de la reciente decisión del Gobierno laborista de Keir Starmer de devolver el archipiélago de Chagos, donde comparte una base militar con Estados Unidos, a Mauricio.
El Partido Conservador ya denunció esa “traición”, y algunos de sus diputados anticiparon que sería el preludio de algo similar respecto a Gibraltar. Un portavoz del Ministerio británico de Exteriores ha desmentido, en declaraciones a EL PAÍS, relación alguna entre ambas decisiones. “Las situaciones no son comparables. Este acuerdo [de Chagos] es único, y no tiene ninguna repercusión respecto a la política del Reino Unido referente a nuestros territorios de ultramar. Es un asunto muy diferente con una historia muy diferente”, insistían entonces.
Aun así, han hecho falta unos pocos minutos, después de que el Telegraph anticipara el acuerdo con su propia interpretación, para que las voces más radicales de los tories y del partido Reform UK, del populista, Nigel Farage, comenzaran a lanzar ataques contra Starmer y el acuerdo. “Otra rendición y otra entrega. Este Gobierno se dedica a socavar el Reino Unido y es imperdonable. Lo próximo serán las Malvinas”, escribía en X la exministra del Interior, y candidata frustrada a dirigir el Partido Conservador, Suella Braverman. “Primero Chagos. Ahora Gibraltar. Eres desastroso, Starmer”, acusaba al primer ministro el diputado Rupert Lowe, de las filas de Reform UK.
El Gobierno de Starmer, a diferencia del Gobierno de España, ha querido insistir, tanto en su comunicado oficial como en sus declaraciones, en que Gibraltar preservará su soberanía (algo que no formaba parte de las discusiones) y en que el Reino Unido seguirá teniendo el control autónomo y pleno de sus instalaciones militares en el Peñón.
España, el Reino Unido y la Comisión Europea han alcanzado un “acuerdo político sobre los aspectos fundamentales” de las futuras relaciones de Gibraltar con la Unión Europea después del Brexit. El pacto se ha cerrado en la reunión que han mantenido este miércoles en Bruselas los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido y España, David Lammy y José Manuel Albares, con el comisario Maros Sefcovic, responsable de la negociación por parte de la Comisión Europea, y el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo. El pacto, que incluye todos los puntos que estaban aún pendientes, supondrá la demolición de La Verja que separa La Línea de la Concepción (Cádiz) del Peñón, establecerá un doble control de pasajeros en el puerto y aeropuerto a cargo de las policías española y gibraltareña y eliminará todos los controles sobre personas y mercancías en la frontera. En los próximos días se ultimará un texto jurídicamente vinculante en el que se plasmará este acuerdo político. La relación de Gibraltar con la UE era el último fleco pendiente tras la salida del Reino Unido de la UE, después de que Londres y Bruselas acordaran en una cumbre bilateral el pasado 19 de mayo el marco de sus futuras relaciones.
El comunicado conjunto explica que se ha alcanzado “un acuerdo político definitivo sobre los aspectos fundamentales del futuro pacto entre la UE y el Reino Unido en relación con Gibraltar”, que “salvaguarda las respectivas posiciones jurídicas” de Madrid y Londres “en materia de soberanía y jurisdicción”, lo que afecta tanto al Peñón, como al istmo que le une con la Península y las aguas que lo rodean. El acuerdo culmina una negociación que formalmente ha durado casi tres años y medio (la primera ronda negociadora a tres bandas se celebró en febrero de 2022), pero en realidad se inició mucho antes, cuando Madrid y Londres empezaron a pergeñar lo que se conoció como el Pacto de Nochevieja, suscrito el 31 de diciembre de 2020, que ha servido de base al actual. Desde 2021 Gibraltar se encuentra en un limbo legal, ya que está formalmente fuera de la UE pero no se aplican los controles Schengen.
Tras asegurar que el principal objetivo del futuro tratado “es garantizar la prosperidad” del Peñón y del Campo de Gibraltar, el documento anuncia que “se eliminarán la totalidad de las barreras físicas, los chequeos y los controles sobre las personas y mercancías que circulen entre España y Gibraltar, preservando al mismo tiempo el espacio Schengen [el área sin fronteras que incluye a 29 países europeos] el Mercado Único de la UE y la Unión Aduanera”.
