Donald Trump vuelve a la carga contra el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom. El presidente de Estados Unidos ha firmado este jueves en la Casa Blanca una polémica resolución con la que pretende anular el veto de California a la venta de ciertos vehículos de combustión a partir de 2035. La capacidad de vetar una norma estatal como esa desde Washington no está clara, pero el presidente ha elegido un momento en que está enfrentado al gobernador de California por el envío de tropas con motivo de las protestas de Los Ángeles contra su política migratoria.
Trump ha aprovechado para repetir media docena de veces, como viene haciendo los últimos días contra toda evidencia, que Los Ángeles estaría reducido a cenizas si no hubiera enviado a las tropas. El republicano acostumbra a inventarse un bulo y a repetirlo una y otra vez, dándolo como un hecho, para intentar que cale. Otra de las afirmaciones en que ha insistido sin fundamento, de nuevo este jueves, es que los disturbios de Los Ángeles están protagonizados por profesionales a sueldo.
En realidad, las protestas de Los Ángeles han estado muy localizadas en pequeños puntos de la inmensa ciudad, la Guardia Nacional y los marines han tenido un papel marginal en la represión de las mismas y el envío de las tropas ha exacerbado los ánimos, agravando aparentemente el problema. Este mismo miércoles está prevista una vista en la demanda que ha presentado Newsom contra el envío de militares, que considera un abuso de poder ilegal.
El acto de este jueves en la sala Este de la Casa Blanca no estaba relacionado con las protestas. Gavin Newsom anunció en 2020 planes para prohibir la venta de todos los vehículos nuevos propulsados por gasolina en el Estado para 2035, como parte de una agresiva iniciativa para reducir las emisiones del sector del transporte. Los híbridos enchufables y los coches de gasolina usados podrían seguir vendiéndose. Los reguladores estatales formalizaron las normas y la Administración de Joe Biden aprobó el permiso al Estado para implementarlas en diciembre, un mes antes de que Trump regresara a la Casa Blanca.
La resolución que Trump ha firmado este miércoles fue aprobada por el Congreso el mes pasado. Los republicanos utilizaron la Ley de Revisión del Congreso, una ley destinada a mejorar la supervisión sobre las acciones de las agencias federales, para bloquear las normas californianas. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, un organismo de control independiente del Congreso, determinó que las normas de California no están sujetas al mecanismo de revisión utilizado, un criterio que compartió el llamado parlamentario del Senado, autoridad jurídica de la Cámara Alta.
California ya ha iniciado una batalla legal contra la decisión, que considera ilegal. “El ataque sin cuartel de Trump contra California continúa, y esta vez está destruyendo nuestro aire limpio y la competitividad global de Estados Unidos en el proceso”, ha afirmado el gobernador Gavin Newsom en un comunicado. “Estamos presentando una demanda para detener esta última acción ilegal de un presidente que es una filial al servicio de los grandes contaminadores”, ha añadido.
“La normativa sobre automóviles de California ha sido un desastre para este país, y quiero dar las gracias a todos por estar aquí. Hemos rescatado oficialmente a la industria petrolera de Estados Unidos de la destrucción al poner fin de una vez por todas al mandato sobre vehículos eléctricos de California”, ha dicho en el acto de este jueves Trump, que aboga por impulsar las energías fósiles y ha dado por completo la espalda a la lucha contra el cambio climático.
Gavin Newsom, a quien el presidente insulta cada vez que menciona llamándole Newscum (nueva escoria), se ha convertido en uno de los blancos favoritos de los ataques de Trump. El gobernador de California se percibe como uno de los aspirantes a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de 2028 y está tratando de liderar la oposición al republicano. Los choques entre ambos son frecuentes en todo tipo de materias.
La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) ha otorgado a California un centenar de exenciones durante mandatos demócratas y republicanos para que el Estado fuera libre para modelar sus propias políticas de emisiones, pero Trump acudió a las urnas prometiendo derogar lo que denomina “el mandato del coche eléctrico”.
La medida se produce un día después de que la EPA propusiera derogar las normas que limitan las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas que utilizan carbón y gas natural como combustible. El administrador de la EPA, Lee Zeldin, afirmó que esto supondría un ahorro de miles de millones de dólares para la industria y ayudaría a “liberar” la energía estadounidense.
