El PP sigue subiendo el tono contra la regularización extraordinaria de inmigrantes que aprobó este martes el Consejo de Ministros. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este miércoles la regularización “a granel” y ha insistido en vincularla con la delincuencia, pese a que el real decreto contempla que no se dará la residencia a los extranjeros que representen “una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública”. “Que un inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o que ha robado a un ciudadano y que ha incumplido varias veces la legislación española, el Gobierno lo regularice, no tiene ningún antecedente en ningún país de la UE”, ha subrayado Feijóo en los pasillos del Congreso, aunque el Gobierno ha endurecido en la norma los requisitos sobre los antecedentes penales tras las recomendaciones del Consejo de Estado. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha defendido en una entrevista en TVE el real decreto y ha respondido al líder del PP que se trata de un proceso para “personas en situación irregular, no para delincuentes”, ha recordado que se les exige “la carencia de antecedentes penales” y ha indicado que el PP no está “boicoteando al Gobierno con estas declaraciones, sino a miles de ciudadanos”.

Feijóo se ha detenido ante los periodistas a la salida de la sesión de control de esta mañana y ha remarcado que lo más importante para él de lo sucedido en el Pleno es que el Gobierno no ha ofrecido a preguntas del PP el dato de cuántos inmigrantes van a ser regularizados en este proceso. El jefe de los populares ha hablado de “antecedentes policiales” y no de penales, ya que los antecedentes penales están expresamente contemplados en el real decreto aprobado este martes por el Gobierno, y no se concederá la residencia a los extranjeros que los tengan. Fuentes del gabinete de Feijóo explican que el líder del PP se refiere a una casuística que pudiera escaparse a la regulación actual, como un extranjero que haya cometido hurtos menores o un abuso sexual en el que todavía no haya condena y, por tanto, no tenga todavía antecedentes penales, sino solo policiales.

El texto del real decreto deja claro que se mirará detenidamente caso por caso que la persona no suponga una amenaza para la seguridad, informa Carmen Morán. La norma exige a los solicitantes de la regularización “no representar una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública” y señala que se acreditará “mediante la comprobación de la inexistencia de antecedentes penales y la valoración del informe policial correspondiente”. “La existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización”, añade el texto. Y remarca: “En ese caso, el órgano competente para tramitar la solicitud valorará de forma casuística y circunstanciada, que la persona extranjera no suponga una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea”.

En este aspecto ha hecho hincapié la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha recordado que el decreto exige la carencia de antecedentes penales, como marca la normativa de extranjería: “Ya está bien de excusas, de obstáculos, de intentar boicotear la esperanza, la dignidad de miles de personas por parte del Partido Popular. Hace dos años, el Partido Popular votó a favor en el Congreso de los Diputados, dio luz verde a la ILP para la organización extraordinaria.
¿De qué lado está el PP? ¿Está del lado de la Iglesia, de los sectores productivos, de la gente o está del lado de Vox?”, ha exclamado antes de indicar que el PP “no está boicoteando al Gobierno con estas declaraciones, sino que está boicoteando a miles de ciudadanos que hoy, que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, tienen más esperanza, menos miedo, más derechos, más obligaciones y más dignidad”.

La Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería recabará de oficio informe del Registro Central de Penados, el informe de las bases de datos de la Unión Europea, así como informe policial sobre la persona solicitante. Estos informes serán emitidos en el plazo de quince días.

Feijóo ha calificado de “disparate” la regularización de inmigrantes del Gobierno, aunque ha apostado por una “inmigración legal, ordenada, que venga a aportar y a cumplir las leyes y sin antecedentes penales y policiales”. El problema, ha remarcado, es “una regularización a granel” que provoque “un efecto llamada” y que España se convierta “en la puerta de entrada de la ilegalidad en la residencia, no solo en España, sino en la UE”.