En concreto, explica la declaración, las partes han acordado “establecer controles fronterizos duales [de] Gibraltar y Schengen en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, que se llevarán a cabo mediante una plena cooperación entre las autoridades de la UE y del Reino Unido/Gibraltar, suprimiendo todos los controles en el paso fronterizo entre Gibraltar y La Línea”. Por parte de la UE, agrega el texto, “España realizará los controles Schengen completos”, mientras que, por parte del Reino Unido, “los controles gibraltareños completos seguirán llevándose a cabo como hasta ahora”.
Es decir, los pasajeros que lleguen al puerto y aeropuerto de Gibraltar pasarán un doble control: uno de la policía gibraltareña y otro de la española, sin los que no podrán entrar al Peñón. El texto no menciona la presencia de Frontex, la agencia de fronteras de la UE, a la que en el pacto inicial alcanzado entre España y Reino Unido en la Nochevieja de 2020 se planeaba recurrir durante un periodo transitorio, algo que finalmente se ha descartado.
Medios conservadores del Reino Unido han criticado duramente el hecho de que los ciudadanos británicos tengan que mostrar su pasaporte a la policía española para entrar en una de sus colonias. El Gobierno británico se ha apresurado a aclarar que la inmigración y la seguridad seguirá siendo competencia de la policía gibraltareña, mientras que los agentes españoles se encargarán de garantizar la integridad del espacio Shengen y han puesto como modelo los controles franceses en la estación londinense de St Pancras, desde donde sale el tren Eurostar que cruza el canal de La Mancha.
El pacto incluye también un acuerdo sobre visados y permisos de residencia y compromete “una estrecha cooperación entre las autoridades policiales y judiciales” de España y Gibraltar, según el texto.
El acuerdo consagra igualmente una “futura unión aduanera entre la UE y Gibraltar, manteniendo una estrecha colaboración entre las respectivas autoridades aduaneras y eliminando los controles de mercancías”, agrega la nota. “También se ha llegado a un acuerdo sobre los principios de imposición indirecta que se aplicarán en Gibraltar, incluyendo el tabaco”; lo que “evitará distorsiones y contribuirán a la prosperidad de toda la región”. Este era uno de los puntos más conflictivos, pues en el Peñón no se aplica el IVA y el impuesto de sociedades solo grava con un 10% los beneficios obtenidos en la colonia por las casi 13.000 sociedades activas registradas, que no tributan nada por sus beneficios en el exterior, pero el comunicado no detalla cómo se ha salvado este escollo.
La nota se limita a señalar que el acuerdo incluye “compromisos de igualdad de condiciones en materia de ayudas estatales, fiscalidad, trabajo, medio ambiente, comercio y desarrollo sostenible, lucha contra el blanqueo de capitales y transporte; incluyendo el aeropuerto; los derechos de los trabajadores transfronterizos [según datos de mayo, en Gibraltar hay 15.225 trabajadores de este tipo, de los que 10.500 son españoles] y la coordinación en materia de seguridad social”. También “una cooperación específica en materia de medio ambiente” ―se establecerá un mecanismo de concertación obligatoria ante vertidos y otros problemas medioambientales ― y la “creación de un mecanismo financiero adecuado para promover la cohesión y apoyar la formación y el empleo en la región”.
Una vez alcanzado el pacto político, concluye el comunicado, los equipos negociadores deberán ultimar “rápidamente el texto jurídico completo” y “ejecutar los respectivos procedimientos internos para su firma y ratificación”. En principio no está previsto que el futuro tratado se someta a la aprobación del Congreso español, ya que las competencias en materia de comercio están cedidas a la Comisión Europea, que es la que ha negociado en nombre de la UE. En cambio, sí tendrá que ser ratificado por el Parlamento europeo y el británico.
El comunicado deja muchas incógnitas sin despejar, desde los tipos impositivos que aplicará Gibraltar a los productos hasta el uso conjunto del aeropuerto, que España reclamaba y no se menciona en el texto. Aunque tampoco figura en el comunicado conjunto, las autoridades británicas han hecho saber que el acuerdo permite “que vuelos comerciales operen desde Gibraltar a destinos de la UE, aumentando la conectividad de Gibraltar con el continente y contribuyendo a su prosperidad”. Albares ha añadido que el aeropuerto de Gibraltar, construido en el istmo cuya soberanía reclama España, beneficiará a toda la zona, pues habrá vuelos comerciales de compañías tanto británicas como europeas y españolas.
El Gobierno británico también ha subrayado que se garantiza la “autonomía plena de las instalaciones militares del Reino Unido en Gibraltar”, lo que podría significar que los militares británicos y sus suministros no estarán sujetos a los controles de la policía española; lo que constituía una de las mayores preocupaciones de Londres.
