El Gobierno ha superado el examen jurídico más decisivo y complejo para sacar adelante su plan de control y ordenación sobre las grandes infraestructuras digitales antes de la cita con las urnas. Según recoge el dictamen preceptivo de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, al que han tenido acceso EL PAÍS y CincoDías, el supremo órgano consultivo ha desestimado las principales pretensiones de fondo promovidas por el sector privado y diversas autonomías, despejando la vía jurídica para que el Ejecutivo pueda aprobar el Real Decreto de centros de datos en Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
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