La Junta de Extremadura ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de la comunidad el cese del director general de Turismo, Jesús Viñuales. Victoria Bazaga, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, de la que ha dependido hasta ahora el destituido, ha transmitido a los medios que el motivo era la pérdida de confianza en Viñuales, que estaba en el cargo desde hacía solo 10 meses. Pero el repentino cese llega solo cuatro días después de que un vecino de la localidad cacereña de Sierra de Fuentes (2.056 habitantes) denunciara a Viñuales por haberlo agredido con “un botellazo en la cabeza, con un botellín de un tercio” de cerveza. La víctima, R. C., de 53 años, aseguró en su denuncia ante la Guardia Civil que la agresión le provocó “lesiones” que le “hicieron sangrar mucho” y tuvo que ser atendido por los servicios de urgencia de un hospital. Bazaga, también portavoz del gobierno autonómico, ha incidido a los medios que sobre este suceso “no hay nada que decir al respecto”.

Según el relato del agredido, todo empezó la noche del pasado sábado, 7 de junio, en el bar Número 6 de Sierra de Fuentes. En su interior, R. C. estaba a punto de salir para su casa cuando entró Viñuales acompañado de otra persona y, según su testimonio, con evidentes signos de embriaguez.

En ese momento Viñales comenzó a increparlo. “Me empieza a insultar. Yo pensaba que era de broma”, asegura R. C., ya que ambos se conocían porque la mujer de la víctima los había presentado el verano anterior. “Me doy cuenta de que no es broma, le pregunto qué si no me conocía. Le explico que soy el marido de la teniente de alcalde del municipio (PSOE) y en ese momento coge un botellín de cerveza y me lo rompe en la cabeza”, explica.

A partir de ese momento, el denunciante dice que no llega a perder el conocimiento, pero se queda en blanco, cae al suelo mareado y empieza a sangrar de manera abundante. Tuvo que ser derivado hasta el Hospital Universitario de Cáceres (a unos 15 kilómetros de distancia) para ser atendido, donde le pusieron varias grapas para cerrar la herida. “No veía nada. No sé qué hubiera pasado si este hombre tiene otra cosa a mano, como un cuchillo. Estaba fuera de sus cabales”, dice el agredido, que añade que actualmente está de baja.

El vecino de esta localidad cacereña narra cuando le presentaron al agresor: “Yo a este hombre no lo conocía, me lo presentaron en las fiestas del pueblo. Me pareció una persona normal y cordial. A mí la gente me ha contado que cuando bebe, pues la lía”. Además, incide en que no entiende porque ha pasado esto, cuando él no ha tenido ningún problema con él. “Yo no me merezco esto, yo no me meto con nadie. Podría tener mis fallos como puede tener cualquiera, pero yo no me meto nunca con nadie”, se lamenta.

El ex secretario general de Turismo, una vez que ocurrió todo, abandonó el bar, pero el dueño del establecimiento testificó ante la Guardia Civil todo lo que ocurrió y se puso una denuncia por lo ocurrido.

Fuentes de la localidad informan a este diario que no es la primera vez que Jesús Viñuales tiene problemas en Sierra de Fuentes. “Este hombre ha llegado bebido en otras ocasiones y ha tenido problemas”, cuentan a EL PAÍS. Su relación con la localidad cacereña no es de hace mucho, aunque cuenta con una finca cercana a Sierra de Fuentes. Su nexo gira también alrededor de la caza, donde ejerce la actividad cinegética con algunos conocidos del municipio.

La consejera de Turismo, Victoria Bazaga ha añadido que la Junta no entra “ni en temas personales ni judiciales”. Sí ha subrayado que, desde la administración regional, actúan “contundentemente” para que todas las personas que forman el Gobierno estén “a la altura de las circunstancias”.

Varios grupos parlamentarios en la Asamblea de Extremadura, como Unidas por Extremadura, PSOE y el PP, consideran increíble que un cargo público se “líe a botellazos con un ciudadano y que demuestra el nivel de polarización a la que estamos llegando”. Lo decía la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que critica que la Junta de Extremadura no haya condenado el episodio. “No puede ser que este hombre sea la cara del turismo en Extremadura”, ha manifestado la portavoz este miércoles.

El PSOE de Extremadura ha registrado una pregunta para su respuesta en el pleno sobre los motivos del cese. El grupo socialista ha lamentado la “crispación” que a su juicio está provocando el Ejecutivo de María Guardiola. Así lo ha anunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, que ha lamentado que el gobierno autonómico “se está convirtiendo en la casa de los líos”, en un ejecutivo que “no trabaja, que no gestiona”, pero que, “encima, está cargado de escándalos”.

