Los controles para contener el brote de peste porcina africana (PPA) detectado el pasado viernes en jabalíes de la sierra de Collserola de Barcelona están permitiendo hallar más animales fallecidos en el medio natural dentro de un clima de creciente preocupación en el sector agroalimentario. Los efectivos que están peinando el área han encontrado hasta el momento medio centenar de jabalíes muertos dentro de la zona delimitada. Esto no significa que todos los animales estén contagiados. Por ahora, la cifra de positivos confirmados se mantiene en nueve, pero los países que han vetado la importación de productos del sector porcino español son en torno a 40, entre los cuales se encuentran Filipinas, Japón, México o Estados Unidos.

“Hemos encontrado una cincuentena de animales muertos, pero lo que no sabemos es [el resultado de] la analítica. Lo importante es que todos los positivos confirmados hasta ahora [nueve] son de esta zona confinada”, ha explicado el inspector jefe de los Agentes Rurales de la Generalitat, Josep Antoni Mur.

Agentes rurales, de la policía y militares de la UME siguen peinando la zona de vigilancia de 6 kilómetros a la redonda del lugar donde se encontraron los primeros casos, que fueron comunicados el pasado viernes, en el área de Bellaterra, dentro del término municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Los efectivos han hecho una prospección por cuadrículas de 300 metros cuadrados, asignadas cada una de ellas a una unidad, en una zona boscosa que está situada entre las autovías C-58, AP-7 y C-16. Los trabajos consisten en contener a los animales con barreras químicas (repelentes) en pasos de fauna y, desde hace dos días, también físicas en pasos subterráneos (por debajo de las autovías). Por su parte, los Mossos controlan los puentes por encima de las carreteras.

La situación supone un punto de inflexión tanto en términos sanitarios como comerciales. España llevaba treinta años sin registrar brotes de PPA, periodo durante el cual el sector porcino nacional ha crecido con fuerza y el país se ha convertido en líder europeo en producción de carne de cerdo y derivados, con exportaciones valoradas en 8.800 millones de euros en 2024. La pérdida del estatus de territorio libre de virus —podrá recuperarlo solo pasados 12 meses desde el último caso positivo— tiene un impacto económico que ya se está notando, puesto que la cotización en el mercado de referencia registró el lunes (se actualiza semanalmente) su mayor corrección desde la entrada del euro.

Además, hay una veintena de países extracomunitarios que no aceptan productos procedentes de países con focos activos de la enfermedad, y otros tantos que solo vetan los procedentes de la zona del contagio, pero no todos han confirmado al Gobierno si aplicarán esa regionalización, mientras que preventivamente han vetado cualquier entrada de producto español.

Mur ha dicho que están pendientes de las indicaciones de los técnicos de la Comisión Europea y del Ministerio de Agricultura desplazados a la zona para que concreten los métodos para el sacrificio y la captura. “Tenemos recorridos preparados y sistemas de trampas de captura masiva, pero nos tienen que decir dónde utilizarlas y qué métodos se pueden usar para el sacrificio”, ha dicho el representante de Agentes Rurales. También ha señalado que “hasta el momento no se han hecho capturas, sino que solo se ha barrido el terreno para detectar cadáveres y para ver si son positivos o no”, algo que debe confirmar el laboratorio de referencia del Ministerio de Agricultura.

De momento se han encontrado “una cincuentena” de animales muertos dentro de la zona de vigilancia de 6 kilómetros que se deberán analizar, sobre una población de jabalíes que podría estar en torno al millar en el conjunto de la zona de Collserola, según Mur. El agente rural ha agregado que “el peor escenario” sería que la peste saliera por el norte en dirección a Matadepera (Barcelona), porque desde ahí penetraría al centro de Cataluña. En caso de que se expandiera hacia el sur, la situación sería menos problemática porque allí están la ciudad de Barcelona y el mar, que actuarían como barreras.

Ayudas al sector por valor de 10 millones de euros

Ante el aluvión de vetos totales o parciales a la carne porcina de decenas de países extracomunitarios —las ventas fuera de la UE suponen unos 3.700 millones de euros—, entre los que destacan países con un alto volumen de importación de carne porcina española como Filipinas, Japón, México o Estados Unidos, el Gobierno catalán ha anunciado que aprobará el próximo martes una línea de 10 millones de euros en ayudas directas. Dichas ayudas serán, según el Govern, ampliables a otros 10 millones más para los sectores económicos afectados por el brote de peste porcina africana. También ha añadido que está “trabajando” en “posibles ayudas europeas”.

La consejera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, que ha presidido junto al consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, la reunión de un grupo interdepartamental para monitorizar la situación, ha asegurado que el Govern busca disponer de los mecanismos de ayuda ya preparados para cuando se empiecen a cuantificar los daños económicos provocados por la crisis de la peste porcina en el sector ganadero.

