Ignacio Cosidó ha tenido el honor de ser el primer alto cargo del PP en declarar en el juicio del caso Kitchen. A las 09.44 de este miércoles, el exdiputado enfilaba la cuesta arriba que conduce hasta la sede de la Audiencia Nacional ubicada en la madrileña calle de Génova, a escasos metros del cuartel general de los populares. Citado como testigo, quien fuera el director general de la Policía Nacional cuando se activó el despliegue de espionaje a Luis Bárcenas en el seno de ese cuerpo y del Ministerio del Interior, ha comparecido durante poco más de una hora ante el tribunal. Pero su interrogatorio no ha deparado sorpresas: según ha repetido, nunca supo nada de Kitchen, ni de ninguna investigación paralela urdida contra el extesorero que amenazaba a su partido. Ha insistido en que tampoco ordenó al oscuro comisario José Manuel Villarejo ninguna misión: “No era una persona de mi confianza”.

La lista de testigos de la sesión de este miércoles —la quinta del juicio— incluía el nombre de Cosidó como plato fuerte. El exparlamentario debía declarar el martes, pero el retraso acumulado en la vista obligó a posponer su comparecencia a esta jornada. Este aplazamiento ha permitido al exministro Jorge Fernández Díaz, principal acusado y ausente en los dos días anteriores, no perderse la cita. De hecho, Cosidó se ha dirigido a él nada más entrar en la sala de interrogatorios. Con una sonrisa amable y poniéndole una mano en el hombro, el ex director general de la Policía le ha saludado antes de colocarse ante los tres miembros del tribunal, presidido por Teresa Palacios.

A partir de ese momento, Cosidó ha mantenido el guion que ya escribió en la comisión de investigación abierta en el Congreso sobre la trama, en la que compareció en 2021. ¿Tuvo conocimiento de que la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, encabezada por el imputado Eugenio Pino, puso en marcha una investigación sobre Bárcenas ajena a la unidad que le seguía los pasos por Gürtel? “No”. ¿Comentó con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, algún tipo de operación para conseguir información del extesorero? “No”. ¿Sabía que se captó a su chófer, Sergio Ríos, como confidente? “No”. ¿Oyó a alguien hablar de algún despliegue llamado “Kitchen” o “cocina”? “No recuerdo. No tengo constancia”. Según ha repetido una y otra vez, no sabía nada de nada.

Fernández Díaz nombró a finales de 2011 como director general de la Policía a Cosidó —responsable del famoso mensaje de WhatsApp que presumía en 2018 de que los populares conseguirían por “detrás” el control de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo—. Estuvo en el cargo hasta 2016. Las pesquisas del magistrado instructor Manuel García-Castellón nunca se dirigieron contra él, aunque la Fiscalía Anticorrupción reclamó su imputación unos días antes de que se dieran por finalizadas las indagaciones. Eugenio Pino y José Manuel Villarejo lo habían señalado, pero García-Castellón consideró que no había indicios suficientes para ir contra él.

Pino, que defiende que Kitchen fue una operación legal contra un sospechoso de corrupción, dijo que despachaba de “todo” con el director general. Villarejo fue más allá y, directamente, afirmó que el exdiputado del PP le encargó participar en el espionaje a Bárcenas: “El señor Cosidó me dijo: ‘Este es un tema muy importante en el que el propio presidente del Gobierno tiene interés”. Sin embargo, al declarar este miércoles como testigo, el político conservador ha marcado distancia con ellos. “Solo me he encontrado una vez con Villarejo y fue un saludo protocolario al [yo] tomar posesión”, ha dicho, antes de incidir en que el ex DAO no le habló jamás de Kitchen.

Cosidó se ha esforzado especialmente en exponer ante el tribunal que él no entraba en las investigaciones judicializadas. Y que, si los mandos de la Policía le transmitían algún dato, eran informaciones genéricas y al final de las operaciones. Por eso, según ha remarcado, tenía un conocimiento somero de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llevaba el caso Gürtel. “Sabía que estaba investigando la UDEF, pero no sabía que hubiera implicadas otras unidades de la Policía”, ha remachado.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que la trama Kitchen, activada en la cúpula de Interior y de la DAO, quería apoderarse del material sensible que Bárcenas pudiera guardar de altos cargos del PP para evitar así que llegara hasta los investigadores del caso Gürtel. Es decir, a la UDEF, que entonces acorralaba al partido conservador y al que no se informó de este espionaje paralelo. “No recuerdo que yo diera una instrucción sobre qué unidad debía hacerse cargo de una investigación”, ha despejado Cosidó a preguntas del abogado defensor de Pino, que ha remarcado que tampoco conoció que otras unidades distintas (como la UCAO y Asuntos Internos) hicieron seguimientos al extesorero. “En determinadas operaciones de crimen organizado, es muy común que una unidad pueda pedir apoyo a otra. Pero siempre, en este caso, sería bajo la responsabilidad de la UDEF y, entiendo, bajo la supervisión de la autoridad judicial”, ha añadido.