Álvarez ha criticado que a Victoria Bazaga “se le olvidó” informar este pasado martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno “que habían cesado al segundo director general de Turismo en apenas dos años de su consejería”. La portavoz socialista ha lamentado que en el Gobierno “nadie ha dado explicaciones” por este hecho, y ha afeado a la presidenta de la Junta que es una “pena que Extremadura sea noticia por este hecho y que los directores generales arremetan a botellazos limpios contra los ciudadanos”.

El Partido Popular considera que el suceso forma parte de la vida personal del exdirector. “Dentro del partido se tomarán las medidas necesarias, como militante del partido, creemos que son actos que son incompatibles con ejercer un cargo”, ha trasladado el parlamentario popular Bibiano Serrano.

Nada enciende más los ánimos que los números. En el largo proceso para sacar adelante la reubicación de menores migrantes no acompañados que se hacinan en Ceuta y Canarias, el Ministerio de Juventud e Infancia presenta este miércoles a las comunidades nuevas cifras. Y no dejan bien a casi nadie. Los números, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan un problema que lleva meses sobre la mesa: que la red de acogida para estos niños y adolescentes es absurdamente desigual, con territorios que hacen esfuerzos titánicos (Canarias, Ceuta, Melilla o Baleares) y otros que mantienen déficits del 300%, como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Cantabria.

La cita de este miércoles es del secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez, con las directoras generales de infancia autonómicas. Es una reunión de cara a una nueva Comisión Sectorial de Infancia en la que el Gobierno pretende cerrar los últimos flecos para empezar los traslados en julio. En el encuentro de este miércoles, Pérez presentará las tablas con las que se ha calculado la capacidad ordinaria que debería tener cada territorio para acoger, de forma equilibrada, a los cerca de 16.000 menores que han emigrado solos a España. El cálculo tiene en cuenta el número total de menores extranjeros no acompañados y la población y se concluye que lo ideal es que cada comunidad acoja a 32 de estos niños por cada 100.000 habitantes.

La tabla se considera aún una propuesta, “un documento de trabajo” abierto a las aportaciones de las comunidades autónomas. “Este criterio será elevado a la próxima conferencia sectorial, con el objetivo de que las comunidades autónomas puedan debatirlo y, en su caso, proponer otros criterios complementarios”, informan fuentes del Ministerio de Infancia.

La capacidad ordinaria es un concepto clave en toda la negociación porque es la que determinará qué comunidades, según su déficit de plazas, tendrán que acoger más, cuáles podrán declararse saturadas y cuáles podrán reclamar fondos del Estado.

Las cifras reflejan una enorme desigualdad. De las 19 comunidades y ciudades autónomas, 15 de ellas están por debajo de su capacidad ordinaria. Por un lado, hay territorios de entrada como Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares que están muy por encima de esa capacidad ordinaria, con excesos del 675%, 1.848%, 589% y 57% respectivamente. Por otro, regiones como Galicia, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias están muy por debajo de ese tope y apenas cubren en torno a un 30% de lo que les correspondería. Varias de ellas necesitarían estirar su red un 300% o más para llegar a la capacidad de acogida que Juventud considera idóneo.

En el polémico caso de Cataluña, donde se presupone que no irán tantos menores porque según el PP fue la condición impuesta por Carles Puigdemont, los números dicen lo siguiente: Cataluña, con una población de más de ocho millones de personas, cuenta con 5.100 plazas para acoger menores (locales y migrantes no acompañados) y dedica casi la mitad de todos sus recursos a los segundos. Además de Canarias, por la coyuntura excepcional en la que se encuentra, es la comunidad con más camas con mucha diferencia. Según la tabla, Cataluña está muy cerca de su capacidad ordinaria, con un déficit de solo 137 plazas.

El caso de Madrid, por el contrario, ha generado suspicacias en el Ministerio de Infancia y Juventud. No se creen las cifras que han enviado. La comunidad, una de las más beligerantes contra el plan del Gobierno, tiene poco más de siete millones de habitantes y 2.352 plazas de acogida para menores (locales y migrantes no acompañados), son muchas menos que en Cataluña (con una población no tan dispar), pero en su caso solo debería ampliar en 83 plazas su red para los menores migrantes. La clave —o el truco— es que, según la comunidad, Madrid dedica el 92% de todas sus plazas de acogida a atender menores extranjeros no acompañados. “Es un delirio”, mantienen fuentes conocedoras del sistema. Lo cierto es que ese porcentaje llama la atención entre todo el resto, porque exceptuando las comunidades de entrada, lo habitual es que el resto destine la mitad de sus plazas (o mucho menos) a este colectivo. El ministerio ha tenido que hacer cierto encaje de bolillos porque varias de las comunidades no han enviado los datos solicitados para hacer cuadrar las cuentas. Aragón, directamente, se declaró en rebeldía y se negó a facilitar cualquier información sobre su red de acogida. Su resistencia ha llevado al Gobierno a acudir al Constitucional. Una causa más, que se suma a las que han presentado varias comunidades del PP contra el Gobierno para obstaculizar la reubicación de los menores.