Sin embargo, Romero ha llamado a la calma al confirmar que, por el momento, en el radio afectado por las restricciones no se ha constatado ninguna afectación directa en el sector, ya que restaurantes, tiendas de agroalimentación o algunos pequeños hoteles de la zona funcionan “con normalidad”. En el caso de las explotaciones ganaderas, ha comentado que se está monitorizando la situación, pero que tampoco disponen por ahora de cifras de impacto económico.

La titular de Economía ha recordado que el martes el Instituto Catalán de Finanzas habilitó 50 millones de euros de financiación para emergencias “climáticas y sanitarias”, y que de momento no se han recibido solicitudes. Romero ha asegurado que se trabaja con la Comisión Europea y con el ministerio en la posibilidad de que los ganaderos y productores afectados puedan optar a ayudas europeas.

Asimismo, la consejera ha asegurado que Acció, la agencia para la competitividad de la empresa catalana, y la empresa pública Prodeca se pondrán a disposición de las compañías que tengan dudas sobre todo lo relacionado con esta crisis sanitaria.

La jornada en el Parlament de Cataluña ha sido tensa, pues Junts ha tratado, sin éxito, de forzar la comparecencia de Illa, quien ha sido criticado por la oposición por estar de viaje institucional en México. El president ya dijo que comparecerá a petición propia ante la cámara en la sesión de control del próximo viernes.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha querido transmitir este lunes un mensaje de confianza sobre los casos de peste porcina detectados en jabalíes salvajes en Cataluña, lo que ha llevado al despliegue de la UME en la zona. En una comparecencia de última hora, ha llamado a la calma, recordando que el virus no se transmite a los humanos, y ha asegurado que China, principal importador de carne de cerdo de origen nacional, seguirá comprando productos a España, con la excepción de la provincia de Barcelona, donde se encuentra el epicentro del brote.

Tener el mercado chino asegurado supone salvar cerca del 40% de las exportaciones nacionales a destinos extracomunitarios en un momento en el que varios países, como México y Japón, han cerrado sus puertas por la aparición del virus en territorio español. De los 8.800 millones de euros de carne de cerdo y derivados que España vende en el extranjero, 3.700 millones salen de las fronteras comunitarias. Y una cuarta parte de ese importe acaba en el gigante asiático, una pieza clave para el sector español, pues además adquiere productos que tienen escasa salida a otros mercados, como los despojos del animal.

“Hemos confirmado que China aplica la regionalización que fue firmada hace escasamente tres semanas”, ha dicho Planas en una comparecencia convocada tras reunirse con representantes del sector, quienes también han llamado a la calma. La regionalización implica que solo se suspendan las exportaciones procedentes de la zona puesta en cuarentena por el brote, y es el procedimiento vigente dentro del mercado comunitario, destino de más de la mitad de las ventas del sector porcino al exterior donde las ventas están aseguradas.

Desde mediados de noviembre, China aplica esta excepción, aunque estableciendo que la restricción a las exportaciones se amplía a toda la provincia afectada, y no solo a la zona de cuarentena. Pekín y Madrid firmaron el protocolo con ocasión del viaje de Estado de los Reyes de España al gigante asiático, en el que estuvieron acompañados por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Sin embargo, otros países con los que España tiene firmados protocolos de regionalización, como Corea del Sur, han bloqueado temporalmente el acceso de productos españoles. También el Reino Unido tiene varada carne de cerdo y derivados de origen nacional. “Exportamos [porcino] a 104 países; hay 24 con regionalización y 20 que la rechazan, y los que la admiten lo hace en función de distintos parámetros”, ha detallado Planas, añadiendo que en este momento “es imposible dar un cuadro de conjunto”. El afán del Ministerio, no obstante, “es limitar los efectos comerciales e intentar mantener abiertos fuera de la UE el máximo de los mercados posibles”.

Planas ha asegurado que negociará también con aquellos países que no aplican la regionalización para intentar que vuelvan a abrir sus puertas a los productos españoles. Y ha añadido que es pronto para calcular el impacto económico que podría causar el actual cerrojo por parte de varios mercados. “No estamos aún hablando de daños y compensaciones, lo vamos a evaluar en tiempo real. Ahora hay que acabar con ese foco”, ha señalado. “Esta es una situación no deseada por el sector ni por nadie”. El ministro también ha defendido que la situación no debería afectar a los precios.

De momento, solo hay dos casos confirmados de jabalíes contagiados por el virus en el área del parque natural de Collserola (Barcelona). Planas ha remarcado que esos son los únicos casos verificados por el laboratorio de Algete (Madrid) donde se está llevando a cabo los análisis, aunque ha recordado que hay otras muestras que están analizándose. En las 39 granjas porcinas que se encuentran en un radio de 20 kilómetros, la zona de cuarentena donde se han limitado las actividades y los accesos, no se ha detectado, en cambio, ningún positivo.