Según ha continuado el exparlamentario ante el tribunal, él tampoco tenía “atribución” sobre el uso de los fondos reservados —que se utilizaron para pagar al chófer—. Ni le llegó ninguna petición de Bárcenas o de su entorno de que necesitaban adoptar medidas de seguridad. Unas palabras que cobran importancia después de que varios agentes rasos, destinados en 2013 en Asuntos Internos, declararan el martes que sus superiores le pidieron vigilar a la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, por su “protección” y sin que ella los detectara. La Unidad de Asuntos Internos estaba encabezada entonces por Marcelino Martín Blas, que se encuentra entre los acusados.

Los límites de la causa

Diez personas se sientan en el banquillo de los acusados en este juicio (aunque ni Villarejo ni el inspector jefe Bonifacio Díez han asistido a la jornada de este miércoles), con Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino a la cabeza. El juez instructor García-Castellón delimitó toda la responsabilidad de Kitchen al Ministerio del Interior y la Policía Nacional; y excluyó la denominada “conexión política”, que apuntaba a altos cargos orgánicos del PP y había provocado la imputación de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general de los populares, y su entonces marido, Ignacio López del Hierro.

Esos límites impuestos en instrucción están muy presentes en la vista oral. La presidenta del tribunal ha permitido preguntar a Cosidó sobre su relación con Cospedal durante el espionaje a Bárcenas: “Era escasa, porque estaba ejerciendo como secretaria general del PP y también, creo, llegó a ocupar la presidencia de Castilla-La Mancha”. Sin embargo, cuando se ha querido profundizar más sobre la exdirigente del PP, la magistrada Palacios ha advertido que la ex secretaria general no se sienta en el banquillo. La jueza tampoco ha permitido preguntar si había una “inquietud” dentro de la formación conservadora que motivara algún movimiento contra el extesorero.

La Audiencia Nacional ha puesto freno al intento de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior de Mariano Rajoy, de suspender el juicio sobre el caso Kitchen y sacarlo de este tribunal especializado para llevarlo a los ordinarios de Madrid. “Ya tocaba poder celebrar este juicio”, ha contestado contundente la magistrada Teresa Palacios, que preside la vista oral sobre el espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas urdido en 2013. Esta maniobra del exdirigente popular supondría, según ha afirmado la jueza, nuevas “dilaciones indebidas” del procedimiento, que aborda una trama desplegada hace más de una década. “A los primeros que les duele, cuando la justicia tiene esta dilatación temporal, es a los propios tribunales”, ha dicho Palacios para justificar la decisión del tribunal, que también ha rechazado la pretensión del PSOE, personado como acusación popular, de retrotraer la causa y reabrirla para indagar en la presunta implicación de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP (a quien el magistrado instructor Manuel García-Castellón dejó fuera).

La segunda sesión del juicio sobre el caso Kitchen, que acoge la Audiencia Nacional desde esta semana, ha navegado de nuevo por aspectos técnicos. La Fiscalía Anticorrupción ha tomado la palabra este martes para contrarrestar los arduos esfuerzos vertidos el lunes por las defensas para tratar de anular las pruebas clave y todo el procedimiento. El ministerio público ha dedicado casi una hora a respaldar la validez de los indicios recabados durante la investigación abierta contra las cúpulas del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Gobierno de Mariano Rajoy, que se sientan en el banquillo.

Durante sus primeras intervenciones, los abogados de los procesados desplegaron una amplia batería de argumentos para intentar que el tribunal tumbe la causa desde el origen (sin entrar al fondo del asunto) por una supuesta vulneración de derechos fundamentales o por irregularidades cometidas durante las pesquisas. Pero la acusación se ha centrado en frenar esa iniciativa. Y el tribunal se ha alineado con Anticorrupción.