Los BRICS, el bloque del Sur Global que exige más poder en las instituciones internacionales, han arropado este domingo a uno de sus socios, Irán, en la cumbre que celebran en Río de Janeiro (Brasil). “Condenamos los ataques militares contra la República Islámica de Irán (…), que constituyen una violación del derecho internacional”, dice la declaración final pactada por los 11 países que, no obstante, evita señalar explícitamente a los autores del ataque, Israel y Estados Unidos. Los BRICS sí mencionan a Israel en su crítica de los ataques continuos contra Gaza, recuerdan que usar el hambre como arma de guerra es ilegal y piden la liberación de todos los rehenes. Los socios pasan, sin embargo, de puntillas por la guerra de Ucrania, desatada en 2022 por la invasión de Rusia, miembro fundador del foro. Y critican la guerra arancelaria sin mencionar al presidente de EE UU, Donald Trump.
El anfitrión, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ha presentado a los BRICS como herederos del movimiento de países no alineados en la Guerra Fría. La reunión de este heterogéneo grupo, que representa a la mitad de la población mundial y el 40% del PIB, ha quedado deslucida por la ausencia del presidente chino, Xi Jinping, que por primera vez falta al encuentro anual.
Irán y Gaza destacan entre los asuntos que mayor esfuerzo negociador han requerido por parte de los diplomáticos que la víspera cerraron la declaración de los líderes de los BRICS, que se presentan como defensores del multilateralismo. En el punto dedicado a Irán, expresan su “enorme preocupación con la escalada de la situación de seguridad en Oriente Próximo” y con “los ataques deliberados a instalaciones nucleares pacíficas sobre la total salvaguarda del OIEA [la Organización Internacional de la Energía Atómica, de la ONU]”. Los BRICS apuestan por la solución de los dos Estados para el conflicto palestino-israelí.
Los países más reticentes a mencionar a Israel y EE UU eran la India y Emiratos Árabes Unidos, que tienen estrechas relaciones con ambos países, y Etiopía, cuna de los falasha, una comunidad judía local que emigró en masa al Estado judío en los años noventa.
Las referencias a los conflictos más candentes del momento en el comunicado final, de 31 páginas y 126 puntos, reflejan lo difícil que es el consenso en un foro con intereses tan dispares. En el caso de la guerra de Ucrania, los BRICS admiten sus respectivas posturas nacionales y como bloque se limitan a alabar los esfuerzos mediadores.
Si con los cinco miembros fundadores (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) alcanzar acuerdos era complejo, es aún más arduo desde que, en 2023, se sumaron Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes, Indonesia e Irán. Una ampliación impulsada por Pekín con la que la superpotencia asiática ganó influencia, pero que países como la India o Brasil hubieran querido evitar porque temen que se diluyan sus voces y que se convierta en un foro antioccidental.
Vladímir Putin, que ha participado por videoconferencia por la orden internacional de arresto contra él, ha dicho que “la globalización liberal está obsoleta” y que “el centro de los negocios globales está situándose en los mercados emergentes”. Sí están presentes el presidente indio, Narendra Modi, el sudafricano Cyril Ramaphosa y el indonesio Prabowo Subianto. La delegación iraní la lidera el canciller Abbas Araghchi, y no su presidente, Masoud Pezeshkian, como estaba previsto hasta el ataque que empezó el 13 de junio. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se ha reunido en Río con su homólogo iraní para ofrecerle mediar en el conflicto sobre el programa nuclear.
La directora ejecutiva del BRICS Policy Center, Ana Fernández, explica que tras la ausencia de Xi existen varios factores, incluido que Pekín prefiere evitar el riesgo de verse arrastrada a pronunciarse sobre conflictos candentes y está molesta por la decisión brasileña de no sumarse a su proyecto de la Ruta de la Seda.
Esta es la segunda de tres grandes reuniones internacionales de las que el presidente Lula será anfitrión en un año. Antes, Brasil ya acogió el G-20 y en noviembre celebrará la COP, la cumbre climática de la ONU, que por primera vez será en la Amazonia.
Lula, que con 79 años está en su tercer mandato no consecutivo, ha constatado “el colapso sin parangón del multilateralismo” y ha criticado abiertamente las prioridades políticas de Occidente. “Es más fácil destinar el 5% del PIB al gasto militar que el 0,7% prometido a la ayuda oficial al desarrollo”. El antiguo sindicalista acusa a la OTAN de alimentar la carrera armamentística.
El brasileño ha enfatizado que el mundo acumula más conflictos que nunca. Ante eso, su receta es la que defiende desde hace un cuarto de siglo y que los BRICS comparten ahora: la reforma profunda del Consejo de Seguridad de la ONU. Lula considera imprescindible “hacerlo más legítimo, representativo, eficaz y democrático”. Y para eso, el Sur Global reclama que representantes de África, Asia y América Latina se sumen a los cinco miembros permanentes actuales.
