Ignacio Cosidó ha tenido el honor de ser el primer alto cargo del PP en declarar en el juicio del caso Kitchen. A las 09.44 de este miércoles, el exdiputado enfilaba la cuesta arriba que conduce hasta la sede de la Audiencia Nacional ubicada en la madrileña calle de Génova, a escasos metros del cuartel general de los populares. Citado como testigo, quien fuera el director general de la Policía Nacional cuando se activó el despliegue de espionaje a Luis Bárcenas en el seno de ese cuerpo y del Ministerio del Interior, ha comparecido durante poco más de una hora ante el tribunal. Pero su interrogatorio no ha deparado sorpresas: según ha repetido, nunca supo nada de Kitchen, ni de ninguna investigación paralela urdida contra el extesorero que amenazaba a su partido. Ha insistido en que tampoco ordenó al oscuro comisario José Manuel Villarejo ninguna misión: “No era una persona de mi confianza”.

La lista de testigos de la sesión de este miércoles —la quinta del juicio— incluía el nombre de Cosidó como plato fuerte. El exparlamentario debía declarar el martes, pero el retraso acumulado en la vista obligó a posponer su comparecencia a esta jornada. Este aplazamiento ha permitido al exministro Jorge Fernández Díaz, principal acusado y ausente en los dos días anteriores, no perderse la cita. De hecho, Cosidó se ha dirigido a él nada más entrar en la sala de interrogatorios. Con una sonrisa amable y poniéndole una mano en el hombro, el ex director general de la Policía le ha saludado antes de colocarse ante los tres miembros del tribunal, presidido por Teresa Palacios.

A partir de ese momento, Cosidó ha mantenido el guion que ya escribió en la comisión de investigación abierta en el Congreso sobre la trama, en la que compareció en 2021. ¿Tuvo conocimiento de que la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, encabezada por el imputado Eugenio Pino, puso en marcha una investigación sobre Bárcenas ajena a la unidad que le seguía los pasos por Gürtel? “No”. ¿Comentó con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, algún tipo de operación para conseguir información del extesorero? “No”. ¿Sabía que se captó a su chófer, Sergio Ríos, como confidente? “No”. ¿Oyó a alguien hablar de algún despliegue llamado “Kitchen” o “cocina”? “No recuerdo. No tengo constancia”. Según ha repetido una y otra vez, no sabía nada de nada.

Fernández Díaz nombró a finales de 2011 como director general de la Policía a Cosidó —responsable del famoso mensaje de WhatsApp que presumía en 2018 de que los populares conseguirían por “detrás” el control de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo—. Estuvo en el cargo hasta 2016. Las pesquisas del magistrado instructor Manuel García-Castellón nunca se dirigieron contra él, aunque la Fiscalía Anticorrupción reclamó su imputación unos días antes de que se dieran por finalizadas las indagaciones. Eugenio Pino y José Manuel Villarejo lo habían señalado, pero García-Castellón consideró que no había indicios suficientes para ir contra él.

Pino, que defiende que Kitchen fue una operación legal contra un sospechoso de corrupción, dijo que despachaba de “todo” con el director general. Villarejo fue más allá y, directamente, afirmó que el exdiputado del PP le encargó participar en el espionaje a Bárcenas: “El señor Cosidó me dijo: ‘Este es un tema muy importante en el que el propio presidente del Gobierno tiene interés”. Sin embargo, al declarar este miércoles como testigo, el político conservador ha marcado distancia con ellos. “Solo me he encontrado una vez con Villarejo y fue un saludo protocolario al [yo] tomar posesión”, ha dicho, antes de incidir en que el ex DAO no le habló jamás de Kitchen.

Cosidó se ha esforzado especialmente en exponer ante el tribunal que él no entraba en las investigaciones judicializadas. Y que, si los mandos de la Policía le transmitían algún dato, eran informaciones genéricas y al final de las operaciones. Por eso, según ha remarcado, tenía un conocimiento somero de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llevaba el caso Gürtel. “Sabía que estaba investigando la UDEF, pero no sabía que hubiera implicadas otras unidades de la Policía”, ha remachado.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que la trama Kitchen, activada en la cúpula de Interior y de la DAO, quería apoderarse del material sensible que Bárcenas pudiera guardar de altos cargos del PP para evitar así que llegara hasta los investigadores del caso Gürtel. Es decir, a la UDEF, que entonces acorralaba al partido conservador y al que no se informó de este espionaje paralelo. “No recuerdo que yo diera una instrucción sobre qué unidad debía hacerse cargo de una investigación”, ha despejado Cosidó a preguntas del abogado defensor de Pino, que ha remarcado que tampoco conoció que otras unidades distintas (como la UCAO y Asuntos Internos) hicieron seguimientos al extesorero. “En determinadas operaciones de crimen organizado, es muy común que una unidad pueda pedir apoyo a otra. Pero siempre, en este caso, sería bajo la responsabilidad de la UDEF y, entiendo, bajo la supervisión de la autoridad judicial”, ha añadido.