La crisis interna que se desencadenó a finales del pasado mes de febrero en Vox en la Región de Murcia con la expulsión de su hasta entonces presidente provincial, José Ángel Antelo, ha dado este martes un paso más: la diputada regional Virginia Martínez, cercana al dirigente destituido, ha solicitado su salida del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional para pasar al grupo Mixto. Su movimiento no solo agrava la ruptura entre los de Santiago Abascal, sino que cambia también la aritmética parlamentaria: al PP de Fernando López Miras le faltan dos escaños para tener mayoría absoluta, por lo que podría ahora optar por pactar con los dos exdirigentes ultras, saltándose así la necesidad de llegar a acuerdos con la dirección nacional de Vox.

Virginia Martínez, ingeniera informática de profesión, ha registrado su solicitud para cambiarse al grupo Mixto, donde compartirá escaño con Antelo, además de con los dos diputados de Podemos-IU, acompañada de una larga carta en la que no disimula su “profunda decepción con el rumbo que ha tomado Vox bajo la actual dirección del partido”. La diputada, que desde su escaño ha venido defendiendo numerosas mociones e iniciativas relacionadas con la inmigración, fue la única que no votó a favor de la destitución de Antelo como portavoz del grupo parlamentario de Vox, sino que se abstuvo.

En su escrito, critica ahora que la cúpula de la formación, tanto a nivel regional como nacional, “acumula cargos para recibir sobresueldos y se dedica a expulsar a referentes de talento que brillan con luz propia, para que no hagan sombra a quienes no la aportan”. En ese sentido, Martínez ha insistido en criticar “los constantes y desafortunados ceses y expulsiones de referentes dentro del partido, la pérdida de talento y de perfiles variados y los insultos cruzados en periodo electoral”. Todo ello, considera, ha creado “una imagen terrible del proyecto de la que será imposible recuperarse sin realizar profundos cambios”, motivo por el que ha decidido “dar un paso a un lado y esperar a que el partido se recomponga”.

Su marcha al grupo mixto tiene consecuencias directas sobre la aritmética parlamentaria en la comunidad autónoma. El PP de Fernando López Miras se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, por lo que hasta ahora estaba obligado a llegar a acuerdos con Vox para aprobar cualquier iniciativa parlamentaria, incluidos los presupuestos de la comunidad autónoma. Sin embargo, con el movimiento de Antelo y Martínez al grupo mixto, los populares podrían esquivar el filtro de los de Santiago Abascal y centrar sus acuerdos de manera individual con los dos diputados díscolos.

Tras las dificultades para aprobar las cuentas de 2025, las de 2026 ni siquiera han comenzado a negociarse, y hay además pendientes leyes regionales, como la de acceso a la vivienda, que fueron paralizadas por el partido ultra en la Cámara y que podrían tomar un nuevo impulso. En sus redes sociales, Antelo ha reaccionado a la salida de Martínez del partido con un mensaje en el que señala que “hace tan solo dos meses, Vox estaba a la par del PP en intención de voto en la Región de Murcia”, pero ahora “las decisiones arbitrarias de cuatro de la cúpula lo han convertido en un partido en descomposición y sin ninguna credibilidad”.

La salida del partido de la diputada es probablemente la más trascendente, pero no ha sido la única tras la marcha de Antelo. En las semanas siguientes a su destitución dejaron también el partido otros cargos como José Francisco Garre, hasta entonces vicepresidente del Comité de Garantías a nivel nacional y portavoz de Vox en Torre Pacheco, y sus compañeras en la corporación municipal Ana Belén Martínez y Josefa Guillén. Abandonaron también las filas del partido ultra el que fuera primer teniente alcalde en Cartagena, Diego Salinas, y la concejala en ese Ayuntamiento Beatriz Sánchez del Amo, o el portavoz municipal de Vox en Totana, Marcos Cano.

Tras la destitución de Antelo, Vox ha renovado su dirección en Murcia colocando como presidente provincial a un exconsejero del Gobierno de coalición con López Miras, Juan Manuel Pancorbo, y a otro antiguo peso pesado de los populares en la región, Alberto Garre, que llegó ser presidente del Gobierno autonómico. A finales de marzo incluyó también en Comité Ejecutivo Provincial a José Mariano Orenes, María Teresa Ortega, Alejandro Gálvez y Antonio José Candel.