La Generalitat de Cataluña ha ofrecido ya una primera hipótesis sobre el origen del virus, del que España estaba libre desde 1995. Sus pesquisas apuntan a un embutido en mal estado que podría haber sido abandonado por la zona, donde circulan muchos camiones y hay áreas de servicio, según avanzó este lunes el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Òscar Ordeig. La tesis que maneja la Administración catalana es que alguno de los jabalíes que pueblan el parque hubiera ingerido comida infectada.

Tras la intervención de Planas en el ministerio, ha comparecido Manuel García, presidente de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc), que representa a toda la cadena de valor del porcino, desde la ganadería a la transformación y comercialización. García ha insistido en lanzar “un mensaje de tranquilidad a los consumidores” porque los productos son seguros para el consumo. “No estamos ante un problema sanitario para la especie humana”, ha enfatizado.

El presidente de Interporc también ha destacado como una buena noticia que China haya aceptado la regionalización a la hora de prohibir exportaciones, un signo en su opinión de que España se ve como “un país serio” y del “buen trabajo” realizado por el sector.

Antes de la comparecencia de Planas, habían surgido voces llamando a reforzar las medidas de control. El Gobierno de Aragón ha anunciado la contratación de al menos una docena de veterinarios para reforzar la bioseguridad en sus granjas. En la otra comunidad limítrofe, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha manifestado una “enorme preocupación” por el brote y ha pedido a las autoridades que se apliquen al máximo para erradicarlo. Pero las voces de alarma han llegado incluso a Galicia, donde el sector porcino ha trasladado “inquietud” a la Xunta.

La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ve un “fraude de ley” en el acuerdo salarial del Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF, que contempla una subida del 11% de 2025 a 2028. Así lo ha definido este lunes la presidenta de esta asociación de altos funcionarios del Estado, Ana Ercoreca, dado que el pacto va más allá del límite de la legislatura. “El compromiso es de 2025 a 2028, lo que supone un fraude de ley porque estamos hablando de más allá de la legislatura”, ha considerado la también presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

“A lo que el Gobierno se tiene que comprometer es a la legislatura que tenemos ahora mismo, hasta 2027. Hablar de un futuro en 2028 cuando no sabemos qué panorama habrá es un fraude de ley, a nuestro parecer. Debería estar amparado por el Congreso”, ha agregado Ercoreca. El último acuerdo salarial de los funcionarios, suscrito en 2022, llegaba hasta 2024. Aquel pacto también superó el límite que se proyectaba para la legislatura, que en principio vencía a finales de 2023.

Más allá de esta discrepancia sobre la duración del acuerdo, Fedeca valora “positivamente” los incrementos, pero a la vez tiene una oposición de fondo: critica que no tenga en cuenta la inflación real, sino una proyección de la evolución de los precios.

El mismo contempla una subida acumulada del 11% (hasta el 11,4% tomando en cuenta el efecto en los pluses, según los cálculos sindicales). La subida para 2025 será del 2,5%, que se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero. En enero de 2026, las retribuciones subirán otro 1,5%, por lo que sumando ambos aumentos, a principios del próximo año la elevación salarial será del 4% fijo. Se añade un 0,5% variable vinculado a que el IPC de 2026 sea igual o superior al 1,5% ese año. En ese caso, este medio punto se pagará previsiblemente dentro del primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y se detraerá de la subida de 2027, que quedará fijada para ese año en el 4,5% (un 5% si no se adelanta ese medio punto al ejercicio anterior). En 2028, se subirá el 2% restante.

Ercoreca cree que esta subida “quedará en nada” si no tiene en cuenta el IPC real. Es decir, su asociación cree que los posibles incrementos vinculados a la evolución de los precios no servirán para compensar subidas inesperadas del IPC. “Las subidas anuales que se van haciendo no tienen en cuenta el IPC real”, ha criticado Ercoreca. Así, Fedeca propone una revalorización similar a la de las pensiones, que tome en cuenta la inflación acumulada de cada año, en vez de una proyección como la que contempla el acuerdo de los funcionarios y el Gobierno.

“Si no va acompasada con el incremento del IPC no será una subida real. Supondrá una pérdida de poder adquisitivo. Hay que tener en cuenta la volatilidad de los precios de la energía y el alto precio de la vivienda, que afecta todo a las personas jóvenes”, ha comentado Ercoreca, antes de subrayar las dificultades de los funcionarios que se mudan a ciudades como Madrid o Barcelona (con precios de la vivienda superiores al promedio) al iniciar sus carreras. “Valoramos positivamente que haya una senda de incrementos, pero queremos que estén ligados al IPC real”, ha resumido Ercoreca.

La presidenta de Fedeca también ha celebrado que “se reduzcan los tiempos de espera en las ofertas de empleo pública”, una tardanza que cuando se enquista, opina Ercoreca, genera “ineficiencias” en la Administración pública.