Según ha continuado el exparlamentario ante el tribunal, él tampoco tenía “atribución” sobre el uso de los fondos reservados —que se utilizaron para pagar al chófer—. Ni le llegó ninguna petición de Bárcenas o de su entorno de que necesitaban adoptar medidas de seguridad. Unas palabras que cobran importancia después de que varios agentes rasos, destinados en 2013 en Asuntos Internos, declararan el martes que sus superiores le pidieron vigilar a la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, por su “protección” y sin que ella los detectara. La Unidad de Asuntos Internos estaba encabezada entonces por Marcelino Martín Blas, que se encuentra entre los acusados.

Los límites de la causa

Diez personas se sientan en el banquillo de los acusados en este juicio (aunque ni Villarejo ni el inspector jefe Bonifacio Díez han asistido a la jornada de este miércoles), con Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino a la cabeza. El juez instructor García-Castellón delimitó toda la responsabilidad de Kitchen al Ministerio del Interior y la Policía Nacional; y excluyó la denominada “conexión política”, que apuntaba a altos cargos orgánicos del PP y había provocado la imputación de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general de los populares, y su entonces marido, Ignacio López del Hierro.

Esos límites impuestos en instrucción están muy presentes en la vista oral. La presidenta del tribunal ha permitido preguntar a Cosidó sobre su relación con Cospedal durante el espionaje a Bárcenas: “Era escasa, porque estaba ejerciendo como secretaria general del PP y también, creo, llegó a ocupar la presidencia de Castilla-La Mancha”. Sin embargo, cuando se ha querido profundizar más sobre la exdirigente del PP, la magistrada Palacios ha advertido que la ex secretaria general no se sienta en el banquillo. La jueza tampoco ha permitido preguntar si había una “inquietud” dentro de la formación conservadora que motivara algún movimiento contra el extesorero.

Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha solicitado al Tribunal Supremo que ordene a la cárcel de Soto del Real, donde ambos se encuentran recluidos de forma provisional desde el pasado noviembre, que les permita reunirse junto a sus abogados, con los dispositivos informáticos que requieran y sin “barreras físicas”, para poder preparar su defensa de cara al juicio que arrancará el próximo 7 de abril en el alto tribunal por las presuntas mordidas que habrían cobrado a cambio de adjudicar contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia.

En un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, denuncia que, a pesar de que el Supremo autorizó el uso de los medios necesarios para preparar la vista oral, el centro penitenciario se lo ha venido denegando de “forma sistemática”. En concreto, la defensa del ex asesor ministerial pidió poder reunirse con Ábalos y su abogado, Marino Turiel, en una sala sin mampara y con ordenador portátil.

La letrada aduce que, de otra manera, resulta “imposible” armar “una defensa eficaz”. Ve “imprescindible” estas “reuniones de trabajo conjuntas” para “contrastar la ingente documentación que les afecta de forma común”, así como hacerlo en un espacio físico “sin barreras” y con los medios informáticos adecuados que permitan llevar a cabo ese examen conjunto de la causa.

Aunque la abogada explica que ha recurrido la decisión de Soto del Real por el canal correspondiente ―ante el juez de vigilancia penitenciaria―, cree que la forma más rápida de conseguir el permiso es que el Supremo lo ordene directamente.

Esta queja refuerza lo que quedó patente en la audiencia preliminar celebrada el pasado 12 de febrero en el Supremo como antesala del juicio: las estrategias de defensa de Ábalos y el que fuera su mano derecha van a la par. En esa vista, De la Hoz planteó un ristra de cuestiones de nulidad, al tiempo que rechazó que el alto tribunal fuera el competente para juzgar el caso, reclamando incluso que se consultara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este aspecto, lo que habría supuesto paralizar el procedimiento judicial sine die. Turiel, que asumió la defensa de Ábalos el pasado enero —tras la renuncia de su anterior y segundo abogado, Carlos Bautista, por desavenencias económicas—, se adhirió a todo lo planteado por la defensa de García. Estas pretensiones, sin embargo, tuvieron escaso éxito.