Las lluvias cayeron con una fuerza devastadora. La madrugada del viernes el cielo descargó en tan solo unas horas una tromba de agua equivalente a casi la mitad de la precipitación anual del condado de Kerr, en el centro-sur de Texas. Las inundaciones dejaron al menos 43 muertos, entre ellas 15 niños, y decenas de desaparecidos, según el balance provisional de las autoridades locales. Se trata de un suceso sin precedentes en el último siglo en la zona, una región eminentemente rural a unos 100 kilómetros de San Antonio, donde estaba instalado un campamento de verano que hospedaba a 750 niñas. Una de ellas falleció y una veintena aún no han sido localizadas.
El grupo de menores fue sorprendido por las lluvias mientras pasaban unos días en Camp Mystic, a orillas del río Guadalupe. El río se desbordó tras una vertiginosa crecida de ocho metros en menos de una hora. La madre de Janie Hunt, de nueve años, confirmó a CNN en la mañana de este sábado que su hija había sido hallada sin vida. Horas antes, la mujer había manifestado que estaba rezando para encontrarla con vida. Los padres del resto de las niñas en paradero desconocido comenzaron a publicar fotografías en las redes sociales con la esperanza de conseguir información.
Las autoridades aseguraron desde el primer momento que habían puesto en marcha un operativo de búsqueda a larga escala. “Haremos todo lo humanamente posible [para encontrarlas], revisando cada árbol, removiendo cada piedra, lo que sea necesario”, afirmó el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, a las familias de las menores.
El campamento Mystic acogía a un total de 750 niñas. Su sitio web lo describe como un lugar “cristiano”, “sano”, donde las pequeñas “desarrollan cualidades” y se convierten en “mejores personas”. El lugar quedó devastado tras las inundaciones. Más de cien guardabosques lograron entrar para brindar auxilio a las personas afectadas desde la madrugada del viernes, y consiguieron comenzar los rescates después del mediodía.
Las tormentas, que han sido descritas como “catastróficas”, han dejado un saldo parcial de más de 30 fallecidos. El sheriff local, Larry Leitha, informó de que al menos 24 de estas personas perdieron la vida en el condado de Kerr, y otra en el condado aledaño de Kendall. El general mayor Thomas Suelzer, al frente de la Guardia Nacional de Texas, aseguró que los equipos de rescate trabajaron durante toda la noche del sábado, y que hasta el momento han sido rescatadas y evacuadas más de 850 personas de las áreas inundadas. La mayoría fueron atendidas y trasladas en helicóptero, aunque también hay equipos de nadadores especializados desplegados en la zona. El legislador Chip Roy, representante del distrito, aseguró que unos 1.000 efectivos locales, estatales y federales, están colaborando en las tareas de búsqueda.
Las tormentas en Kerr comenzaron sobre las cuatro de la madrugada del 4 de julio. Los reportes muestran que las lluvias alcanzaron alturas de entre 10 y 20 centímetros. Además, se informaron alturas de hasta 38 centímetros en algunas áreas.
En la noche del viernes, el gobernador del Estado, el republicano Greg Abbott, firmó una declaración de desastre para asegurar que “los funcionarios locales tengan los recursos para seguir respondiendo a las inundaciones”, según comunicó en su cuenta de X. “Texas no se detendrá ante nada para garantizar que se dé cuenta completa de cada persona desaparecida”, escribió.
El presidente Donald Trump prometió el envío de ayuda federal y calificó los hechos como “una situación terrible”. Asimismo, escribió en sus redes sociales que acompaña con sus oraciones a “todas las familias afectadas por esta terrible tragedia”. “Nuestros valientes socorristas están en el lugar haciendo lo que mejor saben hacer. ¡Que Dios bendiga a las familias y a Texas!”, añadió.
Mientras, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que ha estado trabajando para “proporcionar todos los recursos posibles” a los damnificados y para “poner a salvo a los estadounidenses en crisis”. Con este objetivo, según explicó, fueron activados los recursos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), cuya misión es ayudar a los damnificados ante cualquier situación de desastre. FEMA actualmente se encuentra diezmada y corre el riesgo de ser desmantelada por la Administración Trump. La propia Noem afirmó recientemente que la agencia debería cambiar de nombre y que los mismos Estados deberían encargarse de gestionar sus emergencias.
