La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado se han opuesto a la petición de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, de excluir a la acusación popular (liderada por el PP) de la línea de investigación separada abierta en el caso Plus Ultra sobre las joyas intervenidas al exjefe del Ejecutivo. La defensa del exdirigente del PSOE alegó que la acusación popular carece de legitimación para participar en esta parte de las pesquisas. Una tesis rechazada por el ministerio público: “Lo que pretende el recurrente es cerrar el paso al ejercicio de la acción popular antes de llegar siquiera a conocer con certeza la calificación jurídica del delito objeto de esta pieza”.

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El comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo, Rubén Villalba, ha ratificado en la Audiencia Nacional lo que ya declaró en mayo ante la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado: que se reunió dos veces con la exmilitante socialista Leire Díez y que esta le propuso convertirse en asesor de la directora del cuerpo o un puesto fuera de España a cambio de que diera información sensible sobre la unidad que investiga los principales casos de corrupción. Villalba ha declarado como testigo ante el juez Santiago Pedraz, que instruye el caso sobre la trama supuestamente urdida por Díez y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para torpedear investigaciones judiciales y buscar información sobre jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil que investigan causas que afectan al principal partido del Gobierno y al entorno del presidente, Pedro Sánchez.

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