En el banquillo de los acusados se sentarán Ábalos y García, que se enfrentan a peticiones de hasta 30 años de cárcel, y el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, para quien la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares ―que lidera el PP― solo reclaman siete años de prisión, una pena ostensiblemente menor que se debe a su confesión. Será el primer juicio del caso Koldo, que aún se enfrenta a un largo recorrido en la Audiencia Nacional, donde continúan las pesquisas por las presuntas irregularidades la adjudicación de contratos tanto para la compra de material sanitario como de obra pública. En esta otra línea de investigación, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán es el principal imputado.

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación para analizar si en las obras de las vías de Adamuz (Córdoba), donde el pasado domingo 18 de enero ocurrió el accidente ferroviario que terminó con la vida de 46 personas, se pudieron malversar fondos de los 111 millones de euros que concedió la Comisión Europea para renovar ese tramo Madrid – Sevilla. La Audiencia Nacional ha designado ya al juez José Luis Calama como magistrado de garantías para supervisar esta causa que transcurre, de momento, en paralelo a la que ya había iniciado un juzgado de Montoro y que busca determinar el motivo del descarrilamiento del tren Iryo que chocó con un Alvia que viajaba en sentido contrario.

Los fiscales europeos han trabajado durante semanas en la fase inicial de verificación, como ha avanzado El Mundo y ha confirmado EL PAÍS, para determinar si en las obras ferroviarias de ese tramo estuvieron comprometidos fondos de la Unión Europea y si pudo haber delito en su utilización. Bruselas concedió a España una subvención exactamente de 111.646.340 euros en junio de 2024 para renovar a fondo esta línea ferroviaria de conexión entre Madrid y Sevilla que databa de 1992 y era la más antigua de alta velocidad en España. El paquete de financiación anunciaba “la sustitución de raíles y traviesas” con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder).

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha publicado la mañana de este viernes en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje en el que recalca que “la Fiscalía Europea investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse” y que “en todos los casos en los que hay involucrados fondos europeos sucede así”. “Por la razón que sea se cuenta hoy como una novedad importante. No lo es”, ha añadido.

Puente ha acompañado el mensaje con un oficio que los fiscales europeos delegados Luis Miguel Jiménez Crespo y Juan José Navas Blánquez enviaron a Adif —entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes— el pasado 30 de enero, 11 días después del accidente. El órgano europeo reclamó entonces que se aportaran “todos los contratos suscritos y los correspondientes número de expedientes en relación con el tramo de la red ferroviaria donde tuvo lugar el siniestro”.

Desde Transportes han señalado que Adif ha prestado su “máxima colaboración” con la Fiscalía Europea, al tiempo que han defendido que la justificación de los fondos europeos concedidos a la obra de mantenimiento del tramo de alta velocidad que pasa por Adamuz se hizo “con absoluta normalidad a medida que se ejecutaba”, según ha publicado Efe.

Esta Fiscalía con sede en Luxemburgo solo se encarga de analizar la corrupción que tenga relación con dinero comunitario, por lo que, una vez comprobado que en Adamuz se produjo una inversión de fondos de los Veintisiete, los fiscales han puesto a caminar la investigación. Para ello, han dado traslado a la Audiencia Nacional de la apertura de la causa y en este órgano se ha designado por reparto al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama. La Fiscalía Europea tiene un modelo de instrucción muy similar al del resto de países de la Unión, en el que los fiscales llevan la batuta de las diligencias, así que Calama únicamente se encargará de supervisar que el procedimiento avanza con garantías determinando, por ejemplo, medidas restrictivas de derechos como entradas y registros o pinchazos telefónicos.

Por su parte, el juzgado de Montoro —plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad cordobesa— indaga desde el mismo día del accidente cuáles fueron las causas del siniestro. De momento, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha ido esclareciendo algunos puntos y la principal teoría es que se rompió la soldadura entre dos carriles de distintos años (uno con fecha de producción de 2023 y otro de 1989) y distintos grados de dureza.

Un informe sobre el mantenimiento del sistema de señalización, tarea que lleva a cabo Hitachi para el gestor de la infraestructura Adif, muestra una caída de tensión en el circuito de vía 22 horas antes de que a las 19.43 de ese domingo descarrilara el tren de Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid. La jueza de Montoro está a la espera de recibir la información de las cajas negras y el análisis pericial del carril. A pesar de que ha tenido algún rifirrafe con los técnicos del Ministerio de Transportes a la hora de levantar el material del área, la jueza no ha dejado por escrito en ninguna resolución que exista sospecha alguna de corrupción de momento. La investigación de la Fiscalía Europea abre, en este sentido, un escenario distinto.