La responsable de Seguridad Nacional también confirmó que la Guardia Costera de Estados Unidos se encuentra trabajando en la zona afectada, con el fin de evacuar a los vecinos que corren riesgos. “Volaremos durante toda la noche y el mayor tiempo posible. Esto es lo que hacen los hombres y mujeres de la Guardia Costera”, señaló.
Mario Guevara grabó y retransmitió en vivo incontables redadas migratorias en los últimos años, y el pasado 14 de junio hizo lo mismo con su propio arresto. Mientras cubría una manifestación en contra del presidente Donald Trump en la pequeña ciudad de mayoría latina de Chamblee (Georgia) —una de las miles de marchas convocadas en todo el país ese día— se ve el momento exacto cuando el teléfono con el que Guevara está grabando cae al suelo y el periodista salvadoreño, que vive y trabaja en Estados Unidos desde hace 21 años, se dirige en inglés a los policías antimotines que hacía instantes se veían acercándose en pantalla. “¡Oficial! ¡Oficial! Soy un miembro de los medios”, se oye que dice, reafirmando lo que su casco y chaleco claramente identificado deberían dejar claro. Desde el asfalto, el video continúa transmitiendo ese sábado soleado.
Mientras lo esposan, Guevara logra que un agente recoja su móvil y lo meta en su mochila. La grabación sigue desde allí dentro. Una vez en el coche de policía, el reportero detenido pide que bajen una ventana y, consciente de que hay una posibilidad de que su transmisión siga andando, pide, en español, a sus miles de seguidores que avisen de lo sucedido a su abogado. Esa grabación es el último testimonio público que se tiene de Guevara.
Desde entonces, han transcurrido 21 días en los que ha sido acusado de varios cargos independientes, ha estado detenido en por lo menos tres instalaciones penitenciarias diferentes y, esta semana, puesto en libertad bajo fianza solamente para volver a ser arrestado instantes después. El US Press Freedom Tracker lo registra como el único periodista detenido actualmente en Estados Unidos.
El arresto inicial de Guevara por parte de la policía del condado de DeKalb, que incluye una parte de Atlanta, fue por tres cargos: concentración ilegal, obstrucción a la policía y circulación peatonal en la calzada. El 18 de junio, sin embargo, Guevara fue entregado a la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), acusado de estar en el país de manera ilegal. También se le imputaron por separado otros tres cargos por infracciones de tráfico —por ignorar señales, utilizar un dispositivo de comunicación al volante y conducción temeraria— presentadas sin pruebas fotográficas y sin testimonios de los agentes acusadores, cuyos nombres además fueron ocultados, y que supuestamente habían ocurrido el 20 de mayo. A los dos días, Guevara fue trasladado al centro de detención de migrantes de Folkston, al sur de Georgia, y se iniciaron formalmente los procedimientos para su deportación, que continúan a pesar de que el 25 de junio la fiscal de DeKalb desestimó sus cargos iniciales del día de la manifestación.
El lunes pasado, 30 de junio, un tribunal migratorio le otorgó la libertad bajo fianza, fijándola en 7.500 dólares tras desestimar los argumentos del Gobierno que lo tildaba como una “amenaza para la comunidad”. Pero cuando el miércoles Guevara fue liberado, pasadas las 48 horas de custodia adicionales que solicitó el ICE, fue inmediatamente detenido por las supuestas infracciones de tráfico y puesto en custodia de la policía local de nuevo, que registró su arresto el jueves en la mañana. Esa misma noche, se confirmó que Guevara está una vez más bajo custodia del ICE en la cárcel del condado de Floyd y sin posibilidad de fianza.
Aunque lo acusan de haber entrado y permanecido en Estados Unidos de manera irregular, los abogados de Guevara sostienen que el periodista ingresó desde El Salvador en 2004 legalmente con visa de turista y desde hace años tiene permiso de trabajo. Además, después de que se le rechazó una petición de asilo por falta de pruebas contundentes de que corría peligro si volvía a El Salvador, en 2012 comenzó el proceso para recibir residencia permanente como familiar directo de un ciudadano estadounidense: sus dos hijos nacidos en el país. Ese proceso sigue abierto.
Guevara huyó de su país natal con su esposa a principios de 2004 después de haber trabajado en La Prensa Gráfica cubriendo, entre otras cosas, manifestaciones en contra del Gobierno local. Por ese trabajo fue acusado por algunos sectores de ser una agente encubierto del Estado y atacado en dos ocasiones. También recibió amenazas de muerte. Fue entonces cuando decidió trasladarse a Estados Unidos y se asentó en Atlanta.