Sefcovic, comisario de Comercio y Seguridad Económica, se ha felicitado por el acuerdo, que ha calificado de “verdadero hito histórico para la UE”; mientras que la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha subrayado que el pacto “salvaguarda la integridad de la zona Schengen y del mercado único, mientras asegura la estabilidad, la certidumbre legal y la prosperidad de la región”.
“Con este acuerdo desaparecerá la Verja, el último muro de la Europa continental y queda garantizada la libre circulación de personas y mercancías. Gribraltar estará conectado con el espacio Schengen, ejerciendo España el control de entradas y salidas”, ha proclamado el ministro español de Asuntos Exteriores. “La libre circulación de mercancías queda también garantizada, evitando distorsiones, dado que habrá un proceso de convergencia fiscal que garantice una competencia justa para todos”, ha añadido.
“Este Gobierno [británico] heredó una situación del Ejecutivo anterior que colocó bajo amenaza la economía y el modo de vida de Gibraltar. El avance de hoy [por este miércoles] aporta una solución práctica después de años de incertidumbre”, ha dicho por su parte el ministro de Exteriores británico. Lammy ha añadido que el pacto “protege la soberanía británica, apoya la economía gibraltareña y permite planear de nuevo negocios a largo plazo”. Ante las previsibles críticas que el acuerdo provocará en España, Reino Unido e incluso Gibraltar, Picardo, integrado en la delegación británica, ha zanjado: “Es momento de mirar más allá de las discusiones del pasado y hacia una época de cooperación y entendimiento renovados. El acuerdo está hecho, es tiempo de finalizar el tratado”.
La interpretación del acuerdo plasmada por el diario Daily Telegraph, la referencia obligada de los euroescépticos británicos, que acusaba a Gibraltar y Gran Bretaña de “entregar el control de su frontera a Europa”, encendía los ánimos de los críticos. “Otra rendición y otra entrega. Este Gobierno se dedica a socavar el Reino Unido y es imperdonable. Lo próximo serán las Malvinas”, escribía en X la ex ministra del Interior, y candidata frustrada a dirigir el Partido Conservador, Suella Braverman. “Primero Chagos [el archipiélago que el Reino Unido acaba de devolver a Mauricio]. Ahora Gibraltar. Eres desastroso, Starmer”, acusaba al primer ministro el diputado Rupert Lowe, de las filas de Reform UK.
El jefe del Foreign Office ha viajado a Bruselas desde Gibraltar, donde se ha reunido este miércoles con el Gobierno gibraltareño para ultimar los “parámetros finales” del acuerdo, en palabras del ministro principal gibraltareño. A la reunión con el Gabinete de Picardo asistió también el secretario de Estado británico para Europa y Norteamérica, Stephen Doughty.
La última cita tripartita sobre Gibraltar se celebró en Bruselas en septiembre de 2024, aunque Sefcovic mantuvo el pasado mes de mayo reuniones bilaterales por separado con los jefes de la diplomacia española y británica y en ningún momento se han interrumpido los contactos e intercambio de documentos técnicos entre las partes.
La reunión en Bruselas vino precedida el martes por la decisión de la Comisión Europea de proponer la retirada de Gibraltar de la denominada “lista anti-blanqueo de capitales de la UE”, lo que ha sido recibido con satisfacción por el Gobierno del Peñón. A lo largo de la negociación, Picardo ha exigido también que España saque a la colonia de su propia lista de jurisdicciones no cooperativas o paraísos fiscales, pero el Ministerio de Hacienda no lo ha hecho todavía, para irritación de las autoridades gibraltareñas.
La Junta de Extremadura ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de la comunidad el cese del director general de Turismo, Jesús Viñuales. Victoria Bazaga, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, de la que ha dependido hasta ahora el destituido, ha transmitido a los medios que el motivo era la pérdida de confianza en Viñuales, que estaba en el cargo desde hacía solo 10 meses. Pero el repentino cese llega solo cuatro días después de que un vecino de la localidad cacereña de Sierra de Fuentes (2.056 habitantes) denunciara a Viñuales por haberlo agredido con “un botellazo en la cabeza, con un botellín de un tercio” de cerveza. La víctima, R. C., de 53 años, aseguró en su denuncia ante la Guardia Civil que la agresión le provocó “lesiones” que le “hicieron sangrar mucho” y tuvo que ser atendido por los servicios de urgencia de un hospital. Bazaga, también portavoz del gobierno autonómico, ha incidido a los medios que sobre este suceso “no hay nada que decir al respecto”.