Al igual que los magistrados, el fiscal César de Rivas ha dejado claro que, llegados a este punto, quiere que la vista oral siga adelante tal y como está. No solo se ha opuesto a los intentos de las defensas de tirar abajo la causa o de suspender el juicio por una supuesta falta de competencia de la Audiencia Nacional; sino que ha rechazado igualmente la solicitud del PSOE de retrotraer las pesquisas y reabrirlas para indagar en la presunta implicación de Cospedal. “La causa se encuentra sobreseída para ella. No procede ninguna investigación complementaria”, ha apuntado el representante del ministerio público.

Respecto a la exdirigente popular, la Fiscalía considera que el juez García-Castellón cerró en falso la instrucción y que no quiso ahondar en la supuesta implicación de altos cargos del PP en la Operación Kitchen, que tenía el supuesto objetivo de boicotear el caso Gürtel, que cercaba hace una década a la formación conservadora. Sin embargo, como el magistrado obtuvo el respaldo de la Sala de lo Penal y confirmó sus decisiones, Anticorrupción sostiene que el tribunal enjuiciador no puede ahora modificar ese marco. “No tiene competencias”, ha afirmado De Rivas, que ha rechazado también la reclamación de los socialistas de que se siente en el banquillo al PP como partícipe a título lucrativo —para que, en el caso de condena, los populares costeen el desvío de los fondos reservados utilizados por la trama (más de 53.000 euros, según el sumario)—. El tribunal le ha dado la razón en todo.

La abogada de la familia Bárcenas, que ejerce la acusación particular como perjudicada, ha mantenido una postura idéntica a Anticorrupción. “Las personas que se quieren incluir ya fueron investigadas”, ha incidido en referencia a Cospedal. Los abogados de los procesados también se han manifestado en contra de las pretensiones del PSOE. De hecho, en esa línea, el letrado del comisario Marcelino Martín Blas, ha insistido en el nuevo retraso que supondría volver a reabrir la investigación: “Mi cliente tiene 73 años y esto supondría que no podría acabar de limpiar su nombre”.

Conexión del ‘caso Villarejo’

A lo largo de su intervención, el fiscal ha desgranado los distintos puntos que las defensas pusieron el lunes sobre la mesa. De Rivas ha subrayado que la Audiencia Nacional debe mantener la competencia, ya que el caso Kitchen guarda una “conexión” directa con el caso Villarejo, que se enjuicia en este tribunal especializado. El ministerio público expone que el comisario José Manuel Villarejo, que se encuentra entre los acusados, participó en la trama de espionaje a Bárcenas y, además, recibió un encargo de un particular vinculado a los acusados de Gürtel para boicotear esas pesquisas que cercaban al PP. Ese encargo se tradujo en el bautizado Proyecto SMP, que incluyó informes elaborados por la red empresarial de Villarejo y que tenía un coste de 15 millones de euros.

“Además, Villarejo y el comisario Enrique García Castaño [que también está acusado, pero no se sienta en el banquillo en este juicio porque sufrió un ictus] participaron en Kitchen para procurarse la impunidad de los otros delitos que estaban cometiendo”, ha profundizado Anticorrupción, en referencia a esos proyectos de particulares que ejecutaban en el seno del caso Villarejo. “No solo cometieron los hechos propios de Kitchen, sino que conservaron el material que habían conseguido para procurarse la impunidad”, ha apostillado el fiscal. Este ha recordado que, incluso, Villarejo amenazó a Ignacio Cosidó, exdiputado del PP y director general de la Policía con Rajoy, con “meter a todos en la cárcel” por el tema de la “cocina”, en referencia a Kitchen y a altos cargos del partido conservador.

En el banquillo se sientan las antiguas cúpulas del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Gobierno de Mariano Rajoy. Jorge Fernández Díaz, quien fuera ministro de Interior de 2011 a 2016, se erige como el principal acusado. Pero lo acompañan Francisco Martínez, su antigua mano derecha y secretario de Estado de Seguridad; Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo; Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas a quien la trama captó como confidente; y otros seis ex altos mandos policiales, como el comisario José Manuel Villarejo.

Durante la sesión del lunes, prácticamente, todas las defensas actuaron como una sola voz para tratar de anular pruebas clave del caso, como los audios grabados en secreto por Villarejo durante lustros. También para denunciar que la investigación se mantuvo bajo secreto de sumario de forma excesiva. Este martes, el fiscal ha respondido a todos: ha respaldado la validez de los audios (que el tribunal ya ha aceptado en otros juicios del caso Villarejo) y ha afirmado que el secreto fue “moderado y proporcionado”.