Allí consiguió un trabajo en un periódico local en español que ya no existe llamado Atlanta Latino. En 2007 pasó a trabajar en Mundo Hispánico, un medio que pertenecía a Cox Enterprises, también propietario del mayor diario de la ciudad, el Atlanta Journal-Constitution. En los años siguientes, Mundo Hispánico tuvo un crecimiento enorme y se consolidó como el medio en español más grande de Georgia, con números que incluso competían con los medios en inglés. El auge coincidió con el rápido aumento de la población latina de Atlanta, que subió un 30% entre 2010 y 2020.
Durante los mandatos de Barack Obama, una alianza entre el ICE y la policía local expandió los controles migratorios en el Estado y los números de detenciones crecieron muy rápidamente. Guevara se lanzó a cubrir el tema. Un poco antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca por primera vez, el reportero empezó a notar furgonetas abandonadas en las calles, muchas veces con escaleras atadas en los techos y los almuerzos empacados todavía intactos adentro. Se dio cuenta de que el ICE estaba yendo por trabajadores de la construcción, así que comenzó a salir a las calles en las madrugadas, cuando los albañiles se dirigen a las obras, para cazar redadas migratorias. Así comenzaron los reportajes que serían la marca de la casa: las retransmisiones en vivo de las operaciones del ICE.
A partir de ese trabajo intrépido, Guevara construyó una audiencia enorme y leal en redes sociales. Ahora mismo tiene casi un millón y medio de seguidores en todas las plataformas, incluyendo 784.000 en Facebook. Allí ha construido una relación directa con quienes lo siguen, contestando sus comentarios y hablando con ellos, además de ser una presencia constante en sus barrios, donde conoce a muchos vecinos personalmente. El año pasado decidió lanzar su propio medio, MGNews, que se nutre, precisamente, de aquellos que durante años se han informado gracias a su labor.
Fue justamente su alto perfil la razón por la que fue puesto en confinamiento solitario durante los 11 días que duró en el centro de detención del ICE de Folkston. Allí, su compañero y amigo, el también periodista local Rafael Navarro, logró hablar con él y registró el encuentro. “Cuando me trajeron me dijeron eso, que me iban a colocar en este lugar porque yo era una persona muy conocida y no querían que alguien me fuera a querer hacer algún daño, pero aquí es donde traen a las personas que están castigadas, esas son las celdas de castigo”, le dijo a Navarro.
Solo tenía interacción con los guardias durante 21 horas diarias en su celda solitaria iluminada permanentemente. “Pero tengo mi baño privado”, todavía bromeó con su amigo. Las otras tres horas del día eran para lavar el uniforme y hacer ejercicio. Una noche, le contó a Navarro, se despertó y a pesar de las luces brillantes veía solo negro a su alrededor y pasó por lo que parece ser un ataque de pánico. “Me voy a volver loco”, le confesó a su amigo. La psicóloga que lo visitó en la celda le dijo que era simplemente estrés de encarcelamiento y que meditar u orar le harían bien.
Actualmente, no se sabe en qué condiciones está siendo detenido, pero el calvario que ha sufrido en las últimas semanas, y que no parece tener un fin claro, está confirmando los peores augurios. Ya el pasado 20 de junio, el Committee to Protect Journalists, junto con una coalición civil y de medios, expresó su alarma por la detención de Guevara en una carta dirigida a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
“Si el caso de Guevara prospera, representaría una nefasta erosión tanto de la libertad de prensa como del Estado de derecho. Periodistas que no son ciudadanos estadounidenses podrían correr el riesgo de ser deportados únicamente porque las fuerzas del orden locales presentaron cargos por delitos menores contra ellos como represalia por informar, sin que esos cargos fueran nunca juzgados en un tribunal”, señala la misiva. Asimismo, varios medios locales en español a lo largo del país han denunciado intimidación y un aumento en los mensajes racistas y xenófobos que reciben.
A pesar de su convicción profesional, Guevara lleva mucho tiempo con esa nube sobre la cabeza. En un corto documental que le hizo el New York Times hace unos años llamado “Boca del Lobo” Guevara hablaba del miedo. “Hay gente que no sale a trabajar ni manda a sus niños a la escuela después de un operativo en su vecindario. Ese miedo no los deja seguir con su vida normal. Yo entiendo el miedo. A veces yo pienso que voy a ser el próximo”.