Según el relato del agredido, todo empezó la noche del pasado sábado, 7 de junio, en el bar Número 6 de Sierra de Fuentes. En su interior, R. C. estaba a punto de salir para su casa cuando entró Viñuales acompañado de otra persona y, según su testimonio, con evidentes signos de embriaguez.
En ese momento Viñales comenzó a increparlo. “Me empieza a insultar. Yo pensaba que era de broma”, asegura R. C., ya que ambos se conocían porque la mujer de la víctima los había presentado el verano anterior. “Me doy cuenta de que no es broma, le pregunto qué si no me conocía. Le explico que soy el marido de la teniente de alcalde del municipio (PSOE) y en ese momento coge un botellín de cerveza y me lo rompe en la cabeza”, explica.
A partir de ese momento, el denunciante dice que no llega a perder el conocimiento, pero se queda en blanco, cae al suelo mareado y empieza a sangrar de manera abundante. Tuvo que ser derivado hasta el Hospital Universitario de Cáceres (a unos 15 kilómetros de distancia) para ser atendido, donde le pusieron varias grapas para cerrar la herida. “No veía nada. No sé qué hubiera pasado si este hombre tiene otra cosa a mano, como un cuchillo. Estaba fuera de sus cabales”, dice el agredido, que añade que actualmente está de baja.
El vecino de esta localidad cacereña narra cuando le presentaron al agresor: “Yo a este hombre no lo conocía, me lo presentaron en las fiestas del pueblo. Me pareció una persona normal y cordial. A mí la gente me ha contado que cuando bebe, pues la lía”. Además, incide en que no entiende porque ha pasado esto, cuando él no ha tenido ningún problema con él. “Yo no me merezco esto, yo no me meto con nadie. Podría tener mis fallos como puede tener cualquiera, pero yo no me meto nunca con nadie”, se lamenta.
El ex secretario general de Turismo, una vez que ocurrió todo, abandonó el bar, pero el dueño del establecimiento testificó ante la Guardia Civil todo lo que ocurrió y se puso una denuncia por lo ocurrido.
Fuentes de la localidad informan a este diario que no es la primera vez que Jesús Viñuales tiene problemas en Sierra de Fuentes. “Este hombre ha llegado bebido en otras ocasiones y ha tenido problemas”, cuentan a EL PAÍS. Su relación con la localidad cacereña no es de hace mucho, aunque cuenta con una finca cercana a Sierra de Fuentes. Su nexo gira también alrededor de la caza, donde ejerce la actividad cinegética con algunos conocidos del municipio.
La consejera de Turismo, Victoria Bazaga ha añadido que la Junta no entra “ni en temas personales ni judiciales”. Sí ha subrayado que, desde la administración regional, actúan “contundentemente” para que todas las personas que forman el Gobierno estén “a la altura de las circunstancias”.
Varios grupos parlamentarios en la Asamblea de Extremadura, como Unidas por Extremadura, PSOE y el PP, consideran increíble que un cargo público se “líe a botellazos con un ciudadano y que demuestra el nivel de polarización a la que estamos llegando”. Lo decía la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que critica que la Junta de Extremadura no haya condenado el episodio. “No puede ser que este hombre sea la cara del turismo en Extremadura”, ha manifestado la portavoz este miércoles.
El PSOE de Extremadura ha registrado una pregunta para su respuesta en el pleno sobre los motivos del cese. El grupo socialista ha lamentado la “crispación” que a su juicio está provocando el Ejecutivo de María Guardiola. Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, que ha lamentado que el gobierno autonómico “se está convirtiendo en la casa de los líos”, en un ejecutivo que “no trabaja, que no gestiona”, pero que, “encima, está cargado de escándalos”.
Álvarez ha criticado que a Victoria Bazaga “se le olvidó” informar este pasado martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno “que habían cesado al segundo director general de Turismo en apenas dos años de su consejería”. La portavoz socialista ha lamentado que en el Gobierno “nadie ha dado explicaciones” por este hecho, y ha afeado a la presidenta de la Junta que es una “pena que Extremadura sea noticia por este hecho y que los directores generales arremetan a botellazos limpios contra los ciudadanos”.
El Partido Popular considera que el suceso forma parte de la vida personal del exdirector. “Dentro del partido se tomarán las medidas necesarias, como militante del partido, creemos que son actos que son incompatibles con ejercer un cargo”, ha trasladado el parlamentario popular Bibiano Serrano.